Ilustración: Carmen Barruecos
Migdel Martínez del Toro, de 32 años, se convirtió en un objetivo del régimen cubano por criticar al Gobierno en Facebook. Desde 2023 cumple una condena de siete años de cárcel.
¿Quién es Migdel Martínez del Toro?
Antes de caer en prisión, Martínez del Toro se ganaba la vida trabajando en una carpintería. Su madre, Elaine del Toro, lo describe como un joven tranquilo, poco expresivo y con un solo vicio: fumar compulsivamente.
En varios momentos de su vida, Martínez del Toro vendió alimentos de manera ambulante en la capital cubana. Ese trabajo le valió una discusión con un inspector estatal que lo llevó siete días a un calabozo. En el juicio sumario, el joven, oriundo de la provincia de Guantánamo, salió absuelto y solo debió pagar 1.000 pesos de fianza.
En algún momento posterior a las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Martínez del Toro comenzó a publicar críticas directas contra el régimen en su perfil de Facebook y a compartir videos o noticias de medios independientes de manera sistemática. Era ya un crítico abierto del régimen y por ese motivo, no tardó en ponerse bajo la lupa de las fuerzas represivas.
“Siempre fue una persona tranquila, pero después del 11J algo cambió en él. Decía que no podía quedarse callado viendo cómo las personas fueron reprimidas solo por salir a protestar pacíficamente”, relata un amigo cercano que solicitó mantener el anonimato por temor a represalias.
En su perfil de Facebook, Martínez del Toro se autodenominaba opositor al régimen cubano y activista por los derechos humanos, pero no tenía filiación con ninguna organización opositora.
La inmensa mayoría de sus publicaciones son contenidos de otros perfiles que compartía, todas con críticas al régimen o denuncias sociales. En varios de sus posts dejaba claro que no participaba en ninguna actividad convocada por el Gobierno y conminaba a los demás a que tampoco participaran.
Detención y “torturas” en Villa Marista
En marzo de 2023, la policía política detuvo a Martínez del Toro de manera aparatosa en la calle. Primero lo trasladó a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, y allí ―según cuenta su madre, Elaine del Toro― fue torturado.
El Gobierno cubano, a través de la Seguridad del Estado, justifica estas detenciones bajo el argumento de que son necesarias para “proteger la estabilidad nacional frente a campañas de ‘subversión digital’ promovidas desde el extranjero”. Según su narrativa, las críticas en redes sociales y los llamados a la protesta son parte de una estrategia de “guerra no convencional” diseñada por actores externos, principalmente provenientes de Estados Unidos, para desestabilizar el sistema socialista cubano.
Sin embargo, la madre de Martínez del Toro da cuentas de otro panorama: “Durante los interrogatorios constantes en Villa Marista querían obligar a mi hijo a que dijera frases a favor del Gobierno y que se arrepintiera de sus acciones. La intención de ellos era grabar esa confesión y exhibirlo en la televisión estatal, pero él se negó en todo momento y les dijo que no diría cosas en las que no cree”.
Horror y desamparo en la cárcel
En Villa Marista, Martínez del Toro estuvo un mes y luego fue trasladado a la cárcel más grande de Cuba, en las afueras de La Habana: Combinado del Este.
“Las condiciones de esa cárcel no son ni regulares, hay mucho hacinamiento, falta de atención médica y una alimentación pésima. A mi hijo todavía se le hinchan las manos y las rodillas y no recibe ningún tipo de medicamento para esa dolencia. Soy yo quien debo llevarle las medicinas”, apunta su madre.
“En la prisión le realizaron hace más de tres meses unos exámenes por ese motivo y todavía estamos esperando los resultados”, también critica Del Toro.
Las denuncias en relación con las malas condiciones carcelarias y los malos tratos de los centros penitenciarios en Cuba son una constante. El Centro de Documentación de la Prisiones Cubanas indica en su página web que recibe más de 100 denuncias mensuales de ese tipo, tanto de presos políticos como comunes.
Esta misma plataforma expone que tan solo en 2023 y 2024 han muerto 74 reclusos en las prisiones, la mayoría por tardía asistencia médica, golpizas y torturas de los carceleros.
