Cuba: telecomunicaciones y cables submarinos de fibra óptica

Ilustración: Alejandro Cañer

El 30 de noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) negar el permiso de instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a Cuba con ese país.

Entre julio y agosto de 2018, las empresas ARCOS-1 USA, Inc. y SurNet, Inc. solicitaron un permiso de las autoridades estadounidenses para extender el enlace submarino de fibra óptica ARCOS-1 a territorio cubano. 

Pero según un informe del Comité de Evaluación de la Participación Extranjera en el Sector de las Telecomunicaciones en EE. UU., conocido como Equipo Telecom, el Gobierno cubano representa una “amenaza de contrainteligencia” para esa nación. Una de las justificaciones para la negativa se basa en que el cable estaría controlado por ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones permitida en la Isla.

El Gobierno cubano —a quien EE. UU. reconoce como “autoritario” y como “un adversario extranjero”— podría acceder a información sensible que viaje a través del nuevo segmento, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Mientras el Gobierno de Cuba siga siendo una amenaza de contrainteligencia para EE. UU. y sea aliado de otros que hacen lo mismo, los riesgos para nuestra infraestructura son simplemente muy grandes”, aseguró Matthew G. Olsen, vicefiscal de Seguridad Nacional. Con “otros”, Olsen se refirió principalmente a China y Rusia, naciones que son nombradas directamente en el informe.

Un día después del anuncio, algunos de los altos funcionarios del poder en Cuba se pronunciaron en redes sociales.

“La absurda y deshonesta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue siendo pretexto para causar daño al pueblo cubano. Así lo demuestra [la] recomendación de [la] Comisión Federal de Comunicaciones [de] EE. UU. contra licencia a cable submarino que Cuba necesita”, escribió Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, en Twitter.

Sin embargo, el informe que el Equipo Telecom redactó y entregó a la FCC tiene más argumentos que el citado por Rodríguez Parrilla.

El documento refiere que ETECSA ha tomado acciones para apoyar los objetivos de censura del Gobierno. Entre esas acciones está el bloqueo de sitios webs, así como arrestos, intimidación, encarcelamiento y vigilancia contra activistas y periodistas independientes.

La Resolución 179 de 2008 —describe el reporte— le da la potestad a ETECSA de llevar a cabo las medidas necesarias para impedir el acceso a páginas cuyo contenido sea contrario al “interés social, la ética, la moral, así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la Seguridad del Estado”.

En el Decreto-Ley 370, de 2019, y el Decreto-Ley 35, de 2021, el Estado cubano utiliza términos similares, conceptos demasiado amplios y ambiguos en la interpretación y aplicación de la ley.

El Decreto-Ley 370 le da la capacidad a las autoridades de multar con hasta 3000 pesos a quien publique en internet contenido contrario a los intereses del poder; y el 35 legaliza los apagones generales de internet en la Isla y los cortes de datos móviles a individuos específicos.

“ETECSA usa esta autoridad para reprimir el disenso contra el Gobierno”, indica el informe, que alude a los cortes de internet durante las protestas antigubernamentales de 2020 y 2021.

El 11 de julio de 2021, el día que ocurrieron las mayores manifestaciones contra el régimen de la Isla tras 1959, el observatorio de internet Netblocks comprobó el bloqueo de plataformas como WhatsApp, Facebook, YouTube y Google en redes operadas por ETECSA, el único proveedor de internet del país.

Este control rígido sobre las telecomunicaciones es una de las principales razones para no recomendar la instalación del cable entre EE. UU. y la Isla. Si la aplicación fuera concedida, se lee en el documento, el tráfico de internet, los datos personales y las comunicaciones estadounidenses pasarían a través de ETECSA.

Esto comprometería la seguridad de esta información, que una vez en la red de ETECSA podría ser utilizada para “actividades maliciosas” en detrimento de su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Sin embargo, el experto en internet Doug Madory opina que esta decisión debe estar motivada por razones políticas y que no tiene sentido desde un punto de vista técnico. Algo similar piensa Larry Press, profesor e investigador de la historia de internet en Cuba. “Este cable apoyaría la política estadounidense de mejorar el acceso a internet del pueblo cubano (…) No afectaría nuestra seguridad nacional”, escribió en Twitter.

