Ilustración: Carmen Barruecos
En un modesto refugio de Santa Clara, rodeado de ladridos, Gustavo Mena Artola, conocido como «San Lázaro Vigía», dedicaba su vida a rescatar perros callejeros. Sin embargo, el mismo gobierno que desoyó sus llamados a proteger los derechos de los animales lo ha condenado al ostracismo y la prisión por manifestar opiniones críticas sobre su incapacidad para gobernar y cuestionar su sistema de gestión.
A los 54 años, Gustavo Mena es otro ejemplo de cómo en Cuba el compromiso social puede derivar en motivo de persecución política. Su arresto, ocurrido el 14 de septiembre de 2023 tras publicar en Facebook llamados a protestar por la crisis energética, marcó el inicio de un calvario judicial que culminó con una condena de dos años de trabajo correccional con internamiento. Actualmente, cumple su sentencia en la prisión de trabajos forzados La Guanajera, en Santa Clara. Varias veces las autoridades le han denegado su solicitud de libertad condicional.
Un llamado a la protesta que terminó en detención
Desde 2019, Gustavo gestionaba un refugio improvisado en un rincón alejado de la ciudad de Santa Clara, donde llegó a albergar hasta 45 perros que habían sido abandonados en las calles. Su rutina comenzaba cada día a las 4:30 de la mañana, cocinando con los escasos recursos disponibles para alimentar a los animales que rescataba. Los curaba, los daba en adopción o, cuando no había alternativa, los mantenía en el refugio. En 2020, confesó a CubaNet su sueño de abrir una clínica veterinaria y garantizar acceso legal a recursos básicos para los protectores de animales.
Sin embargo, sus aspiraciones se truncaron totalmente en 2023, cuando su activismo animalista se entrelazó con una postura política crítica. El 13 de septiembre de ese año, publicó en Facebook: “Todos para la calle sin miedo, al igual que los valientes del 11 de julio”, en referencia a las históricas protestas de 2021.
Un día después, el 14 de septiembre, Gustavo escribió otro mensaje en sus redes sociales denunciando la crisis energética: “Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Para qué pregunto si ya sé la respuesta? Felices y sin corriente desde las 4:00 a.m., siete apagones en 48 horas, pero no se me quejen por lo menos delante de mí porque entonces sí van a conocer lo que es un acto de repudio con una mano de tranca, partía de carneros”. Ese mismo día fue arrestado bajo la acusación de «desacato».
Tras su detención, Omar Mena, rapero y activista amigo del animalista, declaró a ADN Cuba que Gustavo estaba siendo procesado por sus publicaciones críticas hacia el régimen y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Omar relató que su amistad con Gustavo siempre estuvo centrada en el bienestar de los animales: “Nunca hablamos de política, pero en los últimos meses San Lázaro se quitó la venda y usó sus redes sociales para arremeter contra la dictadura”.
En una reciente conversación con YucaByte, Omar detalló que la «transformación» de Gustavo comenzó tras el encarcelamiento de su sobrino Yunior Sebey Mena, conocido como el Yuyo Sebey, uno de los primeros en grabar las manifestaciones del 11J en Santa Clara y condenado a siete años de cárcel por su participación en las protestas. Este hecho marcó el inicio de una oposición activa de Gustavo en redes sociales, que alcanzó su punto álgido durante una de las tantas oleadas de apagones dentro de la crisis energética en Cuba.
El 31 de octubre de 2023, tras varias semanas encarcelado, Gustavo fue liberado por falta de pruebas. Según explicó a este medio su esposa, Marisol Bermúdez Díaz, “a él lo metieron en prisión ―estuvo en La Pendiente―, pero por falta de pruebas le dieron la libertad. Le devolvieron el teléfono, que fue la base para acusarlo de ‘desacato’. Sin embargo, mientras estaba en casa en libertad, le enviaron una citación para presentarse a juicio porque un fiscal de oficio supuestamente había encontrado pruebas suficientes para continuar el proceso”, acotó su pareja.
Sentencia tras un juicio amañado
El 7 de noviembre de 2024, Gustavo fue condenado a dos años de trabajo correccional con internamiento debido a sus publicaciones en redes sociales.
