Foto: Sadiel Me Be
El gobierno cubano publicó este 17 de agosto un nuevo conjunto normativo que refuerza el control de las telecomunicaciones en el país por instituciones estatales. De estas normas, resalta el Decreto Ley 35 del 2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, aprobada por el Consejo de Estado, y el Decreto 42 de 2021, aprobado por el Consejo de Ministros.
Estas leyes permiten cortar los servicios de internet y de telefonía móvil de manera generalizada o circunscrita a ciudadanos específicos. Las justificaciones son conceptos tan ambiguos y útiles a la arbitrariedad en la interpretación de la norma como “el prestigio del país”, las “falsas noticias”, la “moralidad pública” y el “orden público”.
Esta ley tiene, como el Decreto Ley 370 o “Ley Azote” en su momento, tiene precedentes en otros países caracterizados por tener gobiernos totalitarios y dictaduras en el poder. En estos países, el poder político también se ha escudado de la crítica de la sociedad civil en leyes que restringen los derechos digitales de sus ciudadanos.
Desde 2018, el gobierno de Sudán estableció una “ley contra la ciberdelincuencia”, la cual sentó las bases de las enmiendas que en 2020 mutilarían por completo los derechos digitales de los ciudadanos de ese país, en especial de los periodistas. Según esta enmienda, el gobierno tiene la potestad de crear una comisión que vigila a aquellas personas que en internet “insultan o difaman” a la élite militar que controla Sudán.
Una de las acusaciones más frecuentes lanzada por esta comisión sobre sus víctimas es la publicación de “noticias falsas”, que en el país viene a ser cualquier crítica contra funcionarios públicos o altos mandos del ejército. Varios periodistas sudaneses han sido amenazados con “ser heridos o demandados judicialmente” por sus publicaciones en redes sociales. Además, la nueva enmienda contempla condenas de privación de libertad a quienes el gobierno considere que han publicado en la red de redes “amenazas a la seguridad pública”.
Por su parte, el régimen chavista aprobó el 8 de noviembre de 2017 una “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, la cual fue firmada por la Asamblea Nacional Constituyente. Este organismo fue creado por órdenes de Nicolás Maduro Moro y responde a los designios de este dictador. La ley establece condenas de hasta 20 años de prisión a aquellas personas que sean halladas por el gobierno de promover “discursos de odio”, y ha sido desde entonces usada contra opositores y miembros de la sociedad civil venezolana.
Además de ser considerada per se anticonstitucional, la ley chavista da poder al gobierno para restringir el acceso a la información en internet, censurar y aplicar sanciones penales y tributarias a medios de comunicación digitales, así como a organizaciones civiles y políticas.
También en Venezuela se aprobó a inicios de 2019 otra ley de “ciberseguridad”, la cual llegó poco después de que la empresa pública de telecomunicaciones de ese país, CANTV, bloqueara el acceso a Wikipedia. La nueva ley fue propuesta por la ANC y fue llamada “Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”. Según esta norma, cualquier uso del ciberespacio es un asunto que atañe al “interés público” y la defensa de la nación. De tal forma, el gobierno puede designar a una autoridad subordinada a él para administrar y controlar el internet en todo el país.
Por su parte, el régimen de Daniel Ortega promovió en octubre de 2020 una ley que sanciona hasta con 10 años de prisión a quien “difunda información falsa que despierte el miedo en las personas” en Nicaragua. La ley fue publicada bajo el nombre de “Ley Especial de Ciberdelitos”. Según esta norma, también pueden ser sancionados aquellas personas que publiquen en internet contenidos “en contra de la seguridad del Estado”.
Con la “Ley Especial de Ciberdelitos”, además, el régimen de Ortega se brinda poder regular a las empresas privadas de telecomunicaciones y los medios de comunicación. También se otorga la posibilidad de congelar y acceder, mediante la Policía y la Fiscalía, las bases de datos de las empresas proveedoras de internet.
En 2015, el Partido Comunista de China emitió una normativa jurídica que castiga penalmente a quien “no respete el orden público y la moral social” en internet. Según el ex relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, prohibiciones como estas resultan tan generales que terminan otorgando a las autoridades “una excesiva discrecionalidad para determinar su significado”, lo cual puede volver selectiva y, por tanto, arbitraria, la aplicación de la ley.
El gobierno egipcio, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, bloqueó varios sitios webs en 2020, todos críticos o de oposición a sus políticas. Varios de estos sitios, como Daarb y AlBedaiah, pertenecen a medios de prensa independientes. Otras páginas censuradas pertenecen a organismos de derechos humanos en el país, como la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos. La ciudadanía egipcia, para poder burlar la censura del gobierno sobre cerca de 570 sitios y 31 dominios web, debe hacer uso de VPNs.
La censura en Egipto, debido a su arbitrario sistema de justicia, ha provocado que varios periodistas y activistas pro derechos humanos hayan sido arrestados por publicar información contraria al gobierno y promover el uso de aplicaciones móviles de redes sociales. Uno de los casos más mediáticos al respecto fue el de la estudiante universitaria Haneen Hosam, arrestada por promocionar la aplicación Likee con fines de lucro. Según las acusaciones que se le imputaron, el promocionar esta aplicación contravenía “la moral pública” y “los valores familiares en la sociedad egipcia”.
Por su parte, el gobierno ruso, aliado político del régimen cubano, creó en 2019 una legislación que permite al sistema judicial multar y encarcelar a quienes publican en internet “noticias falsas” o a quienes falten el respeto a funcionarios gubernamentales y símbolos del Estado. Esta ley, además, permite al gobierno de Vladimir Putin bloquear sitios webs siempre que las autoridades crean que se ha publicado “material ofensivo”.
Las multas que establece la ley pueden llegar a los 200.000 rublos, unos 2.700 euros. Las empresas proveedoras de internet que se manifiesten contra el gobierno, por otro lado, pueden ser multadas con hasta 500.000 rublos, que representan cerca de 6.890 euros. Las acusaciones son presentadas, según indica la norma, por un “organismo de control” perteneciente al gobierno (Roskomnadzor), cuya función es controlar a los medios de prensa e interpretar cuando una información “amenaza el orden público”. La aplicación de esta ley trascendió cuando el Roskomnadzor amenazó con multas y otras medidas a varias páginas webs de noticias si no eliminaban todo su contenido referente a unos grafitis que aparecieron en las paredes de la ciudad Yaroslavl, todos con insultos hacia el presidente Putin.
