Ilustración: Carmen Barruecos
Aunque Cuba es un país marcado por restricciones de internet, un entorno político autoritario y severas limitaciones a las libertades civiles, la Unión Europea (UE) continúa financiando proyectos en la Isla, dirigidos a la llamada sociedad civil, incluyendo iniciativas dirigidas por Estonia para modernizar los servicios digitales.
Una de las más recientes, denominada “Cuba Digital”, tiene un presupuesto de tres millones de euros, una duración de cuatro años, y busca ampliar el acceso a servicios digitales en el país.
El proyecto es encabezado por la Academia de Gobernanza Electrónica (eGA) de Estonia en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la agencia de cooperación del Gobierno español.
Este esfuerzo forma parte de un acuerdo firmado en 2016 entre la UE y Cuba, con el objetivo de modernizar la administración pública de la Isla.
Blackouts and ‘unfree’ internet: Estonia leading EU’s digitization project in Cuba#Estonia https://t.co/Nw90kpsyo4
— ERR News (@errnews) January 13, 2025
Sobre este, Hannes Astok, director ejecutivo de la eGA, declaró al medio público estonio ERR: “Expertos están trabajando en soluciones de intercambio seguro de datos y de interoperabilidad. El objetivo es construir sistemas eficientes, transparentes y centrados en los ciudadanos que puedan mejorar la vida de los cubanos”.
¿Qué es el proyecto “Cuba Digital”?
La iniciativa de la UE pretende modernizar los servicios públicos en Cuba a través de la digitalización y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.
El proyecto busca transformar la administración pública cubana, promoviendo sistemas más eficientes, transparentes y centrados en los ciudadanos mediante el desarrollo de portales de servicios públicos digitales, sistemas de teleasistencia y el fortalecimiento de la infraestructura para la provisión de servicios públicos digitales, según detalla el sitio web de la eGA.
Además, se trabajará en áreas clave como la interoperabilidad, el intercambio de datos, la gestión de información y la implementación de identidad digital y firmas electrónicas.
🚀 Transforming Digital Services in #Cuba! W/ 🇪🇺 funding, @egovacademy @FIIAPP are helping 🇨🇺 design equal, inclusive, and transparent access to digital public services, fostering better interaction between citizens, businesses, & authorities. @eu_eeas @MINCOMCuba pic.twitter.com/VpGzDKIj36
— e-Governance Academy (@egovacademy) October 1, 2024
Estonia, a través de eGA, es responsable de desarrollar los servicios digitales, trabajando en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones de Cuba y otros beneficiarios.
Esto incluye la creación de la organización y la tecnología necesarias para respaldar áreas clave como la mejora de los servicios digitales de la Oficina de Impuestos, el Sistema Nacional de Estadísticas y los registros públicos y catastrales.
Por su parte, España, representada por FIIAPP, se encarga de diseñar y mejorar los marcos legales para el uso de información pública y privada.
Este trabajo incluye fomentar habilidades digitales y promover una cultura digital, con especial atención a mujeres, jóvenes y personas mayores.
Asimismo, FIIAPP pretende fortalecer las capacidades gubernamentales para producir estadísticas sobre desigualdades, enfocándose en la igualdad de género, la distribución del ingreso y las disparidades regionales.
Astok recalcó a ERR que “Cuba Digital” aún se encuentra en su fase inicial, pero se apoya en aprendizajes de colaboraciones previas entre ambas naciones, por ejemplo, la creación de la plataforma Cubagob.cu, inspirada en el portal estonio Eesti.ee, que fue presentado a funcionarios cubanos en 2022.
“Nuestros expertos observaron una alta motivación entre los actores cubanos para mejorar los servicios públicos y aprender de las prácticas de Estonia”, declaró Astok.
Hola, #Cuba 🇨🇺 – the 136th country on our partners’ list! Last week, our experts had seminars and meetings with digital government leaders and developers in Cuba to assist Cuba in developing a digital transformation roadmap. 🙏 for your hospitality! See you soon in #Estonia! pic.twitter.com/wP9JFVu3RY
— e-Governance Academy (@egovacademy) November 30, 2021
Además de colaborar con Cuba, la eGA ha liderado proyectos en contextos desafiantes, como M-Pesa en Kenia para pagos móviles, drones en Ruanda para suministros médicos y la app DIIA en Ucrania, que garantizó acceso a servicios públicos durante la guerra, destacó el funcionario.
