Ilustración: Carmen Barruecos
MIAMI.- Durante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)* de Cuba, efectuado en Ginebra el miércoles 15 de noviembre, varios estados se refirieron, entre un conjunto de violaciones de derechos humanos, a las específicamente relacionadas con el entorno digital.
Así consta en varias de las actas públicas consultadas por Yucabyte y lo corroboran, igualmente, representantes de la sociedad civil cubana que asistieron a estos encuentros de alto nivel en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
“Puedo asegurar que varios estados mencionaron que Cuba debería seguir profundizando en la digitalización del acceso a la información y también de los servicios a la ciudadanía que ofrecen las instituciones del Estado”, dijo a Yucabyte la defensora de derechos humanos Carolina Barrero, y puntualizó que, como parte de los debates sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos -incluidas la libertad de expresión y opinión y la libertad de reunión y manifestación- se denunciaron los cortes de Internet.
Uno de los más significativos -documentado por organizaciones de monitoreo de tráfico como Access Now- tuvo lugar en julio de 2021 durante el estallido social que llevó a las calles de distintas localidades del país a miles de cubanos, de los cuales más de 700 continúan en prisión.
Los derechos digitales son un elemento clave en esta ecuación, dado que los manifestantes fueron identificados con herramientas de verificación digital aplicadas a los videos que ellos mismos filmaron y transmitieron en vivo o compartieron en sus redes sociales.
Algunos países, a través de sus representantes, se refirieron a las garantías de libertad de expresión y asociación y derecho de asociación y reunión pacíficas: Lesoto, Liechtenstein, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Armenia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Bulgaria; al menos tres mencionaron de modo explícito las protestas del 11J: Alemania, Países Bajos, y Suecia.
Alemania
Los representantes de esta nación europea suscribieron su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y llamaron a poner en libertad sin demora a todas las personas que siguen encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 y a todas las demás personas detenidas por motivos políticos.
Países Bajos
Sobre la base de las declaraciones de la resolución de la Unión Europea (UE-27) en respuesta al 11 de julio de 2021 y sus secuelas, la nación europea dijo que si bien “acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno cubano para entablar un diálogo con sus ciudadanos sobre sus reclamaciones legítimas”, recomienda a Cuba “cesar el hostigamiento, la represión, los arrestos arbitrarios y la detención de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, y salvaguardar todos los derechos civiles y políticos, incluida la libertad de movimiento garantizada por la Constitución cubana”. Y más allá, instó al régimen a “garantizar que todos los periodistas independientes y los miembros de la sociedad civil puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, tanto en línea como fuera de línea, sin temor a la persecución o la censura”.
Suecia
Este país europeo resaltó en sus recomendaciones que aunque “toma nota de las medidas positivas adoptadas, como la reforma de la legislación sobre la familia y el aumento del acceso a Internet”, sigue teniendo serias preocupaciones en relación con las detenciones y las penas de prisión desproporcionadamente largas en relación con las protestas del 11 de julio de 2021, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica y asociación de conformidad con el derecho internacional.
En tanto, además de otros temas, al menos nueve países abordaron en sus recomendaciones específicamente la situacion del Internet en Cuba: Congo, Brunei, Mauritania, Mozambique, El Salvador y Tanzania son algunos de ellos.
El Salvador
La nación centroamericana sugirió a Cuba “continuar sus esfuerzos en materia de acceso a la información, tecnologías y comunicaciones, en particular el acceso a internet y al Gobierno Electrónico” así como “continuar fortaleciendo la cooperación de Cuba con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas”.
Congo
La delegación del país francófono africano formuló la recomendación de “perseverar en el aumento de la oferta de acceso a Internet”.
Brunei
Este estado islamico monárquico ubicado en Asia, pidió a Cuba “seguir promoviendo la calidad, accesibilidad y asequibilidad de la conectividad digital en Cuba; y proseguir los esfuerzos que doten a todos los ámbitos de la sociedad de las capacidades y los conocimientos necesarios para participar en la transformación digital, incluso mediante el desarrollo de capacidades, hacia una sociedad digital inclusiva.