Intenciones y negociaciones para tender un cable de fibra óptica

Los esfuerzos para instalar un cable submarino de fibra óptica entre Cuba y EE. UU. no son recientes. Desde los años 90, varias empresas y organizaciones han considerado la posibilidad de asumir el proceso, que no parece concretarse en un futuro cercano.

El servicio telefónico entre EE. UU. y Cuba comenzó en abril de 1921. La empresa estadounidense AT&T instaló un cable telefónico submarino para llamadas de larga distancia entre ambas naciones. El cable original fue reemplazado en 1950 por uno más moderno, que se mantuvo activo hasta 1987, cuando falló debido al desgaste.

 

El fallo obligó a que las llamadas telefónicas tuvieran que desviarse a través de un sistema de microondas. Pero en 1992 el huracán Andrew derrumbó una de las torres de ese sistema en Goulds, Florida, y dañó severamente las comunicaciones de radio.

Si bien AT&T había reemplazado el cable desgastado en 1989, diferencias en los términos de acuerdo con el Gobierno cubano lo mantuvieron inactivo. Según la prensa de la época, La Habana quería presionar a la administración estadounidense para que le pagara 75 millones de dólares por ganancias de llamadas telefónicas y permitiera que esas llamadas pasasen por rutas más convenientes para el régimen.

Dos años más tarde, en marzo de 1994, la compañía WilTel y la Empresa de Telecomunicaciones Internacionales de Cuba (EMTEL) firmaron dos acuerdos de cooperación. El primero era para proveer llamadas telefónicas de larga distancia; el segundo, para habilitar un cable submarino de fibra óptica digital de 100 millas entre ambas naciones.

Los costos de instalación del cable, que recibió el nombre de CUBUS-1, serían divididos a la mitad entre las dos partes.

En noviembre de 1994, después de una serie de negociaciones entre Cuba y EE. UU., las autoridades estadounidenses otorgaron licencias a empresas —entre ellas a WilTel— para ofrecer servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, estas licencias estaban centradas en servicios de telefonía y no en internet.

La aprobación específica del CUBUS-1 nunca llegó. La solicitud de WilTel quedó pendiente por trámites no completados y cuestiones técnicas no resueltas por WilTel Undersea Cable Inc., empresa relacionada con el proceso de tendido.

Los intentos continuaron en 1996. AT&T y MCI Communications consideraron reemplazar el viejo cable telefónico que tenía AT&T por un cable de fibra óptica. Pero representantes de las compañías dijeron que el proyecto se había cancelado por numerosas razones, entre ellas la preocupación del Congreso estadounidense de que esto supusiera un peligro de contrainteligencia.

Bajo la administración Clinton, en 1999, una empresa proveedora de internet en Florida llamada QuestNet Corp. hizo una solicitud a la FCC para construir “un puente de telecomunicaciones que enlazara a EE. UU. con Cuba y el mundo”. Este “puente” se llamó Proyecto Unidad, tenía un costo estimado de 13 millones de dólares y estaba diseñado para llevar a la Isla internet de alta velocidad.

Camilo Pereira, CEO de QuestNet, estaba optimista de que en Washington no se opusieran al proyecto, pero en 2001 la FCC desestimó la solicitud por falta de respuestas de Quest Net Corp.

Algunos de los últimos presidentes estadounidenses han visto con buenos ojos el tendido de un cable. En 2009, la administración Obama permitió a proveedores de red de su país llegar a acuerdos para establecer cables de fibra óptica y telecomunicaciones satelitales entre las dos naciones.

Una década después, durante la administración Trump, el Cuba Internet Task Force, un grupo de trabajo dedicado a expandir la conectividad en el país, recomendó al presidente apoyar los esfuerzos en la construcción de un cable submarino. No obstante, también advirtió a los posibles inversores de las implicaciones de seguridad de trabajar con ETECSA.

Pero no solo hubo empresas estadounidenses implicadas en estos procesos. En 2017, Deep Blue Cable, del irlandés Denis O’Brien, valoró la posibilidad de conectar el país con un cable submarino. El grupo Digicel, fundado por O’Brien, operaba en varios países del Caribe y, según The Irish Times, el empresario también estaba interesado en invertir en Cuba.

Google, Cuba y el ARCOS-1

En marzo de 2019, a solo tres meses del inicio del servicio de internet móvil en el país, Google y ETECSA firmaron un memorándum de entendimiento para explorar vías para mejorar la conectividad.

