El pasado 9 de septiembre, el activista baracoense, Emilio Almaguer De la Cruz, fue multado por segundo vez en virtud de lo estipulado por el Decreto Ley 370. La razón fue una publicación en su perfil de Facebook, donde exigió a los funcionarios públicos del país atender correctamente a las necesidades de la población, las cuales se han visto agravadas con el creciente número de casos positivos a la Covid-19.
Almaguer, de 53 años, se desempeñaba entonces como activista político a través de la realización audiovisual. En sus materiales, contó a YucaByte, que pobladores del municipio guantanamero de Baracoa suelen denunciar el abandono al que los ha sometido el gobierno cubano. Almaguer, además, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuyo líder, José Daniel Ferrer, se encuentra en prisión desde el pasado 11 de julio.
–El día en que se nos puso la multa, el jefe de sector de la zona donde vivo (La Asunción) se presentó en una motocicleta para llevarme en calidad de detenido a la estación de policía de Baracoa. Pero resulta que un vecino le dijo que, en mi vivienda, todos estábamos enfermos de Covid. Entonces, el jefe de sector ordenó que fuera por mis medios a la estación de policía. Me dijo que allá me estaría esperando “un inspector de la provincia”. No se me informó nada más.– relató Emilio Almaguer a YucaByte.
Horas después, el activista se presentó en la unidad policial del municipio. Al llegar, encontró que le esperaban un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) municipal llamado Alfredo Olivero, así como un oficial de la PNR provincial y un sujeto que se identificó como inspector del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM). Este último, recuerda Almaguer, contaba en su uniforme con una chapilla con el número “0068”.
El inspector confesó al activista que había sido enviado por autoridades provinciales del MINCOM para “atender su caso”. Al preguntar Almaguer las características de esta acusación, el inspector respondió:
-Usted está desacreditando el proceso revolucionario y el buen trabajo que está desempeñando el Poder Popular, el Partido y las entidades de salud.
En el acto, le fue aplicado el Decreto Ley 370, que incluye una multa de 3.000 CUP (125 dólares), cifra superior al salario mínimo establecido en el país.
–Luego de que el inspector se retirara, los oficiales de policía me amenazaron. Me dijeron que si seguía publicando en redes sociales me iban a poner multas constantemente hasta llevarme a prisión. También dijeron que tenían como objetivo hostigar a los miembros de la UNPACU.– cuenta Almaguer.
Esta es la segunda vez que el activista baracoense es multado en virtud del Decreto Ley 370. El 6 de julio de 2020, Emilio Almaguer fue sancionado por esta arbitraria norma debido a publicaciones en Twitter en las que acusaba de corrupción al delegado intendente de Baracoa en ese entonces.
–Yo no he pagado esta reciente multa porque no tengo recursos para hacerlo. Mi situación económica no es la mejor en estos momentos. Los cuatro miembros de mi familia estuvimos enfermos recientemente y tuvimos que comprar medicamentos donde único se consiguen, en la calle, a precios altos como 1.500 CUP. Actualmente no veo la posibilidad de pagar esta multa, así que pienso que estaré en prisión. Esa es mi realidad.- contó el activista, quien también se refirió a las pésimas condiciones del sistema de salud en la provincia y de la crisis económica que afecta gravemente a su comunidad.
El Decreto Ley 370, conocido como “Ley Azote”, contempla, además, de multas, sanciones accesorias como el decomiso de los equipos con que se “comete la infracción”. Dichas infracciones están fundamentadas en conceptos ambiguos como “moralidad” o “buenas costumbres”, que otorgan a las autoridades del régimen la posibilidad de interpretar la ley de manera discrecional y arbitraria.
Esta normativa ha sido condenada por el Parlamento Europeo, específicamente en su Resolución del 10 de junio de 2021, sobre la situación política y los derechos humanos en Cuba. También el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su “Informe sobre la Libertad Religiosa Internacional” correspondiente al año 2020, denunció la aplicación de este Decreto Ley sobre líderes religiosos cubanos no afiliados a las instituciones y políticas del régimen.