Digitalización bajo presión: apagones, censura y un régimen autoritario en Cuba
El contexto político y social de Cuba representa un desafío significativo para este y cualquier otro proyecto. Freedom House calificó a la nación caribeña como “no libre” en su informe “Freedom on the Net” de 2024 (le otorgó solo 20 puntos de 100 en términos de libertad en internet).
La organización señaló barreras significativas de acceso a internet, como son las restricciones de contenido y violaciones a los derechos de los usuarios.
En el ámbito político, el Gobierno cubano ha sido señalado por limitar las libertades civiles, prohibir el pluralismo político y restringir los medios de comunicación independientes.
1) @freedomhouse hace énfasis en que el régimen “impuso severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja un cambio hacia una criminalización más represiva”.https://t.co/pIMjhpaa3z
— YucaByte (@YucaByte) October 26, 2024
Según una investigación publicada por YucaByte, la restricción del acceso a internet en Cuba responde al interés del Gobierno por mantener el control sobre la información y la narrativa nacional.
Ted Henken, profesor del Baruch College (CUNY) y experto en el entorno digital cubano, señaló que “controlar el internet es una manera de controlar la información (y la información es poder)”.
En comparación con otros países de América Latina, Cuba es el peor calificado en términos de libertad en la red, seguido por Venezuela, que también se considera “no libre”, y Nicaragua.
Henken puntualizó a YucaByte que estos gobiernos han adoptado prácticas autoritarias inspiradas en el modelo cubano, que tiene los índices más bajos en acceso y contenido, con solo cinco puntos en el acceso a internet y nueve en la calidad de información disponible.
En este contexto, y sobre la pertinencia ética de apostar por la digitalización de la administración pública en un régimen autoritario como Cuba, Astok enfatizó a ERR que el objetivo principal de eGA es “mejorar la provisión de servicios públicos y promover un gobierno digital”, en línea con las políticas de la UE.
Además, aseguró al portal de noticias citado que “si la UE o el Gobierno de Estonia actualizan sus políticas, eGA ajustará su enfoque en consecuencia”.
Sin embargo, los “retos” de los proyectos financiados por la UE en un entorno autoritario van más allá de las restricciones políticas y sociales.
El envejecimiento de la infraestructura eléctrica y los apagones recurrentes en Cuba representan un gran obstáculo, pues el régimen solo logra cubrir entre el 60 y el 70% de su demanda energética, lo que afecta tanto a los ciudadanos como a las iniciativas internacionales.
Estas dificultades se agravan con las diferencias horarias entre Estonia y Cuba, así como con las barreras idiomáticas, que complican el trabajo conjunto entre los expertos de la Academia de Gobernanza Electrónica y los funcionarios cubanos.
No obstante, Astok se mostró optimista al subrayar que el interés de los funcionarios cubanos y el respaldo de la UE son elementos claves ―y al parecer suficientes― para mantener el avance del proyecto y su eventual implementación.
FIIAPP y eGA: las organizaciones detrás de “Cuba Digital”
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con presencia en más de 120 países, juega un papel clave en el proyecto “Cuba Digital”.
Financiada por la Comisión Europea con un presupuesto total de 8,5 millones de euros, la iniciativa tiene como objetivo modernizar la administración pública cubana y promover la digitalización y la conectividad en la Isla.
El proyecto comenzó en junio de 2024 y se extenderá hasta julio de 2028, tal y como se detalla en la página de la FIIAPP, dedicada a explicar el proyecto en Cuba.
🌍💬 En el #DíaDeLaDemocracia celebramos la cooperación entre instituciones públicas de todo el mundo.
🤝 Desde la #FIIAPP y toda la @CooperacionESP cooperamos para construir y consolidar sistemas democráticos justos e inclusivos.
Conócenos en https://t.co/x75kBnuAkU pic.twitter.com/fSbEQ9s1Gt
— FIIAPP (@FIIAPP) September 15, 2023
Para ello, la fundación trabaja en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, Red.es, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).
