Ilustración: Alejandro Cañer
Antes de terminar preso por sus publicaciones en Facebook, William Sosa Marrero había recibido elogios en medios estatales por poner su taller al servicio de la comunidad durante la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19.
Con materiales alternativos y recursos propios fabricó pantallas faciales destinadas a médicos y personal sanitario, en medio de la falta crónica de insumos en los hospitales cubanos. El estatal Periódico 26 lo mencionó entonces como uno de los involucrados en una iniciativa que había permitido donar más de 1.500 protectores a instituciones hospitalarias de varios territorios del país.
Cuatro años después, Sosa Marrero terminó encarcelado. “Para el Gobierno de Cuba las personas somos unos súbditos descartables; lamentablemente, hacer lo correcto no es un aval de ningún tipo en Cuba”, dice a YucaByte José Ángel García Veloso, jurista y amigo del preso político.
El 12 de noviembre de 2025, Sosa Marrero acudió a una citación en la unidad de Instrucción Penal Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Las Tunas. No regresó a su casa. Ese día fue detenido y acusado del presunto delito de “desobediencia”. Días después, el 18 de noviembre, fue trasladado al penal El Típico, bajo la medida de prisión provisional y presuntamente a la espera de su juicio. Desde entonces permanece encarcelado.
De acuerdo con la documentación en poder de su familia, Sosa Marrero está preso porque continuó escribiendo en redes sociales después de que la Seguridad del Estado le ordenara dejar de hacerlo. No se le atribuye una convocatoria a protestas ni un llamado a la violencia, sino la persistencia en publicar análisis sobre la realidad cubana.
La advertencia por mensajes “subliminales”
El 24 de mayo de 2025, cinco meses antes de la citación que terminó en arresto, William Sosa Marrero había sido llamado por la Seguridad del Estado. Ese día se le levantó un acta de advertencia oficial que acusaba al cubano de realizar “de manera constante publicaciones en su perfil de Facebook” con “mensajes hipercríticos y subliminales” que cuestionaban a los principales dirigentes del país.
El documento no mencionaba una amenaza concreta, una incitación a cometer delitos ni una acción violenta. Lo que señalaba como problema era el contenido crítico de sus publicaciones. También le hacía saber que no podía continuar difundiendo mensajes “de corte subversivo” en redes sociales, donde, según el acta, intentaba desacreditar “las políticas del Estado” y la imagen de los funcionarios encargados de aplicarlas.
Para Alain Espinosa, abogado del Centro de Información Legal Cubalex, ese lenguaje revela la voluntad de criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. A su juicio, calificar las publicaciones como “hipercríticas” o “subliminales” no demuestra por sí mismo la existencia de un delito.
“Esto lo que evidencia es la voluntad política del Gobierno cubano de criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, afirma Espinosa. El abogado también recuerda que esa garantía está reconocida en la Constitución cubana y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, señala que la “Observación general 34” del Comité de Derechos Humanos de la ONU protege las expresiones realizadas en redes sociales o en el ámbito digital, siempre que no sean una apología del odio o de la violencia.
Según Espinosa, el Estado tendría que demostrar que aquello que define como “hipercrítico” constituye realmente un riesgo para los derechos de otras personas o una incitación al odio o a la violencia. Mientras no lo haga, sostiene, lo que está sucediendo es la restricción ilegal de un derecho fundamental como la libertad de expresión.
Eloy Viera, abogado y analista jurídico, también ve en ese lenguaje un problema de fondo. “El uso de términos como publicaciones ‘hipercríticas’ o mensajes ‘subliminales’ para mí resulta muy revelador del desapego del régimen cubano a lo que en cualquier lugar del mundo se llamaría rule of law o Estado de derecho”, señala.
Viera sostiene que el uso de esos términos en la advertencia oficial demuestra que el régimen cubano está dispuesto a emplearlos “para justificar la penalización de una persona, aunque no describan conductas delictivas claramente definidas en el Código Penal”. También critica que, “cuando estos conceptos ambiguos sustituyen categorías jurídicas que deberían ser precisas, amplían considerablemente el margen de interpretación que tiene la administración que define a quién encarcela y a quién no”.
