Ilustración: Carmen Barruecos
Cuba concluyó el año 2024 con cuatro nuevos detenidos, acusados de denunciar en redes sociales derechos sistemáticamente violados a los cubanos. Dos de ellos enfrentan cargos de “atentado contra el Estado” y “propaganda enemiga”, tras la incautación de copias digitales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República de Cuba de 1940. Con ello, el régimen deja claro que el castigo, su práctica habitual, es la respuesta al libre acceso a la información, esencial para una educación cívica que desafíe el adoctrinamiento impuesto durante más de 60 años.
Mientras tanto, varios presos políticos continúan incomunicados. Algunos de ellos no han podido contactar a sus familias desde hace más de un mes. Y a otros les han restringido aún más las llamadas telefónicas y visitas.
La represión es al día de hoy el único pilar funcional de la dictadura. La visita a la Isla de Wang Xiaohong, consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, a principios de diciembre evidenció cómo esta estrategia está respaldada por aliados internacionales. Este y otros viajes oficiales recientes subrayan una vez más la cooperación del gigante asiático en temas de ciberseguridad y control de la información.
Presos políticos
Luego de meses de espera por la respuesta a su apelación, las autoridades ratificaron la condena de 15 años de privación de libertad a Mayelín Rodríguez Prado. La joven, de 23 años, fue procesada por difundir un video en el que se observa a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) agrediendo a dos niñas durante las protestas en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022.
Rodríguez se encuentra recluida en la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, conocida como Granja 5. Al igual que en todos los centros penitenciarios de la Isla, las condiciones allí son inhumanas. La falta de agua potable, la escasez y pésima calidad de la alimentación, así como la carencia de atención médica y suministros esenciales, agravan aún más la situación de las reclusas.
También en Camagüey, la activista Aniette González lleva casi dos meses incomunicada. Las autoridades del campamento de trabajo forzado El Anoncillo, donde González cumple una sentencia de tres años de privación de libertad, aún no han reparado el único teléfono disponible para las reclusas.
La salud de González ha empeorado en los últimos meses, al punto de que actualmente necesita una operación e ingreso hospitalario. La privación de su derecho a la comunicación no solo la perjudica a ella, sino también a su familia, que se ve impedida de mantenerse informada sobre el estado de salud de la activista.
En cambio, José Daniel Ferrer logró ver por tercera vez a su familia en casi dos años, y por apenas dos horas, el pasado 11 de diciembre. Las autoridades del penal Mar Verde le autorizaron la visita, luego de que Ferrer se mantuvo firme una semana en huelga de hambre, en protesta por el aislamiento al que lo han sometido en los últimos 22 meses.
En la visita, su esposa Nelva Ortega notificó que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) permanece bajo vigilancia mediante cámaras y micrófonos. Sus llamadas telefónicas continúan restringidas. “Son 10 minutos los que pueden cortar en cualquier momento”, denunció el propio opositor en una llamada que hizo el 10 de diciembre a su esposa.
Las huelgas de hambre deterioran la salud, e incluso ponen en riesgo la vida de los prisioneros, pero es prácticamente el único recurso disponible que tienen, a falta de garantías, para exigir atención y condiciones mínimas.
Andy García Lorenzo, manifestante del 11J, estuvo durante 16 días en huelga de hambre (entre el 30 de noviembre y 15 de diciembre), reclamando su derecho a la correspondencia. Las autoridades del penitenciario La Pendiente, de Santa Clara, le confiscaron varios documentos y cartas pues, según ellos, había “textos que no querían que salieran de la prisión”.
Aunque García depuso la huelga los documentos no fueron devueltos, y él mismo desconoce qué contenían. “El mundo entero sabe cómo ellos actúan. No quieren que salgan denuncias y al final se sabe lo que pasa dentro de las prisiones”, denunció el manifestante a través de su madre, Tahiry Lorenzo.
Asimismo, Carlos Alberto McDonald Ennis, miembro de Cuba Primero, se declaró en huelga de hambre el 30 de diciembre. El activista lleva nueve meses bajo la medida cautelar de prisión provisional en El Típico Nuevo, provincia Las Tunas. Su supuesto delito: pertenecer a un grupo de Facebook, acusación que las autoridades no han esclarecido.
