Ilustración: Carmen Barruecos
El 24 de septiembre de 2024 el periodista independiente cubano Yeris Curbelo Aguilera fue sentenciado a dos años de prisión por un tribunal de Guantánamo, su provincia de residencia. Su proceso judicial estuvo marcado por numerosas arbitrariedades y violaciones, según denunciaron sus familiares y organizaciones de derechos humanos.
La sentencia dictada contra Curbelo, condenado supuestamente por provocar «lesiones leves» a un sujeto que lo intentó agredir, pasó por alto las evidencias presentadas por la defensa. Esta sostenía que el periodista había sido la víctima y no el autor de un ataque violento, cuenta a YucaByte su esposa, Odalis Legrá Castellanos.
“Tenía varias lesiones y hubo certificados de esas lesiones, pero en el juicio no se habló de nada de eso. Aun así, le pidieron dos años de privación de libertad”, contó Legrá Castellanos al Centro por una Cuba Libre. Asimismo, añadió que “el abogado defensor no estuvo de acuerdo con la sanción que le estaban imputando” al periodista.
De los cuatro individuos que agredieron a Yeris Curbelo en la tarde del 16 de junio de 2024, solo uno, identificado como Adrián Fuentes Laffita, fue llevado al juicio. Sin embargo, resultó absuelto, pese a haber atacado al reportero con un machete. Los otros tres agresores estuvieron presentes en calidad de testigos.
El juicio ocurrió en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en Guantánamo, según cuenta Legrá Castellanos: “Cuando los miembros del Tribunal se pararon a deliberar, un ‘seguroso’ entró para donde ellos estaban deliberando; y cuando salieron, salieron con la misma sanción que le había pedido la Fiscalía, dejando absuelto a uno de los agresores que estaba siendo también juzgado”.
Durante la tarde en que ocurrió el incidente que desencadenó el juicio, la vivienda de Curbelo fue apedreada. Posteriormente, él fue atacado por un grupo de personas armadas con machetes y piedras.
El periodista cubano, de 40 años de edad, intentó defenderse y sufrió una herida en la mano derecha que requirió suturas. Pero ni siquiera las evidencias médicas y los testimonios pudieron evitar que fuera él, y no sus agresores, quienes terminaran condenados.
“Todos me agredieron sin hablar siquiera, ocasionándome golpes por todo el cuerpo. Me dieron piñazos y pedradas, y el individuo Adrián Fuentes Lafita, alias ‘Toto’, me agredió con un machete que porta siempre en su carro Moskvitch amarillo. Me causó dos heridas que tuvieron que suturar en mi mano derecha”, contó Curbelo antes de ser enjuiciado.
“Todo no termina ahí, resulta que la Seguridad del Estado dio órdenes a los patrulleros de que me condujeran solo a mí para la estación policial en Guantánamo, más conocida como Parque 24. Me pusieron en libertad bajo fianza el día 18 de junio del 2024, siendo yo el acusado de lesiones leves”, añadió el reportero.
Aunque todo esto parece una historia rocambolesca, en realidad no lo es. El propio Curbelo lo explicó muy bien cuando dijo que “es una locura y una prueba más de que detrás de todas estas agresiones está la Seguridad del Estado” para fabricarle un delito común y encarcelarlo debido a su activismo político “en las filas de la resistencia y del periodismo independiente”.
Curbelo fue el periodista que denunció el caso de los seis jóvenes condenados a entre dos y ocho años de cárcel el pasado mes de julio por manifestarse pacíficamente en 2023 en Caimanera. La historia de esos jóvenes, quienes solo reclamaron mejores condiciones de vida, dio la vuelta al mundo y generó condenas de organizaciones internacionales como Artículo 19 y Amnistía Internacional.
Presos políticos acusados de “delitos comunes”
Giselle Morfi, abogada del Centro de Información Legal Cubalex, explica a YucaByte que “Curbelo lleva alrededor de cuatro años siendo hostigado y reprimido como formas de castigo por ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa y su activismo”.
