Ilustración: Alejandro Cañer
El prisionero político cubano Carlos Alberto Macdonald Ennis lleva meses sangrando por la nariz dentro de la cárcel provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”. Su familia asegura que los episodios son recurrentes y que en la mayoría de las ocasiones no recibe atención médica inmediata. Allí se mantiene a la espera de juicio desde que fue arrestado, el 15 de marzo de 2024, solo por estar en un grupo de Facebook aparentemente relacionado con la organización opositora Cuba Primero. La Fiscalía le pide siete años de cárcel.
Macdonald Ennis sufre una cardiopatía y tiene pancreatitis, diabetes e hipertensión arterial. A estas enfermedades se sumó en prisión un tumor en la cavidad nasal que, según sus allegados, ha agravado de forma significativa su estado físico.
En agosto de 2025 fue diagnosticado, solo de forma verbal, con cáncer maxilofacial. Cuando sus familiares solicitaron un informe médico por escrito les fue negado. Además, personas cercanas al preso político han denunciado que el acceso a su historial clínico ha sido restringido de forma sistemática. Los resultados de su última biopsia ―realizada el 1 de abril pasado― no le han sido comunicados ni a él ni a sus familiares.
Las autoridades penitenciarias también le han negado al preso político tratamientos especializados como la quimioterapia, lo que incrementa la preocupación de sus familiares por el avance de la enfermedad. Ellos lo describen débil en las visitas, con pérdida de peso y signos visibles de deterioro.
Detenido desde marzo de 2024, Macdonald Ennis permanece bajo medida de prisión provisional sin fecha de juicio. Según el Centro de Información Legal Cubalex, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Cuba, el caso implica una grave vulneración de las garantías del debido proceso, al mantenerse la privación de libertad sin que se haya celebrado una vista judicial. El pasado 6 de mayo Cubalex publicó un audio de Macdonald denunciando la grave escasez de medicamentos y alimentos que padece en prisión.
La imputación que se le atribuye a Macdonald Ennis, “otros actos contra la seguridad del Estado”, es, de acuerdo con esa misma organización, una figura amplia que se utiliza con frecuencia para procesar conductas vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales. Además, los expertos de Cubalex añaden que no se han precisado con claridad los hechos que justificarían la acusación.
La Fiscalía, que ha vinculado a Macdonald Ennis al grupo opositor Cuba Primero, solicita penas de entre seis y nueve años de privación de libertad contra él y otros siete opositores relacionados con esta organización.
La única información ofrecida por las autoridades a la familia apunta a su participación en un grupo de Facebook relacionado con Cuba Primero, sin que se hayan definido responsabilidades individuales ni conductas delictivas concretas. En paralelo, las autoridades han rechazado los recursos legales presentados por la defensa, incluido el habeas corpus, sin importar irregularidades como la prolongación de la prisión provisional más allá de los plazos legales o la falta de información sobre el proceso.
Pero el caso de Macdonald Ennis no es aislado, pues el mismo Tribunal Provincial de Las Tunas, encargado de tramitar el expediente, ha sido señalado en numerosos informes por su actuación en procesos relacionados con la disidencia política, donde se repiten patrones como la falta de transparencia y la politización de la justicia.
Antes de su detención actual, el preso político había sido objeto de acciones penales por su activismo. En 2021, fue procesado por desacato tras pronunciar consignas contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en un espacio público.
El costo humano de la disidencia en Cuba
Liset, sobrina del prisionero político, declaró a YucaByte que, desde el inicio, el proceso judicial contra su tío ha estado especialmente marcado por la desinformación: “Lo tuvieron dos días sin [que pudiéramos] saber de él, hasta que fuimos a la unidad a preguntar; ya lo habían pasado para el centro penitenciario El Típico sin darnos tiempo casi a contratar un abogado”.
La joven insiste en la dureza de la situación, no solo por la privación de libertad, sino por el estado de salud de su tío: “Para nosotros es muy duro tenerlo preso porque está muy enfermo”. La preocupación, añade, se agrava por las condiciones dentro del centro penitenciario, que considera incompatibles con sus enfermedades.
También describe traslados a consultas que no se traducen en tratamiento efectivo: “Lo llevan, le hacen un papel, pero después no le dan los medicamentos”. Asimismo, señala cambios reiterados en la medicación y episodios en los que, pese a presentar síntomas graves como presión alta o sangrado nasal durante varios días, Macdonald Ennis no fue trasladado a un hospital.