Tanzania
Esta nación de África Oriental llamó a Cuba a continuar fortaleciendo los sistemas de alerta temprana de riesgos naturales, tecnológicos y para la salud.
Mozambique y Mauritania
Las dos naciones africanas llamaron a Cuba a “expandir el acceso a Internet en centros educacionales como una herramienta para profesores y estudiantes”.
La delegación y las alegaciones del régimen
También apuntó Barrero que, aun cuando se habló del 11J y de los presos políticos, así como de la falta de independencia judicial, a los representantes de la sociedad civil cubana les llamó la atención la conformación de la delegación oficial de la isla, presidida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y que incluyó, por ejemplo, a la vicepresidenta del Tribunal Provincial, magistrados y académicos, así como a un fiscal y a un miembro del Ministerio del Interior, responsables todos de las sentencias a los manifestantes y de la represión sistemática a la que son sometidos.
De modo que van de la mano estas dos recomendaciones que dio el estado de Ecuador a Cuba: por una parte, prevenir y poner fin a los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias. Por otra, armonizar su legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.
Está ampliamente documentado que muchos de los casos de hostigamiento y descalificación se producen y reproducen en el entorno digital, toda vez que plataformas mediáticas al servicio de la propaganda del régimen comparten mensajes engañosos e incluso falsos para desinformar con respecto a los activistas, periodistas y personas de más alto perfil que ejercen la libertad de expresión y publican denuncias en sus redes.
En relación con esto último, Lituania compartió sus preocupaciones por “la reducción del espacio para la sociedad civil, los grupos religiosos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación” y recomendó a Cuba “garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, así como la libertad de opinión y expresión; liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores de edad, y prevenir la trata de personas de conformidad con las obligaciones internacionales de Cuba”. Complementó sus sugerencias con la propuesta de que La Habana considere el desarrollo de políticas para “garantizar el acceso público sin trabas a diversas fuentes independientes de información, tanto en línea como fuera de línea, así como a la conexión a Internet”.
En ello coincidió el estado de Italia, que recomendó a Cuba, igualmente, garantizar la libertad de opinión y expresión, en línea y fuera de línea, y el derecho de reunión pacífica; así como “salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos y periodistas, sin perjuicio ni consecuencia legal y penal por su actividad”.
Ante estas y el resto de las recomendaciones emitidas al estado de Cuba durante la 44 sesión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, adscrito al Consejo de Derechos Humanos, el régimen cubano solo ha respondido con “justificaciones”. Esto cree Barrero, quien expresó que es “un descaro que sienten en las sesiones a miembros de la Seguridad del Estado. Verlos en el banquillo dando explicaciones no es lo que queremos, Cuba necesita verdad, necesita justicia, para alejarse de la impunidad”. Así mismo, explicó que “muy cínicamente” la delegación encabezada por Rodríguez Parrilla “negó muchas de las recomendaciones de los países” y “llegó a decir que no existen en el país presos políticos”.
Yucabyte comparte con sus lectores algunas de las declaraciones de Rodríguez Parrilla en estas sesiones en Ginebra del Examen Periódico Universal (EPU), que según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
- Por cuarta vez, Cuba presenta un informe al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.
- El informe nacional que hoy presentamos es el resultado de un proceso amplio y participativo de consultas con instituciones gubernamentales y organizaciones de nuestra sociedad civil.
- De las 226 recomendaciones aceptadas durante el anterior Examen Periódico Universal, 215 -es decir, el 95%- han sido implementadas. Estamos avanzando en la aplicación de los otros 11.
- En mayo de 2023, la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el goce de los derechos humanos, realizó una fructífera visita académica a Cuba.
- También tuvimos la oportunidad de recibir en nuestro país, el pasado mes de junio, al Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño.
- El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos.
