El activista y protector de los animales cumple una condena de dos años de reclusión por expresar su opinión en redes sociales. Aunque reúne todos los requisitos legales, las autoridades cubanas le han negado la libertad condicional en tres ocasiones.
Cuba cerró el año 2024 con un aumento en las violaciones de derechos digitales, incluyendo detenciones arbitrarias, cortes masivos y selectivos de internet, y el uso de la censura como herramienta represiva. Mientras activistas y periodistas enfrentan cargos por compartir contenidos en redes sociales, el régimen estrecha lazos con China para reforzar su control sobre el ciberespacio, consolidando una estrategia de vigilancia y represión en un país cada vez más conectado pero silenciado.
Yeris Curbelo Aguilera, periodista independiente cubano, fue condenado a dos años de prisión en un juicio marcado por irregularidades y arbitrariedades. Acusado de «lesiones leves» pese a ser víctima de un ataque, su caso refleja la estrategia del régimen cubano de criminalizar a opositores con delitos comunes. Curbelo ha enfrentado años de hostigamiento por su labor periodística y activismo, mientras su familia lidia con el impacto económico y psicológico de la represión.
Francisco Rangel Manzano, opositor cubano de 63 años, enfrenta una condena injusta tras su breve participación en las protestas del 11J en Colón, Matanzas. Su caso refleja el patrón represivo del régimen cubano contra los disidentes: arrestos arbitrarios, juicios manipulados y condiciones inhumanas en prisión. A pesar de la persecución, tanto él como su familia continúan denunciando las violaciones de derechos humanos en la Isla
Migdel Martínez del Toro, un joven carpintero cubano de 32 años, cumple una condena de siete años de cárcel por publicar críticas contra el régimen en Facebook. Su caso, marcado por torturas, un juicio sin garantías y condiciones inhumanas en prisión, es un ejemplo del uso del sistema judicial cubano para silenciar la disidencia. Desde su arresto en 2023, Migdel se ha convertido en un símbolo de la represión ejercida contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en la Isla.
La entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social el 4 de octubre marcó otro retroceso en materia de derechos humanos. Como ocurrió en 2022, cuando se diseñó y aprobó un nuevo Código Penal, el régimen intensificó las amenazas contra periodistas y activistas. Como resultado, varios de ellos renunciaron públicamente a su colaboración con medios independientes.
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