Ilustración: Alejandro Cañer
Un programa concebido para fortalecer la participación democrática, la representación social y los derechos en Cuba presupuestó cerca de 1,9 millones de euros para sindicatos oficiales, una organización de masas y entidades vinculadas al sistema estatal de salud. La documentación pública permite conocer cómo se distribuyó ese presupuesto y qué organizaciones fueron seleccionadas, pero no reconstruir con la misma precisión cuánto recibió finalmente cada contraparte ni qué parte se tradujo en beneficios verificables para la población.
Entre 2017 y 2021, OpenAid, el portal oficial de transparencia de la Cooperación Belga al Desarrollo, consignó un presupuesto de 2.318.993 euros para dos partes de una misma intervención en la Isla: 2.104.295 euros para la gestionada por el Fondo de Cooperación al Desarrollo – Solidaridad Socialista (FOS, por sus siglas en neerlandés) y 214.698 euros para la correspondiente al Instituto de Formación Sindical Internacional (IFSI/ISVI). El FOS tiene sede en Flandes; el IFSI desarrolla la cooperación sindical internacional vinculada a la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB, por sus siglas en francés; ABVV en neerlandés), una de las principales centrales sindicales del país.
El documento técnico SDZ20 establecía 2.396.358,79 euros en gastos operacionales para Cuba: 1.882.519,37 para nueve contrapartes, 466.339,42 para la oficina local y 47.500 para la sede. AidStream publica, además, cinco presupuestos anuales que suman 2.374.698 euros. Ninguna de esas cifras coincide con los 2.318.993 euros que OpenAid registra actualmente para las dos partes de la intervención. La documentación pública no permite conciliar por completo las diferencias ni conocer los desembolsos finales. Como referencias, este reportaje utiliza 2.318.993 euros para el presupuesto total actualmente registrado y 1.882.519,37 euros para la partida inicialmente prevista para las nueve contrapartes.
El presupuesto operacional previsto para Cuba se distribuía de la siguiente manera:
Los recursos eran fondos públicos belgas, canalizados por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria (DGD), adscrita al Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores, a través del FOS y el IFSI/ISVI.
Los 1.882.519,37 euros fueron presupuestados para la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); cinco estructuras sindicales nacionales; la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX); y la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades (UPP).
Las estructuras sindicales eran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC); el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, rama Industria Ligera (SNTI RIL); la rama metalúrgica del SNTI (SNTI RMETAL); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP); y el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros (SNTA). Todas estaban integradas en la estructura sindical encabezada por la CTC.
Sin embargo, la información pública disponible no permite reconstruir con precisión cuánto recibió finalmente cada entidad. El registro IATI del IFSI incluye compromisos, desembolsos y gastos por año, pero no una relación completa y coherente de lo recibido por cada contraparte; varias entradas aparecen en cero o modifican la clasificación del receptor. En la ficha del FOS, numerosas transacciones figuran como “Not Available” (“No disponibles”). Los 1,88 millones de euros corresponden, por tanto, al presupuesto previsto para las nueve contrapartes y no permiten afirmar cuánto llegó finalmente a cada una.
Un programa bajo la categoría de “Participación democrática y sociedad civil”
La parte gestionada por FOS aparece en OpenAid dentro del sector “Government and civil society – Democratic participation and civil society” (“Gobierno y sociedad civil – Participación democrática y sociedad civil”). Esa categoría corresponde al código 15150 del sistema del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En OpenAid, sin embargo, la parte gestionada por el IFSI figura en el sector “Infraestructura social – Política de empleo y gestión administrativa”. El documento técnico SDZ20 señala para ambos componentes: “Sector principal FOS: CAD 15150 (Sociedad Civil)” y “Sector principal IFSI: CAD 15150 (Sociedad Civil)”. En los datos publicados por el IFSI bajo el estándar IATI, su parte del programa aparece igualmente bajo el código 15150. La documentación pública consultada no permite determinar por qué OpenAid presenta una clasificación sectorial distinta para la parte gestionada por el IFSI.
IATI —International Aid Transparency Initiative o Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda— es un estándar internacional mediante el cual gobiernos, organismos de cooperación y ONG publican datos estructurados sobre proyectos, presupuestos, organizaciones participantes y movimientos financieros.
