Adriana Labardini es una abogada mexicana especialista en TIC y consejera de Rhizomática. Foto: cortesía Sulá Batsú.
Mientras en América Latina muchos gobiernos trabajan junto a la sociedad civil para desarrollar mecanismos que faciliten la conexión digital entre los ciudadanos, en Cuba el gobierno restringe el desarrollo autónomo de las redes comunitarias.
En julio pasado, por ejemplo, entraron en vigor las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), que regulan, sobre todo, el uso del espectro radioeléctrico por personas naturales. Las resoluciones ilegalizan las redes de datos de mediano y largo alcance que no esté bajo el control directo de una institución estatal, como la conocida Snet.
Con más de 15 años de experiencia conectando a miles de cubanos, Snet pasó de la alegalidad a la ilegalidad. Solo sobreviviría “integrada”— absorbida en realidad— a una nueva red operada por los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE), una entidad estatal supervisada por el Ministerio de las Comunicaciones de Cuba (MINCOM).
La red de los Joven Club (TinoRed) estaría creando capacidades y utilizando “infraestructuras de otras entidades” para dar acceso wifi a los usuarios que adquieran licencias para redes de corto alcance. Sin embargo, solo 33 de las 644 instalaciones que pertenecen a JCCE en todo el país, cuentan hasta ahora con servicios de conexión wifi.
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Cuando se habla de conectar Latinoamérica no podemos dejar de mencionar a Rhizomática, una organización que comenzó en 2009 para hacer posible una infraestructura de telecomunicaciones alternativa, dirigida a personas que enfrentan regímenes opresivos, amenazas de desastres naturales o viven en lugares que se consideran demasiado pobres o aislados, donde no llegan las grandes compañías tecnológicas.
Su misión consiste en aumentar el acceso y la participación en las telecomunicaciones mediante el apoyo a esas comunidades para construir y mantener una infraestructura de comunicación propia y autónoma.
Taller en Costa Rica reflexiona sobre importancia de redes comunitarias en Latinoamérica. Foto: cortesía Sulá Batsú.
En el marco del taller tecnológico Regulando para la inclusión, desarrollado en Costa Rica los días 26 y 27 de septiembre, YucaByte conversó con Adriana Labardini, una abogada que se ha convertido en consejera de Rhizomática y especialista en TIC.
¿Cómo ha sido el trabajo con las comunidades indígenas en México?
“Ha sido un proyecto social, organizativo, tecnológico y de optimización de los recursos de las comunidades, para acompañarlos en el proceso de toma de decisiones sobre qué tipo de conectividad necesitan, qué tecnologías dentro de su medio geofísico son las idóneas.
“Partimos de principios teóricos muy importantes: respeto de la autonomía de los indígenas, derecho que tienen a autorregirse y tomar las decisiones, y cuando la comunidad lo organiza y discute pues ellos empiezan por sí mismos a organizarse.
“Además, se capacita a un joven de la comunidad para que opere esa red, administre a los usuarios que quieren sumarse, reciba los pagos de una tasa plana que no excede los dos dólares al mes por tener voz y mensajes de textos y en algunos casos internet y llamadas de larga distancia”, comentó.
La batalla por utilizar el espectro radioeléctrico
“Un marco regulatorio incluyente puede hacer la diferencia. Las comunidades necesitan el acceso al espectro si lo que quieren es una red de radio y comunicaciones. México dio una lucha de muchos años por parte de la sociedad civil y logró en 2013 incluir a nivel constitucional que hubiesen concesiones de uso social para radio, televisión y telecomunicaciones.
“Esto les permite el acceso al espectro fuera de subasta como una asignación directa por la que no tiene que pagar. Tanto las radios sonoras comunitarias e indígenas tienen acceso a frecuencia de AM o FM, que reciben gratuitamente”.
Problemas que persisten
“En el caso de telecomunicaciones, por ejemplo, una red de telefonía celular que solicitaron varias comunidades mixtecas de Oaxaca, se les asignaron 4 megahertz en la banda de 800 para montar su red celular; si bien el regulador les dio la concesión, por otro lado el Congreso de la Unión no se dio cuenta que había que eliminar cualesquiera pago de espectro para telecomunicaciones en manos de pueblos indígenas y entonces han tenido exigencias de pago por el uso del espectro como si fueran una red comercial.
“Después de largos litigios que consumieron recursos, ganaron la batalla legal y se les exentó de este pago”, contó la abogada a YucaByte.
¿Cuál es la importancia de las redes comunitarias en Latinoamérica?
“Son un modelo que genera autonomía, conocimiento técnico, social y económico de cómo montar una red, cómo operarla, cómo organizar a la comunidad para que produzca contenidos relevantes, mejorar la economía y condiciones de salud locales.
“Es una red sostenible, porque no solo brinda servicios que sí son accesibles a los pueblos —TIC cobra una tarifa plana de 42 pesos mexicanos al mes (2 dólares) por mensajes y llamadas ilimitados dentro de las comunidades conectadas, y de ese dinero se pagan todos los costos de operación y lo restante se invierte en la comunidad—, sino que se está generando también un crecimiento económico desde las comunidades rurales vulnerables que les permite generar una prosperidad entendida bajo sus principios y sus valores locales”.