Tras recibir la sentencia, el protector de animales escribió en Facebook: “Como era de esperar, sin pruebas para una acusación, me condenan a dos años. Si piensan que me doblegaron, se equivocan. Ahora me tomo un café con mi esposa y celebramos nuestro aniversario 31 y el cumpleaños de mi nieto. Mañana comienza una nueva etapa en nuestras vidas, que les garantizo no será de sumisión y miedo. Ahora, voy a garantizar primero que todo la seguridad de mis callejeros (14 perros). Gracias a los que ya se han ofrecido para sus cuidados hasta que pase la tormenta”.
Sobre el juicio amañado, Bermúdez Díaz explica: “Los testigos eran un miembro del DTI [Departamento Técnico de Investigaciones], que supuestamente rastreó las publicaciones en Facebook; un policía que no sabía nada del caso; y un técnico de ETECSA, llevado para comprobar que las publicaciones salieron del teléfono de Gustavo”.
Un sistema judicial al servicio de la represión
Este fallo, plagado de inconsistencias, muestra una vez más cómo el sistema judicial cubano se utiliza para silenciar a los opositores y sofocar cualquier disidencia. Según expuso a YucaByte uno de los abogados del Centro de Información Legal Cubalex, Alain Espinosa, el uso de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y demás por parte del régimen sirve para “perseguir y castigar a todas las personas que muestren disenso respecto de la gestión de los funcionarios públicos en Cuba”.
“Si bien son delitos que pueden estar establecidos en cualquier legislación penal ―explica Espinosa― normalmente en el caso de Cuba la particularidad es que de la forma en que están establecidos en el Código Penal no guardan una relación o no están atemperados con lo que establecen los estándares internacionales, y lejos de buscar garantizar una protección del orden público y de la legalidad, lo que buscan es blindar a los funcionarios del escrutinio popular”.
“El caso de Gustavo Mena Artola, como el de otros presos políticos, evidencia la voluntad de las autoridades cubanas de reprimir y castigar por opiniones políticas o sociales. Aunque las sanciones podrían sustituirse por variantes sin internamiento, se obliga a cumplirlas en su totalidad, a diferencia de delitos más graves, donde los beneficios de excarcelación anticipada sí se aplican”, agrega el jurista.
Sobre este tipo de irregularidades, que reflejan el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, también opina Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe. Para ella, están aseguradas por reformas legales recientes, como la aprobación de un nuevo Código Penal en abril de 2022 y su entrada en vigor el 1 de diciembre de ese año, como parte del conjunto de reformas penales que deriva de la adopción de una nueva constitución en 2019.
“Estas reformas han dado lugar a un uso preocupante de la legislación para reprimir el derecho a la libertad de expresión y criminalizar la protesta pública, reflejando una estrategia de las autoridades para silenciar a quienes disienten», destaca Cilano, quien también alerta sobre los riesgos de este Código Penal para activistas, periodistas, artistas e intelectuales: “La persistencia de delitos largamente utilizados por las autoridades cubanas para criminalizar a disidentes, la vaguedad en la descripción de los tipos penales, la regulación del financiamiento extranjero y el uso de redes sociales de forma incompatible con normas internacionales, así como las restricciones para cuestionar el ejercicio de la función pública, se enmarcan en un contexto de ausencia de imparcialidad e independencia judicial”.
La libertad condicional no existe para Gustavo
Desde el 28 de noviembre de 2023, Gustavo cumple su condena de trabajo correccional en la prisión de La Guanajera. Mensualmente, recibe un pase que aprovecha para reunirse con su familia y visitar el refugio, donde los animales permanecen bajo el cuidado de su esposa y vecinos solidarios. Durante estos permisos, Gustavo sigue utilizando sus redes sociales para denunciar la situación de los presos políticos.
El 16 de octubre de 2024, al casi cumplirse un año de reclusión, Cubalex denunció que las autoridades le habían negado a Gustavo la libertad condicional, un derecho al que podía acceder desde el 25 de octubre de ese año. A pesar de cumplir con los requisitos legales, las autoridades justificaron su decisión argumentando que, al tratarse de un caso de desacato, debía cumplir la totalidad de la condena.