McDonald Ennis sufre de varias enfermedades y, estando en prisión, le diagnosticaron además un tumor. Aunque la huelga de hambre pone en peligro su vida, es prácticamente el único recurso con el que cuenta para exigir una mínima atención y condiciones adecuadas.
El 12 de diciembre, día de su cumpleaños, al exprisionero político Carlos Michael Morales le notificaron, vía telefónica, que se le extendería por seis meses más su condena. Morales terminó de cumplir el 3 de enero de 2025 una sanción de ocho meses de trabajo correccional por “desobediencia”. Pero como se negó a incorporarse a trabajar en el sector estatal, el Tribunal Municipal de Caibarién, en Villa Clara, le extendió la sanción hasta julio de este año.
El activista cumplió ya una pena de dos años y 10 meses de cárcel por “desorden público”, tras las protestas de julio de 2021.
En diciembre se conoció también que al activista por los derechos de los animales Gustavo Mena Artola le fue negada nuevamente la medida de libertad condicional. Mena se encuentra ya a pocos meses de concluir su sanción de dos años de trabajo correccional por sus publicaciones en Facebook contra Miguel Díaz-Canel. La medida le corresponde pues, por derecho. Sin embargo, el régimen suele forzar a los sancionados por causas políticas a cumplir sus sanciones de forma íntegra bajo internamiento.
Mientras, continúan a la espera de juicio Víctor Manuel Hidalgo (“propaganda contra el orden constitucional”); Yerismar Velázquez (“atentado contra la seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”); Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López (los dos bajo los cargos de “propaganda contra el orden constitucional”). La youtuber Sulmira Martínez, acusada de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”, con una petición de 10 años de privación de libertad, espera la sentencia de su juicio, celebrado el 26 de noviembre.
Se mantienen cumpliendo condena por publicaciones en redes sociales el periodista Yeris Curbelo Aguilera (“lesiones leves”, dos años); y el enfermero Aroni Yanko García (“desacato”, un año y seis meses).
Detenciones, amenazas e interrogatorios
Temprano en la mañana del 2 de diciembre, agentes de la PNR realizaron un registro en la vivienda de Yoan Ricardo Llerena, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El hallazgo de varias copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue suficiente para arrestarlo. Junto con los documentos, a Llerena le decomisaron su teléfono móvil, una memoria USB y su biblioteca independiente. Su esposa, Disnelbys Vidal, afirmó a Martí Noticias que los oficiales no dejaron constancia por escrito de los bienes incautados.
El activista encara ahora las acusaciones de “atentado al Estado” y “desobediencia”. Este último cargo está vinculado a las constantes críticas que expresaba en sus redes sociales contra las autoridades. En lugar de garantizar la libertad de expresión, el régimen opta por interpretar estos cuestionamientos como supuestas amenazas a su estabilidad, transformando, de facto, derechos humanos fundamentales en delitos.
No es la primera vez que Ricardo Llerena es procesado por iguales motivos. Antes, le fue aplicada la pena de“libertad limitada durante nueve meses”. “La desobediencia (que le pretenden imputar ahora) es por eso, porque él siguió publicando, a pesar de que le habían dicho que debía de retirarse de las redes sociales”, asegura su esposa.
Por ahora, Llerena guarda prisión provisional en El Típico, en Las Tunas. En el momento del registro a su vivienda, los oficiales le comunicaron a Vidal que debía buscar un abogado, pues el activista enfrenta una posible condena de dos a tres años de privación de libertad.
Semanas después, el 21 de diciembre, agentes de la PNR realizaron un nuevo operativo en el hogar de Alexander Peraza García, activista y exprisionero político. Le decomisaron su teléfono móvil y computadora, donde le encontraron copias digitales de la Constitución de la República de Cuba de 1940. Por esos documentos, el joven está recluido en la prisión La Pendiente, de Villa Clara, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, delito penado con entre tres y ocho años de cárcel y contemplado en el Código penal cubano (art. 124.1).
