La recién nombrada ministra de Comunicaciones de Cuba y expresidenta ejecutiva de ETECSA, Mayra Arevich Marín, participó el pasado 27 de abril en el debate temático sobre cooperación y conectividad digital celebrado en el Salón de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Debido a los protocolos sanitarios de la ONU, la intervención de la ministra fue reproducida en un video hecho desde la Isla.
El discurso de Arevich, de casi tres minutos, estuvo cargado de contradicciones entre la realidad de su gestión como presidenta del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba y las exigencias que pedía a la comunidad internacional.
En su introducción, la ministra arremetió contra “la brecha digital que existe entre países desarrollados y países en desarrollo”, sin embargo, durante el resto del discurso ni siquiera se refirió a las brechas digitales existentes en Cuba. Como expresidenta ejecutiva de ETECSA, nadie mejor que ella podría hablar de este tema. La empresa que durante 10 años dirigió ha sido fuertemente criticada desde la ciudadanía por su resistencia a bajar los precios del internet y de otros servicios de telecomunicaciones, los cuales no se corresponden con el nivel adquisitivo de la mayoría de los cubanos ni a los estándares de precios en el resto de la región.
Arevich también habló sobre la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para cuestiones como el estudio, el trabajo y el desarrollo del comercio en el contexto de la pandemia de la Covid-19. De igual forma exigió que en el mundo se “favorezca el acceso de todos a las TIC en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, la ministra esquivó de manera premeditada el tema de la censura, la incomunicación y el ciberacoso que la empresa que dirigía y el ministerio que actualmente preside aplican sobre las voces disidentes de su país. Los cortes de internet y de servicios de telefonía móvil a artistas, periodistas independientes y activistas políticos, quedaron completamente fuera de su discurso, que fue escuchado en la organización internacional de más alto nivel encargada de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo los digitales.
En su intervención, Cuba solo es mencionada para, como de costumbre, protestar por el mantenimiento del embargo estadounidense. El embargo, en palabras de Arevich, resulta el único freno para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.
Por último, la ministra ofreció de manera optimista algunos datos: el 64% de los cubanos cuentan con acceso a internet y 6.6 millones a los servicios de telefonía móvil. Con tales cifras, dijo, el Gobierno se preparaba para cumplir con la meta 2030 en materia de tecnología para el desarrollo económico y social. Sin embargo, Arevich obvió el hecho de que ETECSA y el Ministerio de Comunicaciones solo pudieron cumplir, en cinco años, una décima parte de su compromiso con la Agenda Conectar 2020 en materia de expansión del servicio de internet a los hogares.
¿Puede hablar la sociedad civil cubana en la ONU?
La intervención de la ministra Arevich se derrumba por sí sola. Su discurso es pura retórica vacía, donde se ausenta la realidad de un país donde el acceso a internet es en extremo caro, la informatización de la sociedad un proceso lento y precario, y los derechos digitales un privilegio negado por motivos políticos.
Resulta siempre incómodo el hecho de que este tipo de intervenciones sean las que pretendan describir la situación del país en materia de tecnología y derechos digitales. Más aún cuando llega de boca de una represora como Arevich, de quien se conoce su pasado como ciberacosadora escudada en un perfil falso de Twitter. No obstante, esto continúa sucediendo y, hasta tanto la sociedad civil cubana no sea educada en las maneras de frenarlo, será la voz de la ministra la que escuche la ONU.
Sobre este tema YucaByte conversó con Laritza Diversent, jurista y directora del centro de información legal y de defensa de derechos humanos Cubalex.
Laritza, tanto en materia de derechos digitales como de derechos humanos en general, discursos como el de la ministra de Comunicaciones son los que escucha la ONU. Para este organismo, esa es la realidad del país. ¿Por qué es esta versión manipulada la que trasciende y no, por ejemplo, la de la sociedad civil?
–Lo primero que debe entender la sociedad civil cubana es qué cosa es el sistema de Naciones Unidas y cómo podemos utilizarlo para nuestro trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos. Debe comprenderse que Naciones Unidas es todo un sistema que cuenta con órganos, procedimientos, métodos. Uno de sus órganos, por ejemplo, es el Consejo de Derechos Humanos (uno de los pilares de esta organización), que tiene todo un procedimiento en el que los Estados participan y al cual se someten. Al igual que los Estados, también la sociedad civil participa de este procedimiento. Dicho esto, hay que señalar que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad civil es que participa en muy pocos de estos mecanismos de supervisión de las obligaciones del Estado. Y he aquí uno de los principales motivos por los que Cuba no aparece en estos informes de Naciones Unidas que hacen los relatores especiales sobre las violaciones de derechos. Sé que el problema no es que nuestra sociedad civil se niegue a participar, sino que muchos no conocen de estos procedimientos, que son bastante complejos.
¿Y cómo podría la sociedad civil cubana participar o comenzar a incidir en estos mecanismos?
–No puede pensarse que, de comenzar ya, los resultados se verán a corto plazo. Pongamos este ejemplo. Los datos móviles se introdujeron en Cuba en diciembre de 2018, por lo que llevamos dos años con estos cortes selectivos, al menos de internet. La sociedad civil debería empezar informando de esto, pero con detalles. En base a esos datos se elabora un informe donde se analice el impacto de estos cortes, que luego se presenta en Naciones Unidas. Se le dice al relator lo que hace el Gobierno y si acepta la denuncia, este pide hablar con el Gobierno. En fin, que es todo un procedimiento con sus normas y sus tiempos, el cual la sociedad civil, en su inmensa mayoría, desconoce.
-Pero las redes sociales ayudan a denunciar este tipo de cortes deliberados.
–Pero eso no es lo mismo que ir por estos procedimientos formales. Lo que comúnmente se hace es publicar estas denuncias muy sueltas en páginas webs y muros de Facebook. Pero así las Naciones Unidas no se enteran de qué pasa en Cuba.
Hay que tener claro que el tema de derechos humanos es muy importante para el Gobierno cubano, al punto de que hace un cabildeo tremendo en Nueva York y en Ginebra, y destina muchos recursos, para garantizarse un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Si sabemos la relevancia de esto, entonces la sociedad civil debe preguntarse: ¿Hemos recopilado información suficiente y de calidad? Porque no es solo decir que en Cuba se están realizando cortes selectivos de internet. Y debe preguntarse también: ¿Qué organización está recopilando esta información sobre los cortes? ¿Cuáles son los posibles motivos de los cortes, cuánto duran, cuán continuos son? ¿De qué forma estamos recopilando estos datos? Porque si denunciamos en Facebook, por más likes que tenga y por más que se comparta un post, Naciones Unidas no se enterará. Es necesario que exista un sistema, un servicio para que las personas que sufren este tipo de violaciones a sus derechos digitales puedan reportarlos con sus datos y con toda la información que pueda ser relevante. Esa información luego se recopila, se conforma de manera adecuada y se le envía al relator. Si la denuncia es aceptada, el relator debe comunicar al Gobierno, y esa comunicación se archiva en Naciones Unidas y también se hace pública. Solo con eso, se obliga al Gobierno a responder. Además, cada cuatro años, Cuba se somete a un examen periódico universal sobre derechos humanos en Naciones Unidas, donde inciden estos informes. De nosotros depende desmentir la versión del Gobierno cubano sobre su supuesto nivel de “respeto envidiable” a los derechos humanos.
