Ilustración: Julio Llópiz-Casal
En fechas recientes la ONG Freedom House (FH) publicó su último informe sobre Libertad en la Red, correspondiente al período que abarca desde mayo de 2020 a junio de 2021.Dicho informe estudia el respeto a los derechos digitales y evalúa la libertad de internet en varios países, en base a una escala máxima de 100 puntos. Cuba fue catalogada aquí como un país “Sin Libertad” en internet, llegando a alcanzar solo 21 puntos. Ello significa un ligero retroceso en la cuestión del respeto a los derechos digitales, ya que en el informe anterior había obtenido 22 puntos.
Sobre el informe y la situación de los derechos humanos en Cuba, específicamente de los derechos digitales, YucaByte conversó con Alessandra Pinna, subdirectora de programas para América Latina y el Caribe de FH.
Pinna se ha desempeñado como investigadora en la Universidad Roma Tre, en Italia, y posee un doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de la Democracia en el Instituto Italiano di Scienze Umane. Además, ha participado en diversos programas de investigaciones en universidades como la de Yale y Belgrado.
Alessandra, sería oportuno comenzar la entrevista con una explicación sobre la función de Freedom House y la importancia de estos informes, especialmente el del último año.
–En primer lugar, FH es la organización más antigua de los Estados Unidos monitoreando la libertad como fenómeno global. Esto implica que el Informe Libertad en el Mundo sea uno de los recursos estadísticos más antiguos y estables. Por ejemplo, en 2021, ese informe midió el estado de la libertad y la democracia en 195 países y 15 territorios, clasificándolos como “Libres”, “Parcialmente Libres” y “No Libres”. De manera sistemática, FH ha seguido estas mismas tendencias durante 50 años.
Los principales indicadores que el informe contempla son: procesos electorales, pluralismo y participación política, funcionamiento del gobierno, libertad de expresión y de creencia, derechos a la asociación y a la organización, estado de derecho, autonomía de la persona y derechos individuales.
¿Qué puede decirnos del informe 2021? ¿Ha mejorado o empeorado la situación de los derechos humanos en el mundo?
–El informe del 2021 evidencia que la democracia está bajo amenaza y sufre un retroceso a nivel global. El informe encontró que la proporción de países designados como No Libres ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzó el deterioro de la democracia a nivel global, en 2006. En 2021 se redujeron las puntuaciones de libertad de 73 países, lo que representa el 75% de la población mundial.
Los estados afectados no son solo gobiernos autoritarios, sino también democracias como Estados Unidos e India. Un punto importante del informe de este año es el análisis de los peligros que enfrenta la democracia en los Estados Unidos, que redujo su puntaje en 11 puntos durante la última década y en 3 durante el último año. Los cambios alejaron al país del grupo de democracias líderes, como Francia y Alemania, y lo han llevado a la compañía de países como Rumanía o Panamá. En esto influye que el presidente saliente se esforzó abiertamente por revertir ilegalmente su derrota en las urnas, que culminó con su incitación a una turba armada para interrumpir la certificación de los resultados en el Congreso. Se trata de un hecho sin precedentes en Estados Unidos.
¿Y cómo queda Cuba en ese informe?
–Bueno, en ese informe Cuba es el país peor calificado de la región, con un índice de libertad de 13 puntos en una escala de 100. El puntaje para la Libertad de Asociación disminuyó de 1 a 0 en 2012, y desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar, alcanzando los mismos valores que Rusia, Irán, Azerbaiyán, China, Arabia Saudita, Corea del Norte y Turkmenistán. Cuba también ha decaído en nuestro informe debido al aumento de la represión del régimen sobre la disidencia. Actualmente Cuba está calificada como No Libre, a la par de países como Laos, justo detrás de Burundi y Venezuela y muy ligeramente por encima de Bahréin.
Hablemos ahora de este otro informe, el de Libertad en la Red.
