El retroceso de los derechos y el estado de las comunicaciones en Cuba es notable mes a mes. El panorama actual es consecuencia directa de la censura y la falta de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, a lo que ahora se suma la crisis electroenergética. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado 17 de octubre provocó dos horas después la caída del 70 por ciento del tráfico de datos en todo el país y afectó en algunas zonas el servicio de telefonía fija.
Un mes después, ni el SEN ni las comunicaciones se han recuperado del todo.
La entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social el 4 de octubre marcó otro retroceso en materia de derechos humanos. Como ocurrió en 2022, cuando se diseñó y aprobó un nuevo Código Penal, el régimen intensificó las amenazas contra periodistas y activistas. Como resultado, varios de ellos renunciaron públicamente a su colaboración con medios independientes.
Presos políticos
Asdrúbal Kindelán, el cubano al que el régimen acusa de los supuestos delitos de “atentado” y “desacato” por denunciar en una directa la detención de su hijo, espera su sentencia. Como también ha sucedido con otros casos de acusados por publicaciones en redes, durante la audiencia de Kindelán se violaron algunas garantías del proceso.
En la vista, que demoró apenas dos horas, nunca fue informada la petición fiscal correspondiente. Kindelán sabe que enfrenta una pena de hasta cuatro años de cárcel solo porque la secretaria de la sala accedió a revisar el expediente, a petición de su madre. Asimismo, el manifestante de El Cobre aseguró a YucaByte que solo le aceptaron dos testigos: su madre y su hermano. “Dijeron que no hacía falta más testigos para decir lo mismo, pero de ellos fueron muchos testigos que eran policías”.
El exprisionero político del 11J Alexander Fábregas continúa con medida cautelar de prisión preventiva en La Pendiente, Santa Clara. A pesar de que lleva detenido ya tres meses, le han informado solo de forma oral que está acusado de «propaganda contra el orden constitucional». Su madre, María Luisa Milanés, dijo el 9 de octubre a Martí Noticias que no le han entregado documento alguno ni petición fiscal sobre el caso de su hijo.
Mientras, en el penal Mar Verde, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer permanece incomunicado. Las autoridades le han prohibido durante 18 meses las visitas y llamadas telefónicas, lo que viola uno de los derechos de los reclusos reconocido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Las Reglas de Mandela, como se les conoce, establecen que el intercambio con familiares y amigos debe ser periódico, lo mismo mediante correspondencia escrita, medios electrónicos o encuentros personales.
Los presos políticos en la Isla representan el último eslabón de la cadena en cuestión de derechos humanos. El proceso penal está determinado por juicios ideológicos y morales, dentro de un sistema judicial que no es independiente del poder político. Luego, las autoridades penitenciarias se ensañan especialmente con ellos, enviándoles a centros de máxima seguridad, o a celdas aisladas. Y no faltan las visitas regulares de oficiales de la Seguridad del Estado (SE), que siempre vienen acompañadas de amenazas.
El 6 de octubre, Yindra Elizástigui Jardines, madre de Luis Robles, denunció que un agente de la policía política había visitado a su hijo en el campamento de trabajo correccional La Lima, en La Habana. El motivo expreso del encuentro fue decirle al joven que sufriría las consecuencias en caso de que su madre continuara denunciando en redes sociales.
Robles fue apresado en diciembre de 2020 mientras pedía libertad y no más represión con una pancarta, en medio de una de las calles más concurridas de la capital. Por esa protesta de menos de un par de horas, el Tribunal Provincial Popular de La Habana lo sancionó a cinco años de cárcel, acusado de “propaganda enemiga” y “desobediencia”.
Otros reclusos cuyos procesos están vinculados a supuestos delitos cometidos en el entorno digital se mantienen cumpliendo condena. Son los casos de Mayelín Rodríguez Prado (“propaganda enemiga” y “sedición”, 15 años); Aniette González García (“ultraje a los símbolos nacionales”, tres años); Gustavo Mena Artola (“desacato a la figura del presidente”, dos años de trabajo correccional con internamiento); Yeris Curbelo Aguilera (“lesiones leves”, dos años), y Aroni Yanko García (“desacato”, un año y seis meses).
