Ilustración: Erick Retana
Por Cynthia de la Cantera y Darcy Borrero
Acompañada por su esposo y sus suegros, Roxana estaba de camino al juicio de su hermano Andy, el 10 de enero de 2022, cuando varios oficiales de la Seguridad del Estado mandaron a parar el carro donde iban. Ahí mismo los detuvieron, en medio de la vía, y los trasladaron hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de Santa Clara, en el centro del país.
Roxana describe el lugar adonde la llevaron como un cuarto de interrogatorio, “una oficina donde había una silla en la cual yo estaba sentada y, a menos de dos metros, tenían una mesa con una silla”. Detrás estaban una oficial de la Seguridad del Estado, que nunca se presentó, y tres trabajadores del Ministerio de Comunicaciones (Mincom). Estos últimos sí se identificaron por sus nombres y cuenta Roxana que le comentaron que ellos simplemente estaban “haciendo su labor».
“Me dijeron de que ellos (los inspectores) estaban allí porque el Ministerio del Interior había puesto una denuncia en contra de nosotros, porque ellos [los oficiales] se habían sentido intimidados por causa de las fotos, videos y directas que hicimos a la parte de afuera de La Audiencia, el lugar donde se estaba celebrando el juicio de mi hermano Andy, y que ellos se habían sentido intimidados porque habíamos grabado todo lo que había ocurrido”, dice Roxana.
La joven había publicado en su cuenta personal de Facebook videos sobre la militarización en torno al Tribunal Provincial de Villa Clara donde se celebraba el juicio. Pero en ningún momento, la oficial ni los inspectores del Mincom, le mostraron las supuestas pruebas de la acusación. Ni siquiera se las mencionaron.
Uno de los inspectores tomó el celular de Roxana y abrió sus redes sociales. “Abrieron todo delante de mí, le tiraron fotos con otro teléfono. Entonces me dijeron que iban a investigar y que si se demostraba que con esos teléfonos habíamos hecho las directas pues estos serían decomisados, de lo contrario nos los entregarían; y que, por supuesto, por esta causa éramos multados por tres mil pesos”, cuenta ella, de 21 años.
La familia de Andy y Roxana García Lorenzo es una de las más activas en redes sociales, reclamando la libertad de los presos políticos del 11 de julio (11J). Foto: Facebook
Esta multa se aplica en función del Decreto Ley 370 (Sobre la informatización de la sociedad en Cuba), que sanciona la publicación de contenidos contrarios al interés social, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Según una recopilación de denuncias públicas de la plataforma independiente cubana Proyecto Inventario, al menos 52 cubanos han sido multados sobre la base de este decreto (algunos en más de una ocasión) en los últimos dos años. La mayoría de ellos son periodistas y activistas por los derechos humanos.
El control absoluto que tiene el régimen sobre Etecsa, –la única compañía de telecomunicaciones del país– la infraestructura y el sector en general posibilita estas prácticas censuradoras bajo el respaldo de un conjunto de normas jurídicas diseñadas en función de salvaguardar la dictadura más vieja de Occidente. Velocidades de conexión mucho más lentas de lo habitual, intercepción de llamadas y mensajería privada vía SMS, decomiso de equipos como computadoras y teléfonos móviles, expulsión de centros de trabajos e instituciones estatales, o multas por hacer una publicación en redes sociales; todas armas del régimen para censurar las opiniones disidentes.
“Las acciones que se llevan a cabo en una ley con respecto a cómo se regulan los derechos de la ciudadanía no pueden estar orientadas a salvaguardar al sistema político, tienen que estar orientadas al servicio de la ciudadanía, porque ese es el objetivo de la democracia”, explica la abogada Marianne Díaz Hernández, especialista en derechos digitales de la organización Access Now.
A Juan Luis Bravo, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre en Guantánamo, provincia al extremo oriente del país, lo llamaron el 20 de mayo de 2020 para que se presentara a la Unidad de Instrucción Penal de su municipio Guantánamo, la cabecera provincial. Allí dos oficiales de la Seguridad del Estado y dos inspectores del Mincom le explicaron que el principal motivo de la multa era una serie de publicaciones que él había hecho en su cuenta personal de Facebook.
