Adrián Góngora, Taimir García y Damián Hechavarría mantienen la condición de presos políticos desde el pasado 21 de abril de 2021, cuando la casualidad los unió en una protesta pacífica contra el régimen cubano.
Desde el pasado 11 de julio, varios menores de edad han sido detenidos por motivos políticos. 14 de ellos continúan en prisión. ¿Qué hace y qué puede hacer la sociedad civil cubana por su liberación?
En noviembre de 2024, Cuba enfrentó una crisis energética y comunicativa sin precedentes. La segunda caída del Sistema Electroenergético Nacional en menos de un mes dejó a la Isla sin electricidad ni internet por días. Mientras los presos políticos permanecen incomunicados y en condiciones extremas, el régimen refuerza su control represivo con inspectores de la Ley de Comunicación Social y otras normativas que restringen las libertades digitales.
En septiembre de 2024, Cuba vivió un recrudecimiento de la represión digital. La censura y las amenazas llevaron al encarcelamiento de periodistas y obligaron a renuncias forzadas en medios independientes. El bloqueo de 73 sitios web y la lentitud de conexión afectan gravemente el acceso a la información en la isla. Además, presos políticos enfrentan condiciones críticas sin atención médica, y aplicaciones de mensajería segura, como Signal, han sido bloqueadas, limitando la comunicación segura y aumentando el control estatal sobre la libertad de expresión en Cuba.
En los dos últimos años, la población de presos políticos en Cuba ha aumentado considerablemente. Las organizaciones independientes calculan un subregistro de 800 encarcelados, desde las históricas protestas del 11J
En los últimos cuatro años los cubanos en la Isla han vivido una represión sin precedentes: más de 1.000 presos políticos con condenas de hasta 30 años por salir a la calle a protestar, cientos de periodistas y activistas exiliados, detenciones arbitrarias e interrogatorios casi a diario.
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