En espera de juicio se encuentran Sulmira Martínez (acusada de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”, 10 años de petición fiscal); Carlos Alberto Macdonald Ennis (“otros actos contra la seguridad del Estado”); Víctor Manuel Hidalgo (“propaganda contra el orden constitucional”); Yerismar Velázquez (“atentado contra la seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”); Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López (ambos bajo los cargos de “propaganda contra el orden constitucional”). Por otro lado, sobre el caso de Rey Asiel Naranjo Palau,el joven abakuá detenido por convocar a una protesta en una transmisión vía Facebook no han trascendido detalles.
Interrogatorios y amenazas
La oleada represiva que emprendió el régimen en cuestión de semanas, entre mediados de septiembre y principios de octubre, dejó como saldo el cierre de la revista de música Magazine AM:PM, y la renuncia de al menos nueve periodistas y activistas. Todos fueron víctimas de interrogatorios de hasta ocho y 11 horas en Villa Marista, decomiso de computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y sumas de hasta 1.000 dólares (USD) en efectivo, supuestamente pagados a los reporteros por organizaciones internacionales.
La SE los forzó además a “confesar” en un video su colaboración con medios independientes, bajo amenazas de represalias contra sus familiares. Claudia Padrón Cueto, jefa de redacción de CubaNet, declaró a la agencia AFP que dos de sus periodistas fueron «obligadas (ante cámara) a decir cuánto cobraban, quién desde el exterior coordinaba y editaba» el sitio, además de ser forzadas a renunciar.
Estas confesiones bajo extorsión sirven luego a los medios estatales como material de descrédito contra la prensa y el activismo independientes. El oficialismo omite, por supuesto, las condiciones en que fueron grabados.
El 17 de octubre, el joven cineasta Juan Carlos Saénz de Calahorra también renunció a sus colaboraciones. Salvo en su caso, del que no ofreció más detalles, el arma principal contra todos los interrogados fue la nueva Ley de Comunicación Social.
El instrumento legal dicta que el financiamiento de medios debe proceder de fuentes lícitas y transparentes (art. 39). Con ello veta de forma expresa a los medios independientes, subvencionados por organizaciones de derechos humanos que el régimen no reconoce. La excusa sobre la que ha sostenido esta represión recae en que, según la narrativa oficial, el enfoque editorial de la prensa independiente está determinado por esos fondos.
En cambio, los medios oficiales “se financian esencialmente con el presupuesto del Estado” (art. 37.1), y sus líneas responden a los intereses del Partido Comunista de Cuba (PCC). De igual modo, la ley explicita que los medios no pueden tener como objetivo subvertir el orden constitucional establecido en el país.
El 7 de octubre, con apenas tres días de vigencia de la normativa, fueron citados a interrogatorio cuatro directores de la red del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Todos, además, en los mismos horarios, entre las 2:00 y las 4:00 p.m.
A Juan Manuel Borrego (Amanecer Habanero, de Mayabeque), Mabel Páez Díaz (El Majadero de Artemisa, Artemisa) y Antonio Suárez Fonticiella (Páginas Villareñas, de Villa Clara), los amenazaron con enviarlos a prisión. Y a Orlidia Barceló Pérez (El Espirituano, de Sancti Spíritus), la presionaron para que abandone el país, como también han hecho con decenas de periodistas, activistas y opositores.
Páez Díaz y Suárez Fonticiella fueron intimidados, además, con posibles repercusiones sobre sus familias. Los oficiales aseguraron por separado a ambos que eliminarían el ICLEP. Al día de hoy, la organización comprende seis medios locales, que distribuyen gratuitamente boletines con una frecuencia de 15 días.
“La situación que enfrentan nuestros periodistas y directores no es muy diferente a la que enfrentan todos los que con dignidad se atreven a enfrentar a un régimen totalitario”, refirió Suárez.