Peraza utiliza sus redes sociales para promover una cultura cívica fundamentada, principalmente, en la histórica carta magna. El texto se ha convertido en un símbolo para diversos movimientos opositores en la Isla, al reflejar garantías democráticas sistemáticamente violadas por el régimen como el reconocimiento de la propiedad privada y la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En un tercer operativo, efectuado el 31 de diciembre, fue arrestado Fernando Almenares Rivera, rapero y artista de la plástica conocido como Nando OBDC. Tras su breve estancia en una estación de la PNR, el artista disidente fue trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado (SE) en La Habana. Inicialmente el instructor lo acusó de“terrorismo contra el Estado”, pero el pasado 7 de enero aseguró que el artista está detenido por su presunta relación con un incendio en el Parque Lenin.
Nando OBDC lleva varios años en la mira del régimen, por sus canciones contestatarias y las denuncias que comparte en sus redes. Lo han golpeado y amenazado para que abandone el país, en un exilio forzado al que suele recurrir el aparato como estrategia represiva. En 2021, las autoridades intentaron intimidarlo con aplicarle una multa bajo el Decreto-Ley 370, por publicar una foto del agente de la Seguridad del Estado que lo hostigaba. Entonces, comentó a YucaByte que el acceso a las redes posibilitaban estas denuncias. Antes que eso, había dicho que “la represión se aguantaba en silencio”.
Esta vez, al régimen le debe haber molestado, asimismo, que las obras de Nando OBDC formaran parte de la exposición colectiva «Arte prohibido: Desde Cuba”, inaugurada tres semanas antes, el 6 de diciembre, en Miami.
Un joven santiaguero documentó en un video el estado de abandono en que se encontraba un anciano en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Yasmany Vinagera envió el material a Yosmany Mayeta, periodista independiente que visibiliza el día a día en Santiago de Cuba. Solo por eso, el joven fue tildado de “contrarrevolucionario” y detenido en la estación policial de Micro 9, el 20 de diciembre. Hasta el momento, se desconoce si continúa bajo arresto.
El régimen la ha emprendido en los últimos meses con los cubanos que figuran como fuentes para Mayeta. En septiembre, los artistas urbanos Yunier González (Lico Wayne) y Geordanis Fernández Traba (Tino Man), así como el productor musical Asdrúbal Reyna, fueron detenidos por la autoría de la conga Súbelo, Mayeta, que hace referencia a los santiagueros que envían material e información al periodista, residente en Estados Unidos. Un mes más tarde, en octubre, este medio reportó que la directora del preuniversitario Rafael Mendive amenazó a estudiantes y profesores con expulsarlos del centro en caso de hacerle llegar cualquier información al comunicador cubano.
Otros 10 periodistas y al menos 23 activistas y familiares de presos políticos fueron amenazados y estuvieron bajo arresto domiciliario, con motivo de la jornada de los DD.HH.
El 9 de diciembre, oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en las viviendas de los comunicadores para informarle que no podían salir de sus casas al día siguiente. Estuvieron recluidos Camila Acosta (ABC y CubaNet), Juan Manuel Moreno Borrego (director de Amanecer Habanero), Mabel Páez (directora de El Majadero de Artemisa), Yasser Toledo y Antonio Suárez Fonticiella (director y periodista, respectivamente, de Páginas Villareñas), Orlidia Barceló y Pedro Luis Hernández (directora y periodista de El Espirituano), Yunia Figueredo (ADN Cuba) y Vladimir Turró Páez (CubaNet). En Guantánamo, el periodista y exprisionero político Roberto Quiñones fue detenido, según confirmó Cubalex.
Entre los activistas que estuvieron bajo vigilancia y reclusión domiciliaria se encuentran las integrantes de las Damas de Blanco Berta Soler y Leticia Ramos Herrería, así como Ángel Moya, esposo de la líder de la organización. Lo mismo denunciaron Lázaro Antonio Pérez González, Maritza Concepción Sarmiento y Otoniel Cruz Suárez, miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR); Oscar Elías Biscet y José Elías González Agüero, del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI); el matrimonio José Rolando Casares Soto y Yamilka Abascal Sánchez; Omar Suárez Campos, miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática (CID); y los opositores María Julia Barrios Cruz, Mayisnei Hidalgo Barrios, Eduardo Pujol Valladares, Yoelexis Acosta Alonso, Yoan Díaz Vento, Michael Valladares Cala, Yakelín Echeverría Pérez y Juan Luis Bravo Rodríguez.