Por su parte, la Academia de Gobernanza Electrónica (eGA), un centro de excelencia en transformación digital con sede en Estonia, también desempeña un papel fundamental en el desarrollo del proyecto “Cuba Digital”.
Our new destination is #Cuba! We have started to develop #digitaltransformation roadmap & implementation plan for the public sector in Cuba. Happy to share our & the Estonian know-how on building a digital government! The work is supported by the @FIIAPP. pic.twitter.com/nxN87vNBw0
— e-Governance Academy (@egovacademy) January 21, 2022
Desde su fundación en 2003, eGA ha colaborado con más de 290 organizaciones en todo el mundo, promoviendo la prosperidad y la apertura de las sociedades mediante la implementación de tecnologías digitales.
En este proyecto, liderará la creación de herramientas y servicios digitales que modernicen la administración pública cubana.
Sus esfuerzos estarán enfocados en el diseño de portales para servicios públicos, la implementación de sistemas de interoperabilidad y gestión de datos, y el fortalecimiento de la ciberseguridad.
This week we are glad to host #egov developers from #Cuba 🇨🇺! They came to #Estonia to investigate more closely the Estonian #digital government. The study visit is part of a project that increases awareness on digitization and open governance. @FIIAPP @KristoVaher pic.twitter.com/2cMpXzlVP0
— e-Governance Academy (@egovacademy) February 10, 2022
La experiencia acumulada de eGA en proyectos de gran escala, respaldados por la Unión Europea y otras organizaciones internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), refuerza su papel como socio estratégico en esta iniciativa.
It was our pleasure to talk about enablers of sustainable #digitaltransformation, share #Estonian lessons learnt & introduce #NCSIndex at the annual conference #Informática2022 in Havana, Cuba. Let’s work together 4 digital Cuba! @InformaticaHab #JuntosPorLaTransformaciónDigital pic.twitter.com/MeVRSNOH1V
— e-Governance Academy (@egovacademy) March 29, 2022
Como dato curioso, resulta significativo que el régimen cubano haya aceptado trabajar con una organización que cuenta entre sus socios a USAID, una entidad conocida por financiar proyectos orientados a promover la democracia y los derechos humanos, objetivos que suelen ser criticados por el Gobierno de la Isla.
Además, eGA colabora estrechamente con socios internacionales como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA, por sus siglas en inglés) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para garantizar altos estándares de ciberseguridad en sus proyectos.
La participación de eGA en “Cuba Digital” asegura que la transformación tecnológica de la administración pública cubana se realice bajo estándares globales, transfiriendo las mejores prácticas de gobernanza electrónica de Estonia y otros países.
eGA experts are visiting🇨🇺 to discuss citizen-centric public admin & involvement of academia in the process. 🙏 for the fruitful discussions! The visit is part of the @FIIAPP project that results in recommendations to boost Cuba’s digital transformation efforts. @universidad_uci pic.twitter.com/PEctejAScF
— e-Governance Academy (@egovacademy) May 19, 2022
Antecedentes de “Cuba Digital”: una hoja de ruta para la transformación
Antes del actual proyecto “Cuba Digital”, financiado por la UE, FIIAPP ya había trabajado en un esfuerzo inicial para impulsar la digitalización en Cuba.
“Hoja de ruta y plan de implementación para la transformación digital en Cuba”, con un presupuesto de 124.948 euros, sentó las bases para la transformación digital del sector público cubano.
En el marco de esta iniciativa, expertos de la eGA desarrollaron una hoja de ruta y un plan de implementación para la transformación digital en la Isla, documentos que fueron diseñados para guiar al Gobierno cubano en el aprovechamiento de su infraestructura de telecomunicaciones y avanzar en la digitalización de los servicios públicos.
Sin embargo, Cuba ya había dado pasos preliminares hacia la digitalización: en 2017, el Consejo de Ministros aprobó la “Política Integral para el Mejoramiento de la Sociedad de la Información”, que marcó la necesidad de implementar el gobierno electrónico.
Un año después, se adoptó la “Política Integral para el Mejoramiento de la Informatización de la Sociedad”, subrayando el papel estratégico de la digitalización en el desarrollo del país.
Además, el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social” incluyó como objetivos estratégicos la conectividad y el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para 2030.