En diciembre de 2024, Gustavo recibió una nueva negativa a la solicitud de libertad condicional. Desde la cuenta en Facebook de su esposo, Marisol Bermúdez Díaz publicó: «Le han vuelto a denegar por segunda vez la libertad condicional a Gustavo Mena Artola, San Lázaro Vigía, sin siquiera justificar los motivos. Él está con los ánimos por el suelo después de ver conceder 20 libertades a presos por delitos graves como asesinato y robo. Esto es injusto. ¡Libertad para Gustavo Mena Artola!».
El 14 de enero de 2025, Gustavo enfrentó la tercera negativa. Marisol, quien ha gestionado todas las solicitudes de libertad condicional, confirmó ese mismo día la noticia a YucaByte: «La abogada me llamó hoy y me informó que nuevamente le han negado la libertad condicional. Ahora tiene que cumplir los dos años completos de la condena. Han vuelto a dar los motivos que siempre dan: que es por el tipo de delito, el desacato; y ahora también dicen que ha cumplido muy poco tiempo para obtener este beneficio. No sé qué poco tiempo será, porque ya está pasado del límite. De hecho, le han dicho que la libertad será para el 11 de junio [de 2025]”.
Respecto al estado de ánimo de Gustavo, Marisol añadió: “Está muy indignado. Era la última esperanza que le quedaba de la libertad, y ahora, al saber que ya no tiene ninguna posibilidad, solo le queda aguantar hasta el 11 de junio, que es cuando finalmente podrá salir”.
Negación de la libertad condicional: un patrón represivo
La negación de beneficios penitenciarios a Gustavo Mena Artola evidencia un patrón de represión política mediante el sistema judicial cubano, como refleja el informe “Violaciones de derechos digitales en Cuba (septiembre de 2024)”. Casos similares incluidos en dicho informe son los de José Manuel Barreiros Rouco, acusado de “tráfico de monedas” y “desacato” por compartir imágenes críticas hacia líderes del régimen en WhatsApp; y el del enfermero Aroni Yanko García, condenado por “desacato” a un año y seis meses de prisión. Presas políticas como Mayelín Rodríguez Prado (15 años por “propaganda enemiga” y “sedición”) y Aniette González García (tres años por “ultraje a los símbolos nacionales”) permanecen encarceladas. Además, opositores como Yerismar Velázquez y Alexander Fábregas enfrentan juicios bajo acusaciones de delitos contra el orden constitucional.
Sobre estas prácticas, Alain Espinosa afirma: “Toda la persecución y el encarcelamiento de los activistas por sus publicaciones, la restricción a la libertad de expresión y demás, buscan lograr un efecto inhibitorio no solamente en la persona, en este caso en el activista puntualmente, sino también en el entorno de ellos y sobre todo en el resto de la población, a partir del miedo a este tipo de repercusiones”.
“La negativa no solo de la libertad condicional, sino de todos los beneficios de excarcelación anticipada que prevé la legislación cubana, en el caso de Gustavo Mena Artola como en el de la mayoría de los activistas o de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, es otro patrón represivo más, es otro mecanismo de castigo aplicado por el Estado cubano, por los funcionarios cubanos, precisamente para continuar con el control social, con la búsqueda del efecto inhibitorio, para buscar que las personas no muestren ningún tipo de disenso y que realmente la única solución que les quede sea a punto de partida del miedo y ellos poder asegurarse seguir actuando con total impunidad y perpetuarse en el poder”, explica Espinosa.
Consultada sobre el caso de Gustavo Mena, Johanna Cilano reflexiona sobre el alto precio que pagan los cubanos por defender sus derechos: “Durante décadas, junto a activistas y organizaciones de derechos humanos cubanas y otras organizaciones hermanas, hemos documentado y denunciado la represión de la disidencia, las violaciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, y el encarcelamiento injusto de activistas, artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El compromiso de la sociedad civil internacional con la promoción y defensa de los derechos humanos en Cuba también es vital para visibilizar y reconocer la valentía de quienes han desafiado las restricciones indebidas de sus libertades más fundamentales, pagando uno de los precios más altos: su libertad”.
