Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 Cuba será la sede oficial del evento regional América Accesible. Dicho evento representa un espacio para el debate y cooperación sobre políticas públicas y alianzas institucionales que buscan romper las barreras de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para poblaciones vulnerables. Aunque se pensó que la edición de 2021 se haría de modo presencial en Varadero, Matanzas, se determinó cambiarla al modo virtual debido a la situación de la pandemia de la Covid-19 en las Américas.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre: América Accesible.
Un evento para mostrar los avances, en el uso de las TIC, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales.#Cuba será el país sede.@ITUAmericas #ICTaccessibility #Webaccessibility https://t.co/AjN4QEmjWv— Ministerio de Comunicaciones Cuba (@MINCOMCuba) September 13, 2021
Aunque América Accesible se viene realizando anualmente desde 2014, esta será la cuarta edición en la que Cuba participa. La isla, hasta la fecha, solo ha enviado delegaciones de instituciones gubernamentales o asociadas a ella, a pesar de que el evento contempla también la participación de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las tecnologías de los países de la región.
TICs en Cuba: ¿accesibles para quién?
En 2014 sucedió la primera edición de América Accesible con la idea de alentar a gobiernos, industrias y otras partes en la promoción de la accesibilidad a las TICs, específicamente para personas con discapacidad en la región. Durante las siguientes ediciones, los objetivos se centraron en salvaguardar los derechos de los discapacitados a través del empoderamiento que brindan las tecnologías y la integración de países y organizaciones para lograr un acceso libre y sin barreras a las TICs.
Cuba no participó en América Accesible hasta el encuentro de 2018, cuya sede fue Jamaica. El tema, además del acceso a grupos con necesidades especiales (incluyendo esta vez también a mujeres, niñas, jóvenes, adultos mayores y pueblos indígenas), buscaba responsabilizar a los gobiernos con políticas inclusivas para “lograr acceso equitativo a las telecomunicaciones para todos”. Participaron unos 228 delegados de 26 países. La delegación cubana estuvo integrada por directivos de los Joven Club de Computación y Electrónica (JCC).
La intervención en el encuentro de Anamaris Solórzano Chacón –entonces subdirectora de los JCC y actual directora de Comunicación Institucional del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM)- destacaba que los JCC son un proyecto ideado por Fidel Castro y aplaudía la estrategia gubernamental para el desarrollo de la informatización en Cuba. Apenas unos meses después, como parte de dicha estrategia, el gobierno cubano comenzaría a aplicar el Decreto Ley 370 o “Ley Azote”, que restringe la libertad de expresión en internet de manera arbitraria.
Solórzano recalcó que los JCC ofrecen “cursos de computación” para discapacitados, sin embargo, obvió los problemas de acceso de estas personas a equipos como computadoras y teléfonos móviles debido a sus altos precios en el mercado nacional. A tres años de su intervención, la isla solo tiene un 64% de su población con alguna posibilidad de conectarse a internet y a poco más de 6 millones y medio de habitantes con acceso a la telefonía móvil. Además, en materia de expansión de los servicios de internet a los hogares, hasta abril de 2021, Cuba sólo había cumplido una décima parte de su compromiso con la Agenda Conectar 2020.
Mientras se desarrollaba la edición de 2018 de América Accesible los cubanos todavía no contaban con acceso a datos móviles. Fue dos semanas después que esta tecnología se permitió en la isla.
En la edición de 2019, con sede en Ecuador, Cuba participó a través de Ernesto Villán Martínez, director de Industria de Software del MINCOM, quien habló sobre los logros de Cuba en materia de telecomunicaciones de acuerdo a lo pactado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la región.
América Accesible 2020 ocurrió de manera virtual a causa de la Covid-19. Por Cuba fue Pablo Julio Pla, director general de los JCC y varios directivos de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC). La UIC, una falsa organización de la sociedad civil creada por el gobierno cubano, presentó entonces el proyecto Co-Lab (Laboratorios de Innovación Ciudadana), financiado por la Unión Europea con casi medio millón de euros.
Reynaldo Alonso, presidente de la UIC en Camagüey y participante de América Accesible 2020, expresó a medios oficiales cubanos que la informatización de la sociedad cubana –llevada a cabo de forma exclusiva por el gobierno y sus instituciones- busca “la equidad real y efectiva para todas las personas”, para “así poder afirmar que en Cuba las diferencias no constituyen un sinónimo de limitación”. Agregó que en la isla las políticas en materia de acceso a telecomunicaciones incluyen “a aquellos grupos vulnerables”.
Sin embargo, la delegación cubana presente en este evento no mencionó que en la isla existen poblaciones que son vulneradas por los mecanismos de represión y censura del gobierno, el cual restringe el acceso a internet y a los servicios de telefonía móvil a aquellos que critiquen su gestión. Con medidas que van desde apagones de internet a cortes personalizados de acceso a datos móviles, el régimen de La Habana viola de manera constante los derechos digitales de sus ciudadanos, sin importar si son discapacitados o no.
En Cuba, además, se mantienen las brechas digitales en cuanto a acceso a internet. Muchos cubanos han manifestado su descontento con la relación entre precios y ofertas brindada a la población por ETECSA, monopolio estatal de las telecomunicaciones en la isla. Desde que llegara el internet al país, una de las principales exigencias de los cubanos va dirigida hacia la disminución de los precios de acceso a este servicio.
