Ilustración: Erick Retana
En alianza editorial con CONNECTAS
En los primeros meses de la pandemia, Ángela Laksmi y su novia se fueron a vivir a Matanzas, una provincia occidental de Cuba, a unos 105 kilómetros de La Habana. La nueva vivienda no es muy diferente de las restantes del barrio. Una casa colonial, con puntal alto y tejas de barro en el techo, rodeada por muros de más de dos metros de altura. No hay ningún edificio cerca, ningún inmueble que supere dos plantas.
El barrio, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, a unas 6 cuadras del Parque de la Libertad, queda a medio camino entre la bahía (la parte más baja y llana) y la cima de las lomas donde terminan las calles principales.
En la casa larga, amplia, con varias habitaciones, hay únicamente tres sitios exactos donde Ángela puede comunicarse: en la sala, en la ventana del cuarto del fondo y en la azotea. A simple vista se puede deducir que solo los muros interfieren en la señal de cobertura móvil.
“En la sala, pero pegadita a la ventana, o incluso a veces parada en la puerta. Y es una conexión con la que tú puedes ir y de pronto que te salgan unos mensajes, pero no es una conexión con la que puedas sostener una conversación, porque se entrecorta, explica Ángela. Y en el cuarto igual, si mandé algo yo dejo el teléfono y al poco rato vengo, ok, se enviaron. Pero ya te digo, no puedes chatear, no puedes hacer algo en el momento porque es imposible, mucho menos videollamadas”.
¿Cuántos clientes de Etecsa están pagando por un servicio que apenas pueden disfrutar desde sus propias casas? Justo el mes pasado, en enero de 2022, la compañía tuvo que emitir un comunicado para explicar una serie de quejas por conexiones más lentas de lo usual. La culpa recayó en los repetidores de telefonía celular, que Etecsa los calificó de ilegales porque está prohibida su importación. Pero muchos de estos repetidores o amplificadores los ha vendido la propia empresa en sus oficinas comerciales, de marca Alcatel, a 69 dólares. Y la demanda ha sido tanta (lo que da cuenta de la cantidad de usuarios que tienen dificultades para conectarse desde casa), que la instalación de los repetidores está provocando, en efecto, interferencias en la señal.
Según el ingeniero en Telecomunicaciones y licenciado en Finanzas, Armando Camacho Costales, que lleva 15 años de experiencia analizando el sector, “no ofrecer telefonía móvil e Internet a la población desde hace décadas puede estar sustentado en consideraciones políticas, no técnicas o financieras”. Debido al pobre estado de la infraestructura para las telecomunicaciones en Cuba, soluciones como la de los repetidores apenas cubren una parte del problema, a la vez que generan otros.
Ángela tiene su propio repetidor, pero no es un equipo especializado. Es un teléfono celular, que lo ubica en un punto invariable de la ventana del cuarto, desde donde comparte la conexión por datos móviles para trabajar un poco más cómoda en la computadora. Ángela es psicóloga y codirectora de la revista digital Q de Cuir, especializada en temáticas LGBTIQ+. Un trabajo para lo que necesita, sí o sí, estar conectada el día entero a internet. Entre ella y su novia se turnan para prescindir de sus teléfonos y compartir datos con la otra.
“Uno de los dos móviles está todo el tiempo ahí fijo y la persona tiene que estar por la laptop, que tampoco es idóneo porque hay cosas que se hacen mejor desde el teléfono. Como quiera las soluciones que una encuentra siempre son muy esforzadas, siempre tienen sus elementos negativos, o esfuerzos que una tiene que hacer que no debería”, dice Ángela.
El gobierno cubano ha mantenido una actitud en extremo cautelosa con las telecomunicaciones durante las seis décadas que lleva en el poder. Los propios funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) y de Etecsa han declarado públicamente, en varias ocasiones, que este es un sector clave en temas de seguridad nacional. Esta política, con su falta de transparencia en los acuerdos comerciales con empresas cubanas y foráneas, y las limitaciones que impone a inversores extranjeros, ha restringido el acceso a la información y las comunicaciones -lo que se considera como un derecho humano- de la ciudadanía en la isla.