–Hace más de una década que hemos comenzado a publicar este informe que, aunque no abarca aún a todos los países, sí avanza paulatinamente en la sistematización de cómo la ciudadanía global accede a la red, qué restricciones tienen los diferentes ciudadanos, cómo actúan los diferentes gobiernos y cuáles son los retos en materia de derechos humanos. El proyecto evalúa la libertad de internet en 70 países, lo que representa el 88% de los usuarios de internet en el mundo. El de 2021 sería el undécimo de la serie. Más de 80 analistas y asesores contribuyeron a la edición de este año, utilizando una metodología estándar para determinar el puntaje de libertad de internet de cada país en una escala de 100 puntos, con 21 indicadores. Esta nueva edición incluye seis nuevos países: Costa Rica, Ghana, Irak, Nicaragua, Serbia y Taiwán.
Quisiera agregar que, además de esos informes, recientemente FH se ha enfocado en la interseccionalidad entre represión, regímenes autoritarios y libertad, con la publicación de “Represión Transnacional” y los “Estudios de Casos” de diferentes países como Bielorrusia y Vietnam.
¿Qué importancia le concede a estos informes anuales sobre la Libertad en la Red?
–Estos informes son importantes porque permiten entender los nuevos retos que internet nos está planteando para los derechos humanos. Además, permite entender cómo los regímenes autoritarios y empresas tecnológicas son capaces de alinearse en varios puntos, con el fin de mantener el control social mientras aumentan los ingresos económicos para ambas partes. Además, son importantes porque posibilitan la realización de estudios comparativos entre distintas regiones geográficas y países. Eso nos demuestra que hay técnicas de represión digital que se extienden más allá de los sistemas políticos y que incluso en democracias consolidadas la libertad en internet peligra.
En la batalla de alto riesgo entre los estados y las empresas de tecnología, los derechos de los usuarios de Internet se han convertido en las principales víctimas. Un número creciente de gobiernos está afirmando su autoridad sobre las empresas de tecnología, a menudo obligando a las empresas a cumplir con la censura y la vigilancia en línea. Estos desarrollos han contribuido a un asalto sin precedentes a la libertad de expresión en línea, provocando que la libertad global en Internet disminuya por undécimo año consecutivo.
O sea, que la complicidad entre autoritarismos y empresas tecnológicas, o la imposición de los primeros sobre las segundas, son cada vez mayor y ponen en peligro la democracia en el mundo.
–Exacto. Las normas globales han cambiado drásticamente hacia una mayor intervención gubernamental en la esfera digital. De los 70 estados cubiertos por este informe, un total de 48 iniciaron acciones legales o administrativas contra empresas de tecnología. Si bien algunas medidas reflejaron intentos legítimos de mitigar los daños en línea, frenar el uso indebido de datos o terminar con las prácticas manipuladoras del mercado, muchas leyes nuevas impusieron una censura excesivamente amplia y requisitos de recopilación de datos en el sector privado. Las actividades en línea de los usuarios ahora son moderadas y monitoreadas de manera más generalizada por las empresas a través de procesos que carecen de las salvaguardas incluidas en la gobernanza democrática, como la transparencia, la supervisión judicial y la rendición de cuentas pública.
El impulso hacia la regulación nacional ha surgido en parte debido a una falla en abordar los daños en línea a través de la autorregulación. Estados Unidos desempeñó un papel de liderazgo en la configuración de las primeras normas de Internet en torno a la libertad de expresión y los mercados libres, pero su enfoque de laissez-faire para la industria tecnológica creó oportunidades para la manipulación autoritaria, la explotación de datos y la malversación generalizada. El puntaje de Estados Unidos disminuyó por quinto año consecutivo. La información falsa, engañosa y manipulada continuó proliferando en línea, incluso afectando la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La nueva administración tomó medidas prometedoras para hacer cumplir protecciones más sólidas para los usuarios de Internet.
