Ilustración: Carmen Barruecos
14ymedio/Yucabyte, La Habana
El reclutamiento exprés de ciberclarias –la infantería digital del régimen cubano–, una hipotética legalización de las protestas y el incremento de los juegos clandestinos han destacado entre los rumores recopilados en diciembre por los colaboradores en la Isla de 14ymedio y Yucabyte. El descontento de los cubanos se expresó sin tapujos en las redes sociales, un espacio que La Habana ha vuelto a poner en su mirilla con el fin de año.
Con instrucciones del Partido Comunista, un escuadrón de dirigentes de Salud Pública –alega un rumor, que circuló como audio de WhatsApp– celebró varias reuniones en escuelas de medicina y hospitales de Holguín y Ciego de Ávila. El orden del día: captar trabajadores dispuestos a “compartir contenido revolucionario” en sus cuentas personales ante la consabida “guerra mediática” que quita el sueño al régimen.
Otros rumores sobre el tema señalan que, en paralelo, el Partido Comunista ha reactivado cientos de perfiles anónimos y programas informáticos para inundar internet con hashtags favorables al Gobierno. A las ciberclarias se les imparte, además, cursos de capacitación para desarrollar mejor su labor y talleres de “defensa cibernética”.
Para Etecsa, el monopolio estatal de las comunicaciones, 2024 será el año de la “ciberseguridad”. Entrevistado por la prensa oficial, su director de Negocios, Daniel Ramos, anunció con bombo y platillo que ya está activa la primera promoción de ingenieros en Ciberseguridad, una reciente carrera que se imparte en la Universidad de Ciencias Informáticas. El centro educativo, que siempre ha fungido como cuartel general del régimen para asuntos digitales, protagonizará una “lucha contra los delitos cibernéticos” ante el alarmante incremento de incidencias registradas por Etecsa, más de 2.600 el año pasado.
La inconformidad social, sin embargo, desbordará las redes en algún punto y no tardará en llegar a las calles, suponen algunos rumores. El Gobierno lo tiene previsto, añaden, y por ello prepara una propuesta para legalizar las protestas populares. Conscientes del modo de operar de La Habana, muchos comentaristas han advertido de que el origen del rumor puede ser el propio Gobierno, que tantea la opinión pública e intenta “cazar” a potenciales manifestantes.
Otros aseguran que el Parlamento tenía en su cronograma legislativo para 2022 una Ley de Manifestación y Reunión, que nunca llegó a debatirse en la tribuna y se sacó del plan en 2023, sin explicación alguna.
Diciembre, un mes “caliente” si de violencia e inseguridad se trata, trajo abundantes rumores sobre asesinatos, desapariciones y robos con fuerza. Sin embargo, las imágenes sobre brutalidad policial no se quedaron atrás: agentes dando golpizas a individuos ya inmovilizados, comentarios sobre decomisos arbitrarios, acoso a carretilleros y campesinos, fueron solo algunos de los incidentes denunciados.
Las fiestas de fin de año, alegaron los usuarios, no fueron tal: ferias desabastecidas y con alimentos podridos, imposibilidad de conseguir comida e inacción ante los crímenes fue lo único que el Gobierno ofreció a los cubanos, criticaron. La tensión aumentó con el rumor, en la última semana del mes, de que desaparecía la libreta de abastecimiento, irrenunciable para los más pobres de la Isla.
El Ministerio de Comercio Interior desmintió estos rumores, pero el llamado paquetazo económico –ese sí, anunciado de manera oficial– promete un año de austeridad máxima para los cubanos, tras un 2023 crítico.
La creciente actividad de los burles –casinos informales e ilegales– es síntoma de la necesidad de los cubanos de obtener dinero rápido y a toda costa. En muchos de estos negocios, lamentan varios usuarios, es habitual que los niños se impliquen, “con dinero en la mano” y alcohol mediante, en la organización de los juegos.
La vuelta a la esfera pública del diplomático Manuel Rocha y la ex analista estadounidense Ana Belén Montes, dos antiguos espías al servicio de La Habana, generó una serie de rumores sobre los servicios cubanos de inteligencia. Según alegan varios usuarios, el arresto de Montes en 2001 a manos del FBI y la revelación de los vínculos de Rocha, ex subdirector de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana, con el régimen, testimonian el estado de corrupción del espionaje cubano.
La Dirección de Inteligencia de la Isla tiene numerosas fallas y su negligencia –añaden– facilitó a EE UU el acceso a la información para exponer a Rocha y, en su momento, a Montes. Cuando los periódicos de todo el mundo llenaban titulares con ambos ex espías, el Gobierno de Javier Milei anunció que agentes cubanos y venezolanos residentes en Argentina tenían instrucciones para instigar una protesta.
Pocos días después, varios rumores aseguraron que las autoridades argentinas habían capturado a un presunto espía cubano: Alejandro Odriozola Diez, jefe de Inteligencia de la Embajada cubana en Buenos Aires.
