Ilustración: Alejandro Cañer
¿Qué intenciones hay detrás de la bancarización implantada por el Gobierno ante la escasez de efectivo que agobia a los cubanos? ¿Cuáles restaurantes de La Habana son administrados, en secreto, por los hijos y nietos de los jerarcas de las Fuerzas Armadas? ¿Qué acontecimiento sacará de control el malestar de los residentes en la Isla y desatará una nueva protesta? Los rumores recogidos en agosto por Yucabyte y 14ymedio en las redes sociales no responden a estas preguntas, pero dan fe de cómo los usuarios interpretan la realidad del país y visualizan su futuro.
La mayor parte de los rumores sobre el proceso de bancarización anunciado a inicios de agosto por el Banco Central de Cuba (BCC) comparten una sospecha: la medida no solo pretende aliviar a corto plazo la inflación, sino que esconde la intención de fiscalizar con más efectividad a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes). Además, la insistencia en que los empresarios realicen sus pagos de manera electrónica responde, suponen, al propósito de obstaculizar su desarrollo y motivar el descontento de sus trabajadores.
Otros rumores han comentado que, tras los estragos provocados por la bancarización en el proceso de pagos de las mipymes, varias han debido cerrarse. Las que han “sobrevivido” a la medida, opinan varios usuarios, están ahora más vigiladas que nunca por el Gobierno.
Los cubanos han pasado las últimas semanas acudiendo en vano a los cajeros automáticos. Decenas de quejas y denuncias en las redes sociales aseguran que la gran mayoría de los equipos no cuentan con efectivo, lo cual ha llevado a los dirigentes de varios municipios –como Marianao, en La Habana– a declarar como fuera de servicio sus cajeros, según informa un usuario.
La escasez de moneda ha significado un duro golpe para el comercio informal y ha motivado, según varios rumores, la aparición de un nuevo oficio: el del vendedor de efectivo, que opera cobrando una comisión –generalmente del 10% al 12%– por cada cantidad de billetes en pesos que vende. La actividad fue calificada de “conducta ilegal” por Alberto Quiñones, vicepresidente del BCC, que confirmó la existencia de un mercado de compraventa de billetes a cambio de moneda virtual.
Pocos días después, la prensa oficial también anunció una medida que había circulado como rumor: que las gasolineras del país eliminarían el pago en efectivo. Pronto, prevén otros rumores, la Unión Eléctrica comenzará a aplicar el cobro de sus tarifas de forma electrónica.
La dimensión del descontento en la Isla por la situación de inestabilidad económica e inflación ha llegado, valoran algunos usuarios, a cierto sector del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Algunos miembros de la cúpula, sobre todo los vinculados a la gestión de mipymes afines al Gobierno, están inconformes con la bancarización por las trabas que supone para sus negocios.
Precisamente, otra de las series de rumores registrados en agosto aborda el entramado de restaurantes, bares y empresas que los descendientes de los “históricos” controlan. La suposición de que el restaurante El Biky –cuya propiedad se suele atribuir a Mariela Castro– no tiene obstáculos para importar los productos que vende fue uno de los temas señalados por los usuarios.
El argumento de mayor peso, afirman, es la variada oferta del local, a nombre de “cuatro socios de los que no consta el nombre”, según expuso 14ymedio. El diario señaló, además, que El Biky abrió un nuevo local hace pocas semanas en el aeropuerto Internacional José Martí.
A los hijos y nietos de dirigentes se asocia también, en las redes sociales, la aparición de autos de alta gama en las calles de La Habana. Varios usuarios han compartido fotos de un Porsche con chapa del estado de Texas (EE UU), parqueado a la vera del Malecón capitalino.
En contraste con el lujo que denuncian estos rumores, la inacción de la Policía frente a la ola de criminalidad que azota la Isla es un tema cada vez más frecuente en las redes sociales. Ahora, además, se ha señalado que los propios agentes han organizado una red en La Habana para detener a los vehículos en los puntos de control y confiscar sin ninguna justificación legal los alimentos que los ciudadanos intentan trasladar de una provincia a otra.
