Ilustración: Carmen Barruecos
Con apenas el 7 por ciento de sus hogares conectados a Internet, Cuba acogió del 16 al 20 octubre el III Congreso Internacional Cibersociedad 2023 para exponer los avances y proyecciones de la agenda digital cubana junto a experiencias similares en Europa, América Latina y el Caribe.
En el evento, organizado por la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), una asociación presentada en la Isla como ONG, pero en realidad subordinada de forma directa a los intereses del Estado, se abordaron diferentes temáticas relacionadas con la gobernanza de la transformación digital, el desarrollo local y las ciudades inteligentes, así como la transformación digital en la salud, aspectos de los cuales el régimen de La Habana se encuentra distante.
Entre los asistentes se encontraban representantes de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tecnológicas y de entidades dinamizadoras de la innovación, como el proyecto Co-Lab.
El Co-Lab, presentado por la UIC a principios de 2020, tenía como objetivo la creación de laboratorios de innovación que vincularan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al sector de la cultura en cinco provincias cubanas: Camagüey, Las Tunas, Cienfuegos, Mayabeque, Pinar del Río y La Habana.
Al ser catalogado como un proyecto supuestamente de la sociedad civil cubana, la Unión Europea (UE) destinó un presupuesto de 450 mil euros de financiamiento para su ejecución, aun cuando solo la UIC, bajo las órdenes del régimen cubano, consta como su actor único.
Por otra parte, en mayo de 2021, la organización de derechos humanos Cuban Prisioners Defenders publicó un informe que advertía y mostraba evidencias de que los más de dos millones de euros destinados por la UE a apoyar la sociedad civil en la Isla terminan en poder de falsas ONGs cubanas.
Entre los beneficiarios de tales fondos se destacan organizaciones vinculadas a la censura y la represión de disidentes y activistas, y subordinadas de forma directa al régimen castrista, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), o el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC), una institución oficial vinculada a la Unión de Escritores y Artista de Cuba (UNEAC).
También, una investigación de YucaByte reveló cómo medio millón de euros donados por la UE para un proyecto de urbanización sostenible en Cuba terminaron financiando un sistema de geolocalización que sería utilizado para reforzar el control sobre la población.
En teoría, el proyecto buscaba disminuir la contaminación acústica y del aire, reducir el consumo de combustible y mejorar el diseño urbano de las rutas de transporte. Para ello, debería haber comenzado con la aplicación de una encuesta tradicional en varios lugares como prueba piloto, que más adelante se aplicaría en línea a un mayor número de personas.
Sin embargo, el día de la presentación del proyecto se dio a conocer que la recopilación de datos ya no tendría lugar a través de encuestas tradicionales y en línea, sino de forma automática, con herramientas digitales destinadas a conocer la cantidad de usuarios de telefonía que se desplazan entre torres telefónicas. En otras palabras: la tecnología usada para conocer los índices de movilidad de las personas se basa ahora en la geolocalización en tiempo real de cada usuario de telefonía móvil, lo cual permite tener un control total de sus movimientos.
En agosto de 2021, el régimen autorizó la creación de las famosas MIPYMES. Casualmente, la primera en ser aprobada fue DOFLEINI SOFTWARE, cuyo presidente-fundador es el diputado a la Asamblea Nacional Carlos Miguel Pérez Reyes.
Según una investigación realizada por Yucabyte, DOFLEINI, dedicada al desarrollo de software, tiene en su portafolio de proyectos la creación y mantenimiento de la página web de la UIC. Además, se ocupa del portal digital del mencionado Co-Lab.
Entre los proyectos de DOFLEINI se encuentran también la creación de una aplicación para la venta mayorista de insumos y equipamiento agrícola en Moneda Libremente Convertible (MLC) por parte del Ministerio de la Agricultura (MINAG); el diseño de sistemas de gestión de preparación de cuadros del MINAG, y una sala situacional para ACOPIO. También ha estado a cargo de la gestión y el mantenimiento de portales web para LabioFam, así como para la distribuidora de equipos Volvo en la Isla y el sistema de las Naciones Unidas en Cuba, entre otros.
En la inauguración del recién concluido Congreso, Mayra Averich, ministra de Comunicaciones de Cuba, expresó que el evento resultaría muy útil para el proceso de transformación de la política digital que vive el país.
Sin embargo, de acuerdo con un informe presentado por la propia ministra, la transformación digital en Cuba dista mucho de los estándares mundiales.