Para el abogado, el caso de Sosa Marrero demuestra que en Cuba “el límite de lo permitido no se encuentra necesariamente en la ley escrita, sino en la valoración que las autoridades hagan del contenido y del alcance de determinadas expresiones públicas que serían perfectamente legítimas en cualquier otro lugar del mundo”.
Publicaciones que tuvieron consecuencias
Sosa no aceptó firmar la advertencia oficial de mayo de 2025. En el espacio destinado a la firma de la “persona advertida oficialmente”, el acta deja constancia de su negativa: “Se negó”. Sus publicaciones continuaron casi a diario.
Sosa Marrero escribía reflexiones ciudadanas sobre problemas concretos del país: desde la escasez de alimentos y los apagones hasta la situación sanitaria, la economía y la corrupción. El 27 de mayo de 2025, tres días después de haber recibido la advertencia, Sosa Marrero publicó una explicación sobre distintos tipos de pan en el mundo, clasificados según fermentación, harina, ingredientes y formas de cocción. El cierre transformaba el texto en una crítica irónica a la mala calidad del pan en Cuba. La referencia no era menor: el pan sigue siendo un alimento esencial para una parte importante de la población cubana, que a veces no dispone de muchas más opciones para comer.
(Captura de pantalla)
La alimentación volvió a aparecer en sus textos. El 31 de julio analizó un gráfico sobre la distribución de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba y subrayó que solo el 3% estaría vinculado a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. A partir de ese dato, cuestionó el desequilibrio de una economía en la que proliferan negocios de servicios, comercio o gastronomía, mientras la producción de alimentos continúa rezagada. Lejos de limitarse a la crítica, proponía incentivar mipymes agropecuarias, reducir trabas burocráticas y promover alianzas con cooperativas, universidades y exportadores.
Ese mismo enfoque analítico aparece en una publicación del 31 de octubre sobre el dólar, el mercado informal y el abastecimiento. Sosa Marrero planteó dos posibles vías para aliviar la economía: permitir el uso directo de dólares en transacciones privadas o fortalecer el peso cubano mediante una oferta real de bienes y servicios en moneda nacional. La publicación criticaba la intermediación, la especulación y la falta de acceso a productos básicos, pero lo hacía desde una lógica propositiva: precios más transparentes, reducción del mercado informal y mayor disponibilidad de alimentos, medicinas y servicios.
Otros textos se centraron en la crisis de los servicios públicos y la precarización de la vida diaria. El 12 de septiembre, utilizó citas atribuidas a José Martí para cuestionar la normalización de las carencias, especialmente los apagones y la escasez convertidos en rutina. “Vivir por la patria es vivir, como dijo Martí; pero sobrevivir en ella es otra cosa: es aceptar males que no deberían ser eternos, es acostumbrarse a la penuria como si fuese destino”, escribió.
La salud pública también ocupó un lugar importante en sus publicaciones. El 16 de octubre, alertó sobre la circulación de dengue, chikunguña y oropouche en varias provincias del país. La publicación era breve e informativa, pero se inscribía en un contexto de deterioro de los servicios sanitarios, acumulación de basura, falta de fumigación, escasez de medicamentos y expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos. En esas semanas, el aumento de arbovirosis era una preocupación extendida en Cuba, con reportes sobre familias enteras enfermas, altos precios de insumos básicos y limitaciones para el control vectorial.
El 10 de noviembre, dos días antes de su detención, publicó una metáfora sobre un vaso que se seca “gota a gota” para describir el deterioro de la justicia social en Cuba. En esa imagen reunió varias penurias: falta de agua y medicamentos, canasta básica incompleta y apagones. Al día siguiente, el 11 de noviembre, sostuvo que en Cuba faltaban “pequeñas cosas materiales imprescindibles para una vida digna”.
