Ilustración: Carmen Barruecos
Durante julio de 2023, mes en que se cumplió el segundo aniversario de las protestas masivas del 11J, aumentaron los reportes de violaciones de derechos digitales. Los cubanos denunciaron conexiones mucho más lentas de lo habitual, cortes selectivos de internet, intentos de hackeo y ciberacoso.
Una de las violaciones más llamativas fue la transmisión en el espacio Razones de Cuba, de la Televisión Cubana, de una llamada realizada por los productores del canal América TeVe a la periodista Camila Acosta, colaboradora de CubaNet y corresponsal en Cuba del diario español ABC. El día 11, la reportera respondió a una solicitud de entrevista de América TeVe, que se efectuó mediante una llamada realizada desde Miami a su teléfono fijo, en La Habana. Acosta no tenía servicio de telefonía celular ni datos móviles. En fechas señaladas como esta, el régimen cubano suele cortar el servicio de datos móviles y telefonía de periodistas y activistas para evitar que reporten protestas y acciones represivas. Cuatro días después de la llamada, el presentador oficialista Humberto López expuso el audio de la llamada como supuesta evidencia de “provocaciones y actos contra Cuba”.
Acosta escribió en su perfil que sabía que su línea fija estaba intervenida por la Seguridad del Estado. Además, comentó a YucaByte que respondió la llamada porque no tenía nada que ocultar. También contó que, cuando la detuvieron el pasado 29 de junio, pensó que le habían robado la línea de su celular, porque este no funcionaba. Luego se percató de que la tarjeta SIM se mantenía dentro del teléfono, pero estaba partida a la mitad.
Tras estos incidentes, Acosta sufrió varios episodios de ciberacoso. Un perfil falso compartió una captura de pantalla de una supuesta conversación con Nelson Rubio, el periodista que la entrevistó para América TeVe. La conversación, que es falsa, fue usada para burlarse de Acosta.
Otro de los incidentes más graves ocurridos en julio de 2023 fue la denuncia del profesor Fernando Vázquez sobre los interrogatorios de la Seguridad del Estado. (Vázquez fue sometido a prisión domiciliaria tras la denuncia).
Por su parte, el opositor Leandro Pupo recibió la petición de la Fiscalía Provincial de Holguín. Esa entidad del régimen cubano lo acusa del supuesto delito de “difamación de las instituciones, organizaciones políticas y de masas”, es decir, por el artículo 240 del Código Penal. Pupo podría ser condenado a 48 meses de trabajo correccional con internamiento. El motivo del proceso penal es una publicación de Facebook en la que Pupo cuestionó una convocatoria del Ministerio del Interior (MININT). El mismo día del post, el joven fue detenido por, supuestamente, afectar “la moral y prestigio” del MININT.
También en julio, el activista Moisés Leonardo Rodríguez confirmó que, desde el día 10, su servicio de internet por datos móviles había sido inhabilitado, al igual que el del también activista Alejandro Sánchez. Ambos presentaron una queja a la sucursal de ETECSA de Artemisa, provincia donde residen. Les indicaron que reiniciaran el teléfono, sin más respuestas ni aclaraciones, pero tras hacer esto el servicio no se restableció. Rodríguez tiene 7.500 seguidores en Twitter y publica constantemente sobre las violaciones a derechos humanos en Cuba. En ocasiones anteriores ha denunciado cortes selectivos de internet y dificultades para conectarse, incluso mediante la red wifi o el servicio Nauta Hogar.
“Parece que se molestaron por mis comentarios a cuentas oficiales de ‘instituciones y dirigentes”, declaró Rodríguez a YucaByte.
Adelth Bonne Gamboa, activista por los derechos humanos, informó que el 11 de julio había recibido varias llamadas, algunas en modo número oculto. Cuando respondió, un oficial de la Seguridad del Estado le dijo que no podía salir de casa. Menos de dos semanas después, Bonne Gamboa dijo que Facebook le había suspendido temporalmente su cuenta. Se trataba del segundo perfil abierto por el joven, pues el primero fue eliminado por la empresa.
El joven sospecha que varios bots reportaron publicaciones suyas a la compañía de Mark Zuckerberg. Conforme se acercaban el 11 y el 26 de julio, segundo aniversario del 11J y día de la Rebeldía Nacional, respectivamente, los cubanos notaron cómo fue empeorando la conexión a internet. La velocidad de conexión osciló entre 34 y 380 Kilobits por segundo (kbps), según las pruebas de medición que hicieron los usuarios. El medio independiente El Toque publicó que los cubanos estaban experimentando problemas de conectividad en aplicaciones como Facebook, Messenger y WhatsApp.
“Hoy es #11Julio y el internet de @ETECSA_Cuba lo sabe, el modo caracol que ponen está activado #ComunismoEsMiseria”, publicó un tuitero.
Algunos comentaron que hubo problemas con las llamadas de voz y video por WhatsApp. “Solo (entran) algunos mensajes y cuesta que sean entregados”, escribió un usuario. Otros precisaron que la situación mejoraba un poco luego de la 1:30 de la madrugada.
