Ilustración: Alejandro Cañer
El holguinero Leandro Pupo Garcés Ross realizó una publicación en Facebook el 11 de marzo de 2023 cuestionando al Ministerio del Interior (MININT) de Cuba. Ese mismo día fue detenido y siete meses después fue condenado por el régimen a tres años de «trabajo correccional sin internamiento». La vida de Garcés, quien se alejó del activismo para proteger a su familia, cambió con la represión. Ahora su nombre figura en las listas de presos políticos.
«Todavía me vigilan, pero con menos presencia», dijo a YucaByte el joven de 36 años. «De la gente que trabaja para ellos siempre hay un punto de apoyo aquí en el barrio y ya yo sé quiénes son. Según ellos, desde La Habana mandaron a decir que yo era prioridad, o sea, que tenían que ir más a mi trabajo y preguntar por mi conducta.»
Garcés también está decepcionado del impacto real que tiene en la sociedad cubana un activismo como el suyo: «Cuando entras al activismo ves un caos, y no digo esto en las redes para no desanimar. Unos le tiran a otros y se entretienen en eso. Entonces yo no puedo perder la vida y tantos años cuando hay tanta gente que se entretiene con tantas tonterías. Yo le dije una vez a un amigo mío que hay que ir bailando al ritmo del pueblo; sin el pueblo no llegas a nada. Hay tantos que se sacrifican, tantos presos políticos por gusto, porque no está pasando nada, la gente los olvida. Y, al final de la historia, quien está ahí contigo dando el frente realmente es tu familia, que es la que más sufre mientras los otros siguen entreteniéndose en las redes. El día que yo crea que valga la pena regresar al activismo, regreso».
La abogada Giselle Morfi, del grupo de asesoría legal Cubalex, dijo a YucaByte que Garcés ha sido blanco de una «intensa vigilancia y represión» en Banes, Holguín. «Su situación refleja un patrón preocupante de hostigamiento a disidentes en Cuba, donde la Seguridad del Estado vigila meticulosamente las actividades en línea y los movimientos personales de los críticos al régimen», explicó Morfi.
Para el régimen cubano, los cuestionamientos de Garcés fueron inadmisibles. Los comentarios del activista criticaban cursos ofrecidos por el MININT que, según él, estaban diseñados para adoctrinar a los jóvenes y mantener la represión del pueblo cubano. Solo por esto, Garcés fue acusado de difamar al MININT, ya que el régimen habría visto afectados la «moral y el prestigio» de su principal órgano represor.
«El proceso contra Leandro comenzó con su detención por desacato, tras lo cual fue puesto en libertad, pero bajo medidas cautelares. No obstante, la represión no cesó ahí. Continuó enfrentando vigilancia constante; incluso quienes lo visitaban eran intimidados, lo que complicaba aún más su vida diaria. El régimen no solo monitoreaba su presencia en línea, sino que también implementaba tácticas de seguimiento físico cerca de su domicilio», recordó Morfi.
El objetivo de las autoridades cubanas en casos como el de Garcés es silenciar las críticas y mantener el control sobre la información. Para materializar esos objetivos violan sistemáticamente los derechos humanos y la libertad de expresión de los reprimidos.
Según Morfi, en el caso de Garcés se vulneraron al menos cinco garantías fundamentales reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):
- Derecho a la libertad de expresión y opinión.
- Derecho a la presunción de inocencia.
- Derecho a la seguridad personal, a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y a un juicio justo.
- Derecho a ser escuchado por un tribunal imparcial.
- Derecho a la privacidad.
Morfi aclaró que, excepto el de ser escuchado por un tribunal imparcial, los otros derechos violados también aparecen reflejados en la Constitución cubana aprobada en 2019. Ello demuestra que el régimen de La Habana irrespeta hasta sus propias disposiciones con tal de reprimir a quienes lo desafían.
«El juicio mío me dejaron claro que era por motivos políticos», explicó Garcés. «De hecho, el abogado lo único que utilizó como defensa era que cómo se me iba a juzgar por política, que le iban a dar la razón al enemigo, EE.UU. Y se buscaba eso, pasar a ese método [a la condena], porque los demás no funcionaron, las amenazas de muerte y los golpes. Querían ver mi reacción y yo decidí no alargar esto, no estar apelando, porque me salía muy costoso, estaba muy cansado ya. Decían que yo buscaba algún tipo de liderazgo aquí en la zona; todo falso.»
Morfi considera que el régimen mantiene estos métodos represivos en torno al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por temor a un nuevo estallido social. «Debido a que subsisten las causas que dieron paso a las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021 (crisis sanitaria, económica, política y social), y a que actualmente las redes sociales pueden catalizar movimientos masivos, quienes ostentan el poder político mantienen un estado de temor constante, al extremo de no tolerar un simple post de Facebook. No toleran nada que signifique crítica. Por eso emplean el derecho penal como herramienta represiva, buscando generar un efecto inhibitorio en la sociedad», explicó la letrada.
El acoso y las arbitrariedades a veces terminan doblegando a los mismos reprimidos. «Estaba un poco cansado, viendo a mi madre ahí cómo luchaba, y a mi hijo; yo vivo solo con mi hijo. No me creí con el derecho de estar exponiéndolos más, de estar sacrificándolos más tiempo. Yo no le aconsejo a nadie que entre o salga del activismo, cada cual toma sus decisiones. Yo pienso que la libertad empieza a conquistarla uno mismo; es personal. Y yo entré al activismo cuando quise, no he salido por completo. No existe una sola vía, un solo método para hacer las cosas. Aconsejaré y atenderé a todo el que pueda, sin perder el enfoque en el que estoy ahora, de atender a mi familia y mi vida personal», explicó el joven a YucaByte.