Normando Hernández, director del ICLEP, aseguró a YucaByte que sus colaboradores son vigilados, perseguidos y amenazados. “Vivimos con una espada de Damocles encima de nuestras cabezas, esperando en cualquier momento una perreta del régimen que envíe a la cárcel a cualquiera de nuestros periodistas, con total impunidad y por el tiempo que desee”.
Hernández afirmó que el éxodo del sector afectó de igual forma al ICLEP. No obstante, aún se mantienen dos proyectos fundamentales dentro de Cuba: la red de medios de comunicación comunitarios y el monitoreo, documentación, denuncia y registro de hechos violatorios a la libertad de expresión y de prensa.
La intimidación con la Ley de Comunicación Social también fue el motivo del interrogatorio al periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, el 9 de octubre. Tan Estrada es una de las piedras incómodas del régimen en estos momentos. Sus publicaciones, que llegan a 12.000 seguidores en Facebook, significan un delito para la dictadura. Los oficiales le mostraron a Tan Estrada varias capturas de pantalla, que tienen identificadas como supuestas evidencias.
A su vez, un joven youtuber artemiseño fue también amenazado el 10 de octubre con la nueva regulación. Osmel González es autor y productor de una serie juvenil casera, de la que solo salieron a la luz tres episodios. Los oficiales le prohibieron continuar la producción, porque según ellos “tenía comportamientos inusuales para la vida de los jóvenes en Cuba, porque estaba incitando a los jóvenes a robar”.
La serie, basada en hechos reales, se enfoca en cómo los jóvenes en Cuba se han visto forzados a delinquir por sobrevivencia. González contó en su canal que, lejos de incitar, su objetivo era evidenciar esta realidad. Ahora intentará crear otro tipo de contenidos. No obstante, el joven no escondió sus dudas en el video y aseguró: “Ya no sé qué voy a decir aquí, cualquier cosa es una restricción”.
Otras amenazas fueron reportadas desde el Oriente del país. En Baracoa, varios oficiales golpearon y detuvieron el 7 de octubre a Luis Alfredo Pérez Paján, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Tras verlo documentando en un video el funeral de un teniente coronel y jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el jefe de sector de su zona le pidió el teléfono celular y ordenó su arresto.
El activista fue liberado al día siguiente. Le confiscaron el móvil, le redactaron una carta de advertencia y le impusieron una multa de 7.000 CUP.
Mientras que en Santiago de Cuba, la directora del preuniversitario Rafael Mendive amenazó a estudiantes y profesores con expulsarlos del centro, en caso de comunicarse con el comunicador cubano residente en Estados Unidos Yosmany Mayeta.
Por último, una pareja de youtubers peruanos fueron detenidos y deportados de Cuba al segundo día de su llegada. Eva Cavero y Andrés Izarnótegui visitaron el país para crear contenido para su canal “La Blu Combi”, enfocado en viajes y estilos de vida. Desde su arribo al aeropuerto, los jóvenes fueron interrogados, vigilados y cuestionados en la calle.
Cavero e Izarnótegui detallaron que una hora después de llegar al hotel fueron detenidos y sometidos a 12 horas de interrogatorio. Los oficiales les preguntaron, antes que nada, por las organizaciones que supuestamente respaldaron su viaje para “desprestigiar al Gobierno de Cuba”. También les cuestionaron por qué “hablaban mal” del Gobierno venezolano, luego de que un oficial revisara, delante de ellos, el perfil de su canal.
Los jóvenes admitieron que nunca imaginaron que ese fuera el motivo de tanta vejación, y que fueron víctimas de un régimen que no permite la libertad de expresión en ningún sentido”.
Cortes de internet
El apagón eléctrico que dejó sumida a Cuba en la oscuridad durante varios días, del 17 al 22 de octubre, también afectó las comunicaciones en la Isla.
Los observatorios Internet Outage Detection & Analysis (IODA) y Cloudflare Radar y Google Transparency Report percibieron la caída. El tráfico nacional llegó al 29% de su volumen habitual, alrededor de las 11:00 a.m., hora de la Isla. No tardó ni una hora después de la desconexión total del SEN, anunciada por el Ministerio de Energía y Minas.