La clasificación bajo el código 15150 contrasta con la naturaleza institucional de varias de las contrapartes cubanas. La OCDE define ese código como apoyo a la participación democrática y ciudadana. Incluye el respaldo a organizaciones capaces de representar y defender a sus miembros, relacionarse con los gobiernos, supervisarlos y exigirles rendición de cuentas.
En Cuba, esta clasificación se aplica en un marco jurídico que restringe el reconocimiento de organizaciones independientes. La Ley 54 de Asociaciones exige autorización del Ministerio de Justicia para constituir las asociaciones comprendidas en su ámbito. Sin embargo, la propia norma excluye de su ámbito de aplicación a las organizaciones de masas ―que en Cuba tienen carácter político― y sociales, además de otras categorías.
Los estándares internacionales de cooperación conciben a la sociedad civil como un ámbito diferenciado del Estado. La OCDE incluye entre las organizaciones de la sociedad civil a entidades no estatales y autogobernadas, capaces de representar intereses colectivos. En Cuba, sin embargo, algunas de las contrapartes seleccionadas por el programa pertenecían directamente al sistema estatal o eran organizaciones integradas en la estructura institucional oficial.
El FOS reportó a organismos oficiales cubanos como ONG
En AidStream, la plataforma donde el FOS publica sus datos bajo el estándar IATI, la CTC, el SNTC, el SNTI RIL, el SNTIAP y el SNTA aparecen bajo la categoría de “Regional NGO”, mientras que a la FMC, al CENESEX y a la UPP los registró como “National NGO”. En los datos publicados por el IFSI para su parte del programa ocurre algo similar: el SNTI aparece como organización implementadora y como “Regional NGO” dentro de una actividad reportada bajo el sector “Democratic participation and civil society”.
Aunque la normativa belga contempla una categoría más amplia de “socio local”, que podría incluir organizaciones de la sociedad civil, instituciones de interés público o autoridades descentralizadas, en los datos publicados por el FOS y el IFSI bajo el estándar IATI las contrapartes cubanas fueron reportadas como ONG.
El expediente justificó la selección de la FMC, el CENESEX y la UPP porque trabajaban con grupos vulnerables y podían incidir en políticas, ejercer control social y reclamar derechos. No explicó por qué el FOS las reportó como ONG pese a que eran, respectivamente, una organización de masas y dos entidades vinculadas al sistema estatal de salud.
La FMC: 265.730 euros presupuestados para una organización de masas
El documento técnico muestra un presupuesto de 265.730 euros para la FMC, una entidad descrita expresamente como una organización de masas, pero reportada en IATI bajo la categoría de “National NGO – Implementing”.
En su estrategia para Cuba, el FOS detalló que trabajaría con ocho contrapartes —“cuatro sindicatos ramales, una central sindical, una organización de masas y dos centros de referencia”—, a las que se sumaba una novena vinculada a la rama metalúrgica del SNTI y gestionada por el IFSI/ISVI. La organización de masas era la FMC, definida textualmente en el expediente: “Es la organización de masas que representa a la mujer cubana”.
El proyecto pretendía utilizar la red de estructuras locales de la FMC en todo el país para desarrollar actividades relacionadas con salud, prevención, derechos sexuales y protección social.
Mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reunido con Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC. La Habana, marzo de 2025. Foto: Estudios Revolución.
El CENESEX y la UPP: casi 350.000 euros presupuestados para dependencias del Ministerio de Salud
El documento técnico también recoge un presupuesto de 348.793,54 euros para el CENESEX y la UPP, dos entidades pertenecientes a la estructura del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP): 235.893,54 euros para la primera y 112.900 euros para la segunda. Pese a su naturaleza pública e institucional, el FOS reportó a ambas en IATI bajo la categoría de “National NGO – Implementing”.
La subordinación del CENESEX al Estado cubano está documentada por fuentes oficiales. En 2020, su directora, Mariela Castro Espín —hija de Raúl Castro Ruz—, escribió en el diario oficial Granma que la entidad estaba subordinada al MINSAP desde 1988. Un año antes, el mismo periódico había publicado que se trataba de una “institución del Estado cubano”.
La UPP presenta un caso similar: forma parte de la estructura del ministerio; un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 2024 la identificó como la “Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública”.
