Ricardo Román Suárez Marrero pasó más de dos décadas dentro de la Contrainteligencia cubana antes de ser acusado por el mismo sistema al que sirvió. Nacido en Camagüey, residente en Las Tunas y jubilado del Ministerio del Interior (MININT), fue detenido el 15 de diciembre de 2023 y condenado a 18 años de prisión.
Aunque ya estaba retirado, Suárez Marrero tuvo que afrontar un juicio militar. La sentencia, dictada el 29 de julio de 2024, lo declaró culpable de “espionaje”, “revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado” y cuatro delitos de “desacato”. Hoy, a los 60 años, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey.
Suárez Marrero no es un opositor tradicional. Durante 26 años formó parte del MININT y ocupó cargos en la Contrainteligencia, una estructura señalada por la vigilancia y persecución de voces críticas. Aun así, el caso ha generado cuestionamientos por la severidad de la condena, el uso de la vía militar y la amplia interpretación que hicieron las autoridades sobre el delito de “espionaje”. El proceso se apoyó en publicaciones en redes sociales y documentos internos hallados en su vivienda, pero no demostró una amenaza concreta a la seguridad nacional.
De las “vías internas” al perfil de Manfredo Pirotto
La familia de Suárez Marrero presenta su ruptura con el régimen como un proceso gradual que comenzó mucho antes de sus publicaciones en redes sociales. Su hija, Massiel María Suárez Pérez, aseguró a YucaByte que su padre empezó a cuestionar el sistema durante sus años de servicio en la Contrainteligencia.
Fue en ese periodo cuando comenzó a observar dinámicas de “corrupción, manipulación de información, impunidad de ciertos dirigentes, detenciones de opositores, manipulaciones electorales y alteraciones de indicadores económicos”.
“Primero intentó denunciar esos hechos por vías internas, pero al no recibir respuestas ni cambios, fue desarrollando una postura cada vez más crítica sobre el sistema”, apunta su hija.
Sus primeras críticas públicas aparecieron como comentarios a artículos del medio estatal Cubadebate: en julio de 2020, cuestionó las trabas estatales hacia los productores agrícolas, al señalar el perjuicio ideológico de asumir que un mayor nivel de vida contradecía el socialismo. En diciembre de ese año, calificó de “insultantes para el pueblo trabajador y los jubilados” los aumentos de precios tras la llamada Tarea Ordenamiento.
A partir de 2021, la disidencia de Suárez Marrero se trasladó a Facebook bajo el seudónimo de Manfredo Pirotto. Desde esa cuenta denunció el adoctrinamiento político, la propaganda oficial, la manipulación electoral, el funcionamiento del MININT y el desgaste de las estructuras de poder.
Una de esas publicaciones, por ejemplo, cuestiona la consigna “¡Patria o Muerte! Venceremos”, a la que llamó “obsoleta, manipuladora e infame”. “Nunca fue ni será ‘¡Patria o Muerte!’. Siempre ha sido y será ‘¡Patria y Muerte!’”, escribió. En el mismo texto, fechado el 15 de septiembre de 2023 —tres meses antes de su detención—, habló de la “muerte espiritual” de los cubanos por “sabernos engañados por una casta aferrada al poder mediante trampas electorales y manipulaciones mediáticas”.
Desde el arresto de Suárez Marrero, su esposa, Masiel Pérez, y la hija de ambos, Massiel María Suárez Pérez, ambas residentes en Estados Unidos, administran el perfil de Manfredo Pirotto con el fin de visibilizar el caso.
Según explican, el exoficial creó esta cuenta “para denunciar de manera directa los abusos, manipulaciones y restricciones a la libertad de expresión del régimen”.
La hija señala que entre los contenidos publicados figuraban textos relacionados con la Operación Candado (vinculada al caso del opositor Oswaldo Payá), mencionada en la sentencia como parte de los materiales considerados sensibles por las autoridades.
La Operación Quimera: punto de quiebre
Distinta de la Operación Candado, la llamada Operación Quimera aparece en el relato familiar como un punto de quiebre en la trayectoria interna de Suárez Marrero. Tanto Massiel María como su hermano, Javier Suárez Pérez, creen que esa operación estuvo relacionada con mecanismos de control político y manipulación de procesos electorales.
“Mi padre describe ese plan como un mecanismo para influir en procesos electorales y limitar el acceso de ciertos ciudadanos a cargos públicos”, apunta Javier.
El hijo también apunta que su padre, mientras estuvo al frente de la Contrainteligencia en Puerto Padre, recibió información sobre la Operación Quimera, cuyo objetivo era “eliminar de las boletas (…) a cualquier persona que pudiera ser homosexual, apolítica, que no respondiera a los fines de la Revolución, que tuviera un familiar en el exterior…”.