“Los datos de tráfico de internet muestran una disminución casi inmediata cuando se producen cortes de electricidad, lo que refleja la falta de respaldo energético en las infraestructuras de telecomunicaciones», aclaró el grupo Diktyon a YucaByte. “Esto significa que después de un corte, los servicios de internet y telefonía solo pueden mantenerse operativos por períodos cortos, con suerte entre tres y cinco horas”.
Según el grupo de monitoreo de internet, el estado actual marca un retroceso comparado con la crisis anterior del régimen, en los años 90 del pasado siglo. Entonces, la situación era crítica, pero la telefonía fija se mantenía en funcionamiento gracias a sistemas de respaldo que ya no se encuentran disponibles. Durante los apagones de octubre, se reportaron zonas urbanas ―por ejemplo, en La Habana y Guantánamo― donde el servicio se vio afectado. Junto con la capital, Artemisa y Mayabeque reportaron en general las mayores disrupciones.
Para Diktyon, la solución a largo plazo requiere una “reforma más amplia del sistema energético del país”, que pueda asegurar una “provisión estable y suficiente de electricidad que soporte la creciente demanda de servicios digitales”.
En otras zonas, como Holguín y Villa Clara, se reportaron cortes locales de internet como método represivo contra protestas. Sin embargo, probar que se trata de una violación expresa, y no de las condiciones de infraestructura, es uno de los retos actuales para medios y grupos que dan seguimiento al estado de las comunicaciones en la mayor de las Antillas.
“ETECSA ha ido mejorando las formas de ejercer censura en internet”, explica Diktyon, en una comparación entre los cortes de las protestas del 11 de julio de 2021, y las del 17 y 18 de marzo de 2024. En la primera cortaron por completo el internet. “En marzo vimos que ETECSA, en vez de quitar el internet de manera general, lo quitó por zonas. Puede que en la gráfica se vea una disminución del tráfico, pero no es lo suficientemente apreciable para poder afirmar que hubo un corte de internet deliberado en Cuba. Y si es una zona donde no hay mucho tráfico, menos perceptible es aún el corte”.
De momento, la única vía para identificar los apagones locales de redes wifi y datos móviles es el reporte ciudadano desde el lugar. Y aun así, hay que tener en cuenta que los residentes en la Isla no cuentan con las herramientas adecuadas para medir el corte.
A «complete disconnection» of the national electricity system has resulted in a significant #Internet disruption in Cuba. Starting just after 11:00 local (15:00 UTC), traffic dropped by nearly two-thirds.
See the latest at https://t.co/autkOt8QpGhttps://t.co/fh2mkaiPRE pic.twitter.com/tP1pQ3XOWZ
— Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) October 18, 2024
Censura de sitios web
En octubre se mantuvo el bloqueo de 73 de los 279 sitios web analizados por Diktyon. La mayoría son medios de prensa independientes y páginas sobre derechos humanos. Otros abordan temas que no están directamente relacionados con el Gobierno, como religión, turismo, alcohol y drogas.
Sobre la aplicación de mensajería Signal, el grupo señaló que, meses atrás, no era posible abrir una cuenta con un número contratado de ETECSA. En estos momentos sí, pero funciones como las llamadas de audio y video solo son viables mediante VPN. Por su parte, la aplicación Tor aún mantiene anomalías en su funcionamiento. “Todavía se muestran bloqueos sobre los directorios de autoridad (usado por los relays de Tor), los puertos de Onion Router de autoridades de directorio (usado por los clientes de Tor), y los puentes de Tor utilizados para transmitir a través del protocolo OBFS4”, indicó Diktyon.
Por su parte, la aplicación Delta Chat sufrió un bloqueo en su página oficial, y en uno de sus principales servidores de chatmail (servidores de correo optimizados para chat), que brinda soporte para la creación de perfiles anónimos. Ahora estos perfiles solo se pueden crear utilizando VPN. Este bloqueo ocurrió poco después de que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar anunció que Delta Chat permitiría a los cubanos “no perder la conexión a internet cuando la dictadura desconecta el acceso generalizado”.
