Programadores independientes participan en La Habana en feria tecnológica organizada por instituciones estatales. Foto: YucaByte
Aunque muchas son las deficiencias del Estado cubano en el manejo del trabajo por cuenta propia, sin duda alguna la más criticada ha sido la pobre planificación de políticas regulatorias sobre el sector privado. El desorden, las contradicciones y los continuos cambios de parecer de los funcionarios encargados de regir estas actividades han entorpecido el desarrollo del emprendimiento en Cuba, quizás lo único que estaba llamado a desarrollarse en el país desde 2011. La historia de los Programadores de Equipos de Cómputo tal vez sea el ejemplo más ilustrativo de todo lo anterior.
La licencia de Programador de Equipos de Cómputo (PEC) sobrevivió desde la tímida apertura de Raúl Castro al sector privado hasta agosto de 2017, cuando fue suspendida junto a otras 26 actividades. En julio de 2018 las licencias congeladas fueron abiertas, excepto la de PEC.
Como justificación, un reporte de Cubadebate señaló que por entonces se trabajaba en precisar el alcance y las características de este tipo de trabajo, de manera que se articulara con las normas impuestas por el Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) en materia tecnológica. La respuesta no solo parecía vaga, sino que levantaba sospechas sobre una posible preocupación de las autoridades cubanas respecto al potencial de un emprendimiento como este.
Poco después el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó su Resolución 24/2018, donde declaraba en su disposición única la continuidad de la suspensión del otorgamiento de permisos para ejercer de PEC, todo ello con el objetivo de disipar las dudas. Por supuesto, no lo logró.
La licencia de PEC gravitaba como un fantasma sobre las legislaciones referidas al trabajo por cuenta propia y a cuestiones tecnológicas publicadas durante esos años. De la misma forma en que se hablaba sobre esta actividad (como, por ejemplo, en las Regulaciones sobre el control de las TIC), en un apartado se recordaba la imposibilidad de comenzar a ejercerla.
En 2019 esta situación parecía a punto de cambiar cuando el MINCOM, mediante su Resolución 142/2019, mencionó el trabajo del PEC como una actividad por cuenta propia supeditada a sus normativas. Sin embargo, no sucedió mucho más. Las autoridades del MINCOM habían tardado dos años en decir una obviedad que se hubiera resuelto de un plumazo para, finalmente, mantener congelada las licencias.
Emprendimiento de manos atadas
La Resolución 104/2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no descongeló la licencia de PEC, pero al menos le dio una definición:
“[El Programador de Equipos de Cómputo] desarrolla, comercializa, implanta, despliega y realiza el soporte técnico de programas, aplicaciones y servicios informáticos mediante contratos con personas naturales o jurídicas. Cumple las regulaciones establecidas por el MINCOM”.
Lo primero que destaca dentro de lo que entiende el Estado cubano como PEC son los límites que se le imponen a la definición.
-La licencia de PEC para alguien que va a desarrollar un proyecto para sí mismo, la veo totalmente innecesaria. El alcance de la licencia parece hecho para aquellos desarrolladores que se dedican a hacer software para otros.- comenta a YucaByte Josuan Cabrera, un joven programador de 24 años.
Desde 2011, al Estado cubano le ha preocupado el desarrollo orgánico del sector privado en la Isla. La premisa que describe al capitalismo como “un sistema autopropulsado”, el cual solo necesita de libertades económicas para someter la política a su lógica de productividad imparable, debe haber provocado pesadillas entre los capitostes ideológicos del Partido Comunista de Cuba. Es por eso que la tan mencionada “liberación de las fuerzas productivas” no ha sido más que temerosas y pequeñas aperturas a las que siguen infranqueables obstáculos y fronteras.
En el caso específico de los PEC, el temor a un desarrollo vertiginoso de este sector es entendible en la lógica del Estado cubano. Basta pensar en los gigantes tecnológicos que reafirman su presencia en cada rincón del mundo y en sus historias de origen, casi todas ubicadas en un garaje que reúne a un conjunto de emprendedores con ciertas habilidades, para comprender el miedo a que un grupo de programadores logren apoderarse de alguno de los tantos servicios que continúan siendo nichos sin explotar en la Isla.
-Yo, al final, tengo licencia para programar a terceros, pero me gustaría iniciar alguna plataforma de venta de servicios. Y pudiera, pero es muy complicado y depende de los permisos que se ofrezcan. Ahora, por ejemplo, si quisiera desarrollar una plataforma de largo alcance logístico como Amazon, que le haría la competencia a Tuenvío, no pudiera, pues aunque sí se pueden mover cargas, hay prohibiciones para el almacenamiento de productos. – continúa Josuan Cabrera.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta un PEC en Cuba es la diversificación de sus servicios por sí mismo, de manera que su trabajo se restringe a ofrecer soporte técnico a quienes pueden satisfacer cierta demanda. Bajanda y Sube, por ejemplo, son aplicaciones enfocadas en el sector del transporte público en Cuba que, de acorde a la ley, solo pueden establecer contratos con varios taxistas, ofreciéndoles una plataforma digital desde la cual agilizar sus funciones. Si lograran hacerse de sus propias flotas de autos, o se involucraran también en el transporte y almacenamiento de carga pesada, entonces estarían violando las normas.
