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Activismo, LGBT+

Código de las Familias: manipulación digital, falta de transparencia y derechos postergados

Ernesto Eimil

Ilustración: Alejandro Cañer

Todo indica que el domingo 25 de septiembre no será en Cuba un domingo como cualquier otro. Es el día designado por el gobierno para que tenga lugar el referendo para la aprobación o rechazo del nuevo Código de las Familias (CF), un documento polémico y que tanto en la calle como en internet ha sido intensamente discutido.

El CF es el texto jurídico que establece los principios que regirán las diferentes instituciones de familias. Si se aprueba, sustituirá al anterior, que data de 1975.

No se sabe mucho de cómo transcurrió el proceso de redacción. La primera versión en hacerse pública salió en 2021 (fue la número 22) y la actual, la que será votada, es la número 25, así que hay 23 que no han salido a la luz.

Entre los elementos más polémicos y debatidos del código se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario, la sustitución del término “patria potestad” por “responsabilidad parental” y la llamada “gestación solidaria”.

El consenso especializado con respecto al documento es que es una legislación mucho más avanzada que la anterior, que reconoce derechos esenciales que han sido largamente postergados.

Aún así, varias voces se han levantado en contra, sobre todo de parte de la ciudadanía, que desaprueban el matrimonio y las estructuras familiares fuera de lo que llaman “la familia original”.

Si tomamos en cuenta solamente los otros dos referendos que el poder en Cuba ha realizado desde 1959, sería lógico esperar que la opción que es promovida desde el oficialismo, la opción del “sí”, ganase con un apoyo muy alto.

Esos referendos ocurrieron en 1976 y 2019. Y fueron las dos últimas constituciones que impulsó el gobierno. De acuerdo con datos oficiales, la primera se aprobó con el 97,7% del total de votos y la segunda con un 86,8 por ciento.

Pero ahora ese supuesto apoyo histórico no aparenta ser tan aplastante.

En el mes de marzo las autoridades del país hicieron una encuesta no vinculante para saber la opinión de la ciudadanía al respecto. De acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, el resultado de esa encuesta hecha en reuniones vecinales fue que el 54% de la población apoyaría el “sí”, lo que dejaría un hipotético 46% que votaría en contra, se abstendría o no votaría.

Además, el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, admitió en una videoconferencia que el referendo era un proceso complejo, donde existía diversidad de opiniones y no había unanimidad.

De esto se viene hablando desde hace tiempo. En un primer momento, la constitución de 2019 tendría un artículo que legalizaría las uniones matrimoniales igualitarias: el artículo 68.

Al final, el gobierno decidió eliminar dicho artículo del texto final, algo que se ha atribuido a la presión de grupos religiosos. En cambio, en vez de validar derechos humanos básicos, el poder eligió el camino del referendo, dándole la capacidad a terceros de decidir por la vida de otras personas.

El mismo Díaz-Canel y varios perfiles de funcionarios gubernamentales han promovido la opción del sí, tanto en los medios de comunicación bajo su control o en las redes sociales con etiquetas como #yovotosí o #YoVotoSiPorElCodigoDeLasFamilias.

Esto ha sido replicado por las cuentas oficiales de instituciones estatales cubanas. Así lo hizo el Ministerio de Comunicaciones (Mincom), que el 6 de septiembre publicó en su perfil de Twitter #VotemosSí y puso una foto de una planilla de votación con la opción del sí marcada.

También lo hizo la cuenta del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). “El gran mérito del #códigosí, es que ha logrado captar las necesidades de la familia cubana de hoy y del futuro, busca la armonía entre la realidad social, la realidad familiar y el derecho. FAR Cuba está lista para el referendo” escribieron el día 9 de septiembre.

Es importante decir que, durante los años 60, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) participaron en la creación de las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, las llamadas UMAP, que eran campos de concentración donde se encerraba a miembros de la comunidad LGBTIQ+, a intelectuales, artistas, a personas incómodas para el poder. 

Por esos hechos, ni las FAR ni el gobierno han pedido perdón ni han ofrecido reparación a sus víctimas.

Esta política institucional ha sido estudiada por el académico Abel Sierra Madero, y la ha definido como “travestismo de estado”. Se trata de un intento de cambio de discurso, de separación con aquella época de los 60, una estrategia política que instrumentaliza la diversidad.

Esta estrategia ha sido encabezada en la isla por Mariela Castro, hija del exmandatario Raúl Castro, y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Cuando su tío Fidel dijo en agosto de 2010 que las UMAP eran una responsabilidad histórica suya, Mariela trató de hacer un control de daños, desconoció las palabras de su pariente y prometió una investigación.