En ausencia de una visión global compartida para una Internet libre y abierta, los gobiernos están adoptando sus propios enfoques para vigilar la esfera digital. Los formuladores de políticas en muchos países han citado una vaga necesidad de retomar el control de internet de las potencias extranjeras, las corporaciones multinacionales y, en algunos casos, la sociedad civil.
¿Pudiera decirse entonces que los Estados han ganado terreno y poder en internet que antes pertenecía a las empresas?
–Sí ha ocurrido un cambio de poder, y se ha producido en medio de una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión en línea. En 56 países, los funcionarios arrestaron o condenaron a personas por sus discursos en línea. Los gobiernos suspendieron el acceso a Internet en al menos 20 países y 21 estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales, con mayor frecuencia en tiempos de agitación política como protestas y elecciones. A medida que la represión digital se intensifica y se expande a más países, es comprensible que los usuarios no tengan confianza en que las iniciativas gubernamentales para regular Internet conducirán a una mayor protección de sus derechos.
¿Qué conclusiones deja este último informe sobre Libertad en la Red?
–La libertad global de internet disminuyó por undécimo año consecutivo, como dije. Pero hay países donde se documentaron deterioros en este aspecto muy alarmantes, como Myanmar, Bielorrusia y Uganda. La represión en línea se dio en estos países en medio de crisis electorales y constitucionales.
Por otro lado, es una realidad que la libertad de expresión en línea está siendo sometida a una tensión sin precedentes. Más gobiernos arrestaron a usuarios por sus discursos políticos, sociales o religiosos no violentos. Los funcionarios suspendieron el acceso a internet en al menos 20 países. Unos 21 Estados bloquearon el acceso a plataformas de redes sociales. Además, sospechamos que al menos 45 países manejan software sofisticados de espionaje o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
¿Cuál es el país con la situación más crítica en materia de libertad en internet?
–China. Este es el país con peor entorno para la libertad en internet por séptimo año consecutivo. Las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes por contenidos publicados en línea, informes independientes y comunicaciones cotidianas mundanas. En China el tema de la pandemia de Covid-19 sigue siendo uno de los temas más censurados en la web. Los funcionarios chinos tomaron medidas contra los gigantes tecnológicos del país, citando abusos relacionados con la competencia y la protección de datos pero, en verdad, esta campaña concentró aún más el poder en manos del Estado autoritario.
Se supone que la intervención estatal, en cualquier caso, se enfoque en proteger los derechos humanos en línea y preservar una internet abierta. El poder emancipador de internet depende de su naturaleza igualitaria. Para contrarrestar el autoritarismo digital, las democracias deben garantizar que las regulaciones permitan a los usuarios expresarse libremente, compartir información a través de las fronteras y hacer que los poderosos rindan cuentas.
¿Estos informes podrían ayudar a visibilizar la situación de los derechos humanos en Cuba y servir para ganar apoyo de la comunidad internacional?
–Creo que un reporte por sí solo no movilizará a la comunidad internacional, sobre todo cuando entendemos que, si bien Cuba es el país peor calificado del hemisferio occidental, en realidad se trata de un fenómeno global. La libertad de Internet corre peligro como fenómeno global.
Ahora bien, lo que sí creemos es que es necesario proveer a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y organizaciones enfocadas en derechos humanos y gobiernos democráticos, la data y las evidencias necesarias sobre la alarmante situación en Cuba. Es importante que la comunidad internacional comprenda que la ciudadanía cubana ha normalizado la represión en línea, la censura, la falta de privacidad y la inseguridad digital, mientras el gobierno de La Habana mantiene su silla en el Consejo de Derechos Humanos, lo cual es verdaderamente alarmante.