Las condiciones materiales dentro de la prisión son otro foco de sus denuncias, pues, según relata, su tío presenta picaduras de insectos debido al estado del colchón, una situación especialmente delicada por su diabetes. A esto se suma la alimentación, que no se ajusta a sus necesidades médicas. “La comida que le dan no tiene las condiciones requeridas”, detalla la joven, que también subraya el cuadro de malnutrición de Macdonald Ennis.
Desde mayo de 2025, Liset ha denunciado las trabas impuestas por las autoridades para que los reos, o al menos su tío, reciban medicamentos, incluso cuando las familias intentan suministrarlos, así como presiones y amenazas por parte de agentes de seguridad dentro del centro penitenciario.
La joven también ha denunciado la negativa de las autoridades a facilitar información sobre el expediente de Macdonald Ennis y el rechazo sistemático de recursos legales como el habeas corpus y las quejas presentadas ante la Fiscalía.
Con el paso del tiempo, la situación procesal del preso político tampoco ha mostrado avances. En agosto de 2025, Liset declaró a YucaByte que no existía petición fiscal ni fecha de juicio, mientras se sucedían nuevas evaluaciones médicas sin un diagnóstico claro ni soluciones. “No le han hecho juicio y tampoco le van a dar cambio de medida”, resumía entonces.
Un año después, en abril de 2026, la situación seguía siendo muy semejante: “Mi tío sigue mal y no lo quieren sacar”, aseguró Liset. Mientras, la familia continúa sin recibir respuestas sobre una posible excarcelación ni sobre el futuro del proceso judicial. “No le han hecho juicio y no hay respuesta”, insiste la sobrina del preso político.
Irregularidades graves en el debido proceso
Para Alain Espinosa, abogado de Cubalex, el caso de Macdonald Ennis presenta múltiples irregularidades jurídicas que lo convierten en un ejemplo claro de vulneración de derechos. A su juicio, “su detención es a todas luces arbitraria e ilegal”, en un contexto marcado por la falta de transparencia procesal, la ausencia de acceso a cargos concretos y la inexistencia de pruebas claramente expuestas. Esta opacidad, señala, constituye una violación directa del debido proceso y del derecho a la defensa.
Según explica el jurista, las autoridades justificaron la detención con la supuesta participación de Macdonald Ennis en un grupo de Facebook vinculado a actividades consideradas contrarias a la seguridad del Estado. Sin embargo, subraya que este argumento carece de base penal: “Estar en un grupo o reconocer la pertenencia a una organización no constituye por sí mismo un delito, sino el ejercicio efectivo del derecho a la asociación”.
En la misma línea, el abogado cuestiona que se haya intentado vincular esa participación con la recepción de dinero sin demostrar una relación directa con una conducta delictiva o con una intención de alterar el orden constitucional por medios violentos.
Desde su perspectiva, la acusación no logra sostener la existencia de un delito, pues ―explica― “no hay manera de demostrar que asociarse o recibir una cantidad de dinero implique la voluntad expresa de modificar el orden constitucional por la fuerza”. Por ello, concluye que la detención responde en realidad a un castigo motivado por la posición política del acusado.
El abogado, en conversación con YucaByte, también puso el foco en el uso de la prisión provisional contra Macdonald Ennis, quien lleva un tiempo prolongado privado de libertad y sin juicio, acercándose a límites que, incluso dentro del marco legal cubano, deberían considerarse excepcionales.
“La prisión provisional es una medida de ultima ratio y debe estar debidamente fundamentada”, explica el experto, que también subraya que su aplicación requiere justificar riesgos como la evasión de la justicia o la obstrucción del proceso. Ninguna de esas circunstancias, indica el propio letrado, se dan en este caso.
Espinosa recuerda que tanto el derecho internacional ―en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos― como la legislación interna del régimen cubano reconocen el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Sin embargo, en este caso, afirma que la fase preparatoria se ha extendido más allá de los plazos legales sin que consten prórrogas debidamente acreditadas, lo que constituye una violación procesal.
