Una segunda caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) dejó a la Isla a oscuras y con una caída parcial de internet durante dos días. El corte de electricidad, y con ello de las comunicaciones, ocurrió apenas tres semanas después de un apagón nacional de más de 72 horas. Estas y otras caídas anteriores del SEN demuestran el colapso integral de la red y la incapacidad del régimen para garantizar un suministro estable de energía.
Las fallas eléctricas y la consiguiente falta de internet no solo afectan a la población general, sino que agravan la situación de sectores vulnerables, como los presos políticos. Se trata de una población que supera las 1.100 personas sometidas a constantes violaciones de sus derechos. Dejarlas incomunicadas durante semanas o meses es uno de los castigos más frecuentes.
Este mes, se oficializó además a un grupo de inspectores de la Ley de Comunicación Social. Con ello, el régimen legitima aún más el control estatal sobre las comunicaciones, mediante vigilancia y censura.
La normativa se suma a la sarta de leyes que penalizan la libertad de expresión en Cuba: entre ellas el Decreto-Ley 370 Sobre la informatización de la sociedad cubana, el Decreto-Ley 35 Sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, y el uso del espectro radioeléctrico; y el Código Penal.
Presos políticos
El juicio contra la youtuber Sulmira Martínez se celebró finalmente el 26 de noviembre; luego de más de un año y 10 meses de espera en Mujeres de Occidente, una cárcel de máxima seguridad, conocida como El Guatao. Al igual que en audiencias anteriores a presos políticos, la Seguridad del Estado desplegó un fuerte operativo policial, con agentes dentro y fuera del Tribunal Provincial de La Habana.
La joven enfrentó acusaciones de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”, cargos de los que no existen pruebas. En el registro realizado por las autoridades en su casa, no se encontraron materiales para pintar carteles o fabricar cócteles molotov caseros, tal y como alegó la propia Fiscalía. Tampoco se presentaron evidencias de pagos por su supuesta actividad subversiva.
Por tanto, el caso gira en torno a las publicaciones de Martínez en redes sociales. Salem de Cuba, como se hace llamar en las redes, publicaba memes y contenido crítico del gobierno; también compartía noticias de medios independientes. Esas supuestas evidencias fueron suficientes para que la Fiscalía pidiera 10 años de cárcel.
No es un secreto que estos juicios tienen un carácter ejemplarizante. Las acusaciones son en realidad derechos negados y penalizados; y las condenas, draconianas. La pena más alta por un “delito cometido en redes sociales” es de 15 años de privación de libertad, impuesto a la joven Mayelín Rodríguez Prado.
Seis presos políticos estuvieron incomunicados durante más de 15 días en el mes de noviembre: Yasser Rivero Boni, Jorge Martín Perdomo, Juan Enrique Pérez Sánchez, Aniette González, Saylí Navarro y Félix Navarro.
Rivero Boni se encuentra aislado desde principios del mes de noviembre en una celda castigo del Combinado del Este, también una prisión de máxima seguridad. El joven reclamó por su derecho a llamadas telefónicas, por lo que fue castigado. Su madre, la activista de las Damas de Blanco Yaqueline Boni Echavarría, denunció que desde entonces no ha recibido llamadas telefónicas de su hijo.
Boni sufre la persecución y violencia del régimen desde hace más de 10 años. En 2014 quedó ciego de un ojo por una golpiza propinada por un capitán, mientras cumplía sanción de privación de libertad. Su salud está de por sí deteriorada, y ahora sus condiciones se agravan al estar expuesto a la humedad y la falta de sol.
Las condiciones en prisión, tanto por la infraestructura como por la represión, empeora cada día la salud de presos políticos. Los reportes sobre hospitalizaciones por golpizas, enfermedades o incluso fallecimientos han aumentado en los últimos meses.