Los cubanos no tienen libertad en la red, y el poco espacio conseguido, que había abierto una puerta a la libertad de expresión, está en grave peligro. Durante muchos años el gobierno de Cuba ha sido el único dueño del relato, de la historia, de la realidad del país. Las redes sociales comenzaron a democratizar el relato, a abrir la puerta a otras voces. Lo que hemos visto en el 2021 es una clara señal de que ese pequeño espacio conseguido corre peligro. Y, lamentablemente, si la comunidad internacional no se moviliza en favor de preservar y ampliar ese espacio de libertad de expresión, corremos el riesgo de perderlo, por cuanto el gobierno cubano tiene la tecnología, el control de las redes y la determinación de prohibir toda voz disidente.
Para que se tenga una idea de este peligro, mencionaré algunos de los datos que manejamos en el informe sobre Cuba:
Cuba sigue siendo el país que más abusa de la libertad en internet en la región. Su puntaje disminuyó más este años, ya que las autoridades impusieron restricciones de conectividad generalizadas y bloquearon las plataformas de redes sociales en respuesta a protestas generalizadas.
Cuando en noviembre de 2020 los cubanos coordinaron una protesta histórica en las redes sociales, después de que el gobierno allanara la sede de un movimiento de artistas y defensores de la libertad de expresión ¿qué hizo el gobierno en respuesta? Pues impuso restricciones de conectividad generalizadas y bloqueó Facebook, Twitter, Telegram y Whatsapp durante varios días. Además, las autoridades detuvieron a los líderes de protestas.
Después del período de cobertura del informe, ya en julio de 2021, se sucedieron protestas antigubernamentales sin precedentes y a gran escala en el país. Los manifestantes se organizaron en gran medida a través de internet, sobre todo con herramientas de transmisión de videos en vivo. ¿Cómo respondió el gobierno? Pues restringiendo la conectividad a internet y bloqueando Whatsapp, Telegram y Signal durante casi una semana. Además, cortaron el internet a activistas y periodistas en un momento de gran sensibilidad política.
También comprobamos que funcionarios cubanos condenaron al activista Juan Luis Bravo Rodríguez a dos años de prisión en septiembre del pasado año porque se negó a pagar una multa impuesta por violar el Decreto Ley 370. Es decir, por una publicación en Facebook en la que criticaba al gobierno. Y ya en agosto de 2021 entró en vigor el Decreto Ley 35, una ley que impone una amplia gama de obligaciones a los proveedores de servicios de internet. Les exige que deben limitar el uso de sus servicios para transmitir contenido que se considere información falsa y los obliga a suspender a los usuarios que incumplan sus parámetros.
El encuentro «Insufficient Bandwidth: How Digital Repression in Encroaching on Freedom of Expression in Cuba» sucedió en el contexto de la 76 Asamblea General de la ONU. ¿Fue fortuito que se realizara en estas fechas o buscaba llamar la atención sobre el tema Cuba en un momento tan importante como una Asamblea General?
–FH es una organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Desde ese espacio, nos interesa servir como puente entre activistas, defensores de derechos humanos, defensores de libertades fundamentales, periodistas independientes, víctimas de violaciones de derechos humanos, y los organismos multilaterales de derechos humanos.
Quisimos aprovechar la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención de la comunidad internacional frente a las restricciones y censuras de Internet en Cuba e instar a las autoridades cubanas a que cesen de forma inmediata e incondicional el estrangulamiento o bloqueo selectivo de Internet. La comunidad internacional debe defender las libertades de expresión, el derecho de reunión pacífica y asociación. El pueblo de Cuba necesita y merece apoyo internacional en su valiente lucha por la libertad, tanto en línea como fuera de línea.
Alessandra, la situación de la libertad de expresión en internet en Cuba, tal y como usted dice, es cada vez más preocupante. Sin embargo, el régimen cubano se defiende diciendo que en el resto de Latinoamérica también se crean leyes que restringen la libertad de internet. ¿Hasta qué punto es cierto esto que argumenta el gobierno cubano?