“Tenían que ver con que en ese momento estaba atravesando Cuba por una crisis muy radical con respecto a la covid-19, no había nada que comprar y las colas eran inmensas. Entonces yo salía a la calle, tiraba fotos, las publicaba y hacía comentarios. Todo esto como parte de una estrategia que desempeñamos todos los opositores dentro de Cuba para hacerle saber al mundo lo que estaba pasando realmente aquí, cuál era la situación que teníamos…”, refiere.
Los inspectores del Mincom que acompañaban el interrogatorio le dijeron luego a Juan Luis: “Específicamente nosotros controlamos y vemos todo lo que ustedes publican”. Entonces le mostraron “un volumen bastante alto” de sus publicaciones en Facebook, desde el momento en que se abrió la cuenta hasta el 19 de mayo de 2020, el día antes de que le aplicaran la sanción.
Juan Luis se negó a pagar la multa, por lo que cuatro meses después fue condenado sin juicio a 2 años y 20 días de privación de libertad. Aunque, como refirió antes a YucaByte, “formalmente la condena se aplicó por una supesta violación de la libertad condicional” en 2014. Juan Luis era entonces miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, y ya había cumplido nueve años de cárcel por un delito común que considera amañado por la Seguridad del Estado.
“Lamentablemente, el tema de llevar personas a la cárcel por contenido publicado en redes sociales y en Internet en general, es bastante más común de lo que quisiéramos -explica Marianne Díaz. Y se da en los países con democracia muy frágiles, o directamente sin democracia”. Lugares, refiere la abogada, como Rusia, Filipinas o Venezuela, donde actualmente hay personas detenidas por un tuit, un retuit o, incluso, en el contexto de Venezuela por hacer un chiste sobre el presidente Nicolás Maduro. “Son casos ejemplarizantes, casos que se buscan para que las demás personas tengan miedo de hablar”.
La también activista aclara que esta medida se considera una violación de derechos humanos sumamente grave, “porque los estándares internacionales establecen que una persona nunca debe sufrir pena de cárcel por lo que llamamos delitos de palabras, delitos cometidos por la libertad de expresión”.
En el caso de Cuba, la Seguridad del Estado (SE) es el organismo que preside las sanciones impuestas por disidencia política, aún cuando precisan de otros organismos, facultados legalmente para aplicar estas sanciones (como los inspectores del Mincom, por ejemplo).
Estas 52 personas, que han sido multadas en virtud del Decreto Ley 370, han hecho públicas sus denuncias de represión digital
En todas las denuncias que ha recopilado Proyecto Inventario, los multados declaran que el proceso estuvo dirigido por la SE. Por lo general, las multas se aplican durante una detención o citación policial, acompañada de un interrogatorio no carente de amenazas. Los oficiales casi nunca se presentan con su nombre, y los inspectores solo algunas veces. En varios casos, como en el de Roxana, la sanción se impone sin mostrar evidencias.
José Raúl Gallego, investigador de Inventario, señaló en entrevista para este reportaje que la arbitrariedad y discrecionalidad son los patrones que ha identificado a partir de este trabajo de recopilación. “Esta norma ha sido utilizada por la Seguridad del Estado como un instrumento represivo contra quienes desde las redes o medios independientes critican al gobierno. No importa siquiera el tipo de contenidos, en algunos casos ha sido por cuestiones prácticamente banales».
La banalidad a la que se refiere Gallego incluye publicaciones de memes sobre las figuras de Fidel y Raúl Castro, un video de clasificación de chivatos (contenido humorístico sobre los informantes del gobierno), grabar las colas (filas) para comprar productos de primera necesidad… En varios casos no ha sido siquiera por publicaciones, sino por compartir y dar me gusta a posts incómodos para el régimen. Por ejemplo, la multa al activista Jiordan Marrero no fue siquiera por contenido online, sino por varios mensajes y llamadas de telefonía regular, una vía de comunicación que se considera privada, y que está sujeta también a los filtros gubernamentales.