Diez días después, el 19 de diciembre, en vísperas de una marcha convocada por el oficialismo, se ordenó nuevamente el arresto domiciliario e intimidación a quienes ya tiene en la mira: los directores de medios comunitarios del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), así como otros opositores y activistas.
En cambio, el periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, estuvo detenido durante siete días, entre el 19 y el 26 de diciembre. Fue recluido en el Centro de Clasificación de detenidos El Vivac, en la capital. En la mañana de su arresto, el régimen montó igualmente un operativo, bloqueándole el acceso a internet y manteniéndolo bajo vigilancia.
De acuerdo con los oficiales, Constantín infringió un supuesto control legal que le prohíbe salir de Camagüey, donde reside. Fue liberado tras una audiencia oral en el Tribunal Provincial de La Habana, en respuesta al recurso de habeas corpus presentado.
Por último, el régimen la emprendió otra vez con el sector del cine. Durante el pasado 45 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se cancelaron, varias veces y sin explicación, las presentaciones del cortometraje Matar a un hombre, dirigido por Orlando Mora Cabrera. La película incomodó a los censores de cultura porque aborda la vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+ ante abusos policiales.
El director fue detenido el día 21 de diciembre, pocas horas después de que anunciara en Facebook la presentación del filme en dos espacios alternativos. A Kiriam Gutiérrez, coprotagonista del filme y activista por los derechos LGBTIQ+, la amenazaron para que no asistiera a la presentación de Matar a un hombre en la Embajada de Noruega.
Corte general de internet y telefonía móvil
Una nueva caída del Sistema Electroenergético Nacional el 4 de diciembre ―la tercera en menos de ocho semanas― provocó otro corte de electricidad y comunicaciones. Esta vez, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó que el 53% del servicio móvil en todo el país había quedado interrumpido. Camagüey y La Habana fueron las provincias más afectadas.
La conexión fue restablecida el mismo día, aunque de forma paulatina, al igual que en las interrupciones anteriores. Una observación de las redes del grupo Diktyon mostró que ese día solo dos países sufrían apagones de internet: Cuba y Ucrania, azotada desde hace tres años por la guerra.
⚠️Actualización sobre Cuba – 4/12/2024⚠️
5⃣ Países del mundo que sufren apagones de Internet en este mismo instante, según CloudFlare:
1-🇺🇦Ucrania (país en guerra con Rusia)
2-🇨🇺Cuba (por un fallo general del SEN) pic.twitter.com/HXOT0DqLLh— Diktyon (@DiktyonCuba) December 4, 2024
Corte selectivo de internet y telefonía móvil
También con motivo de la jornada por el 76 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el régimen cortó los servicios móviles a varios comunicadores y defensores de DD.HH. Entre ellos están la periodista de CubaNet Anay Remón y otros dos colaboradores del medio que se mantienen bajo anonimato; la redacción de 14ymedio, el periodista de Amanecer Habanero Frank Abel García, el activista Alejandro Garlobo Aleaga y la madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, Liset Fonseca.
Acuerdos de ciberseguridad entre Cuba y China
El consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong, fue recibido en la capital por el propio Raúl Castro. Los medios oficiales, como es habitual, no ofrecieron detalles sobre el encuentro, menos aún sobre los acuerdos firmados, pero Miguel Díaz-Canel sí agradeció al funcionario por la colaboración en temas de ciberseguridad.
Junto a Venezuela, China ha sido un aliado clave en el sector de telecomunicaciones. Desde inicios de los 2000, ambos gobiernos han firmado acuerdos que han permitido a China participar activamente en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en la Isla a través de gigantes tecnológicos como Huawei y ZTE. En 2014 y 2023 acordaron colaboraciones específicas para regular y controlar el ciberespacio.
