El atraso de la telefonía y la conexión de Internet en la isla se debe más a una motivación política que a obstáculos financieros o tecnológicos. Importantes inversiones internacionales están subutilizadas porque el gobierno no está solucionando los cuellos de botella que se generan en el sistema. Los perjudicados son los usuarios, que tienen que hacer malabares para conectarse.
A medida que aumenta el uso de plataformas de comercio electrónico en Cuba, también crecen los cibercrímenes.
En septiembre de 2020, Juan Luis Bravo Rodríguez fue sancionado a prisión por negarse a pagar una multa relacionada con el Decreto Ley 370.
Activistas, periodistas independientes y familiares de presos políticos continúan en la diana de ETECSA, la cual los hostiga mediante cortes de servicios de internet y telefonía móvil.
El régimen publicó su anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, una normativa que parece garantizar los derechos de las personas sobre el manejo de sus datos pero que, a la larga, los limita.
La exportación de servicios de telecomunicaciones es una fuente importante de ingresos para el gobierno cubano. El negocio tiene la ventaja de que es uno de los pocos sectores a los que el embargo no lo toca, aunque La Habana asegure lo contrario.
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