Asimismo, la periodista Yoani Sánchez, directora del diario 14ymedio, escribió: “En ‘homenaje’ al 26 de julio el monopolio estatal ETECSA nos ‘regala’ una velocidad de conexión a internet digna del régimen al que representa”. Sánchez compartió en varias ocasiones una captura de pantalla de su velocidad de conexión. Aunque el 22 de julio mejoró considerablemente, dos días después volvió a su estado habitual, a menos de 300 kbps. “Tendré que hacer un esfuerzo doble para subir mi Cafecito informativo desde Cuba”, dijo refiriéndose al pódcast diario de noticias que conduce.
El periodista José Luis Tan Estrada publicó en Facebook: “Desde principios del mes de julio de este año, comencé a tener dificultad con la conectividad a internet”. Estrada explicó que cerca de las 7:00 p.m. del 10 de julio se le “apagaron los datos móviles por arte de magia”. Logró conectarse cuatro horas después y solo mediante la red 2G.
Días antes y después del 11, Estrada recibió ciberacoso de perfiles falsos, con mensajes amenazadores. “Y, ahora que no eres profesor, ¿qué haces para ganarte la vida?”, le escribieron en Twitter. Estrada fue expulsado de la Universidad de Camagüey en noviembre de 2022, por publicar contenido contrario al régimen en redes sociales. En mayo, Estrada fue detenido e interrogado por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con acusarlo bajo el cargo de “instigación a delinquir”.
Por otra parte, la youtuber Dina Stars volvió a ser objeto de ciberacoso. Esta vez recibió un mensaje directo desde una cuenta falsa con las etiquetas #DeZurdaTeam y #PatriaOMuerteVenceremos, con la amenaza de filtrar un presunto video de contenido sexual suyo. En el texto se lee cómo intentan quebrarla: “Uff, quién habrá podido grabarte sin que te dieras cuenta”.
En julio, Dina ofreció declaraciones para la Televisión Española sobre los influencers de ese país que visitaron la Isla patrocinados por empresas hoteleras ibéricas que tienen inversiones en la mayor de las Antillas. Dina explicó que el objetivo del viaje y la campaña era crear contenido para limpiar la imagen del régimen ante la opinión pública internacional y atraer turismo. En la publicación donde denuncia la amenaza refiere que no la podrán silenciar.
En una intervención reciente, el gobernante Miguel Díaz-Canel expresó preocupación porque su contenido no se distribuye por los canales alternativos que tienen los cubanos gracias a internet y las redes. “¿Cómo ponemos nuestros contenidos en esas plataformas?”, cuestionó públicamente a los funcionarios de su Gobierno.
Otros episodios de ciberacoso denunciados incluyen a los periodistas Mónica Baró y Jaime Masó. A la primera la acusaron por vivir y continuar su labor en Estados Unidos; mientras que al segundo lo agredieron no solo por su trabajo sino también por su orientación sexual.
El youtuber conocido como Kristoff Kriollo subió un video donde cuenta que, meses atrás, la decana de la Universidad de Matanzas le dijo que se había convertido en una “figura audiovisual”, razón por la que había sido interrogado en varias ocasiones por la Seguridad del Estado. Al igual que a periodistas y activistas, los oficiales le hicieron firmar un papel comprometiéndolo a no realizar más videos en contra del Gobierno. También le insinuaron que podrían enviarlo a prisión. El joven, que publica contenido humorístico y burlas a Fidel Castro y Humberto López, contó que la Policía política había intentado captarlo para que diera información sobre las actividades de su centro docente.
Otro de los eventos del mes fue la desarticulación de un intento de protesta por parte de varias madres en La Habana. El grupo tenía la intención de reclamar en la Plaza de la Revolución por leche para sus hijos, pero la Seguridad del Estado citó a la administradora del grupo de WhatsApp, por donde se estaban organizando. Las demás integrantes fueron intimidadas en sus propias casas. La periodista Claudia Padrón Cueto relató que “a partir de sus números de teléfonos las encontraron a todas”.
Por último, alrededor del 11 de julio, varios internautas alertaron sobre intentos de hackeo de sus cuentas en redes sociales y robo de identidades. Inés Casal, madre del artista opositor Julio Llópiz Casal, alertó que existían varios perfiles de Facebook a su nombre, con sus fotos, que enviaban solicitudes de amistad a terceros. Otro usuario, anónimo, afirmó que varias cuentas de Facebook estaban recibiendo mensajes de alerta por intentos de hackeo. “Amigo, necesito un favor tuyo, que tienes más alcance”, le respondió este internauta al cubano emigrado Lucio Enríquez, quien publica regularmente contenido sobre la situación del país y denuncia a la dictadura.
Recientemente, la activista por los derechos de la comunidad LGBTI Lisney Romero Céspedes tuiteó que hace dos años alguien había intentado acceder a su cuenta de Telegram. Ahora pudo confirmar que esa persona se encontraba en Cuba, pues la aplicación de mensajería rusa guarda los IP, el número de identificación de los usuarios en la red.
