El pasado domingo 13 de junio, una cobradora de multas llamó a la puerta de Diosvany Zalazar Rodríguez, miembro del Frente Antitotalitario Unido (FANTU). Zalazar esperaba que la joven le pidiera entregar 6.000 CUP, la suma de las dos sanciones que le fueron impuestas hace un año por violar el Decreto Ley 370, conocido también como “Ley Azote”. Sin embargo, solo tenía registrada una multa.
–Yo no voy a pagar ninguna multa porque yo no cometí ningún delito. Si usted quiere, dígale a Díaz-Canel que la pague.– le dijo Zalazar, y luego le contó el motivo de aquella sanción.
En mayo de 2020, al activista de FANTU fue sancionado con 3.000 CUP por violar el Decreto Ley 370, una ley arbitraria que respalda la práctica de la censura y normaliza la falta de libertad de expresión en internet en la Isla. Días después, le llegó otra multa a pagar de igual monto por igual motivo. No pagó ninguna de las dos.
–Todo fue por publicar en redes sociales que el pueblo tiene hambre y los Castro no. Ah, y por subir fotos de colas por comida. Yo no puse una bomba, yo no hice daño a nadie. Solamente ejercí mi derecho a expresarme y señalé las necesidades que el pueblo vive. Solo eso. Pero el cubano no puede reclamar sus derechos, no tiene libertad de expresión. Y si te atreves a protestar, te aplastan.– contó el activista a YucaByte.
Diosvany Zalazar supo poco después de que le impusieran las multas lo que significa ser «aplastado» por el régimen cubano. En junio de 2020, fue detenido en dos ocasiones, interrogado y luego abandonado en medio de un monte, todo por sus vínculos con el FANTU y sus publicaciones en redes sociales.
–Me apretaron mucho las esposas. No me dieron golpes, que fue lo único que faltó. Por esa parte me salvé. Pero las esposas sí me hicieron daño en las muñecas. Recuerdo que la segunda vez que me dejaron abandonado en medio de la nada, llovió. Y me habían quitado los zapatos, el celular y mi cartera, con 50 dólares y 200 CUP. No me devolvieron nada.– recordó Zalazar.
Luego de las detenciones, y hasta la fecha, el activista Diosvany Zalazar dijo recibir esporádicamente llamadas desde números privados, en las cuales una persona que no se identifica promete “romperle la cara” si continúa su activismo y, sobre todo, publicando “contenido contrarrevolucionario” en redes sociales.
–Al final, la muchacha de la multa se fue. Ahora lo que temo es que, por no pagarla, me quieran llevar a los tribunales.
El Decreto Ley 370, o Ley Azote, contempla en su artículo 68, inciso i, la aplicación de multas sobre aquel que publique en internet contenido contra “la moral y las buenas costumbres”. Estos términos tan ambiguos, son interpretados por el régimen como cualquier cosa que ponga en evidencia la escasez de productos de primera necesidad en el país o la represión sobre activistas, artistas y periodistas independientes.
Varias organizaciones internacionales se han pronunciado en contra de la Ley Azote, como es el caso de Amnistía Internacional a inicios del presente año. De igual forma, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su “45to Informe Anual sobre Derechos Humanos” correspondiente al año 2020, denunció la existencia de esta ley represiva. Este mismo organismo gubernamental publicó el pasado 12 de mayo su “Informe sobre Libertad Religiosa Internacional”, en el que señala que el Decreto Ley 370 ha sido usado en Cuba para limitar intimidar y castigar a líderes religiosos no alineados a la política del régimen.
Más recientemente, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, en cuyo apartado D, se reconoce que el Decreto Ley 370 “establece un marco legal ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19”. Más adelante, este documento exige la “derogación inmediata” de la Ley Azote.