Al cierre del año 2022, la cobertura poblacional en telefonía móvil era del 74% en 3G y del 49% en 4G. Esta última, la más extendida a nivel mundial, no alcanza en Cuba a la mitad de la población.
La ministra también mencionó dificultades en el acceso a datos móviles, la deficiente cobertura de la señal de telefonía móvil, y el hecho de que aún existen en la Isla lugares sin cobertura telefónica de ningún tipo.
Del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023, la organización Freedom House realizó un estudio sobre la libertad de Internet en el que se hicieron evidentes las dificultades de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA) para brindar un servicio confiable y de calidad a sus clientes.
Según señala el reporte del estudio, el aumento del tráfico de Internet en los últimos años ha ejercido presiones significativas sobre la infraestructura de Internet existente en Cuba, lo cual restringe severamente la calidad de los servicios que ofrece ETECSA, por lo que son comunes las quejas en referencia a la velocidad de conexión lenta, la interrupción de conexiones y la carencia de piezas de repuesto para dispositivos móviles, sin contar el alto costo de todos los servicios.
El reporte refleja también las constantes violaciones de derechos humanos que comete el régimen al censurar mediante cortes de Internet a periodistas y activistas y penalizar con presuntos delitos, establecidos en el nuevo Código Penal Cubano, el uso de la tecnología, que comprende la participación en las redes sociales.
El régimen cubano fue denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como uno de los gobiernos que violan los derechos digitales de sus ciudadanos.
El informe presentado por el relator especial de la ONU, Clement Voule, advierte que los cortes de internet arbitrarios duran cada vez más y son difíciles de detectar dada la sofisticación de los métodos represivos de muchos regímenes, como es el caso de Cuba.
Asimismo, el informe refiere que los servicios de seguridad de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua son responsables de la reducción del ancho de banda en áreas específicas, al tiempo que censuran aplicaciones de mensajería y redes sociales, a fin de evitar que manifestantes y disidentes se comuniquen entre sí y puedan organizar protestas.
“Los cortes pueden variar desde la desconexión completa a gran escala de internet y las redes móviles hasta otras interrupciones de la red, incluido el bloqueo de servicios o aplicaciones particulares, como las plataformas de redes sociales, las aplicaciones de mensajería y la aceleración o ralentización del tráfico de internet para impedir la conectividad”, expuso Voule.
Varios gobiernos, ONGs y organizaciones internacionales —desde el Departamento de Estado estadounidense hasta el Parlamento Europeo— han denunciado durante los últimos años las constantes violaciones de derechos digitales en Cuba.
La plataforma ShareAmerica, perteneciente al Departamento de Estado de Estados Unidos y especializada en temas de política exterior, publicó un artículo sobre la libertad de acceso a internet. Con relación a Cuba, el texto señala lo siguiente:
“El Gobierno ha restringido el acceso del país a internet para impedir a los medios y periodistas independientes que informen sobre la represión del gobierno”.
Por su parte, en junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que denuncia el cierre del acceso a plataformas y servicios de internet por parte del régimen cubano. También reconoció que el Decreto Ley 370 sobre contenidos en línea establece un marco legal ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes dentro de la Isla.
Otro de los mecanismos de represión del régimen es la reciente Ley de Comunicación Social, que establece restricciones sobre el contenido digital, y podría ser utilizada con el fin de aplicar sanciones penales adicionales para castigar la libre expresión en línea, lo cual limita aún más el trabajo del periodismo independiente dentro de Cuba.
Paradójicamente, los más de 400 delegados e invitados que se dieron cita en el Congreso, elogiaron al Estado Cubano por su “avance en la transformación digital de la sociedad”. Entre ellos, Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba, expresó en su discurso de apertura que “la transformación digital es una herramienta fundamental para contribuir al desarrollo sostenible”.
Mientras, los familiares y otras personas cercanas a disidentes y presos políticos se encuentran sujetos a una conectividad más lenta de la normal. Algunos han experimentado interrupciones durante meses, y otros han reportado cortes de servicio de varias horas de duración, destinados a alterar a la disidencia en torno a eventos importantes como feriados nacionales y arrestos o juicios de activistas o presos políticos.
Cuba se mantiene como uno de los países del hemisferio occidental con las tasas más bajas de conectividad. Al mismo tiempo, el régimen ha incrementado el control y la restricción del Internet en la Isla, así como la represión y el bloqueo de plataformas independientes, con lo cual viola, una vez más, el derecho a la información de sus habitantes.