En entrevista con el opositor cubano Eliécer Ávila —quien fue vigilado y reprimido por el propio Suárez Marrero durante sus años en la Contrainteligencia—, Javier Suárez relata que a su padre le correspondía ejecutar esa operación en Puerto Padre. Llegó allí por “un traslado de castigo”, porque su actitud generaba incomodidad dentro de la institución. De acuerdo con las declaraciones del joven, el exmilitar discutió con sus superiores, intentó convencerlos de no llevar la Operación Quimera adelante porque la consideraba “un fraude” y finalmente no cumplió la orden. Esa negativa habría provocado una reacción interna que terminó en jubilación forzada.
Detención y sentencia
La sentencia dictada contra Suárez Marrero señala que entre 2013 y 2016, cuando ocupaba el cargo de jefe de sección de información, análisis y registro de la Contrainteligencia del MININT en Las Tunas, tuvo acceso a un “Manual de Psicología Operativa de los Órganos de la Seguridad del Estado”.
Según el documento judicial, ese material fue trasladado a su domicilio y ocupado durante el registro del 15 de diciembre de 2023. Suárez Marrero fue detenido ese mismo día, cuando estaba próximo a salir de Cuba para reunirse con su esposa, que se encontraba en Cabo Verde. La familia asegura que, al inicio, las autoridades informaron que el caso estaba relacionado con una publicación en la cuenta de Facebook del exoficial sobre la venta de 100 dólares. Sin embargo, unas 72 horas después, el abogado del exmilitar comunicó que el motivo real era otro: espionaje y revelación de secretos.
Además del manual, a Suárez Marrero le ocuparon otro documento supuestamente “vinculado con el trabajo de los agentes” y destinado al “descubrimiento, prevención y corte de la actividad enemiga y métodos para evitar las acciones del enemigo”. La sentencia sostiene que esos materiales eran de acceso exclusivo a personal autorizado.
Las autoridades revisaron además el teléfono móvil de Suárez Marrero y relacionaron varios textos guardados en la aplicación “Notas” con publicaciones difundidas en Facebook. La sentencia precisa que el acusado procedió a “redactar varios artículos con contenido clasificado en el icono de ‘Notas’ de su teléfono personal, los que luego subió como publicación a su perfil de carácter público, Manfredo Pirotto”.
Como ejemplo de esos textos, la sentencia menciona el artículo “Sin ley para la Policía”, publicado el 1 de mayo de 2022. En el texto, el exoficial “hizo referencia a la inexistencia de una ley” para regular el actuar “abusivo” de la Policía y agregó “elementos sobre la Operación Candado, referida a planes de entrenamiento o aseguramiento operativo de los órganos de la Seguridad del Estado”.
El fallo también menciona que “con su teléfono particular iPhone, [Suárez Marrero] estableció contacto permanente con el sitio CiberCuba y su redactor Carlos Rafael Cabrera Pérez, ciudadano cubano residente en España, a pesar de conocer el contenido de sus publicaciones, caracterizado por su posición contraria a la Revolución cubana”.
Además, la sentencia indica que el acusado “denigró la imagen de varios dirigentes del país”, actuó con el deseo de “empañar la imagen de la Revolución cubana y del Ministerio del Interior” y “colocó en riesgo el trabajo operativo secreto”.
Un proceso militar a puerta cerrada
El juicio contra Suárez Marrero se celebró en la sede del Tribunal Militar Territorial Oriental, a puerta cerrada. La vista oral correspondió a la causa número 14 de 2024, derivada del expediente de fase preparatoria número 75 de 2023 de la Fiscalía Militar de Las Tunas.
La familia cuestiona desde el inicio el uso de la vía militar y sostiene que debió ser juzgado por un tribunal ordinario, no por una jurisdicción militar asociada a la propia estructura de la que ya estaba jubilado.
Según el testimonio familiar, durante el juicio ―que “estuvo lleno de irregularidades”―, Suárez Marrero “no tuvo acceso completo al expediente de la fase preparatoria, lo que limitó su defensa”. Además, sostiene que los abogados le recomendaron no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía o del Tribunal. “Él considera que la defensa tuvo un papel muy pasivo: no presentó testigos, no insistió en pruebas ni incorporó documentos que consideraba importantes para el caso”, dice su hija, que también confirma que la condena de 18 años de prisión sigue sin cambios.
El 1 de julio de 2026, Cubalex denunció a través de sus redes sociales, a partir de información proporcionada por familiares, amenazas y un presunto episodio de maltrato contra Suárez Marrero en prisión. Según el reporte, el 30 de junio un funcionario penitenciario lo esposó con los brazos a la espalda y apretó las esposas hasta causarle dolor y afectar su circulación, antes de imponerle una medida disciplinaria por la supuesta difusión de “noticias falsas” desde el penal. La organización advirtió que, de confirmarse, los hechos podrían constituir “represalias ideológicas y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Una acusación de espionaje sin amenaza demostrada
Para su familia y organizaciones de derechos humanos, el problema central es que las publicaciones incriminatorias hayan sido tratadas como espionaje sin demostrar una amenaza real a la seguridad nacional.