Justicia expedita y sin garantías
El régimen condenó a Martínez del Toro a siete años de cárcel por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una de las figuras delictivas que, según el Gobierno, “protege la estabilidad del país frente a campañas de subversión promovidas desde el extranjero, aunque organismos como Amnistía Internacional critican esta postura, señalando que el régimen utiliza estas leyes de manera arbitraria para sofocar cualquier expresión de disidencia”.
“El abogado conoció a mi hijo el día del juicio; puedo decir que no lo defendió. No sé mucho de leyes, pero me percaté que hizo muy mal su trabajo. Busqué otro abogado para recurrir la sentencia, pero tampoco nos ayudó como hubiera querido. Finalmente, la condena quedó en la misma cantidad de años”, señala Del Toro.
“Yo antes no me daba cuenta que en este país existe tremenda represión, pero lo que le sucedió a mi hijo me ha abierto los ojos y me siento orgullosa de él. En el juicio le preguntaron si se arrepentía de sus acciones y él dijo rotundamente que no”, cuenta la entrevistada.
La sentencia, a la que YucaByte ha tenido acceso, expresa como hechos probados que Martínez del Toro “comenzó a manifestarse públicamente en contra del sistema socialista cubano y de sus instituciones estatales, realizando además publicaciones en contra del Gobierno cubano en la red social Facebook”.
En otro apartado, el documento refiere que Martínez del Toro tenía la intención con sus publicaciones de “alentar, inducir y persuadir a una parte de la población cubana, con acceso a redes sociales, para que se manifestara contra el orden social establecido y el Estado socialista”.
La sentencia señala como un hecho incriminatorio que el joven se comunicara por la aplicación Messenger con Alfredo González y Kiki Naranjo, dos cubanos residentes en Estados Unidos que han llamado a los cubanos a través de las redes sociales a rebelarse contra el Gobierno de la Isla.
El Tribunal cubano que condenó a Martínez del Toro consideró como uno de los hechos constitutivos de delito la publicación en Facebook de frases como “Cuba pa’la calle”, “El verdadero enemigo del pueblo es el PCC”, “Anexión Cuba-USA” y “Patria y Vida”.
Justicia del régimen vs. derechos humanos
Para Camila Rodríguez, coordinadora de la plataforma Justicia 11J, “el caso de Migdel Martínez del Toro ejemplifica la creciente represión contra la libertad de expresión en Cuba, en especial, luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal a finales de 2022”.
Rodríguez afirma que “cada vez son más quienes sufren injusta encarcelación en relación con publicaciones en las redes sociales o con ideas compartidas en plataformas (incluso privadas) de mensajería”.
La analista añade que “es inadmisible que en medio de un contexto de crisis sistémica se sigan utilizando los bienes estatales para perseguir y criminalizar a personas que, pacíficamente, hacen públicas sus ideas disidentes y sus deseos de cambio para Cuba”.
El Centro de Información Legal Cubalex considera también que el caso de Martínez del Toro evidencia el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en la Isla.
El régimen sostiene que la imputación por delitos como “propaganda contra el orden constitucional” o la difusión de “informaciones falsas” es un instrumento legal para proteger el sistema político del país frente a lo que las autoridades cubanas consideran un uso malintencionado de las redes sociales para generar descontento y desestabilización.
Pero expertos en materia de derechos humanos tienen una opinión diferente. Para la politóloga Johana Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, el Código Penal “permite a las autoridades cubanas limitar severamente la libertad de expresión en redes sociales, debido a una redacción general y ambigua de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación”.
Cilano considera que “las leyes en Cuba que castigan las informaciones falsas o el honor de una persona son incompatibles con el derecho internacional en materia de derechos humanos y sobre todo con el derecho a la libertad de expresión”.
El Código Penal cubano recoge, de manera muy general, los delitos de calumnia e injuria y tipifica como agravantes la utilización de los espacios digitales, lo cual puede conllevar a penas máximas de hasta tres años de cárcel.
La represión del régimen en materia digital no pasa desapercibido para organizaciones internacionales como la ONG Freedom House, la cual considera a Cuba uno de los dos países de todo el continente americano, junto a Venezuela, con menos libertad en internet. De un total de 72 países estudiados este año por esta organización, Cuba está entre los 25 países que han retrocedido en materia de acceso y libertad de expresión en internet.