Por otro lado, la financiación no se limitaba a actividades concretas. El documento técnico SDZ20 especifica que parte de los recursos estaba destinada al “fortalecimiento organizativo e institucional” de las entidades participantes. En los casos del CENESEX y la UPP, eso implicaba que fondos públicos belgas habían sido presupuestados también para fortalecer las capacidades de dos entidades pertenecientes al sistema estatal de salud cubano.
La CTC: el sindicalismo oficial como destinatario
La mayor partida prevista para una contraparte cubana correspondía a la CTC: 346.500 euros. Además, cinco partidas del presupuesto estaban destinadas a sindicatos integrados en su estructura.
El objetivo declarado era fortalecer a los sindicatos para que defendieran mejor los derechos laborales. El expediente señalaba que los dirigentes sindicales debían prepararse para nuevas formas de negociación ante la expansión del trabajo por cuenta propia, impulsada desde 2010 como parte de las reformas promovidas por Raúl Castro Ruz.
El programa también identificaba problemas como el elevado número de reclamaciones laborales, la insuficiente incorporación de cláusulas de seguridad y salud en los convenios colectivos y la escasa discusión de asuntos económicos en las asambleas sindicales.
Pese a ese contexto, los recursos destinados al ámbito sindical fueron dirigidos a la CTC y a sindicatos integrados en su estructura. Ninguna organización sindical independiente aparece entre las contrapartes incluidas en el presupuesto del programa.
El grado en que esa estructura defendía los intereses de sus afiliados también era cuestionado. En 2021, el IV Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicó que el 57% de los afiliados encuestados consideraba que su sindicato defendía poco o nada sus derechos laborales.
La elección de la CTC resulta relevante porque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reclamado a Cuba garantías para que los trabajadores puedan constituir sindicatos fuera de la estructura oficial. El Gobierno sostiene que la central única responde a la voluntad de los trabajadores y a una tradición de unidad; los órganos de control de la OIT, sin embargo, insisten en el derecho a crear organizaciones distintas.
Durante toda la ejecución del programa estuvo abierto el caso 3271, presentado en diciembre de 2016 por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), con alegaciones de hostigamiento, detenciones, agresiones, despidos e injerencia antisindical. En junio de 2026, el Comité de Libertad Sindical volvió a pedir al Gobierno que garantizara el reconocimiento, el funcionamiento y las actividades de la organización.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, dijo a YucaByte que entre 2017 y 2021 las posibilidades legales de organizar sindicatos independientes eran “nulas” y que quienes lo intentaban sufrían despidos, acoso policial y violencia. Definió a la CTC como una “correa de transmisión” del Partido Comunista y el Gobierno, sin autonomía frente al Estado ni las empresas estatales. Fue hacia esa estructura oficial que el programa dirigió todos sus recursos sindicales.
El sindicalista señaló que las solicitudes de reconocimiento de organizaciones como la ASIC son ignoradas por el Ministerio de Justicia y sostuvo que los reclamos sindicales desarrollados fuera de la CTC encuentran obstáculos para ejercer la negociación colectiva o el derecho a huelga.
En el sector metalúrgico, el programa buscaba elevar la afiliación de trabajadores no estatales al SNTI: del 77% en 2017 al 86,5% en 2019 y al 100% en 2021. En 2019 alcanzó el 82,4% —27.619 de 33.500 trabajadores—; posteriormente, el IFSI detuvo el proyecto y dejó de seguir el indicador. También pretendía sumar 510 participantes activos a las asambleas, pero el registro consultado no permite comprobar ese resultado. El fortalecimiento incluía, por tanto, ampliar la afiliación a la estructura sindical oficial.
¿Qué resultados pueden verificarse?
El programa pretendía mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la protección social y elevar la calidad de vida de trabajadores y grupos vulnerables. Entre sus metas para el ámbito sindical estaban reducir en un 20% las reclamaciones laborales al tercer año e incrementar en igual proporción la inclusión de cláusulas de seguridad y salud en los convenios colectivos y la discusión de asuntos económicos en las asambleas sindicales. Para el cierre de la intervención, la mejora prevista era del 50%. La documentación pública consultada no permite comprobar el grado de cumplimiento de esas metas.
En seguridad y salud laboral, el registro IATI del IFSI informa que el total de inspectores sindicales formados pasó de una línea base de 826 a 1.238, frente a una meta de 1.201. Aunque el indicador había sido formulado inicialmente en términos de “casos resueltos”, los datos publicados contabilizan inspectores formados y no precisan cuántos problemas fueron solucionados. Tampoco detallan el contenido ni la duración de las capacitaciones.