En relación con el recurso de habeas corpus presentado por la defensa, el abogado critica que haya sido rechazado sin un análisis de fondo, basándose únicamente en los argumentos de las autoridades responsables de la detención. A su juicio, esto evidencia “la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales cubanos” y un contexto general de irrespeto por la legalidad.
Espinosa advierte además sobre una dimensión más grave desde el punto de vista del derecho internacional. Sostiene que la prolongación de la detención sin juicio, unida a la falta de control judicial efectivo, puede encajar en una forma de desaparición forzada en sentido técnico. “No se trata solo de la desaparición física, sino de la sustracción de la persona del amparo de la ley”, explica.
Finalmente, el abogado subraya que las irregularidades legales se agravan por la situación personal de Macdonald Ennis. Destaca su edad, sus enfermedades preexistentes y la aparición en prisión de una tumoración que no ha recibido tratamiento adecuado. La falta de atención médica, afirma, incrementa el riesgo de daños irreversibles a su salud.
“Es un caso plagado de ilegalidades”, concluye Espinosa, en el que convergen detención arbitraria, vulneraciones procesales, un uso indebido de la prisión provisional y el deterioro de la salud que compromete la seguridad personal del prisionero político.
Un patrón de represión digital en expansión
Pese a las particulares violaciones del debido proceso que implica, el caso de Carlos Alberto Macdonald Ennis no se trata de una situación aislada, sino que se inscribe en un patrón más amplio de criminalización del activismo político en Cuba. El uso de redes sociales se ha convertido en uno de los principales detonantes de procesos penales contra ciudadanos críticos con el régimen cubano.
En los últimos años, especialmente tras la expansión del acceso a internet en la Isla, numerosos casos han seguido una lógica similar. Publicaciones en Facebook, transmisiones en directo, memes o comentarios críticos han derivado en acusaciones por delitos como “propaganda contra el orden constitucional”, “desacato” o “instigación a delinquir”.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo esta tendencia se ha intensificado a partir de la implementación del Decreto-Ley 370 así como del nuevo Código Penal, que amplía de forma significativa los márgenes de interpretación de figuras vinculadas a la seguridad del Estado.
Estas normas han permitido que expresiones en el entorno digital sean tratadas como actos delictivos, consolidando un marco legal que, según estas organizaciones, facilita la persecución de la disidencia en internet.
En este contexto se inscriben casos recientes como el de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, detenido durante más de un año en Las Tunas tras una publicación en Facebook sobre los apagones y excarcelado sin haber recibido notificación formal de su sentencia. También el de Alexander Verdecia Rodríguez, detenido en Bayamo y para quien la Fiscalía solicita 10 años de prisión por publicaciones críticas en redes sociales, y el de Cristian Jorge Labrada Fonseca, condenado a una década de privación de libertad tras mensajes publicados durante el cumplimiento del Servicio Militar Activo, interpretados por las autoridades como “amenazas al orden constitucional”.
A ellos se suman otros como el de Gustavo Mena Artola, activista animalista condenado a trabajo correccional con internamiento tras convocar protestas mediante una publicación de Facebook, y el de José Manuel Barreiro Rouco, arrestado tras denunciar en esa misma red social a un presunto represor.
La respuesta del régimen a las expresiones de disidencia no se limita al ámbito judicial, pues diversos informes han documentado detenciones acompañadas de vigilancia, confiscación de equipos y procesos sin garantías, en los que la prisión provisional se prolonga durante meses o años sin juicio.
Paralelamente, la situación de los presos políticos en Cuba se ha deteriorado de forma sostenida. Según datos de organizaciones independientes, en la Isla había a comienzos de 2026 más de 1.200 personas privadas de libertad por motivos políticos, de los cuales un alto porcentaje presentaba un estado de salud grave.
Cada día aumentan las denuncias de casos de desnutrición extrema en prisión, enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado, pérdida de peso severa y deterioro físico progresivo durante la reclusión. En conjunto, estos informes apuntan a un patrón sistemático de negligencia médica dentro del sistema penitenciario.
Casos como los de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso del deterioro físico como forma de presión prolongada sobre los presos políticos.
A ellos se suman otros casos recientes de graves afectaciones de salud en prisión, como ha ocurrido con activistas, periodistas independientes y manifestantes detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.
En conjunto, estos elementos configuran un patrón que organizaciones como Cubalex, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han señalado como una forma estructural de represión.