Para el régimen, de hecho, el Decreto Ley 370 es un instrumento jurídico que le sirve para desarrollar las TICs en función de la defensa de la Revolución. “Cuando se busca crear regulaciones que tengan por objetivo salvaguardar el sistema político por encima de las otras prioridades ya no nos importa tanto los derechos humanos ni la democracia, ni ninguna otra cosa, lo que nos importa es la subsistencia de esto que estamos llamando Revolución. Y esto se da en varios países, no es un caso único Cuba con respecto a esto; pero es un marcador claro de pérdida o ausencia de democracia”, comentó Marianne Díaz.
El Decreto Ley 370, también conocido como Ley Azote, establece que el Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) y el Ministerio del Interior (Minint) son los responsables de ordenar tareas y acciones en el proceso de informatización. La autonomía de estos dos organismos en el sector de las telecomunicaciones viene regulada desde 1996, cuando la isla se conectó por primera vez a Internet. Entonces se designó a ambos ministerios para que dieran permisos de acceso a la red y difusión de la información, mediante el Decreto Ley 209. Permisos con carácter selectivo.
Una década más tarde, cuando el servicio se amplió un poco más, pero seguía limitado al sector institucional, el Gobierno cubano se cuidó de regular el contenido que podía publicarse en cualquier plataforma. Así fue como incluyó por primera vez la alusión al interés social, la moral y buenas costumbres, en la Resolución 127 de Seguridad Informática.
Bajo esta norma se justificaba un conjunto de medidas y prácticas censuradoras en materia de derechos digitales.
El bloqueo de sitios web fue uno de estos primeros mecanismos empleados por el Gobierno cubano para censurar en Internet. Esa práctica es anterior a la conexión por datos móviles (2018) y puntos de acceso WI-FI (2015) en espacios públicos. Se remonta a la etapa en que la conexión a Internet desde Cuba era exclusivamente institucional. En ese momento ya estaban bloqueados medios de prensa extranjeros, blogs cubanos, y páginas de clasificados como Revolico.
También el Proyecto Emilia (Teurbe Tolón), del que Juan Luis ha sido miembro activo. Este proyecto toma el nombre de la primera mujer cubana desterrada por motivos políticos, y se propone la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Para acceder al sitio web -y de otros medios independientes cubanos- es necesario usar un VPN (Virtual Private Network) porque está “bloqueado”.
Al menos 52 cubanos han sido multados por el Decreto Ley 370, por publicar contenido crítico al régimen en sus redes sociales.
Sin privacidad y con mucho SMS
Como antes de 2015 la única vía de conexión era la institucional, cada centro laboral cubano tenía reglamentos para el comportamiento en red, y existían mecanismos para recoger un registro de los sitios web que visitaban los trabajadores, y también los estudiantes, que navegaban mediante estas redes.
Además, había un control sobre las comunicaciones internas, privadas, de los trabajadores. Personas que lo vivieron en carne propia todavía lo recuerdan por su sesgo político e ideológico. Es el caso de Noel Medina, un antiguo trabajador de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), quien contó al Observatorio de Libertad Académica sobre un intercambio de mensajes privados que él tuvo y que fue intervenido por censores de la institución.
Era marzo de 2013, acababa de fallecer el presidente venezolano Hugo Chávez, y en la isla había sido decretado un duelo nacional. Se abrieron libros de condolencias en centros de estudio y trabajo que debían ser firmados por la mayoría de los cubanos. Por esta fecha Noel se encontraba trabajando en su computadora y un compañero le escribió por Jabber (chat interno que emplean en la UCI) para saber si estaría en ese lugar más tarde. Él respondió que no sabía, pues tenía que ir a firmar el libro de condolencias. Su compañero le preguntó:
—¿Hay que firmar un libro de condolencias porque se murió Chávez?
A lo que él respondió:
—Sí, ni que nos fuera a mandar petróleo del cielo.
Una semana después de ese chat supuestamente privado con su colega, Noel recibió una citación. Fue acusado de problemas político-ideológicos, y, posteriormente, expulsado del centro. Aunque el profesor en la actualidad no tiene en su poder el documento de expulsión, recuerda que “contenía las pautas que había violado junto con la frase pronunciada y que hacía hincapié en el entendido de que la universidad es para los revolucionarios”. Este criterio se mantuvo cuando apeló: “los argumentos fueron los mismos: que no cumplía con los requisitos para ser profesor universitario porque si pensaba de esa manera, ¿qué le podía enseñar a sus estudiantes?”.
