Ilustración: Carmen Barruecos
El joven Víctor Manuel Hidalgo Cabrales fue detenido el 20 de marzo de 2024 a las 6:30 a.m. en Las Tunas. Una turba de policías llamó a la puerta de su casa cuando no habían transcurrido ni 12 horas de una publicación suya en Facebook. Hoy se le acusa de haber hecho «propaganda contra el orden constitucional» por haber cuestionado los apagones que sufría: «Oye, ¿Las Tunas qué? La ponen cuatro [horas] y la quitan cinco y seis. ¿Nos vamos a quedar así?».
Andrielis Guerrero, la esposa de Víctor, declara a YucaByte que todo fue muy rápido: «Él hizo solamente una publicación en Facebook quejándose de la electricidad. Ese día quitaron la corriente a las 11:00 a.m. y la pusieron a las 4:00 p.m., pero la volvieron a quitar a las 8:00 p.m.. Entonces no nos dio tiempo a cocinar ni a nada, y es ahí cuando él hace la publicación preguntando si en Las Tunas nos íbamos a quedar así, porque eso fue dos días después de las protestas de Bayamo y Santiago«.
Los constantes apagones han generado todo tipo de protestas entre los cubanos en los últimos años. Muchos utilizan las redes sociales para manifestarse. La respuesta del régimen cubano ante esos hechos suele ser represiva, pero en casos como el de Víctor aumenta el ensañamiento. Las autoridades trataban de evitar que se repitiera lo que había ocurrido en el oriente de Cuba por esos días. Las protestas que comenzaron en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024 no podían tener réplicas.
Giselle Morfi, una abogada del Centro de Información Legal Cubalex, explica el objetivo del régimen con este tipo de métodos represivos: «Toda esta serie de incidentes que Víctor Manuel ha enfrentado ilustra claramente cómo el Estado cubano censura y castiga a las voces disidentes de una manera sistemática y generalizada. Este es un ejemplo más de las consecuencias para las personas que se atreven a criticar las políticas del Gobierno. Ello se hace de una manera bien intencionada para lograr un efecto inhibitorio en la sociedad».
De acuerdo con el testimonio de Andrielis, la Seguridad del Estado actuó con velocidad para reprimir a Víctor: «Mi esposo hizo la publicación a las 8:00 p.m. y el segundo jefe de la Seguridad del Estado de Las Tunas estaba en mi casa a las 8:40 p.m. Fue para tratar de coaccionar a mi esposo, con el objetivo de que eliminara la publicación. Le dijo que eso no le convenía, que le podía traer consecuencias, que podría afectar a las demás personas».
Este tipo de respuestas por parte del aparato represivo cubano están muy bien orquestadas. El presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica cómo funcionan esos mecanismos: «El régimen dispone de centros de control de contenidos en internet donde trabajan, primero, sistemas automáticos de detección de palabras clave y difusión. También hay operadores y técnicos que analizan las publicaciones candidatas para determinar las que tienen el perfil de gravedad que les pueden afectar. Posteriormente, estas publicaciones seleccionadas son remitidas a la Seguridad del Estado, que localmente hace las investigaciones adicionales para localizar a las personas y advertirlas, hostigarlas. También pueden detenerlas y procesarlas penalmente, como en el caso de Víctor».
Durante la reunión con el represor, Víctor aceptó borrar la publicación y mantener una conducta que no cuestionara al poder. Sin embargo, parece que a quien lo visitó (presentándose como Yulier) no le bastó ese compromiso y dio luz verde para el arresto. «A nosotros nos tocaron la puerta a las 6:30 a.m. agentes del MININT, de la Seguridad del Estado, y los jefes de Instrucción. Nos tocaron la puerta con una orden de registro. Ellos no revisaron nada, simplemente le pidieron el teléfono a mi esposo y le dijeron que estaba decomisado. También le dijeron que él se tenía que ir con ellos. No dieron ninguna explicación de por qué se lo llevaban o si estaba incumpliendo alguna ley del Código Penal. Se lo llevaron esposado; había carros y motos de Policía. Había mucha gente ahí ese día», recuerda Andrielis.