Años después, en 2020, comparó a aquellos campos de concentración con escuelas al campo, minimizando el daño causado y ofendiendo la memoria histórica de las víctimas. La reparación (y la investigación) no aparecen por ningún lado.

De acuerdo con Sierra Madero, algunas de las políticas contenidas en el código, como la del matrimonio igualitario, forman parte de ese travestismo de estado. En su opinión, el poder busca “ensayar nuevos modos de control político, promueve una transición amnésica, el lavado de la memoria nacional y la reescritura de la Historia. Se trata de reacomodar o de reescribir algunos procesos históricos que conectan a la Revolución con la discriminación y la homofobia”.

Pero volvamos al referendo por el código.

El posicionamiento de narrativas a favor del “sí” en redes sociales por funcionarios electorales como Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, podrían ser interpretados como una violación del reglamento electoral de Cuba y de la Ley del Código Penal.

 

Captura de pantalla de Twitter.

 

Según esta Ley, en su artículo 431.3 inciso c), está penado con “seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas, quien, estando investido de funciones oficiales en elecciones, consultas populares, plebiscitos, referendos y otros procesos de participación democrática realice propaganda relativa al proceso eleccionario, consulta popular, plebiscito, referendo u otro proceso de participación democrática”.

Balseiro y la cuenta en Twitter del consejo electoral han compartido mensajes a favor del sí. Incluso Balseiro ha aparecido en televisión nacional para hablar sobre los valores que defiende el código.

Captura de pantalla de Twitter.

Transparencia Electoral

Una parte de la ciudadanía que votará “no” o que ha promovido el voto por el “no”, más que oponerse a alguno de los derechos descritos en el CF, se opone a la forma en que se ha desarrollado el proceso, al mecanismo electoral cubano, a la falta de transparencia o a la instrumentalización que hace el poder de la comunidad LGBTI+.

 

La desconfianza de esa parte de la ciudadanía en las instituciones electorales cubanas está justificada. El Partido Comunista de Cuba, si bien no nomina candidatos, controla todas las formas de acceder a los órganos del poder popular. Controla, incluso, el organismo que se supone debe velar por el desarrollo justo de referendo: el Consejo Electoral Nacional (CEN), cuyos miembros son propuestos por el presidente de la república

Al respecto, las organizaciones ProBox, DemoAmlat y el medio Diario de Cuba realizaron un debate sobre el Código de las Familias, el sistema electoral cubano y la manipulación digital.

“Existen elecciones en las que se vota, pero no se elige”, de esa forma describe DemoAmlat, un programa regional que articula a organismos electorales, partidos políticos y ONGs alrededor de los principios democráticos, el escenario político que rodea al referendo del próximo domingo.

Jesús Delgado Valery, coordinador de DemoAmlat, opinó en el debate que “no hay ninguna obligación para que el Código sea sometido a referendo. De hecho, en la agenda legislativa hemos visto cómo se han aprobado leyes muy polémicas y restrictivas de los derechos humanos, como es el Código Penal, y en ese caso no hubo ninguna consulta a la ciudadanía”.

Delgado Valery cree que se están usando todos los recursos del estado para la campaña por el “sí”. Y que, si los resultados de la consulta popular de marzo son correctos, se espera una fuerte oposición a la aprobación del Código.

Pero a pesar de que se espera una oposición más numerosa que en ocasiones anteriores, no hay forma de comprobar que los resultados anunciados por las autoridades son legítimos.

“No hay ninguna instancia de auditoría”, dijo Valery, “ni ciudadana, porque no se reconoce a la sociedad civil independiente, y tampoco hay una figura de aprobación electoral, ni nacional ni internacional. No se invita, como se hace en el resto de la región, a la Organización de Estados Americanos, a alguna comisión especial de la ONU o a organizaciones de la sociedad civil que entienden en materia electoral, como Transparencia Electoral (a donde pertenece DemoAmlat)”.

Aunque en Cuba existen grupos organizados de ciudadanos que ya han intentado observar procesos anteriores y lo intentarán nuevamente con el del próximo domingo 25, lo cierto es que no hay acceso al mecanismo de conteo de votos y no se sabe si existe algún software para la contabilización que facilite el proceso.

Una novedad de este referendo es que las personas podrán votar en cualquier centro de votación, esto se hace, en teoría, para asegurar el derecho al voto si dicha persona se encuentra lejos del lugar que normalmente tiene asignado.