Hasta el 2021, ninguna empresa extranjera podía invertir en infraestructura de telecomunicaciones. Ahora la oportunidad está abierta, pero las inversiones han corrido siempre a cargo del gobierno cubano, a veces con apoyo de gobiernos aliados como China y Venezuela.
Como resultado de estas inversiones, en Cuba cerca de 13 por cada 100 personas cuenta con una línea de teléfono fijo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en su edición de agosto de 2021. La telefonía celular sí tiene más abonados, con un total de 6.661.800, aunque solo la mitad se conecta a internet por datos móviles.
Los economistas Juan Triana y Laura Galeano, investigadores del Centro de Estudios de la Economía Cubana y la Universidad de La Habana, analizaron la brecha de suscriptores de telefonía móvil, banda ancha e internet entre Cuba y los países desarrollados y en vías de desarrollo. Para cerrar esta brecha, específicamente con América Latina, Triana y Galeano estimaron que “serían necesarios alrededor de 320 millones de dólares anuales (desde 2017) hasta 2030”.
El primer reportaje de esta serie, publicado por YucaByte en alianza con CONNECTAS reveló que entre 2005 y 2019 el gobierno cubano ingresó 21.582 millones de dólares por la exportación de servicios de telecomunicaciones. Un promedio de 1.438 millones de dólares al año. Si restamos el total de inversiones anuales que calcularon los economistas, aún sobrarían 1.118 millones por año.
Pero lo cierto es que en ese mismo período, de 2005 a 2019, el gobierno compró equipos de telecomunicaciones por 1.975 millones, apenas una décima parte del total ingresado.
Entre 2005 y 2019 los ingresos del gobierno cubano por exportar servicios de telecomunicaciones fueron 10 veces superiores a lo que gastó en equipos de telecomunicaciones.
Según el discurso oficial, el embargo estadounidense provocó daños económicos a las telecomunicaciones en Cuba por valor de unos 65 millones de dólares en el período de abril a diciembre de 2020. La mayor afectación radica en la importación de equipos, pues “Cuba no puede adquirir artículos que contengan más del 10 por ciento de componentes estadounidenses. Medida impuesta nuevamente por el departamento de Comercio de los EE.UU, efectiva desde octubre 2019”, refiere el Mincom.
Sin embargo, durante la administración de Barack Obama, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) flexibilizó varias medidas que permitieron la comercialización de equipos de telecomunicaciones con Cuba, incluidos satélites y cables de fibra óptica.
Como resultado de esa política, entre 2009 y 2014 el valor de las importaciones de esos equipos provenientes de Estados Unidos sumó 873.304 dólares (entre 2005 y 2006 fueron apenas 4372 dólares). Y aunque años más tarde la administración de Donald Trump revirtió varias de las políticas de acercamiento de Obama, mantuvo intactas las concernientes a las telecomunicaciones; al punto que entre 2016 y 2019 el valor de esas mismas importaciones ascendió a 10 millones, 12 veces más que el período anterior.
En una entrevista concedida a OnCuba, Daniel Sepúlveda, quien fue subsecretario adjunto de Estado y coordinador de Estados Unidos para las Comunicaciones Internacionales, afirmó que “Cuba es el país menos conectado de todo el hemisferio, por amplio margen. Y eso no es por el embargo, no es por la tecnología y no es por cuestiones de dinero: es el resultado de una política pública”.
No obstante, de ese discurso se sigue valiendo el gobierno de la isla para justificar los servicios insuficientes y deficientes de telefonía fija, móvil y acceso a internet por banda ancha.
Mientras, los cubanos sufren las dificultades para conectarse a Internet, o simplemente llamar por teléfono móvil, aun viviendo en zonas urbanas. Laura Martí, una joven de 29 años, vive en Santa Fe, un poblado costero en la periferia de La Habana. Laura trabajó hasta hace unos meses atendiendo clientes vía WhatsApp para un negocio de comida a domicilio. “Debía poner el teléfono afuera en el patio, donde tengo mi lavadora. Había días mejores, días peores, días que ya desistía totalmente. Y me asustaba porque tenía clientes esperando por mí”, dice.