Resulta paradójico que hasta las mismas legislaciones que el régimen ha creado perjudicarían a los represores de Víctor, y no a él. «Víctor fue intimidado, amenazado, censurado, acosado y arrestado. Entonces se reconoce como una restricción ilegítima al derecho de la libertad de expresión. El que debe estar dentro de la prisión es el agente de la Seguridad del Estado y todos los responsables de haberlo apresado a él. Ellos cometieron el delito contra la libre emisión del pensamiento, conciencia y expresión, que se reconoce en el artículo 384 del Código Penal cubano. Incluso, en el punto 2 de ese artículo, se plantea como figura agravada cuando un funcionario comete este delito abusando de su cargo. La sanción entonces es más severa», explica Morfi.
A partir de su detención, Víctor fue encarcelado bajo la medida cautelar de prisión provisional. Todo su proceso, insiste Morfi, ha estado plagado de irregularidades y violaciones de los derechos humanos: «En este caso han habido muchas violaciones del debido proceso. Su detención fue ilegal, lo que publicó es una frase que está protegida por el derecho a la libertad de expresión. Él no ha cometido ningún tipo de delito de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está sometido a prisión provisional sin que exista una justificación y una argumentación legal. No se está cumpliendo con el requisito de excepcionalidad que tiene la prisión provisional como medida cautelar».
Andrielis detalla que en varias ocasiones se ha tratado de pedir un cambio de medida para su esposo: «A mi esposo le han negado las dos peticiones de cambio de medida. Yo presenté una queja a la Fiscalía porque tuvimos que cambiar de abogado, aunque también me la negaron. Ahora estamos esperando la petición fiscal para entonces iniciar el control judicial. Dicen que ya el expediente está listo, que ya lo tiene la Fiscalía y se lo va a pasar al tribunal. Estamos en espera a ver qué nos dicen».
A sus 29 años, Víctor mantenía una «conducta intachable», según su esposa, y carecía de antecedentes penales. «Él como ser humano es increíble. Es el mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor yerno, el mejor esposo. Hizo dos años de la carrera de Derecho, luego tuvo que dejarla porque tenía que empezar a trabajar y no podía hacer las dos cosas a la vez. Él estaba de almacenero en un punto de vender viandas. En eso estaba cuando lo detuvieron», recuerda Andrielis.
A pesar de no haber tenido problemas con la justicia, Víctor sí había sido reprimido durante las protestas del 11 de julio de 2021. «Ese día él estaba en un parque escampando un aguacero porque estaba lloviendo», explica la esposa del preso político. «Entonces pasaron unos muchachos gritando Díaz-Canel y otras cosas, y da la casualidad que cuando viene la Policía los muchachos están muy cerca y lo recogieron a él también. Él se pasó tres días detenido y tuvo que pagar una multa de 3.000 pesos. Pero esa multa salió por propagación de epidemias, no salió por ningún tema político. Estando preso lo llevaron para otro municipio y le daban poca agua. El día 14 de julio le pusieron la multa y lo soltaron».
Ni Víctor ni su familia notaron algún tipo de seguimiento o monitoreo antes de ser detenido el 20 de marzo de 2024. Solo después del arresto se supo que el régimen nunca le perdió la pista. «Hace como dos meses me dijeron en Instrucción que él tenía antecedentes y le habían hecho seguimiento», explica Andrielis. «Ellos dijeron que por eso lo detuvieron rápido y dieron con él tan pronto, debido a que tenía antecedentes».
Para Larrondo, casos como el de Víctor no son aislados, sino el resultado de un complejo sistema de vigilancia permanente: «En el entorno telefónico, controlan y supervisan de forma automática todos los sms en base a palabras clave. Igualmente, la Seguridad del Estado realiza escuchas permanentes de los teléfonos de los ‘contrarrevolucionarios’ más connotados, los familiares de los presos políticos y otras personas ‘de interés’. Estas conversaciones son transcritas y analizadas para controlar, advertir e investigar a todos los ciudadanos cubanos y no cubanos que puedan representar, por el contenido de sus conversaciones, una amenaza para la supervivencia del régimen. En todo este sistema, el régimen ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura y software, y en él tiene trabajando a cientos de personas por todo el país».
Morfi aclara que reclamos como el realizado por Víctor no deberían contemplar una respuesta tan avasallante. Estima que un gobierno legítimo debería hacer todo lo contrario: «La publicación de Víctor fue una crítica a las deficiencias de las políticas gubernamentales y a las violaciones generales de derechos que hace constantemente el Estado cubano. Fue un reclamo legítimo que lo que hacía era exigir rendición de cuentas al poder. Estas críticas son necesarias dentro de cualquier sociedad que se considere democrática. Los gobernantes tienen que tener un nivel mucho mayor de tolerancia a estas críticas, y no censurar, callar, reprimir y criminalizar a las personas por el ejercicio de sus libertades. Lo que debe hacer el Estado en estos casos es resolver los problemas que se están criticando, que se están denunciando, y hacerlo con eficiencia, no castigar».