Delgado Valery, quien ha sido observador de procesos electorales en varios países de América Latina, advierte que esto significa que una persona puede votar cuantas veces quiera. “Al no existir un padrón electoral cruzado en tiempo real, yo puedo ir a distintos centros de votación a votar por el sí o por el no” argumentó

Hasta ahora, el CEN no ha explicado cómo piensa asegurar el principio de un ciudadano, un voto. “Hay muchísimos indicios de que no hay un control ni ciudadano ni institucional y que finalmente el CEN anunciará unos resultados que serán incontrastables”.

Lo único que se sabe al respecto, es lo que dijo Alina Balseiro en televisión y que el medio oficialista Cubadebate replicó. La comprobación de la lista electoral se hizo de manera manual, yendo casa por casa.

“En este minuto se están imprimiendo casi todas las listas, que deben firmarse por las autoridades electorales de los municipios para darles validez y exponerlas a los electores”, dijo.

Pero hay más. Sumado a las irregularidades y a la falta de un árbitro independiente, existe la sospecha entre miembros de la sociedad civil de que el código ya está aprobado y que el referendo del domingo es solo una ilusión con humo y espejos.

Esta sospecha está fundamentada en la publicación del texto jurídico del código en la Gaceta Oficial, un lugar donde usualmente se publican documentos que ya han sido aprobados y que entrarán en vigor.

Sin embargo, no hay confirmación de que esto sea así. Las autoridades electorales no han dado una justificación clara hasta el momento. Aunque sin dudas, esto constituye una irregularidad dentro del ordenamiento jurídico cubano.

Voto de cubanos en el extranjero ¿algo posible?

Es difícil calcular la cantidad de cubanos que viven fuera de las fronteras geográficas de Cuba. Algunas estimaciones sugieren que son más de 2 millones, una cifra mayor que la población total de países como Letonia, Trinidad y Tobago o Guinea Ecuatorial.

Pues bien, casi ninguno de esos 2 millones de cubanos podrá votar en el referendo solo porque no viven en la isla.

Los únicos que tienen permitido hacerlo son quienes están de misión en el exterior: médicos, diplomáticos, profesores… a los demás les ha sido negado el derecho de participar en la votación.

En los últimos días se dio a conocer una iniciativa centrada en aquellos que no pueden ejercer su derecho al voto, algo así como un simulacro de participación.

Esta iniciativa es impulsada por Transparencia Electoral, una organización que trabaja para promover elecciones íntegras y equitativas en Latinoamérica, y por DemoAmlat. Y pretende recuperar el derecho al voto en el exilio, aunque sea de manera simbólica.

Según Transparencia Electoral, esta es una solución tecnológica que les permitirá a los cubanos empadronarse y emitir su voto desde cualquier parte del mundo. Los resultados no serán vinculantes, pero, según sus promotores, permitirá sondear la opinión de los cubanos que viven en el extranjero y les ayudará a confeccionar un padrón de residentes en el exterior.

Para ello, requerirán la presentación del pasaporte como documento para validar identidad, algo que ha sido cuestionado por algunos exiliados.

La activista Salomé García Bacallao considera que Transparencia Electoral no tiene la suficiente confianza entre los cubanos como para exigir un documento tan sensible, y que no es necesario para llevar a cabo el simulacro.

“¿Cómo puede verificar @TransparenciaAL que las fotos de los pasaportes no son falsas? Van a contactar a los consulados o al @minint_cuba para verificar?” se preguntó.

Además, Bacallao valora que esta iniciativa va en la misma línea que el gobierno cubano, y que los derechos no se plebiscitan. «El reconocimiento de derechos políticos en Cuba no debería empezar con un referéndum sobre matrimonio igualitario» escribió.

El periodista, profesor e investigador José Raúl Gallego calificó de “nefasto” el voto simulado que se hará. “Ponernos a jugar al voto con algo sobre lo cual no tuvimos ningún tipo de incidencia, un producto del régimen aprobado de antemano, como si ahora mismo no hubiera nada mejor que hacer. ¿Qué interpretación le van a dar los resultados?” publicó en un post en Twitter.

Por el contrario, otra activista, Hilda Landrove, opina que es un ejercicio que vale la pena, como una visualización de la pérdida de derechos políticos de los cubanos en el exterior.

Habrá que esperar hasta el día 25 para ver si la iniciativa de esta organización tiene un impacto entre esos más de 2 millones, si los resultados que genera son representativos o válidos o si no serán instrumentalizados con otros fines.