Como parte de este esfuerzo inicial, se llevaron a cabo varias actividades clave. Entre ellas, una misión de expertos a Cuba permitió analizar la situación actual de la digitalización en el sector público.
También, funcionarios del Gobierno cubano participaron en una visita de estudio a Estonia, donde pudieron conocer las prácticas de gobernanza electrónica implementadas en el país.
En el marco del proyecto, se desarrolló una hoja de ruta y un plan de implementación para la transformación digital de la administración pública cubana.
Finalmente, los resultados fueron presentados en una conferencia sobre gobierno electrónico en Cuba, marcando un paso importante en el proceso de digitalización.
Aunque este proyecto inicial fue de menor escala, con un presupuesto significativamente más reducido que el actual, estableció las bases para los objetivos más ambiciosos de “Cuba Digital”, consolidando la colaboración entre FIIAPP, eGA y el Gobierno cubano.
De igual forma, otro antecedente importante que marcaría la ruta en la colaboración entre Cuba y Estonia en materia de transformación digital tuvo lugar en mayo de 2022, durante un encuentro en el Parque Científico-Tecnológico (PCT) de La Habana.
En esta reunión, los expertos estonios Kristina Reisalu y Radu Serrano intercambiaron ideas con directivos cubanos encabezados por Grisell Reyes León, en ese entonces se desempeñaba como viceministra del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.
El encuentro sirvió para presentar las ideas preliminares de la política de transformación digital de Cuba, pero enfocadas en principios como la sostenibilidad del modelo socialista promovido por el régimen, la promoción de un uso crítico ―según el parecer del Gobierno cubano― y responsable de las tecnologías, el estímulo al pensamiento innovador y el desarrollo de capacidades colaborativas.
Además, se destacaron ejes estratégicos como la gobernanza y el marco normativo, la educación y cultura digital, la innovación, la ciberseguridad y la mejora de la infraestructura tecnológica.
En el marco de este intercambio, se pasó revista a las políticas de transformación digital, los macroprogramas del Ministerio de Comunicaciones y el estado de la colaboración entre expertos de Cuba y la UE.
Los participantes subrayaron la importancia de establecer alianzas entre los parques científicos de Cuba y Estonia para fomentar la innovación como motor del desarrollo económico en ambas naciones.
Este evento no solo reforzó las relaciones entre ambos países en el ámbito de la tecnología, sino que también estableció un precedente significativo para los proyectos de digitalización que seguirían.
“Cuba Digital”: un proyecto basado en el Acuerdo de Diálogo Político entre la UE y Cuba
El proyecto “Cuba Digital” se enmarca dentro del Programa Indicativo Plurianual (MIP) 2021-2027 de la UE, que establece como base de cooperación con la Isla el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) firmado en 2016.
Este acuerdo constituye el marco legal y político para los programas de colaboración entre la UE y Cuba, orientados a abordar desafíos globales, regionales y locales mediante iniciativas centradas en la modernización de la economía, la transición ecológica y la digitalización.
A través del MIP, la UE prioriza el apoyo a áreas estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible y la inclusión social, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) de Cuba.
El PDCA se centra en una amplia gama de objetivos, incluyendo la modernización de la administración pública, el fortalecimiento de capacidades institucionales y en teoría también se sustenta en la promoción de la inclusión social.
Entre sus ejes principales destacan la importancia de incorporar tecnologías digitales en la gestión pública, fomentar la participación ciudadana y garantizar una mayor transparencia en la administración.
Estas prioridades están directamente alineadas con el diseño y los objetivos de “Cuba Digital”, un proyecto que busca transformar la administración pública cubana mediante la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
Uno de los puntos clave del acuerdo es su enfoque inclusivo, que promueve la participación activa de la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado en la implementación de las políticas y proyectos.
Este enfoque se refleja en iniciativas como “Cuba Digital”, que no solo apunta a mejorar los servicios públicos mediante portales digitales y sistemas de interoperabilidad, sino que también busca cerrar brechas de desigualdad, fortaleciendo competencias digitales en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y personas mayores.
El acuerdo también subraya la importancia de la cooperación internacional para fomentar la innovación, la conectividad y el desarrollo económico sostenible.
