Secretario de Estado Antony Blinken. Foto: Departamento de Estado
El pasado 30 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presentó el “45to Informe Anual sobre Derechos Humanos” correspondiente al año 2020. Este documento, redactado por el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, detalló la situación de 198 países respeto a las libertades civiles, sexuales y políticas.
Honored to release the 45th annual Human Rights Report. It demonstrates that human rights, transparency and accountability are at the forefront of U.S. foreign policy. We acknowledge the work ahead and expect all nations to respect human rights and fundamental freedoms. #HRR2020 pic.twitter.com/G7BO475AoG
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021
En el preámbulo del apartado correspondiente a la situación de Cuba en materia de derechos humanos, el informe revela que “el gobierno se dedicó a la censura y el bloqueo de sitios de Internet”, una idea que argumenta con hechos a lo largo del documento, junto a otras relacionadas con la falta de libertades políticas, detenciones arbitrarias, muestras de racismo institucional, etc.
Respecto el uso de las tecnologías para reprimir o impedir la libertad de expresión, el informe llama la atención sobre el frecuente uso de la vigilancia electrónica a “periodistas extranjeros, funcionarios extranjeros visitantes, diplomáticos, académicos y empresarios”. De esta vigilancia, el Departamento de Estado de Estados Unidos responsabiliza a “agentes de la Dirección General de la Seguridad del Estado” del Ministerio del Interior (MININT).
“La vigilancia arbitraria por parte del gobierno de la actividad en Internet fue generalizada y, con frecuencia, daba lugar a causas penales y represalias contra personas que ejercían sus derechos humanos. Los usuarios de Internet debían identificarse y aceptar que no utilizarían Internet para nada que pudiera considerar perjudicial para la seguridad pública”, detalla el informe, aludiendo al Decreto Ley 370, conocido en Cuba como “Ley Azote”.
Más adelante, el documento critica el hecho de que el acceso a Internet en Cuba sea proporcionado por una única “empresa monopolística estatal” (ETCSA), lo cual da “autoridad legal irrestricta y no regulada” al gobierno para monitorear el uso de correos electrónicos, redes sociales, y salas para la navegación en Internet.
“El gobierno utilizó una combinación de bloqueo de sitios web, presión sobre los operadores de sitios web, arrestos, intimidación, encarcelamiento y vigilancia sin restricciones para censurar la información crítica al régimen y silenciar a sus críticos.”, resalta el informe, el cual reconoce también que los ciudadanos cubanos suelen burlar la censura mediante VPNs.
Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que en 2020 el gobierno cubano aumento la cantidades de puntos de acceso Wi-Fi, así como el servicio de datos móviles. Sin embargo, criticó los elevados precios del Internet en la Isla, y especificó que los paquetes con mejores servicios excedieron durante ese año el salario mensual promedio.
“Las autoridades revisaron el historial de navegación y el correo electrónico de los usuarios y bloquearon el acceso a sitios web que el gobierno consideró objetables. La cantidad de sitios web bloqueados fluctuó. El gobierno bloqueó aproximadamente 20 sitios web de forma regular, incluidos medios de comunicación como CiberCuba, 14yMedio, CubaNet, ADN Cuba, Tremenda Nota, Martí Noticias, y otros sitios críticos con la política de derechos humanos del gobierno”.
El documento también refirió al bloqueo por parte de las autoridades cubanas del sitio web del informe “Libertad en el Mundo 2020”, de Freedom House, en el cual Cuba obtuvo 14 puntos de 100 posibles sobre libertades políticas y civiles. Esta cifra convertía a Cuba en el país que menos libertades de este tipo permite en América Latina.
Según el “45to Informe Anual sobre Derechos Humanos”, el gobierno cubano bloqueó selectivamente las comunicaciones entre activistas y periodistas en momentos puntuales para evitar que se organizaran o que informaran sobre el acoso del régimen. El informe hace especial hincapié en lo sucedido el 30 de junio de 2020, cuando varios activistas y periodistas iban a protestar por el asesinato de Hansel Hernández a manos de la policía y la Seguridad del Estado les prohibió salir de sus viviendas y les cortó la conexión a Internet al menos a 20 de ellos.
1) Varios activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil cubana denuncian hoy que @ETECSA_Cuba les ha cortado el servicio de acceso a internet.
— YucaByte (@YucaByte) June 30, 2020
“Los activistas de derechos humanos informaron sobre la supervisión y la interrupción frecuentes de los servicios de telefonía por parte del gobierno antes de los eventos planificados o fechas claves relacionadas con los derechos humanos. ETECSA desconectó con frecuencia el servicio de telecomunicaciones de los activistas de derechos humanos, a menudo justo antes de que estos fueran detenidos por la Seguridad del Estado para interrumpir sus actividades panificadas. Por ejemplo, la artista Tania Bruguera informó que su acceso a Internet fue bloqueado (…) después de que participó en las protestas del 27 de noviembre y posteriormente fue confinada ilegalmente bajo arresto domiciliario”.
El texto también mencionó el acoso en redes sociales sufridos por activistas a manos de empleados del gobierno que ejercen de “trolls” (en Cuba conocidos por “ciberclarias”), así como las restricciones sobre la importación de “enrutadores inalámbricos” y el desmantelamiento de la SNet.