El caso de Garcés no es aislado. Según Morfi, «este patrón represivo se ve en otros casos similares, como el de Sulmira Martínez y Víctor Manuel Hidalgo Cabrales. Este último se encuentra en prisión provisional y podría enfrentar un juicio por actividades tan simples como publicar en Facebook».
Alessandra Pina, la directora de los programas sobre América Latina de Freedom House, una ONG con sede en Washington, dijo a YucaByte que las autoridades cubanas deben derogar o enmendar legislaciones que limitan la libertad de expresión, y cesar el empleo de multas y detenciones para silenciar voces disidentes. También recomendó como pasos esenciales hacia la erradicación de la represión digital «la adopción de estándares internacionales de derechos humanos y la creación de un entorno legal que respete la libertad de prensa, de expresión y de asociación».
Pina considera que «la comunidad internacional, a través de organizaciones multilaterales y las ONG, puede desempeñar un papel crucial en casos de represión política como el de Garcés. A través de la condena pública, el diálogo diplomático y el apoyo directo a los activistas y sus familias, estas organizaciones pueden aumentar la visibilidad de tales injusticias y fomentar un entorno de mayor responsabilidad».
Esa connotación mediática e internacional no premia a casos que se desarrollan en localidades del interior de Cuba. El hecho de que Garcés residiera en Banes pudo haber influido en la represión que ha terminado sufriendo. Morfi considera que los activistas del interior del país son más vulnerables. «Los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos constituyen un grupo particularmente vulnerable debido a la naturaleza de su trabajo, lo que los expone a un riesgo constante de sanciones», detalló la abogada.
Pupo está cumpliendo la condena impuesta por el régimen y su rutina se enmarca dentro un esquema regulatorio que podría ser modificado en cualquier momento por el régimen. «A mí me pedían cinco años con internamiento, pero lo dejaron en tres años ‘de la casa al trabajo’. Este es el tiempo en el que más tranquilo he estado. Ellos se esfuerzan mucho en facilitar cualquier trámite que yo vaya a hacer. Por ahora todo está tranquilo. Ahora estoy esperando para ver si puedo mudarme a La Habana y quizás hasta me vaya del país cuando me quiten la regulación. Conmigo la vigilancia era más fuerte cuando estaba de manera más activa. Cerraban la calle mía y tenía constantemente a dos policías vestidos de civil detrás de mí cuando salía. Con sus planes absurdos intentaban que yo cometiera un delito que justificara un proceso en mi contra. En fechas señaladas me sacaban hasta del municipio en sus carros».
Para poder enfrentar estos procesos represivos del régimen con una mayor eficacia, Morfi recomienda presionar a las autoridades para «garantizar que cumplan con sus obligaciones hacia las víctimas». Además, define como crucial «denunciar y visibilizar cada caso, porque la sociedad civil puede desempeñar un papel vital al exponer estas situaciones, lo cual podría atenuar los efectos de la represión».
Pina añadió que la situación de ciberacoso y represión digital en Cuba es reconocida a nivel internacional. El informe «Freedom on the Net 2023», de Freedom House, evidencia que «Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental y que el Estado utiliza esta infraestructura limitada para monitorear el uso. Esta práctica restrictiva se complementa con esfuerzos de manipulación de contenido y bloqueo de sitios de noticias independientes».
En ese contexto, la situación de Pupo levita junto a otras acciones del régimen aún más fuertes contra comunicadores, activistas e influencers. A finales de 2023, La Habana dio a conocer una lista de presuntos terroristas radicados fundamentalmente en EE.UU. En el listado aparecían personajes como Alex Otaola, Alain Paparazzi Cubano y Ultrack, que presuntamente promueven «una agresión armada» contra la Isla.
Freedom House hizo hincapié en que el disenso político es punible bajo una amplia gama de leyes en Cuba. El nuevo Código Penal, por ejemplo, «clasifica el uso de las redes sociales como una circunstancia agravante en la comisión de ciertos delitos. Este enfoque legal restrictivo se traduce en una represión palpable contra cualquier forma de crítica o activismo en línea», según precisa el mencionado informe.
Para el régimen cubano, la publicación que Garcés realizó en marzo de 2023 constituía un delito de difamación de las «instituciones y organizaciones». Con el objetivo de impedir pronunciamientos como el de Garcés, o el libre acceso a la información en el entorno digital, «las autoridades han respondido a las innovaciones de los medios digitales con un aumento de la censura», señala Freedom House.
«Nuestro informe menciona cómo [en 2023] la infraestructura de internet de Cuba estuvo bajo tensión, con interrupciones de conectividad a nivel nacional al menos siete veces, muchas de las cuales correspondieron a la propagación de protestas públicas. Esto sugiere un esfuerzo intencionado del Gobierno para restringir el acceso a la información y coartar la movilización social», añadió Pina.
En el perfil de Facebook de Garcés hay contenido de todo tipo: videos, imágenes, noticias o memes exponen la opinión de un cubano que sufre una de las mayores crisis económicas registradas en la Isla. Que el régimen haya convertido en delito las opiniones de un joven evidencia su naturaleza y verdaderos intereses, siempre alejados de los del cubano de a pie.