YucaByte se comunicó vía correo electrónico con la Dirección Municipal de Justicia Las Tunas. Tratamos de indagar en las violaciones del debido proceso que se han sucedido en el caso de Víctor, pero no obtuvimos respuesta.
Para Larrondo resulta imprescindible trabajar en la visibilidad de historias como la de Víctor: «Una sociedad sin información no puede tener opinión, y mucho menos defenderse de la represión que vive. La visibilidad de los casos represivos provoca dos fuerzas contrarias. Una es el miedo, que favorece al régimen, pero la otra es que el cubano conoce la realidad de su situación, aumentando el hastío hacia la dictadura, lo que provoca estados de opinión que se van generalizando e irán, inevitablemente, resquebrajando el muro de hierro y la distopía que el régimen ha construido para mantenerse en el poder».
En la arena internacional también es importante exponer estos hechos. Hace poco Prisoners Defenders logró, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que la ONU reconociera las irregularidades en el proceso judicial de 17 condenados por el 11J. Una denuncia presentada por la ONG hizo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU (WGAD, en inglés) pidiera una indemnización y la liberación de esos presos políticos.
«El régimen paga un costo político por la represión si esta llega a los medios internacionales», explica Larrondo. «Es vital que la visibilidad no se quede en las redes sociales, sino que sea trasladada a medios con millones de lectores no cubanos. En ese momento entra en juego el coste político a pagar por el régimen. Esta fue, por ejemplo, una de las causas de la liberación de José Daniel Ferrer en 2020, o la excarcelación temporal con licencia extrapenal de Lisdani Rodríguez Isaac. Por ello, si queremos que Cuba sea libre, los países democráticos y las instituciones de protección de los derechos humanos deben tomar parte activa en la presión al régimen».
Además de la situación que enfrentan los presos políticos, está el caos que comienzan a vivir sus respectivas familias. En el caso de Víctor, solo cuenta con su esposa. «Ha sido sumamente difícil lidiar con esta situación de mi esposo preso», explica Andrielis. «Él era el cabeza de familia y compraba todos los alimentos y proporcionaba el dinero para las cosas de la casa. Yo simplemente me mantenía en la casa con la niña. Apenas a él lo detuvieron yo me tuve que poner a trabajar porque es mucho dinero lo que llevan solamente los viajes a la prisión, más la comida que tengo que llevarle y todas las cosas. Ha sido realmente difícil».
Víctor no solo ha sido privado de su libertad, también ha sido impedido de cumplir con sus responsabilidades como padre. Su hija cumplirá cinco años este mes y no la ve desde su detención. «La niña también lo ha llevado muy mal porque extraña mucho a su papá. No la he querido llevar a la cárcel para que no lo vea en esa situación, él también es muy sensible con eso y adora a su niña», detalla Andrielis.
Mientras el tiempo pasa, esta joven de solo 20 años no pierde la esperanza de volver a estar pronto junto a su esposo: «Yo quiero pensar que le están dando un escarmiento. Ya cuando llegue el juicio o la petición fiscal espero que le den la libertad porque ha sido realmente duro lo que él ha tenido que vivir allá adentro. Me dice que no lo dejan trabajar debido a su tema político. Otros presos sí pueden trabajar en la cocina o limpiando para obtener beneficios. Pero le dicen que no porque él está allí por ser opositor. Igual quiero mantener la esperanza. Dicen que ese delito [propaganda contra el orden constitucional] lleva de cuatro a diez años de prisión, pero yo pienso que con el abogado y si seguimos denunciando lo dejen libre pronto».
«El régimen cubano está destruyendo el porvenir de él y de muchas familias cubanas», concluye Andrielis. «Familias que simplemente piden corriente, comida y libertad. Ellos están destruyendo a todas las personas que están haciendo eso para ponerlas como escarmiento y que así los demás no lo hagan. Mi esposo, a pesar de todo lo que ha pasado, no se arrepiente de haber hecho la publicación. Si tiene que estar allí, él va a estar».