El Observatorio también señala que en la UCI —uno de los centros estratégicos del gobierno cubano en cuanto a ciberseguridad— bloquearon el acceso y prohibieron el uso de correos internacionales como Yahoo y Gmail. Solo se podían emplear los correos de la propia institución. Noel declaró que este tipo de mensajería también es revisada por los censores, quienes filtran palabras claves para detectar cualquier conversación y comportamiento que les resulte “políticamente incorrecto o contrario a sus intereses”.
En ese sentido, el control sobre las comunicaciones privadas no se limita al sector institucional, sino que también se ejerce sobre la ciudadanía desde la etapa en que no existía acceso a Internet mediante conexiones públicas. Un mecanismo de censura ha sido el bloqueo de SMS con determinadas palabras clave que, cuando el usuario intenta enviarlas, no llegan a su destinatario. Este mecanismo prevalece hasta hoy.
Hice está misma prueba y el resultado es muy interesante. Todos los sms q envié solamente los que tenían las palabras VPN o comunismo no me llegaron nunca, pero sin embargo las palabras EEUU o CIA no están bloqueadas, no era q éramos pagados por la CIA? 🤷♂️@norges14 https://t.co/p1ZZOZP0uc pic.twitter.com/TjUDCwoF3D
— Rafa 🇨🇺 (@rafrsr) July 14, 2021
Una vieja práctica de Etecsa ha sido bloquear el envío de mensajes de texto con palabras incómodas para el régimen.
“Es bien interesante y bien curioso”, dijo la experta de Access Now Marianne Díaz, quien trazó un paralelismo entre los modos de censura de Venezuela, su país, y Cuba. A diferencia de la isla, precisó, en la nación sudamericana no pasa eso “porque allá tuvimos Internet desde el momento en que se creó, entonces hace mucho tiempo que la gente no usa SMS y no hubo nunca ocasión de implementar ese tipo de filtro”.
En el caso cubano, aunque los usuarios se pueden comunicar por otras vías (Whatsapp, Signal, Telegram), sigue habiendo incentivos para el uso de los SMS. Algunos planes de recargas ofrecen bonos de unos 50 SMS gratuitos. Es, además, la única vía de comunicación cuando falla el Internet o se producen cortes, como sucedió en julio pasado durante las protestas. Además, en el país hay alrededor de siete millones de líneas, pero no todas están puestas en smartphones y, quienes no tienen este tipo de teléfono de alta tecnología, se mantienen usando SMS y sujetos a la censura específica de algunas palabras, como parte del control que ejerce el Estado sobre las comunicaciones privadas.
Otras mecanismos de censura aplicados en relación con la violación de la privacidad son el hackeo de cuentas y la suplantación de identidad, en redes sociales, de activistas y periodistas, una vez que en los interrogatorios y detenciones les ocupan los teléfonos. Esta práctica viene acompañada de ciberacoso, en tanto los censores logran entrar a los móviles y sacar información que luego hasta transmiten por televisión nacional. En el caso del activista Luis Manuel Otero publicaron fotos privadas íntimas en las redes.
“Este tipo de escenarios en los cuales te revisan el celular y te sacan la información, son más o menos aplicados por la policía en toda América Latina, pero la cuestión es por qué te están deteniendo en primer lugar”, explica Díaz. En otros países donde determinadas comunidades llevan a cabo acciones violentas que son consideradas como terrorismo, hay una búsqueda para encontrar pruebas en ese teléfono, pero no sucede con la ciudadanía en general. “En los países donde ese patrón se da y te revisan el móvil (sin que estén buscando evidencia de preparación de acciones violentas), son regímenes totalitarios como Venezuela y Cuba. Son mecanismos violatorios de baja tecnología”.