El recorrido por esos textos muestra que Sosa Marrero partía de hechos cotidianos para formular preguntas sobre responsabilidades públicas. No escribía desde la abstracción, sino desde problemas reconocibles para cualquier cubano. Esa línea de publicaciones continuó hasta el mismo día anterior a la citación que terminó en su arresto.
La citación de la que no regresó
El 12 de noviembre de 2025, el mismo día en que Sosa Marrero acudió a la citación y quedó detenido, su hijo Miguel Sosa denunció lo ocurrido en el perfil de Facebook de su padre.
“Hoy, mi padre fue detenido en Cuba”, escribió. En su publicación afirmó que el único “delito” de William había sido publicar análisis económicos y sociales. “Como todos saben, siempre lo hizo con inteligencia, con respeto, buscando una crítica constructiva y sin ofender a nadie. Su ‘crimen’ fue pensar y escribir”, señaló.
El hijo lo describió como el sostén emocional y económico de su familia: “Para ustedes, él es una voz lúcida, un analista. Para nosotros, es nuestro pilar”. También expresó temor por su seguridad y pidió ayuda para visibilizar el caso.
La familia compartió además una imagen de la citación oficial. El documento convocaba a Sosa Marrero a presentarse en Instrucción Penal Provincial con el objetivo de prestar “declaración”. Él acudió, pero la comparecencia solo fue el punto de partida de una acusación por “desobediencia”: el delito que las autoridades utilizaron para llevarlo a prisión por su negativa a dejar de publicar.
Cuando publicar se convierte en “desobediencia”
La figura de “desobediencia” ha sido utilizada en Cuba para castigar no solo actos concretos de resistencia a una autoridad, sino también la negativa a cumplir órdenes o advertencias previas impuestas por órganos policiales.
En el caso de Sosa Marrero, la acusación por “desobediencia” aparece vinculada a una secuencia concreta: primero se le advirtió que dejara de publicar; luego, al continuar haciéndolo, fue detenido y enviado a prisión provisional.
Para Alain Espinosa, la figura básica de la desobediencia protege “la actuación de las autoridades o los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y dentro de un marco de legalidad”, por lo que las decisiones de esas autoridades “tienen que estar dispuestas de forma legal”.
Sin embargo, sostiene que esto no aplica cuando una persona disiente o visibiliza “la situación que impera en el país”, porque en ese caso “se trata de un ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Las autoridades hacen “una interpretación extensiva” de una situación que constituye “un ejercicio efectivo de un derecho humano” para presentarla como delito, bajo el argumento de que la persona se negó a cumplir “con los deseos de esa autoridad”. En casos vinculados a la libertad de expresión, afirma, las autoridades “no tienen un marco legal” para impedir que las personas ejerzan su derecho de “pensamiento, conciencia y expresión”.
Eloy Viera sitúa el problema en la legitimidad de la orden que Sosa Marrero habría desobedecido. Para que una acusación por desobediencia tenga sustento jurídico, explica, debe existir “una orden legítima emitida por una autoridad competente” y una negativa “consciente e injustificada” a cumplirla.
En este caso, sostiene, las advertencias previas estaban relacionadas con sus publicaciones en redes sociales. Por eso, el debate no se centra solo en si Sosa Marrero continuó escribiendo, sino en si las autoridades podían ordenarle que se autocensurara o restringiera sus opiniones. Viera recuerda que las críticas a la gestión gubernamental constituyen el ejercicio de un derecho y no deberían ser limitadas mediante instrucciones verbales o escritas de un funcionario “que además pertenece al mismo aparato que el ciudadano está criticando”. Considerar obligatoria esa autocensura, advierte, formaría parte de un esquema “contrario al orden democrático más extendido en el mundo”.
Prisión provisional: castigo individual y mensaje colectivo
La prisión provisional impuesta a Sosa Marrero también forma parte de ese mecanismo de castigo. Para Espinosa, tanto la legislación cubana como los estándares internacionales establecen que esta medida cautelar debe aplicarse de manera excepcional, solo cuando exista un riesgo real de fuga o entorpecimiento del proceso penal.
