El régimen cubano rechazó excarcelar al preso político Víctor Manuel Hidalgo Cabrales. Su esposa, Andrielis Guerrero, había solicitado un cambio de medida que anulase la medida de “prisión provisional” aplicada a Hidalgo desde el 20 de marzo de 2024. YucaByte tuvo acceso a la respuesta emitida por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas.
El documento está firmado por Orelvis Gener Crespo, presidente de dicho tribunal, quien a sus 29 años es considerado por el diario oficial Granma como “un revolucionario [que] debe estar allí, donde es más útil”. El funcionario justificó mantener en prisión a Víctor de la siguiente forma: “No han variado los motivos que determinaron imponer esta medida. Que los hechos atribuibles a los imputados son extremadamente lesivos, además que se cuenta con elementos suficientes para determinar la participación del acusado en los hechos imputados, evidenciando la conducta del imputado para manifestarse en contra del proceso revolucionario”.
Documento emitido por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas.
Como ya Andrielis dijo a YucaByte en un primer reportaje sobre este caso, Víctor fue detenido a las 6:30 a.m. del 20 de marzo en su casa, en la ciudad de Las Tunas. Una turba de policías llamó a su puerta cuando no habían transcurrido ni 12 horas de una publicación suya en Facebook. “Él hizo solamente una publicación quejándose de la electricidad. Ese día quitaron la corriente a las 11:00 a.m. y la pusieron a las 4:00 p.m., pero la volvieron a quitar a las 8:00 p.m. Entonces no nos dio tiempo a cocinar ni a nada, y es ahí cuando él hace la publicación preguntando si en Las Tunas nos íbamos a quedar así, porque eso fue dos días después de las protestas de Bayamo y Santiago”, dijo en julio la esposa del preso político.
Fernando Almeyda, el abogado que se ocupa del caso desde la ONG Prisoners Defenders, comenta a YucaByte sobre esta decisión oficial: “A los efectos reales, esta es la respuesta que esperábamos. Es interesante que el control judicial declara que hay elementos que señalan a Víctor como ‘responsable’, pero no se citan dichos ‘elementos’. No se explica ni se justifica por el Tribunal cuál es el razonamiento para mantener la prisión como medida cautelar habiendo otras medidas para la custodia del acusado”.
Para Gener Crespo, publicar algo en Facebook y escribir en un grupo de WhatsApp [algo que también la Seguridad del Estado le cuestionó a Víctor], resultan “hechos extremadamente lesivos”. Los elementos a tener en cuenta por el presidente del Tribunal Popular tunero para acusar a Víctor de “propaganda contra el orden constitucional”, fueron incluidos por la Unidad de Operaciones de Delitos contra la Seguridad del Estado en un expediente que aún se encuentra “en fase preparatoria”.
Andrielis denunció a principios de este mes las constantes irregularidades en torno a la confección de ese expediente: “Fui a la Fiscalía y me dijeron que el expediente no está concluido, que cuando lo concluyan va para La Habana, para la Fiscalía General de la República”.
La esposa de Víctor creía que ahora era posible un cambio de medida: “Para esa respuesta que dio el Tribunal, ya Fernando me había preparado psicológicamente de que venía negativa. Pero aun así recibir eso fue un… Me quitó las esperanzas nuevamente. Ahora tendría que esperar al juicio y no se puede hacer más nada. Aunque yo sabía que la respuesta venía negativa, no perdía la esperanza de que los jueces lo soltaran bajo fianza o con una multa. Pero bueno, la justicia aquí no existe”.
Almeyda explica que esta solicitud no se tramitó debidamente por parte de las autoridades: “Primeramente, es una respuesta que llega excesivamente tarde. La ley prevé que una vez se entrega por conducto del fiscal, el Tribunal tiene entre tres y cinco días para resolver. Ha pasado un mes. Por eso presentamos un recurso de queja ante la Fiscalía General [de la República], porque entendemos que existen vicios en el proceso contra Víctor. La Seguridad del Estado ha ordenado la detención, ha fabricado evidencia en su contra y ha entorpecido el normal funcionamiento de la justicia”.
El domingo 25 de agosto, Andrielis visitó a Víctor en la prisión y le contó el resultado de la respuesta oficial: “Ya yo lo había preparado para eso, era lo más seguro que pasara. Cuando yo puse el control judicial, él tenía esperanza, pero al ver que se demoraba tanto, él decía que lo iban a negar; no lo cogió de sorpresa. A pesar de eso, él tiene la esperanza de que va a salir pronto. En vez de yo darle fuerzas, él es quien me da fuerzas”.
Al igual que en la mayoría de los procesos judiciales de los presos políticos cubanos, Almeyda subraya cómo se vulneran las garantías básicas en este caso: “Lo que es más relevante y evidencia los vicios en el principio de imparcialidad, es que se le está prejuzgando como responsable desde su arresto hasta el presente. ¿Cómo se le puede considerar responsable sin que haya habido un juicio? Pues porque no hace falta. La presunción de inocencia no existe porque esto no es un proceso penal, es un juicio político cuasi inquisitorial, cosa que va quedando poco a poco en evidencia gracias a las pruebas testimoniales y documentales”.
Lo ocurrido en el caso de Víctor contradice el eslogan del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas. Esa entidad presume de garantizar una “justicia transparente y efectiva”, de acuerdo con la citada publicación propagandística de Granma. El documento firmado por Gener Crespo reconoce que la petición de excarcelación se sustenta en que, además de no haber cometido delito, Víctor tiene un domicilio reconocido en el que pudiera ser localizado. Sin embargo, el presidente del Tribunal Popular Provincial de Las Tunas no tiene en cuenta lo anterior para sacar a Víctor de prisión, y considera que la cárcel “lo asegura hasta que se determine plenamente su responsabilidad” en los “hechos lesivos” no esclarecidos.
Gener Crespo no es natural de Las Tunas, sino de Pinar del Río. Su actual puesto lo asumió por orientación de las autoridades cubanas, a pesar de “la lejanía de la familia”. Dijo a Granma que su preparación y estudios le han permitido superar el reto de dirigir a un personal que lo sobrepasa en edad y experiencia. “Otro pilar importante son los valores que impregnan el sistema, dígase humanismo, solidaridad, compañerismo, responsabilidad y sentido de pertenencia”, añadió este jurista en su diálogo con Granma, publicado en diciembre de 2023.
En su perfil de Instagram, Gener Crespo enseña con orgullo los presuntos resultados laborales del sistema jurídico tunero, muestra los recorridos que hace por los tribunales municipales de la provincia y felicita a trabajadores suyos que reciben reconocimientos. YucaByte lo contactó mediante esa red social para obtener declaraciones sobre las irregularidades del debido proceso que mantienen a Víctor en la cárcel, pero nunca contestó.
A raíz de los recientes sucesos ocurridos con la exjueza cubana Melody González Pedraza, gana valor el seguimiento que se pueda hacer de los juristas devenidos represores. Hasta el momento de la publicación de esta nota, Orelvis Gener Crespo no había sido incluido en la lista de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
YucaByte se comunicó vía WhatsApp con el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas a través de un número de teléfono que la entidad tiene colgado en su perfil de Facebook. El objetivo era indagar en el caso de Víctor, pero el tribunal se limitó a responder: “El sistema judicial cubano está comprometido con la transparencia y el respeto a la legalidad, y en este sentido recalcamos que las decisiones judiciales no son objeto de entrevistas o debates periodísticos. Conforme a la normativa vigente, las declaraciones solo procederán en los casos expresamente amparados por la ley”.