Como estos mecanismos de censura de las comunicaciones públicas y privadas no han sido suficientes para silenciar a la ciudadanía o impedir que esta acceda libremente a la información que desee, el régimen ha aplicado su solución más drástica: los cortes de internet, tanto individuales como colectivos.
De los cortes selectivos al apagón total
A la activista y reportera Iliana Hernández le cortaron por primera vez el internet durante el acuartelamiento que vivió junto a otros disidentes en San Isidro. Luego los cortes se convirtieron en parte de su cotidianidad. “Ahí nos cortaron la línea a todos y siempre que conseguíamos una línea, por ejemplo, como yo tenía iPhone, al parecer tardaban más (la Seguridad) en encontrar la línea para bloquearla, y duraba (el internet con esta nueva línea) mínimo 24 horas”.
Para esa fecha Iliana se armó de casi una decena de líneas móviles con el objetivo de sortear los bloqueos de Etecsa, la cual en contubernio con el Minint decide cuándo y a quién cortarle el servicio aunque lo pague a altos precios.
De acuerdo con testimonios de personas afectadas, cuando Etecsa, a través de su división de servicios móviles Cubacel, corta el servicio a una línea de manera selectiva y específica, sale en la parte superior de la pantalla el logo de Cubacel pero se deja de ver el cuadro de LTE. “No sale la LTE, no sale ninguna señal, aunque tenga conectado los datos móviles”, rememora Iliana y explica que no solo cortaban la línea de su teléfono. “También el Nauta Hogar (un programa de conexión doméstica) de la casa y cualquier cuenta Nauta que yo pusiera en el módem de la casa. Esas cuentas también las cortaban, las ponían en Etecsa como (si fueran) fraude, como una cuenta fraudulenta o algo así. Y luego, cualquier tarjeta que yo ponía en mi móvil también ellos cortaban esa línea de teléfono”.
Esto último que describe Iliana es posible porque la compañía cuenta con la tecnología para detectar teléfonos mediante su última conexión, rastrearlos y bloquearlos como parte de una lista negra, la cual originalmente se decía que era para combatir los robos de teléfonos. Al poner un móvil en lista negra, si se le insertaba una nueva línea, inmediatamente la compañía la rastreaba y facilitaba la recuperación del teléfono robado o perdido. Sin embargo, esa infraestructura, según describe Iliana, se estaría empleando con propósitos políticos.
“Mi línea estuvo cortada por meses, y ya luego cuando hay una fecha determinada ellos lo cortan, no solamente a mí sino también a toda la familia y también pasa con otros opositores”.
La periodista Iliana Hernández y varios miembros de su familia han sufrido continuos cortes de Internet por datos móviles y Nauta Hogar (el servicio de Internet en casa), además de cortes de telefonía móvil y fija. Foto: Helman Avelle | YucaByte
De acuerdo con reportes semanales de YucaByte, de septiembre de 2021 a marzo de 2022 al menos 82 personas han padecido cortes selectivos del servicio de Internet y otras violaciones de derechos digitales. Entre ellas hay familiares de manifestantes del 11J. .
“He tenido que buscar otro teléfono y tener cuatro líneas distintas, y voy cambiando las líneas constantemente para poder desviar la atención y que no se pueda encontrar con qué línea estoy trabajando, esa es la manera en que lo he hecho”, explica Iliana y reconoce que esto conlleva un gasto económico mayor, pero “también te permite poder acceder a la información y poder hacer tu trabajo sin la intervención de los represores de la Seguridad del Estado”.
La activista ha realizado reclamaciones por los cortes de Internet: “siempre fui a reclamar, siempre llamaba por teléfono, fui a la oficina, pero era lo mismo, el mismo peloteo, o sea supuestamente yo lo tengo todo bien en mi casa, pero no entienden por qué no tengo acceso. Parece que es alguna oficina o algo diferente de seguridad del régimen, que te dice en el ordenador que tienes la señal, pero en la práctica no tienes absolutamente nada”.
Cada vez que durante los interrogatorios ella ha preguntado a la SE sobre los cortes de su internet, siempre atribuyen la culpa a Etecsa y dicen que ellos no tienen nada que ver. “Ellos siempre se limpian con que ellos no tienen nada que ver con eso y sí tienen que ver, porque si no de qué manera nos cortan el Internet siempre a los mismos”.