A decir de Josuan Cabrera, otra de las dificultades con las que tropieza regularmente el PEC está asociada a los usuarios/consumidores, algo que él llama “educación digital”.
-Aún nos falta mucha educación digital, pero poco a poco los emprendimientos han ido educando a los consumidores. Por desgracia es el Estado quien tiene más poder para proponer una campaña de alfabetización digital, y se le ve poca voluntad para hacerlo.
Un asunto doblemente peliagudo
En febrero de 2021 el Estado cubano se decidió a soltar las amarras al sector privado, o al menos permitió más libertades de las que suele conceder, al aprobar 2 100 actividades por cuenta propia. La de PEC llevaba para entonces tanto tiempo congelada que no faltaron medios oficiales que la anunciaran como una “nueva modalidad de emprendimiento”.
Surge entonces una pregunta: ¿Por qué demoró tantos años la liberación de esta licencia?
La respuesta quizás esté en el hecho de que el PEC reúne en sí mismo los dos grandes problemas que el Estado cubano ha tenido que enfrentar en su incómoda inserción en la contemporaneidad: la propiedad privada y las TIC.
La esencia del control sobre el trabajo por cuenta propia puede resumirse en una frase del argot popular cubano: “poner la carreta delante de los bueyes”. La urgencia de un sector privado que dinamizara la economía hizo que se permitiera la propiedad privada antes de dictar normas regulatorias enfocadas en esta. Construir un marco jurídico sobre la marcha terminó no solo maniatando las infinitas posibilidades del sector privado, sino que entorpeció lo que debió ser un proceso de desarrollo ascendente que modernizara a la sociedad en todas sus aristas. “Sin prisa pero sin pausa”, la repetida máxima de Raúl Castro sobre el avance del cuentapropismo en Cuba, en la práctica se tradujo en caos, miedos y continuos estancamientos.
También es necesario advertir que, casualmente, la licencia de PEC fue congelada cuando comenzó a anunciarse la llegada de los datos móviles a la Isla. Sin un marco regulatorio definido sobre las TIC, es probable que el Estado cubano entendiera que no podía dejar que los PEC se sirvieran libremente de las nuevas prestaciones tecnológicas que llegaban al país. Solo en 2021, luego de publicar normas como las que pusieron fin a la Street Network de La Habana o como el tristemente célebre Decreto Ley 370, fue que se permitió reabrir la licencia.
Los nuevos PEC deben adaptarse ahora a un marco regulatorio mucho más complicado que el de 2017, algo así como si hubiesen despertado en un país distinto, y no precisamente mejor.
Nuevas oportunidades con viejos métodos
En el espacio televisivo oficialista de Mesa Redonda del 3 de febrero de 2021, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, anunció que 2021 sería para el país un año de notable crecimiento en materia de tecnología y telecomunicaciones. La meta final que propuso, sin embargo, no fue una informatización de la sociedad basada en políticas democráticas ni libertades económicas. Sumándose a la retórica del presidente Miguel Díaz-Canel, el ministro solo valoró el desarrollo informático como “una vía para la sustitución de importaciones”.
En la estrategia para 2021 del MINCOM está, al fin, la participación de “diversos actores de la economía, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia”. Jorge Luis Perdomo se lamentó públicamente de que en Cuba existiera una gran diferencia entre la cantidad de jóvenes graduados de carreras afines a la informática y las telecomunicaciones y la cantidad de trabajadores con que cuentan las empresas estatales enfocadas en estos campos. Como solución a dicho problema, propuso que se estimulara el “encadenamiento productivo” entre la empresa estatal y los trabajadores por cuenta propia.
Los PEC pudieran encontrar en los nuevos planes del MINCOM una oportunidad para desarrollar su potencial, si el ministro no hubiese insinuado cierta jerarquía a favor de la empresa estatal en la colaboración que promete.
Por otro lado, el hecho de que los PEC se vean limitados a dar soporte técnico y brindar servicios a por encargo pudiera servir para que se desarrollara todo un mercado de venta de software a empresas o emprendimientos en el extranjero. La cuestión de la exportación de software contaría con la facilidad del intercambio directo entre el vendedor y el comprador, de no ser porque el Estado cubano se autoimpone como mediador en este tipo de operaciones.
En junio de 2020, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, anunció la posibilidad de exportación e importación para los trabajadores por cuenta propia. En su discurso, reproducido por Cubadebate, aclaró que estas operaciones se harían solamente a través de “empresas estatales especializadas”.
La justificación oficial de la medida fue mantener un mayor control sobre las importaciones y exportaciones, basándose en la experiencia de las empresas estatales en dicho campo. Sin embargo, el objetivo solapado, como en buena parte de las últimas reformas económicas cubanas, es la recaudación directa de divisas por parte del Estado.
Las normas y las declaraciones de varios funcionarios han sido bastante generalistas respecto a este tema. De hecho, parecen concentrar estas medidas a lo que consideran los “principales renglones de la economía”, dígase el turismo y, sobre todo, la producción de alimentos.
En tal sentido, los PEC se enfrentan a una suerte de limbo, resultado de la anticuada idea que maneja el Estado sobre ellos. Hasta tanto los PEC no sean catalogados como meros solucionadores de problemas técnicos, y se les valores como miembros de un sector productivo de amplio potencial, ninguna libertad ofrecida impedirá que continúen nadando a contracorriente.