José Daniel Ferrer fue hospitalizado como consecuencia de una golpiza a mediados de mes. Su hermana dio a conocer la noticia el 21 de diciembre, tres días después de que le informaran sobre la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ana Belkis Ferrer se enteró de la situación por vía de otro reo, no de las autoridades, pues desde hace 20 meses mantienen al opositor bajo un muro de silencio, con muy escasas llamadas y visitas familiares. (El opositor ha tenido contacto con su familia en contadas ocasiones: en abril de 2024 y en diciembre, luego de la brutal agresión).
Aniette González, quien cumple prisión por publicar fotos en redes sociales cubierta con la bandera cubana, también se encuentra incomunicada y enferma. El teléfono de la granja (campamentos de trabajo forzado) está roto hace más de un mes, aseguró a YucaByte el periodista José Luis Tan Estrada. Agregó, además, que el agua fría y la humedad del lugar han complicado su salud, y la joven requiere ahora una operación en la garganta.
También se averió el teléfono disponible para los reos del campamento “Ho Chi Minh”, donde se encuentra el manifestante del 11J Jorge Martín Perdomo. Marta Perdomo, su madre, reportó el 24 de noviembre que en 15 días no había tenido noticias de su hijo.
Por otra parte, a Saylí Navarro y a su padre, Félix Navarro, ambos sancionados con ocho y nueve años de cárcel, respectivamente, les suspendieron las llamadas telefónicas y las visitas intercarcelarias, según denunció la propia Saylí desde el Combinado Penitenciario de Mujeres de Matanzas, conocido como “La Bellotex”.
Los familiares insisten en que ellos no exigen más que un derecho reconocido a los reclusos. Asimismo, todos coinciden en que estas restricciones son una manifestación de la represión que sufren como presos políticos.
“Siempre hemos vivido esto: cuando no le quitan los medicamentos, le prohíben tomar la comida del comedor, le restringen las llamadas o hacen requisas para quitarle sus pertenencias. Siempre es así”, aseguró Dayana Aranda, esposa del también manifestante del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez.
Mientras, se mantienen cumpliendo condena por supuestos delitos relacionados con publicaciones en medios digitales y redes sociales: Gustavo Mena Artola (“desacato a la figura del presidente”, dos años de trabajo correccional con internamiento); Yeris Curbelo Aguilera (“lesiones leves”, dos años); Aroni Yanko García (“desacato”, un año y seis meses); y Mayelín Rodríguez Prado (“propaganda enemiga” y “sedición”, 15 años).
Rodríguez Prado, al igual que un grupo de manifestantes de Nuevitas, Camagüey, espera desde hace más de tres meses la respuesta a la apelación de su condena, denunció Tan Estrada.
Pendiente de juicio se encuentran Víctor Manuel Hidalgo, Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López (los tres acusados de “propaganda contra el orden constitucional”); y Carlos Alberto Macdonald Ennis (“otros actos contra la seguridad del Estado”).
Macdonald Ennis, específicamente, enfrenta este cargo solo por pertenecer a un grupo de Facebook. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre los hechos constitutivos de delito, según explicó Alain Espinosa, abogado de Cubalex.
Por otro lado, no han trascendido más detalles de los procesos contra Yerismar Velázquez (“atentado contra la seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”); y Rey Asiel Naranjo Palau, el joven abakuá detenido por convocar a una protesta durante una transmisión vía Facebook.
Detenciones, interrogatorios y amenazas
Desde hace más de un mes, policías y agentes de la Seguridad del Estado (SE) mantienen cercada la vivienda de Alejandro Morales Pereira, manifestante de Encrucijada, Villa Clara. En la tarde del 7 de noviembre, un día después de que los vecinos del municipio protestaron tras más de 48 horas sin electricidad, un operativo de las Brigadas de Tropas Especiales, conocidas como Boinas Negras, rodeó su casa.
Aunque le arrebataron su teléfono, Morales logró documentar en video, con el celular de su madre, las amenazas de varios oficiales. A finales de mes, el 27 de noviembre, el joven se declaró en huelga de hambre. “Hay que luchar por la libertad de Cuba, no queda de otra”, alegó.