En este sentido, la UE apoya proyectos en Cuba que están alineados con su MIP, incluyendo el compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) de Cuba, el cual establece metas estratégicas hasta 2030, como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la mejora de la conectividad y el avance hacia una economía más moderna y resiliente.
Sin embargo, la implementación del PDCA en un contexto como el cubano plantea retos importantes, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos.
Aunque el acuerdo establece estos principios como una base fundamental para la cooperación, Cuba es un país donde persisten restricciones importantes a las libertades civiles, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, prensa y asociación.
Estas condiciones dificultan la plena realización de los objetivos del acuerdo, particularmente en áreas como la participación ciudadana y la transparencia.
Otro punto cuestionable del PDCA es lo referente a la llamada sociedad civil cubana. Aunque el acuerdo reconoce la importancia de este sector como un actor clave en la formulación e implementación de políticas públicas, en el contexto cubano surge la pregunta de qué se entiende realmente por sociedad civil y quiénes pueden participar de manera efectiva en estos procesos.
En la nación caribeña, el término “sociedad civil” suele estar limitado a organizaciones y asociaciones que operan bajo la supervisión del Estado, excluyendo a menudo a grupos independientes que podrían ofrecer perspectivas críticas o alternativas.
Esto resalta la imposibilidad del PDCA para fomentar un diálogo verdaderamente inclusivo y participativo que refleje la diversidad de voces dentro de la Isla.
Si bien el acuerdo enfatiza la cooperación con una variedad de actores, incluyendo autoridades locales y organizaciones internacionales, la exclusión de actores no alineados con el Gobierno cubano limita el alcance y la efectividad de estas iniciativas.
En ese sentido, una investigación realizada por YucaByte evidenció cómo los fondos de la UE, destinados a la mal llamada sociedad civil en Cuba, terminan beneficiando exclusivamente a organizaciones creadas y controladas por el régimen.
Uno de los casos más destacados es el proyecto “Co-Lab”, de 2020 y financiado por la Unión Europea con 450.000 euros para la creación de “laboratorios de innovación” en cinco provincias cubanas.
“Que el Servicio de Acción Exterior europeo reconozca a la UIC como una organización de la sociedad civil cubana contradice lo que explícitamente la UE reconoce como tal”@ConnectasOrg https://t.co/KbdvF5PJO0
— YucaByte (@YucaByte) October 20, 2021
Aunque fue presentado como una iniciativa de la sociedad civil, en la práctica el único actor identificado en el proyecto como tal fue la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), una organización estrechamente subordinada al Ministerio de Comunicaciones del gobierno cubano.
Además, desde su creación en 2016, la UIC ha sido reconocida oficialmente por el régimen como una herramienta para implementar el proceso de informatización de la sociedad cubana, alineada con los objetivos políticos del Estado.
La investigación de YucaByte también señala que, además de la UIC, otros actores involucrados en el proyecto “Co-Lab” son universidades provinciales y gobiernos locales, todos subordinados al Estado cubano.
Esto desmiente el carácter independiente del proyecto y refuerza la crítica de que los fondos europeos no están fomentando una verdadera sociedad civil, sino fortaleciendo estructuras estatales bajo el disfraz de organizaciones no gubernamentales. En otras palabras, que la UE siempre encuentra un cauce para financiar al régimen.
Siguiendo esta línea, otra investigación de YucaByte realizada en 2021 reveló que medio millón de euros de la UE destinados a un proyecto de urbanización sostenible en Cuba fueron utilizados para financiar un sistema de geolocalización, herramienta muy útil y conveniente para monitorear ciudadanos.
En un país donde no existen leyes de protección de datos y donde las autoridades persiguen activamente a periodistas independientes y defensores de derechos humanos, este tipo de inversiones resulta especialmente preocupante.
Incluso el ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reconoció que los fondos europeos destinados a la sociedad civil en Cuba solo respaldan organizaciones reconocidas por el Gobierno cubano.
https://www.youtube.com/watch?v=4LRGfXQG02U
Por otro lado, esto confirma que la normativa vigente en la Isla, como la restrictiva Ley de Asociaciones, impide que ONG independientes accedan a este tipo de financiamiento, excluyendo a actores clave que podrían aportar perspectivas críticas e innovadoras.