Manipulación digital

María Virginia Marín, directora ejecutiva del observatorio de tendencias digitales ProBox, un observatorio centrado principalmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, comentó en el debate digital de Diario de Cuba que el posicionamiento de las narrativas a favor del “sí” en las redes sociales por parte de figuras políticas de alto rango, como Díaz-Canel o el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quizá contamina la conversación digital, porque hace mucho más difícil que otros temas que tienen mucho más que ver con la realidad del país logren posicionarse.

 En Twitter, una red menos utilizada por la ciudadanía en Cuba comparada con Facebook, pero vital, a criterio de Marín, para la construcción del discurso público, es donde han observado la mayoría de las tendencias favorables al “sí” promovidas por el poder.

ProBox ha logrado identificar dos grandes actores de la conversación sociopolítica en Twitter Cuba. Por un lado, el gobierno, funcionarios públicos, el Partido Comunista y las llamadas ciberclarias; por otro la sociedad civil, activistas, periodistas independientes, personas que disienten del poder.

Entre los meses de enero y agosto de 2022, este observatorio venezolano detectó más de 186 000 tweets relativos al CF y 24 tendencias. La mayoría de los tweets registrados eran a favor del “sí”.

“No hemos logrado de ninguna forma documentar tendencias en contra. Y esto es importantísimo, porque sí sabemos que hay personas que están en contra del código y en las tendencias en la conversación digital no se ha visto de esa manera”

Esto pudiera deberse a que esas personas, que en la consulta popular de febrero a marzo expresaron su desacuerdo, no tienen un acceso regular a las redes sociales.

“Hemos demostrado que existe una estrategia conjunta entre los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela para posicionar e imponer sus mensajes en las redes. Ha sido documentado también como muchas de estas personas (quienes posicionan los mensajes) son financiadas, a pesar de que esto no solo incumple con leyes internas de esos países, sino con las reglas internas de la plataforma” explicó Marín.

Sin embargo, según la también politóloga venezolana, la respuesta de las plataformas a estas violaciones ha sido ineficaz debido a una barrera idiomática con el español.

Tampoco es tan fácil para la ciudadanía incidir en la conversación digital. Las opiniones en línea están limitadas a conveniencia de las autoridades con dos decretos, el Decreto Ley 370, aprobado en 2019, y el Decreto-Ley 35, que lo hizo en 2021. Estos decretos regulan la libertad de expresión en internet a lo que el gobierno entienda como “contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, términos ambiguos que no están definidos en ningún otro cuerpo legal existente en Cuba.

El contexto en que se han desarrollado los últimos debates sobre el referendo ha estado marcado por protestas en Cuba, contra los largos cortes de electricidad, la crisis económica y el carácter autoritario del gobierno.

“Esto (el referendo) desarticula de nuevo, divide el activismo, las opiniones de la sociedad civil y esto, si bien estaba previsto que las elecciones ocurrieran este año, le cae como anillo al dedo al gobierno cubano que esta elección desvíe la atención sobre otros temas que estaban siendo noticia” opinó Marín.

¿Qué propone el nuevo Código de las Familias?

El CF que será votado el 25 de septiembre no está exento de vacíos, pero según criterios especializados este texto, más allá del carácter antidemocrático del gobierno cubano, es una legislación que reconoce derechos a grupos históricamente desplazados o en situación de vulnerabilidad.

Para algunos, en un país que está gobernado a decretazos, con leyes tan arbitrarias y restrictivas como la nueva Ley del Código Penal, la posibilidad de un texto jurídico inclusivo es algo verdaderamente excepcional.

Para otros, la inclusión de conceptos como el de “responsabilidad parental”, que sustituye a la patria potestad, es una puerta de entrada para que el gobierno quite los hijos a los padres si así lo considera.

En busca de una visión informada, YucaByte recopiló opiniones de varios abogados de la plataforma Cubalex de un conversatorio virtual que tuvieron en el mes de febrero.

Con respecto a las diferencias entre patria potestad y responsabilidad parental, Laritza Diversent, directora de Cubalex, cree que con ese cambio se entiende a las niñas, niños y adolescentes como sujeto de derecho, y no como propiedad de sus padres.

Diversent explicó que esto significa que la crianza debe ser guiada por principios de respeto: la reflexión, la no imposición y la no violencia.

La abogada Giselle Morfi añade que dentro de la responsabilidad parental queda clara la obligación de criar a los hijos bajo la ideología del Partido Comunista. Aunque esto es algo que ya sucede con el código vigente, el de 1975. “Hay una contradicción entre lo establecido de que los menores sean escuchados y se respete su libertad de expresión, con esos límites que pueden ser causales del estigma y de la suspensión de la responsabilidad parental” dijo.