En noviembre de 2018, Susanna Kohly, cofundadora de Google Cuba, expresó que a su compañía le interesaba lanzar un cable submarino hacia Cuba para mejorar la conexión.

Actualmente, son tres los cables de fibra óptica que tocan tierra cubana. El primero es ALBA-1, financiado por Venezuela y que utiliza el Gobierno cubano. Los otros dos son GTMO-1 y GTMO PR, propiedad del Gobierno estadounidense, y que conectan la Base Naval de Guantánamo con Dania Beach, en la Florida, y Punta Salinas, en Puerto Rico, respectivamente.

Ninguno de estos dos cables puede utilizarse para brindar servicios de internet a los cubanos. Solo están disponibles para cuestiones relacionadas con la Base Naval. 

Así que, Cuba, además de inversión en la infraestructura de las telecomunicaciones, necesita más enlaces internacionales vía cables submarinos.

En 2015, Daniel Sepúlveda, subsecretario adjunto de Estado en aquel entonces, dijo que las autoridades cubanas habían rechazado propuestas estadounidenses para mejorar la conectividad por “problemas de seguridad nacional”.

Un año más tarde, Sepúlveda insistió varias veces en la necesidad de enlazar La Habana y Miami con un cable de fibra óptica submarino.

Brett Perlmutter, jefe de Google Cuba, dijo en una entrevista que no era difícil enlazar tecnológicamente a la Isla con la Florida. “Se puede emplear la red de cables submarinos que circunnavegan alrededor de Cuba, como el ARCOS-1, al que podríamos empalmar a Cuba desde un punto de presencia (POP) que tenemos ubicado entre Boca Ratón y Miami”.

Precisamente, la reciente recomendación del Departamento de Justicia estaba vinculada con la red del ARCOS-1, que fue nuevamente propuesta para enlazar ambos países.

Uno de los propietarios de esta red es la empresa C&W Networks, que en enero de 2017, según el experto en internet Doug Maddory, se convirtió en uno de los proveedores de tránsito de ETECSA.

Dos informes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. confirman que C&W Networks ofrece servicios a ETECSA. Los documentos corresponden a Liberty Latin America, empresa dueña de C&W, y son de 2017 y 2018.

El 7 de diciembre de 2022, un día después de que el régimen volviera a quejarse de la negativa del Departamento de Justicia, ETECSA afirmó que había llegado a un acuerdo con la compañía francesa Orange S.A. para el tendido de un nuevo cable.

Se trata de Arimao, un enlace de fibra óptica que conectará la isla de Martinica con la central provincia de Cienfuegos y que será desplegado por Orange Marine, filial de la multinacional francesa.

Serán desplegados 2470 km entre las dos islas por una ruta directa. Las obras estaban previstas para dos fases: la primera, de agosto a septiembre de 2022; y la segunda en enero de 2023, para no interferir con la anidación de las tortugas marinas de la región.

La segunda fase tendrá una duración aproximada de 11 a 16 días. En esta fase Orange estima que se instalarán los electrodos, se movilizará el equipo de trabajo en el terreno y se tenderá el cable desde la costa.

“La estructura física del cable estará lista para el 2023 y la misma dotará al país de una nueva ruta para servicios internacionales, diversificando geográficamente la conectividad actual”, anunció el monopolio cubano de telecomunicaciones en una breve nota de prensa. 

“En estos momentos el proyecto se encuentra en desarrollo y cuenta con todos los permisos para su despliegue; una vez se haga efectivo, las entidades involucradas ampliarán la información”, añadió la nota.

Por otra parte, en un dosier de las autoridades de Martinica se revela que el importe total de las obras ascenderá a 1 200 343 euros, impuestos incluidos.

Esta no es la primera vez que compañías europeas hacen negocios con ETECSA. En 2006, la ONG Reporteros sin Fronteras criticó a varias multinacionales de telecomunicaciones por comerciar con regímenes represivos. En el caso específico de Cuba, cuestionó a Telecom Italia por su cooperación con el Gobierno cubano.

Y mientras ETECSA llega a acuerdos con empresas extranjeras, dentro de Cuba, la ciudadanía se debate entre cortes de internet, una conexión lenta y un Código Penal que podría castigar severamente a los activistas, periodistas independientes y, en general, a los cubanos que publiquen en la red cualquier contenido incómodo para el régimen.