- Además de la guerra económica, Cuba ha sido y sigue siendo víctima de sostenidas campañas mediáticas e informativas dirigidas a presentar una imagen absolutamente falsa de los derechos humanos para subvertir el orden constitucional de la nación.
El mandatario cubano, Miguel Diaz-Canel celebró en su cuenta oficial en Twitter las declaraciones del canciller como parte de lo que calificó como una “exitosa presentación de Cuba” en el examen periódico de la ONU sobre derechos humanos. “Agradecemos el amplio reconocimiento internacional a la promoción y la protección de los DDHH en nuestro país”, escribio y anadio: “se rechazó en Ginebra el bloqueo, como una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo (…) acogemos las recomendaciones constructivas y respetuosas sobre derechos humanos recibidas hoy por Cuba. Nos ayudarán a continuar avanzando ante los retos que aún tenemos”.
*El EPU se considera una innovación importante del Consejo de Derechos Humanos, en tanto se basa en la igualdad de trato para todos los países y ofrece una oportunidad para que todos los Estados declaren qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades que impiden el disfrute de los derechos humanos.
Estos exámenes son realizados por el Grupo de Trabajo del EPU, conformado por los 47 miembros del Consejo; no obstante, cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas puede participar en los debates/diálogos con los Estados sometidos a revisión.
Cada Estado examinado es asistido por grupos de tres Estados, que se conocen como “troikas”, quienes actúan como relatores. En el caso de este examen a Cuba, componen la troika Benin, Argentina y Nepal. La selección de las troikas para cada Estado se lleva a cabo mediante un sorteo realizado a continuación de las elecciones para la composición del Consejo en la Asamblea General.
Los exámenes se desarrollan mediante un diálogo interactivo entre el Estado sometido a examen y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas. El diálogo se celebra durante una reunión del Grupo de Trabajo del EPU, y cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas puede realizar preguntas, comentarios y/o recomendaciones a los Estados que están siendo evaluados. Las troikas pueden agrupar cuestiones o preguntas para ser compartidas con el Estado sometido a examen con el fin de asegurar que el diálogo interactivo se desarrolle de modo fluido y ordenado. Durante el primer ciclo, la duración del examen fue de tres horas para cada país en el Grupo de Trabajo. Del segundo ciclo en adelante, la duración se ha ampliado a tres horas y treinta minutos.
Por otra parte, los documentos en los cuales se basan los exámenes son: 1) información que proporciona el Estado sometido a examen, que puede adoptar la forma de un “informe nacional”, 2) información incluida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, que se conocen como Procedimientos Especiales, organismos de tratados, de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas; 3) información procedente de otros interesados, que no incluyen a instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Para este examen, Cuba proporcionó un informe.
Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil —ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas— firmaron una carta conjunta instando a la comunidad internacional a realizar recomendaciones contundentes frente a violaciones de DDHH en Cuba. En este contexto, la Iniciativa para la Investigación de Justicia 11J, ha publicado una nueva base de datos con 120 recomendaciones realizadas al régimen en los anteriores ciclos del EPU Cuba.
Es un hecho que las ONGs pueden enviar información que puede ser añadida al informe de “otros actores interesados” y que se toma en cuenta durante el examen. La información que estas proporcionen puede ser usada como referencia por cualquiera de los Estados que participen en el diálogo interactivo durante el examen en la reunión del Grupo de Trabajo. Las ONGs pueden asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo del EPU y realizar declaraciones en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos cuando se estudie el resultado de los exámenes de los Estados.
“En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos”, se lee en el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil. “Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción”.
Junto a esta denuncia amparada en informes sistemáticos de la sociedad civil, las redes sociales se han colmado de reacciones de usuarios al EPU Cuba 2023. Lo mismo en sus perfiles personales que en los muros y cuentas oficiales de dirigentes, diplomáticos y funcionarios, los ciudadanos han ejercido la libre expresión para criticar la propaganda oficialista. Un botón de muestra más del distanciamiento entre la agenda gubernamental y la agenda pública que catalizan Internet, el entorno digital y las redes sociales.