No satisfecho con los cortes selectivos, el Gobierno cubano fue un paso más allá con los apagones generales de Internet. La práctica, que se había ensayado desde el momento mismo en que comenzaron pruebas de internet mediante datos móviles en 2018 y la conexión se podía medir en términos de “alumbrones”, fue registrada también por medidores internacionales del tráfico en Internet en 2019, durante la consulta popular sobre la constitución. Dos años más tarde, después del apagón de internet en San Isidro que vivió Ilena, se reportó el mayor corte de este servicio en Cuba. Fue en la semana del estallido social de julio (11J). En una llamada de un ciudadano que buscaba saber el motivo de la falta de conexión, la operadora de atención al cliente de Etecsa le respondió que eran orientaciones de ‘arriba’.
Para esa fecha, NetBlocks, dedicada al monitoreo de internet a nivel global, indicó que “las métricas muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram están siendo bloqueadas por ETECSA”.
Asimismo, el observatorio OONI corroboró que los datos correspondientes a esa fecha mostraban que Cuba comenzó a bloquear WhatsApp, Telegram y Signal durante las protestas.
También se pronunció el director de Análisis de Internet de la compañía Kentik.inc, Doug Madory, quien confirmó el apagón masivo de internet del 11 de julio en Cuba. El tráfico en la web fue reducido a cero, denunció la compañía dedicada a registrar el tráfico en la web a nivel global.
“Este caso de apagar el internet a personas que protestan, no he tenido referencia de que suceda en otro país. Se han dado unos que otros casos en otras partes del mundo, pero Cuba es el único sitio donde he visto que sucede de manera sistemática, y esto obviamente tiene que ver con el hecho de que se puede hacer logísticamente dado que el Estado tiene un control absoluto sobre la infraestructura de telecomunicaciones. En cualquier otro país, los ciudadanos pueden cambiar de operador; en Cuba, no”, dijo Marianne Díaz.
El 17 de agosto, el régimen terminó por blindarse legalmente en materia de telecomunicaciones con la publicación del Decreto Ley 35. Este exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”. Para entonces, las madres y familiares de presos del 11J habían tomado las redes para canalizar sus reclamos de libertad, algo que incomodaba a los censores.
Como ha denunciado Human Rights Watch, una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir y erradicar”.
Pero incluso antes de publicar el decreto, el Mincom envió una carta a la UIT —a dos semanas de las protestas— en la que ya se hablaba de “incidentes de ciberseguridad” que habría provocado EEUU contra medios y webs institucionales cubanas.
Para Iliana Hernández es normal que el gobierno tenga miedo a Internet porque antes “ellos tenían el control mediático, el control de la información, podían manipular todo y ahora no lo pueden, no lo tienen tan fácil”. Considera que hasta ahora han servido de poco la implantación del Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35, porque “los cubanos se mantienen firmes en seguir denunciando su situación, no tienen a dónde acudir para denunciar lo que viven y acuden a las redes sociales. Lo único que han conseguido con esas absurdas leyes es que en los cubanos se alcen más en las redes sociales. En muchos casos con cuentas anónimas y participan en tuitazos, participan en la vida política del país desde sus redes sociales, desde su anonimato”.
Así le ha sucedido a Roxana. “Yo antes del 11 de julio, en las redes sociales, realmente era completamente diferente. Soy manicura y entonces mis redes se basaban en mi vida personal y en mi trabajo, pero una vez que detuvieron a mi hermano el 11 de julio, al mes exactamente, el 11 de agosto, hice mi primera publicación pidiendo su libertad”.
Para la joven, desde entonces las redes sociales han sido el mayor apoyo que las familias y la ciudadanía han tenido por la visibilidad y protección que les ha dado: “ha sido lo que más nos ha amparado… para poder llegar a través de esto a los medios de derechos humanos, de los medios independientes, de donde se puedan hacer denuncias oficiales y al estar en las redes sociales, creamos una cierta protección para él, aunque parezca todo lo contrario”.
(En alianza editorial con CONNECTAS)