“Cuando se me unían varios pedidos, y se iba la conexión, en medio de todo lo que conlleva atender a un cliente, ayudarle a escoger, tenía que apagar los datos, volver a encender, me timbraba a mí misma para ver si me entraba el internet, reiniciaba el teléfono… Tenía que inventar alguna excusa, pero muchas veces decía la verdad, porque ya eran clientes que eran casi familia”, cuenta Laura.
Ángela, que pasó meses subiendo al techo de la nueva casa para poder conectarse, bajo el sol, y hasta bajo la lluvia en los momentos en que le era imprescindible comunicarse, dice que “no hay soluciones que ponga Etecsa para mejorar. Decir, mira, nosotras vivimos en una casa con muros muy altos, en la situación de nosotras debe haber mucha gente. Y no tenemos la opción de mejorar esto con la propia entidad, empresa a la que le pagamos ese servicio super caro”.
“Están dando pasos para informatizar la sociedad cubana, pero no están dando los pasos que son”
Etecsa comenzó a instalar cables de fibra óptica terrestres a finales de la década de los noventa, en oficinas gubernamentales, militares e instalaciones turísticas. Parte de la modernización de estas redes de telecomunicaciones se hicieron con el apoyo del gobierno chino, que desembolsó 200 millones de dólares a Cuba en mayo de 2000, según un informe de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos.
Desde entonces el gobierno cubano ha importado equipos para montar infraestructuras de telefonía fija y móvil. Las chinas Huawei, ZTE, la francesa Alcatel Lucent y la sueca Ericsson son algunas de las principales empresas proveedoras de esos equipos.
Los ingresos del gobierno cubano por exportar servicios de telecomunicaciones entre 2005 y 2019 suman 10 veces más que las inversiones realizadas para comprar equipos de telecomunicaciones.
El grupo Alcatel, que comprende una serie de empresas mixtas con países asiáticos, americanos y europeos, fue además la responsable de la instalación del cable submarino de fibra óptica Alba1, un proyecto millonario entre Cuba y Venezuela. Ambos países fusionaron dos empresas (CVG Telecomunicaciones C.A, de Venezuela, y Transbit, de Cuba) para crear otra de capital mixto, a la que llamaron Telecomunicaciones Gran Caribe S.A y que registraron en Jamaica a nombre de Eduardo Rodríguez Ávila, actual ministro de Transporte cubano.
Telecomunicaciones Gran Caribe se dedica, entre otras cosas, a rentar capacidades de ancho de banda de Alba1, uno de los modelos de negocio de las empresas dueñas de estos cables. Sin embargo, al día de hoy, Alba1 solo provee internet a la isla, a través de la bifurcación que la conecta con Jamaica.
Doug Madory, analista de tráfico de internet de la empresa y observatorio Kentik, le dijo a YucaByte y CONNECTAS que el tráfico de conexión de toda Cuba en un día ronda entre 1.1 Gbps de carga y 10 Gbps de descarga. El 98 por ciento de esa conexión viaja por Alba1, que tiene una capacidad total de 640 Gbps. Es decir, que a diario apenas se utiliza el 1.5 por ciento del cable.
Un ingeniero de Telecomunicaciones y Electrónica consultado por YucaByte y CONNECTAS que prefiere no revelar su nombre explica que Alba1 está conectada a su vez con la red nacional de fibra óptica terrestre de Cuba. Esta red utiliza una tecnología moderna (de Próxima Generación o NGN), que optimiza la calidad y velocidad de transmisión de datos, de conexión.
El joven ingeniero, graduado del Instituto Superior Politécnico Julio Antonio Mella de Santiago de Cuba, aclara que la mala calidad de la conexión móvil se debe a que los enlaces que van desde esta red nacional de fibra óptica hasta las radiobases utilizan tecnología obsoleta. Es como si la red nacional fuera la parte superior de un reloj de arena, y las radiobases la parte inferior. Los enlaces serían el tramo angosto que está en el medio, por donde pasa más lentamente la conexión.
