La serie de ensayos sugiere que el embargo es un problema esencialmente semántico, lo que hace innecesario entrar en las minucias de la legislación, algo que ya han hecho otros. Paralelamente, el dossier se ocupa del doble problema del bloqueo y sus usos, una dualidad que merece ser salvada de la metatranca y el manoseo de los diletantes.
Cortes de internet dirigidos a individuos específicos, multas de 3000 pesos por el Decreto-Ley 370, ataques a activistas en páginas asociadas al gobierno cubano y acoso por videollamadas o en redes sociales son algunas de las violaciones de derechos digitales a la ciudadanía cubana documentadas en octubre.
Las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram han eliminado cuentas y limitado perfiles asociados al gobierno cubano que promovían la narrativa gubernamental, el ciberacoso y la difamación de activistas y periodistas independientes.
A pesar del discurso sobre “informatización de la sociedad” que tanto repiten las autoridades cubanas, el mal funcionamiento de aplicaciones digitales y el desabastecimiento han hecho que la gente siga acudiendo a los métodos tradicionales para adquirir alimentos, pagar por bienes o usar el transporte público.
Cuba es calificado como uno de los países con menos libertad de internet en el mundo, según el más reciente informe de la ONG Freedom House, bajando su calificación con respecto al año pasado.
En un país donde la crisis del transporte público es un problema que parece eterno, empresas gubernamentales desarrollan una aplicación que permitiría saber la posición en tiempo real de los autobuses en La Habana.
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