Sin embargo, advierte que en Cuba su aplicación queda atravesada por un amplio margen de discrecionalidad. En los procesos relacionados con el disenso, esa discrecionalidad adquiere un carácter más grave. Según Espinosa, la prisión provisional se utiliza como un método de castigo anticipado: “Busca causar perjuicio a la persona procesada, amedrentarla y doblegarla”.
También produce un efecto sobre el resto de la sociedad. “Constituye una forma de crear un efecto inhibitorio sobre el resto de la población para que no se exprese o para que no visibilice su incomodidad o su pensamiento respecto de una situación determinada”, sostiene el abogado.
En el caso de Sosa Marrero, ese efecto resulta especialmente visible. Su encarcelamiento no solo lo aparta de su familia y de su vida cotidiana; también advierte a quienes observan el proceso desde las redes sociales que publicar, comentar o sostener una crítica sobre la realidad cubana puede tener consecuencias penales.
“El problema para las autoridades cubanas es el contenido crítico de los mensajes que emitió William [Sosa Marrero] y el posible impacto que tuvieran esos mensajes en la opinión pública”, acota Viera. Y agrega que “ampliar los márgenes de interpretación busca generar un efecto disuasorio sobre quienes desean expresar opiniones similares a las del acusado sobre la situación económica, política y social del país”.
En este sentido, José Ángel García Veloso coincide en que el impacto de la detención va más allá del caso individual: “Nos ha entristecido mucho a todos. Las personas que creen en la libertad de expresarse y en todas las libertades que tiene el ser humano consideramos que cada atentado de estos contra la libertad de un individuo por expresarse es una cosa terrible”.
A su juicio, la detención y el procesamiento de Sosa son “absolutamente injustos” y “contrarios a derecho”, porque la conducta que se le imputa está relacionada con un acta de advertencia que considera ilegal. “William no cometió delito”, afirmó.
También para García Veloso el propósito no es solo castigarlo, sino advertir a otros ciudadanos que publican contenidos similares. Y explica que ha tenido un doble efecto: por un lado, tristeza y molestia entre quienes lo conocen; por otro, miedo en algunas personas que también expresan críticas en redes.
Una voz con respaldo social
La persecución contra William Sosa Marrero no se explica solo por el contenido crítico de sus publicaciones, sino también por la recepción que estas tenían entre otros cubanos. Después de su encarcelamiento, su hijo ha mantenido activa la denuncia desde el perfil de Facebook de su padre y ha publicado actualizaciones al cumplirse nuevos meses de prisión provisional.
Esas publicaciones reciben decenas de comentarios de apoyo, pedidos de libertad y mensajes que describen a Sosa como un hombre trabajador, respetuoso, martiano, solidario y querido por su comunidad.
En una publicación realizada cuando se cumplían 160 días de encierro, el hijo señaló: “El debido proceso juega a los términos con la ausente presunción de inocencia”. La publicación acumula cientos de reacciones, decenas de comentarios y ha sido compartida varias veces. Entre las respuestas, varios usuarios insisten en que Sosa Marrero no debe estar preso por expresar criterios sobre la realidad del país.
Un comentarista lo definió como “un hombre trabajador que lo único que hizo fue usar sus redes para señalar lo que está mal hecho”. Otro afirmó que “decir la verdad con honradez y respeto no es un delito”. Hubo quienes destacaron que sus publicaciones reflejaban “el sentir del pueblo”.
Ese respaldo muestra que Sosa Marrero no era una figura aislada en redes sociales. Su manera de explicar problemas cotidianos conectaba con personas que reconocían en esos textos sus propias carencias.
Por eso, su encarcelamiento no solo castiga una voz crítica, sino que también envía una advertencia a quienes observan, comentan o comparten publicaciones similares. Para Viera, su caso confirma la gravedad de ese mensaje: “Esta es una persona que ha sido citada a declarar y ha sido dejada en prisión provisional como una confirmación de que el régimen cubano entiende que las expresiones críticas no solo son delictivas, sino que además constituyen delitos graves que merecen que la persona sea privada completamente de uno de los derechos fundamentales que tiene la persona, que es la libertad”.