Es bastante común que la prensa oficial y las cuentas de Twitter de funcionarios del Mincom y Etecsa publiquen cada vez que se instalan nuevas radiobases en el país. En estos momentos suman más de 5000. Pero su mera instalación no garantiza la calidad del servicio, sino que esta depende del alcance del equipo (en distancia física), el límite de capacidad de dispositivos móviles conectados, y la banda que utiliza (700 o 1 800 MHz).
“La instalación de radiobases extiende la cobertura para que los usuarios puedan conectarse, explica el ingeniero. Esa siempre ha sido la política de la Revolución, decir que en el monte tienen cobertura. Pero las radiobases lo que hacen es aumentar el acceso, no la calidad. ¿Por qué no ponen el billete donde está el cuello de botella?”
El informático Jorge Noris explicó recientemente a Yucabyte otro problema que existe con las radiobases. Y es que la 4G usa una banda de 1.800 MHz, a la que le cuesta atravesar paredes. “La mayoría de las construcciones en Cuba son de hormigón y cavillas (acero), que hacen un efecto de jaula Faraday, debilitando la señal. Eso es lo que explica que muchas veces tengamos que ir en nuestras casas hasta la terraza para conectarnos”.
El ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica consultado para esta investigación considera que “están dando pasos para informatizar la sociedad cubana, pero no están dando los pasos que son”. La estrategia del Mincom ha sido incrementar el número de clientes, a veces en detrimento de la calidad del servicio.
Pese a que el gobierno cubano contabiliza más de 5000 radio bases de telefonía móvil en los 154 municipios del país, aún quedan muchas zonas del país con escasa o ninguna cobertura de señales 2G, 3G y 4G.
El caso de Nauta Hogar, el servicio de Internet en las casas, es diferente. La conexión viaja también por la red nacional de fibra óptica hasta el nodo municipal, y de ahí continúa hasta llegar al usuario, pero con cables de par trenzado de cobre. El efecto, entonces, es como el de un embudo.
El informe de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos afirma que “la red fija está compuesta en su mayoría por cables de par trenzado de cobre, sobre todo en la última milla, y en los tramos que conectan las oficinas de centrales telefónicas con las ciudades”.
Para acceder al servicio de Nauta Hogar, además, hay que obligatoriamente tener un teléfono fijo. Solo un tercio de las casas cubanas tiene uno. Y el proceso para solicitarlo no depende del cliente, sino de la capacidad de la infraestructura. Por eso Etecsa asigna una determinada cantidad de líneas a los consejos populares en cada barrio. Los interesados llenan una planilla, solicitud que debe ser aprobada por el Gobierno. Al final, la cantidad de líneas asignadas no llega a cubrir la demanda.
Hasta marzo de 2021 solo el 5 por ciento de las casas cubanas estaban conectadas a internet por Nauta Hogar.
Ángela tiene teléfono fijo en su casa de Matanzas. Por eso cuando llegó a vivir ahí estuvo averiguando cómo instalar el Nauta Hogar. Pero el servicio está habilitado solo en algunas zonas del país, y no incluye su barrio. “En algún momento se supone que llegaría a tu zona, pero realmente eso no ha caminado más”, dice.
Cansadas de pasar trabajo subiendo a la azotea, soportando el sol, el calor y la lluvia, Ángela y su novia decidieron construir allá arriba una terraza, hace unos 8 meses. Unas columnas, una meseta con entrada de agua corriente, algunas lozas sobrantes de reparaciones anteriores, sillones, plantas y luces.
“Tuvimos que hacer una inversión, y tuvimos ayuda e hicimos esto, que no solo para la conexión, sino para poder despejar”, dice. “Pero bueno, pensando en la relación entre costo, el servicio, el funcionamiento del servicio y las garantías realmente es crítico, molesto, sin hablar de las veces en que sencillamente tumban internet y no hay como quejarse, y recibir una respuesta, porque quejarse cualquiera se queja, todo el tiempo la gente se queja, pero respuestas rápidas, reales, no. Somos usuarias de un servicio donde no tenemos realmente muchas garantías ni derechos”, concluye.