En Jimaguayú, Camagüey, Nelson Caballero Díaz está detenido e incomunicado en la prisión Cerámica Roja, también por protestar por la falta de fluido eléctrico. Durante el arresto fue brutalmente golpeado, lo que obligó a las propias autoridades a trasladarlo al hospital provincial. Hasta el momento, su familia ha podido verlo solo en dos ocasiones.
La organización Cubalex detalló cómo se han violado garantías del proceso de Caballero. Entre ellas, enumeró la negligencia de su abogado defensor y las acusaciones sin fundamentos, una de las violaciones más frecuentes en los casos de presos políticos.
Cortes de internet
Este noviembre cayeron, por segunda vez en dos semanas y en todo el país, las redes de electricidad y comunicaciones. Los observatorios Ioda y Cloudfare Radar detectaron una caída del tráfico de internet en Cuba, el 6 de noviembre a las 14:30 (hora local). Más de 24 horas después, el volumen de datos aún no alcanzaba la mitad de sus valores normales.
El grupo Diktyon aseguró a YucaByte que la recuperación fue bastante lenta. “Muchas personas tenían internet y sus raticos con electricidad, pero fue muy lento la recuperación del servicio, porque la electricidad venía por momentos, entonces el gráfico de [flujo de datos en] internet no acababa de establecerse”.
Como no es posible mantener conectada toda la Isla al SEN, ni tampoco hay suficiente combustible para abastecer el suministro diario, el régimen alterna el servicio por horarios y zonas. Al no existir un respaldo energético en las infraestructuras de telecomunicaciones, los servicios de telefonía e internet fallan en cuestión de pocas horas tras los apagones eléctricos masivos.
Días más tarde, en la mañana del 12 de noviembre, la diseñadora Neife Rigau denunció un corte local de las redes de telefonía e internet celular en el municipio Boyeros, La Habana. A esa hora, vecinos de Calle 100 y Boyeros bloquearon una de las avenidas más importantes de la capital, igualmente tras varios días sin agua potable y con largos apagones.
Varias personas comentaron en la publicación de Rigau sobre otras caídas de la red en todo un vecindario para silenciar protestas. Estos reportes de residentes de la zona significan prácticamente la única forma de identificar estos cortes locales.
Ciberacoso
Aunque el ciberacoso está tipificado como delito en el Decreto-Ley 35, resulta una de las prácticas más recurrentes del régimen. Esta vez, un agente anónimo conocido como Guerrero Cubano dedicó más de 10 minutos para desacreditar al periodista Mario J. Pentón, quien se ha convertido en uno de los objetivos de la dictadura por su influencia en la comunidad de cubanos tanto dentro como fuera del país.
No solo atacaron su credibilidad, sino que violaron su privacidad al exponer fotos de la casa de Pentón en Miami, Florida. Hace unos meses, en julio de 2024, el también periodista José Jasán Nieves, director del medio El Toque, fue intimidado con información de su residencia. Dos agentes de la SE le escribieron vía WhatsApp que “sabían exactamente dónde encontrarlo”.
El discurso de odio y discriminatorio empleado por estos agentes anónimos (o “ciberclarias”) constituye, además, una violación de la actual Ley de Comunicación Social.
Ley de Comunicación Social
El régimen cubano no tardó en poner en marcha la aplicación de la ley como instrumento represivo. El 23 de noviembre el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) oficializó un grupo de “inspectores de la comunicación social”.
Si bien la prensa oficial no reveló detalles sobre su labor, queda claro que, como inspectores, su función es garantizar el cumplimiento de la ley, lo que se traduce en más control sobre los contenidos y su difusión, tanto en espacios físicos como virtuales.
Mientras, los propios medios oficiales violan varias de las propias infracciones comprendidas en la nueva regulación. Entre ellas, la difusión de información falsa o manipulada, y la propagación de mensajes que inciten a la violencia o al odio.