–Para responder a esta pregunta es necesario, primero, analizar algunos datos de contexto en la región. Nuestro informe concluyó que en América Latina la libertad de internet se deterioró. Por ejemplo, México, Colombia y Cuba disminuyeron sus estándares considerablemente; aunque, por otro lado, Ecuador tuvo la mayor mejora a nivel mundial. Claro, en los datos positivos generales influye el que este año hayamos incluido a Costa Rica, que es un país catalogado de Libre.
Pongamos un ejemplo de mejora, como Ecuador. Allí no se aplicaron restricciones internacionales a la conectividad, como sucedió en 2019. Además, el contenido en línea del país es cada vez más diverso y hay cada vez más periodismo ciudadano y cibernautas indígenas. Sin embargo, los actores estatales utilizan denuncias de derechos de autor dudosas para eliminar contenido crítico. Sabemos de un periodista que fue detenido brevemente en Ecuador en relación con una publicación de Facebook.
Nicaragua, por ejemplo, está considerada en el informe como Parcialmente Libre en materia de internet. Todavía los usuarios de ese país tienen amplio acceso a plataformas digitales y sitios webs. Pero el régimen de Daniel Ortega y sus aliados están afirmando cada vez más el control sobre el espacio en línea. El régimen manipula información, arma reclamos de derechos de autor para eliminar contenido y aprueba leyes que castigan a los usuarios que difunden contenido supuestamente falso o dañino.
En toda la región, las autoridades gubernamentales buscaron regular las plataformas tecnológicas y los proveedores de servicios. Las legislaciones propuestas en México y Brasil buscaban aumentar el control del gobierno sobre el poder de las empresas de redes sociales para restringir el contenido. El proyecto de ley propuesto en México en febrero de 2021 facultaría al regulador del país para anular las decisiones de moderación de contenido de las empresas de redes sociales sin supervisión judicial. Las plataformas que no restrinjan el contenido que el regulador considere odioso, falso o amenazante para el orden público enfrentarían multas de hasta 4.4 millones de dólares. En mayo de 2021, el presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció que el gobierno estaba preparando un decreto para modificar el Marco Civil da Internet, el marco de derechos civiles para Internet, para evitar que las empresas de redes sociales eliminen, suspendan o restrinjan las cuentas o el contenido de los usuarios, todo sin una orden judicial. Incluiría solo unas pocas excepciones limitadas. Bolsonaro emitió las reglas bajo una medida provisional en septiembre de 2021, que la Corte Suprema suspendió a fines de ese mes.
Dicho esto, el Decreto Ley 35, recientemente introducido en Cuba, que censura y criminaliza la libertad de expresión en línea, no está lejos de decretos y decretos leyes anteriores, como el 370, el 349 o la Ley 88. Más bien, representa la continuación del patrón sistemático represivo generalizado. Muchos han argumentado que las vagas definiciones de lo que constituye una violación permitirán una implementación arbitraria, como ocurrió en otros países autoritarios, como la aprobación de Nicaragua en 2020 de su legislación sobre delitos cibernéticos que llevó al silenciamiento masivo de la oposición.
Es cierto que muchos países de todo el mundo han aprobado regulaciones para controlar la difusión de mensajes específicos en Internet, principalmente discursos de odio, difamación, incitación a la violencia o «terrorismo». Sin embargo, a diferencia de lo que han hecho otros países, la nueva normativa en Cuba incluye las críticas al sistema sociopolítico actual y atenta contra la libertad de expresión.
Lo más preocupante es que los límites de lo que se considera permitido o no, de lo que es sancionado o no, no está realmente enfocado en la seguridad digital de los usuarios, o en la Seguridad Nacional, la lucha contra el terrorismo, u otras cuestiones, sino que el objetivo principal es controlar el disenso y las voces críticas al pensamiento dominante. Como sabemos, el Decreto Ley 35, por ejemplo, establece definiciones absolutamente vagas en su texto, con todo lo que respecta a la moral socialista y los principios de “la revolución”.