Una evaluación final externa, encargada por FOS e IFSI/ISVI a ACE Europe, utilizó revisión documental, entrevistas, talleres y grupos focales, por lo que sus hallazgos se apoyaron en buena medida en las percepciones de los participantes. El informe registró avances en capacitación, funcionamiento organizativo y acciones vinculadas con derechos laborales y sexuales, pero reconoció que los evaluadores no pudieron comprobar todos los cambios ni analizar exhaustivamente la contribución de cada socio. También advirtió que los siete casos estudiados eran exitosos y no permitían generalizar los resultados.
Contrapartes del programa y violaciones de derechos humanos
Durante la ejecución del programa, algunas contrapartes organizaron actos de repudio o respaldaron respuestas contra manifestantes; otras adoptaron decisiones o estuvieron presentes en episodios represivos. La evidencia no atribuye a todas el mismo grado de intervención, y los documentos consultados no permiten afirmar que los fondos belgas financiaran esas acciones.
En mayo de 2019, el CENESEX canceló su tradicional Conga contra la Homofobia y la Transfobia por indicación del Ministerio de Salud Pública y llamó a no participar en una marcha independiente convocada posteriormente por activistas LGBTI. Mariela Castro Espín descalificó la movilización, que fue reprimida por agentes estatales. Las fuentes documentan la oposición del CENESEX a la convocatoria y la represión policial, pero no la participación del centro en el operativo.
En diciembre de 2020, la FMC organizó un acto de repudio contra la periodista independiente Iliana Hernández frente a su vivienda en Cojímar. Alrededor de un centenar de personas exhibieron banderas de la organización y profirieron consignas, ofensas y descalificaciones. Al día siguiente, la Federación defendió el derecho de sus integrantes a “repudiar enérgicamente” las manifestaciones contrarias a la Revolución.
El 27 de enero de 2021, según Amnistía Internacional, representantes del Ministerio de Cultura y de la FMC presenciaron un operativo en el que agentes estatales y funcionarios públicos golpearon, empujaron y detuvieron a artistas, periodistas y activistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también documentó las agresiones y detenciones. La fuente acredita la presencia de representantes de la FMC, no su intervención directa en la violencia.
En el caso de la CTC, Granma informó que Alfredo Vázquez Pérez, secretario general de la organización en La Habana, “no perdió un segundo en sumar fuerzas” para contrarrestar las protestas del 11 de julio de 2021, aunque reconoció que inicialmente las personas estaban reunidas de manera pacífica. Días después, la CTC y los sindicatos nacionales expresaron su “firme respaldo” a la respuesta estatal.
La trazabilidad pendiente
La cuestión no radica en especular sobre desvíos o malversaciones, sino en responder cuánto dinero recibió cada contraparte, cómo lo utilizó y qué mecanismos aplicaron los cooperantes belgas para comprobar sus resultados. Los registros muestran, además, que fondos públicos destinados a promover la participación democrática, la sociedad civil y los derechos fueron presupuestados para fortalecer organizaciones oficiales que, durante el mismo período, organizaron actos de repudio, movilizaron estructuras contra manifestantes o respaldaron respuestas estatales represivas. La documentación no establece que el dinero belga financiara esas acciones, pero convierte la selección y supervisión de las contrapartes en un asunto de interés público.
Nota: Entre el 11 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, YucaByte solicitó comentarios a Kwaku Acheampong, del FOS; a Yves Van Gijsel, representante del FOS en Cuba; a Yolanda Lamas, del IFSI/ISVI; a Nico Cue, del Sindicato de Metalúrgicos Valonia-Bruselas (MWB); a Tangui Cornu, de FGTB HORVAL; a Erik Van Deursen, de ABVV West-Vlaanderen; a Koen Vanbrabandt, de ABVV AC/CG; a Patrick Verertbruggen, de NVSM; a la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de Bélgica (DGD); a María del Carmen Rodríguez Reyes, de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); a Teresa Amarelle Boué, de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); a Teresa Fernández González, del CENESEX; y a Rosaida Ochoa Soto, de la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Algunas de las solicitudes fueron reiteradas durante ese período. Al cierre de esta investigación, no se había recibido respuesta de ninguno de los consultados.