Para Diversent lo fundamental no es la comparación entre ambos conceptos. “Deberíamos poner en la mira que el texto habla de obligaciones de los padres, pero no de derechos, los cuales están reconocidos internacionalmente”.

Por otra parte, Diversent reconoce como un acierto la prohibición del matrimonio infantil, la reproducción asistida a las personas no heterosexuales y que tiene en cuenta otros modelos de familia. Morfi ve positivamente el reconocimiento de las personas LGBTIQ+ y también la protección contra la violencia de género.

Entre los desaciertos, Cubalex señala como una preocupación que no hay una prohibición expresa para que los niños y niñas con una orientación sexual o identidad de género no heteronormativa sean sometidos a tratamientos médicos a los que no han accedido. “Pensamos en los niños intersexuales, por ejemplo, que los padres toman la decisión por ellos” comentó Diversent. “Y los tratamientos médicos forzados pueden ser un método de tortura”.

“El código no resuelve completamente el tema de la discriminación. Es decir, no está claro que se prohíba toda forma de discriminación. También solo dispone obligaciones de los padres para dar alimentos, vestido, etc; pero no nombran las obligaciones del estado para ayudar a los padres con ello”.

Giselle Morfi considera que la técnica legislativa empleada en el CF da un margen demasiado amplio a la discrecionalidad en la aplicación de la norma. Ve negativamente el uso de términos ambiguos y valora la redacción como difícil de comprender. También cree que le confiere a la autoridad un poder ilimitado en la toma de decisiones, cuando debería ponerle un límite.

Pero ¿qué creen del código los activistas? ¿qué piensan de él las personas que en teoría se benefician de los nuevos cambios?

En un reportaje anterior de YucaByte fueron publicados varios de estos criterios.

Adiel González Maimó, activista LGBTIQ+ y cristiano practicante, dijo en aquella ocasión. “Este Código de las Familias es el resultado de nuestros activismos, es fruto nuestro también. Y por eso pienso que hay que defenderlo, recibirlo con satisfacción. Hay que decir SÍ mil veces por él, porque es una propuesta más moderna y mejor que el Código vigente, de 1975”.

En lo referido a las ausencias, algunos activistas reconocen que una de las más significativas es el no reconocimiento de forma transversal y explícita de las identidades trans y no binarias, lo que deja a un grupo de personas expuestos a violencias específicas.

Por el contrario, Adelth Bonne Gamboa, también activista LGBTIQ+, declaró en aquella ocasión que había tantas razones para decir “sí” como para decir “no”. Gamboa también citó entre sus preocupaciones el no reconocimiento de las identidades trans y el tema de la responsabilidad parental.

La activista feminista Marta María Ramírez, dijo a nuestro medio que, aunque era evidente que el CF era un intento de lavado de cara del gobierno cubano, ese lavado de cara les permitiría decirle al gobierno cuando incumple sus propias normas.

“Ese código ahora no es una expresión de la voluntad política del Gobierno, sino de la voluntad popular” argumentó Ramírez. “Porque si el Estado de verdad quisiera ese Código, y hablamos de un Estado ultraconservador, ya tendríamos CF, incluso uno más progresista y aterrizado a la realidad cubana. Lo está llevando a referéndum porque sabe que nos va a dividir políticamente, que hay temas que provocan polarización”.

Si bien el nuevo código ha sido promocionado en redes como una muestra del carácter progresista del estado cubano, lo cierto es que a escasos días de la votación dos proyectos independientes del activismo LGBTIQ+ tuvieron que cerrar. Y al menos uno de ellos, Dame la mano, del activista Jancel Moreno, lo hizo por presión de la Seguridad del Estado.

Y esto es solo uno de los últimos ejemplos. Parece poco probable que el gobierno cubano se preocupe realmente por los derechos de grupos históricamente desplazados. 

Ante este escenario, a la ciudadanía en Cuba se le presentan tres opciones: la primera es el reconocimiento de derechos esenciales largamente postergados; la segunda es continuar negando  esos derechos; la tercera sería seguir posponiéndolos hasta que un cambio real ocurra en el gobierno.

Los próximos pasos son inciertos. Si gana el “sí” ¿cumplirá el poder con lo que promete? ¿hará valer sus propias leyes o las interpretará como mejor le plazca?

Si gana el no ¿se quedará el código antiguo? Un código desfasado que vulnera la identidad, las expectativas y la vida de tantas personas. ¿Se redactará un nuevo código? ¿Y si se redacta cuánto tardarán en aprobarlo? ¿quiénes serán los perjudicados por esta situación, los relegados?

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