A pesar de ello, algunos organismos independientes han intentado solicitar los fondos europeos, como es el caso del Centro de Información Legal Cubalex, una organización de defensa y promoción de derechos humanos que también da asesoramiento legal a presos y perseguidos políticos cubanos.
En 2021, Laritza Diversent, jurista cubana y directora de esa organización, contó a YucaByte que en ese momento tenían algunos trabajadores en Cuba, pero que hubo un tiempo en que estaban todos radicados en la Isla. “Nosotros solicitamos fondos de la UE, que había abierto la convocatoria a la sociedad civil. Pedimos solo 5.000 euros, pero como requisito para optar por ese presupuesto teníamos que estar registrados en virtud de la Ley de Asociaciones”, explicó la letrada.
A pesar de que la UE financia proyectos destinados a la llamada sociedad civil cubana, como se evidencia en iniciativas como “Co-Lab”, su propio “Informe Anual 2020 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo” señala las graves restricciones a las libertades fundamentales en la isla.
En el documento, la UE destaca que la libertad de prensa y expresión sigue siendo uno de los mayores problemas en Cuba, y denuncia la aplicación del Decreto -Ley 370, utilizado para censurar la información en redes sociales y sancionar a periodistas y blogueros independientes.
El texto también reconoce que, aunque el acceso a internet ha mejorado desde 2018, varios medios digitales permanecen bloqueados por el gobierno cubano, limitando la capacidad de los ciudadanos para acceder a información plural.
Estas restricciones contrastan con los objetivos declarados del PDCA y los principios de derechos humanos que la UE asegura priorizar en su cooperación internacional.
El informe menciona un supuesto conjunto de acciones tomadas en 2020, incluyendo el apoyo a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil independiente en Cuba.
Sin embargo, esta afirmación fue cuestionada durante el debate parlamentario del 8 de junio de 2021 sobre la Resolución de derechos humanos y la situación política en Cuba, donde se reconoció la falta de apoyo de la misión diplomática de la UE hacia la sociedad civil independiente, la cual fue excluida de los diálogos bilaterales con el Gobierno cubano.
Además, el informe detalla la considerable inversión de fondos de cooperación en la isla, incluidos 23 millones de euros destinados al sector cultural y 10 millones de euros para enfrentar la pandemia de COVID-19.
No obstante, el uso de estos recursos ha sido señalado como una forma indirecta de financiar al régimen cubano, particularmente a través de falsas ONG que responden a los intereses estatales.
Al año siguiente, en 2021, los derechos digitales en Cuba volvieron a ocupar un lugar central en los informes de la UE y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ambos documentos destacaron no solo los avances, como el aumento en el acceso a internet, sino también las crecientes restricciones impuestas por el régimen cubano para controlar el flujo de información y censurar las voces disidentes.
El informe de la UE reconoció que el aumento de usuarios conectados representa un “desarrollo positivo” al facilitar el debate digital y el acceso a medios extranjeros.
Sin embargo, señaló que una gran cantidad de sitios críticos con el Gobierno, como CiberCuba, 14ymedio y ADN Cuba, continúan bloqueados, mientras que herramientas consideradas “contrarias a los intereses del poder” son regularmente restringidas.
Este reconocimiento resalta una realidad que contrasta con los principios del PDCA, ya que los derechos digitales fundamentales de los cubanos siguen siendo vulnerados.
Por su parte, el Departamento de Estado subrayó cómo el control del Gobierno cubano sobre ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, permite desconectar activistas de forma dirigida, vigilar su actividad digital y bloquear el acceso a internet durante eventos clave como las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).
Además, destacó la promulgación del Decreto-Ley 35, conocido como “ley mordaza digital”, que criminaliza de manera ambigua cualquier contenido considerado ofensivo o contrario al interés del Estado, lo que facilita la persecución del disenso en el ámbito digital.
Estas acciones, reconocidas tanto por la UE como por el Gobierno estadounidense, evidencian la falta de libertades fundamentales en el entorno digital cubano.
Esto subraya las contradicciones en la política de la UE hacia Cuba. Por un lado, reconoce estas restricciones, mientras que por el otro, mantiene una cooperación que no logra traducir sus principios en mejoras tangibles para los ciudadanos.