“Cuando hablamos de espionaje pensamos en alguien que obtiene o entrega información sensible a una potencia extranjera, a un servicio de inteligencia o a un actor que pueda afectar la seguridad nacional. Sin embargo, en el caso de Ricardo Suárez Marrero, eso no fue lo que se demostró”, explica un equipo del Centro de Información Legal Cubalex a YucaByte.
Lo que sostuvo la Fiscalía fue que Suárez Marrero conservó documentos internos después de retirarse del MININT y posteriormente publicó, bajo seudónimo, artículos críticos sobre el funcionamiento de ese ministerio y del Gobierno cubano. A pesar de la gravedad de los cargos, “en el expediente no aparece evidencia de que Ricardo trabajara para un gobierno extranjero, un servicio de inteligencia o una organización hostil. Tampoco se demostró que el periodista o el medio con los que supuestamente tuvo contacto actuaran en nombre de una potencia extranjera”, señala el equipo de Cubalex.
Para el centro de asesoría legal, uno de los puntos más graves es que “la sentencia no explica qué daño concreto produjo su conducta ni identifica una operación frustrada, un agente expuesto ni una amenaza real a la defensa nacional”, sino que insiste en el daño a la imagen del Estado, de sus dirigentes y del MININT. Y sostiene que ahí está el centro del caso: “En lugar de demostrar una amenaza real a la seguridad nacional, las autoridades terminaron equiparando la crítica política y la divulgación de información incómoda para el Estado con actividades de espionaje”.
“La cuestión de fondo no es si Ricardo publicó textos en redes sociales”, apunta el equipo de Cubalex. “La cuestión es que esas publicaciones fueron utilizadas para construir una acusación de espionaje basada más en la idea de deslealtad política que en los elementos tradicionalmente asociados a ese delito”.
El caso también muestra cómo elementos habituales en cualquier ecosistema digital —usar un seudónimo, compartir información con medios independientes o criticar públicamente a altos funcionarios— fueron reinterpretados por las autoridades como indicadores de deslealtad política. Esa lectura adquiere un peso particular porque las críticas provenían de un exoficial con conocimiento interno de la Seguridad del Estado.
“Más allá de la situación individual de Ricardo, el caso refleja la expansión de conceptos como seguridad nacional, orden público o protección institucional para abarcar expresiones que, en una sociedad democrática, formarían parte del debate público legítimo”, afirma el equipo de Cubalex.
El peso de haber pertenecido al sistema
El pasado de Suárez Marrero dentro del MININT añade una complejidad que no debe ser ignorada. Durante años, el entonces oficial formó parte de una institución clave del aparato de control político en Cuba. Para muchas víctimas de la represión, ese dato hace difícil cualquier gesto de empatía.
En la mencionada entrevista con Eliécer Ávila, aunque el activista dio espacio al testimonio del hijo, dejó claro que su experiencia personal con Suárez Marrero no podía ser suavizada. “No quiero, porque estoy hablando contigo, cambiar los términos… Dije ‘Me atendía’, pero es ‘Me reprimía’ en realidad…”, expresó. Más adelante insistió: “Hay un hecho, y es el siguiente: era la persona que me reprimía a mí y me imagino que a muchas otras personas”.
Al mismo tiempo, Ávila introdujo una idea importante para pensar escenarios futuros: “En la transición son necesarios los militares y hay mucha gente del aparato trabajando por inercia”. En la misma línea, la organización Prisoners Defenders considera que “este tipo de casos, el de los conversos, se deben visibilizar y defender”.
Para el equipo de Cubalex, “no se puede ignorar que Suárez Marrero fue parte del MININT y que, por su cargo en la Contrainteligencia, integró una estructura estatal responsable de graves violaciones de derechos humanos. Esa trayectoria genera preguntas éticas importantes, especialmente para las víctimas del aparato represivo”. Sin embargo, añade, “la defensa de derechos humanos no depende de la simpatía personal hacia la víctima ni de su trayectoria previa”. En este caso, sostiene la organización, el punto no es exonerar moralmente a Suárez Marrero, sino denunciar que el Estado no puede castigar una ruptura política mediante un proceso sin garantías.
“Los derechos fundamentales —debido proceso, libertad de expresión, juez imparcial— protegen a todas las personas. Justamente ahí está una prueba importante del enfoque de derechos humanos: denunciar la arbitrariedad estatal incluso cuando afecta a alguien que antes pudo haber estado del lado del poder”, agrega el Centro de Información Legal.
La condena del exoficial expone otra dimensión de la represión en Cuba. Como advierte el equipo de Cubalex, “el aparato represivo no solo actúa hacia fuera, contra opositores y sociedad civil, sino también hacia dentro, contra quienes desde sus propias filas cuestionan, denuncian o rompen la disciplina ideológica”.
