Ilustración: Julio Llópiz-Casal
Tania Velázquez, presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), participó el jueves 28 de abril en el programa Informativo ASIET, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, una organización encargada de promover las buenas prácticas en ese campo y del desarrollo de las tecnologías de la información en América Latina.
Informativo ASIET es un programa apoyado por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), una organización sin fines de lucro que define como uno de sus objetivos la defensa de “la libertad de expresión y el derecho al libre acceso a la información para que la comunidad internacional reflexione sobre la situación de opresión que viven numerosos medios de comunicación” en la región. CERTAL tiene entre sus patrocinadores a organizaciones como CADAL y Freedom House. También recibe apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), ambas subordinadas a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La compañía cubana, quien tiene el monopolio de los servicios de telefonía en el país, ha sido mencionada recientemente en un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos por la frecuente violación de los derechos digitales de la ciudadanía.
A primera vista, los valores que defiende CERTAL son incompatibles con el papel que juega esta empresa en la sociedad cubana. Los cortes de internet, la reducción del ancho de banda, la implementación de la censura contra individuos específicos y la vigilancia virtual son prácticas comunes de los Órganos de la Seguridad del Estado que son facilitadas por ETECSA.
Sin embargo, no es esta la primera vez que instituciones internacionales del campo de las telecomunicaciones se han vinculado con la compañía. En junio de 2018, se realizó el sexto Congreso Latinoamericano de Comunicaciones en Varadero, evento que fue organizado por, entre otros, la ASIET, y donde tuvo representación el estado cubano en la voz de Maimir Mesa Ramos, entonces ministro del ramo y de Mayra Arevich, directiva de ETECSA hasta 2021.
El año pasado, una investigación de YucaByte demostró que Arevich utilizó desde 2014 un perfil falso en redes sociales para difundir propaganda gubernamental. Este tipo de perfiles, conocidos en la isla como ciberclarias, se han encargado de acosar sistemáticamente a quienes son críticos con el sistema.
Arevich, que accedió a su anterior cargo en 2011, fue culpable directa del bloqueo a diversas páginas webs y a medios alternativos digitales y cómplice de la interrupción del servicio de telefonía móvil que desde hace años sufren periodistas, artistas y activistas políticos. En junio de 2019, fue incluida en la base de datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) como “represora violenta”, por incitar al odio hacia la bloguera Yoani Sánchez con imágenes publicadas en Twitter. Después de diez años como cabeza de ETECSA, Arevich fue promovida a ministra de Comunicaciones durante el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2021.
Nueva presidenta, mismas órdenes
Tania Velázquez era la máxima responsable de ETECSA durante el apagón de internet más largo desde que se normalizó la conexión por datos móviles en diciembre de 2018. Esto sucedió durante las protestas masivas del 11 de julio (11J), donde miles de cubanos y cubanas se manifestaron contra el gobierno y por mejoras de sus condiciones de vida.
En su intervención en Informativo ASIET, Velázquez habló de las nuevas medidas del espacio radioeléctrico que están en vigor en Cuba, aunque no mencionó explícitamente cuáles eran. “Consideramos que es una normativa bastante moderna, que está ajustada a estándares internacionales” declaró la funcionaria.
En los últimos años se han aprobado legislaciones relacionadas con este sector que han levantado mucha polémica, como el Decreto-Ley 370, por el que se han multado a al menos 52 personas, y el Decreto-Ley 35, utilizado para amenazar a activistas. Este tipo de regulaciones están dirigidas a proteger los intereses del régimen y han sido criticadas por organizaciones internacionales. Por regla general, los términos criminalizados no están definidos en el texto jurídico y se dejan a interpretación de las autoridades.
Estas personas, que han sido multadas en virtud del Decreto Ley 370, han hecho públicas sus denuncias de represión digital
En materia de seguridad, explicó Velázquez en el programa, la ley “promueve y garantiza el uso de las redes sociales”, y “asegura la conexión de los ciudadanos”.
Pero la realidad demuestra que dichas medidas están enfocadas en castigar la publicación en internet de contenidos valorados por Velázquez y el estado como contrarios a la “integridad y las buenas costumbres”.
“Las acciones que se llevan a cabo en una ley con respecto a cómo se regulan los derechos de la ciudadanía no pueden estar orientadas a salvaguardar al sistema político, tienen que estar orientadas al servicio de la ciudadanía, porque ese es el objetivo de la democracia”, explica la abogada Marianne Díaz Hernández, especialista en derechos digitales de la organización Access Now.
Por su parte, CERTAL afirma que trabaja por el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que vela por la existencia de medios independientes y plurales, por la defensa de los derechos de los periodistas y por sociedades mejores informadas. Elementos que son vulnerados por ETECSA o el Ministerio de Comunicación (MINCOM)
De acuerdo con un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la restricción total o parcial del acceso a la red responde a una estrategia utilizada por los servicios de seguridad nacionales para evitar que manifestantes o miembros de la sociedad civil se comuniquen entre sí y puedan coordinar protestas. En el documento también se afirma la responsabilidad de las instituciones gubernamentales en la reducción del ancho de banda para dificultar la comunicación.
Por otro lado, no puede decirse que las autoridades del país estén interesadas en un acceso masivo y democrático a las TIC, uno de los principales propósitos de CERTAL. El reportaje Fuera de cobertura: la inversión cubana en infraestructura de telecomunicaciones, texto colaborativo entre CONNECTAS y YucaByte, reveló que entre 2005 y 2019 el gobierno cubano invirtió en equipos de telecomunicaciones apenas una décima parte del total de ingresos que en ese mismo período obtuvo solo en materia de servicios de exportación de telecomunicaciones.
A pesar de esto, la narrativa oficial utiliza fotos de la instalación de nuevas radiobases como muestra de progreso y modernización, aunque esta tecnología realmente no garantice la calidad del servicio. Según Daniel Sepúlveda, subsecretario adjunto de Estado y coordinador de Estados Unidos para las Comunicaciones Internacionales, el atraso en materia de conectividad y el incumplimiento de requisitos internacionales —como los que establece la CERTAL— en la isla es más una cuestión de políticas públicas que de dinero o de tecnología.
Una investigación de YucaByte demostró que, a pesar del embargo, las exportaciones de “servicios de telecomunicación, computación e información entre 2005 y 2019 fueron de 5 697 millones de dólares a Estados Unidos y de 21 582 millones de dólares a todo el mundo”. Un número muy superior a lo que exportaron en ese mismo rubro países latinoamericanos como República Dominicana (3 886 millones), Guatemala (7 628 millones) o Ecuador (1 735 millones de dólares).
En marzo de 2022 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización vinculada a la ONU, visitó el país para constatar los avances del sector. Al terminar la visita, la UIT valoró de muy positivas las iniciativas que le fueron presentadas. Ocho días después, el joven Yoan de la Cruz, quien filmó las protestas del 11J en una directa de Facebook, fue condenado a seis años de privación de libertad por un hecho que el gobierno cubano consideró como uso inadecuado de internet.