“Estos actos represivos han incluido situaciones ilegales, interrogatorios donde se emplearon técnicas de tortura, multas por el Decreto-Ley 370, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte”, añade la jurista.
Morfi también señala que el patrón de criminalizar a los opositores mediante delitos comunes es una estrategia recurrente en Cuba: “El Estado cubano utiliza delitos comunes para sancionar a las personas cuando realmente todo lo que hay detrás es un trasfondo político. Pero [las autoridades cubanas] prefieren decir: ‘No, es un preso común y nosotros no tenemos presos políticos’”.
Aunque la Constitución cubana establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal, eliminando la posibilidad de medios independientes y colocando en un espacio de ilegalidad a los periodistas que trabajan en estas plataformas, el régimen prefiere fabricarle casos comunes antes que aplicarle sus propias leyes.
No obstante, durante la última década las autoridades han aprobado legislaciones enfocadas en reprimir la libertad de prensa y amedrentar a los periodistas. Algunas de ellas son el Decreto-Ley 370, el Decreto-Ley 35 de 2021 y el Código Penal de 2022.
La represión como constante en la vida de Curbelo
Yeris Curbelo Aguilera, nacido en marzo de 1985 en Guantánamo, ha vivido toda su vida en Caimanera, un municipio conocido por su extrema militarización y vigilancia debido a la proximidad con la Base Naval de EE.UU.
Pese al ambiente represivo donde creció, desde joven Curbelo adoptó una postura crítica frente al Gobierno cubano, lo que tiempo después lo llevó a unirse a la Alianza Democrática Oriental y a colaborar con Palenque Visión, una agencia audiovisual que documenta violaciones de los derechos humanos en el oriente de Cuba.
Por sus ideas y militancia ha sufrido prisión en varias ocasiones, pero la última arremetida represiva en su contra comenzó en marzo de 2020, cuando fue citado al Departamento de Operaciones en Guantánamo. Lo amenazaron con encarcelamiento y muerte por publicar comentarios críticos en redes sociales sobre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Este episodio marcó el inicio de una nueva campaña de hostigamiento en su contra, que a la postre incluyó multas por el Decreto-Ley 370, detenciones arbitrarias y actos de violencia, según explica Morfi.
El Decreto-Ley 370, conocido como “Ley Azote”, es una de las herramientas legales que el Gobierno emplea para reprimir a la prensa independiente. Esta normativa penaliza la difusión de información “contraria al Estado” en redes sociales y fue utilizada contra Curbelo en varias ocasiones desde su entrada en vigor en 2019.
“Es una ley que sirve como excusa para sancionar y limitar la libertad de expresión. No se trata solo de multas, es una forma de enviar un mensaje de intimidación”, indica Morfi.
Pero el impacto de la represión también alcanzó a la familia de este preso político. Su esposa, Odalis Legrá Castellanos, relata que su hijo, de 15 años, ha requerido atención psiquiátrica desde los cinco debido al hostigamiento que ha presenciado contra sus padres.
“Nuestro hijo sufría bullying en la escuela por ser su papá defensor de los derechos humanos. Yo fui expulsada de mi trabajo y me acusaban de traición a la patria y cobardía política por apoyar a mi esposo. Hemos sufrido numerosos actos de repudio”, cuenta Legrá Castellanos.
Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión y coordinador de la Alianza Democrática Oriental, lo confirma: “Curbelo ha sufrido varias veces la prisión política y su hijo ha sido afectado psicológicamente, teniendo que recibir tratamiento psicológico de profesionales”.
Rodríguez Lobaina considera que es “realmente inmoral y arbitraria” la condena contra Curbelo: “Curbelo tiene un liderazgo notable en su comunidad, el poblado de Caimanera, un lugar complicado por la presencia de la Base Naval y las medidas de seguridad establecidas por el régimen de Cuba”.
Caimanera, un microcosmos de la represión
Caimanera es un fortín militar. El municipio, ubicado en la periferia oriental de Cuba y vecino de la Base Naval, está marcado por un control estatal extremo que se extiende a todos los aspectos de la vida de sus habitantes. En esta localidad, cualquier acto que desafíe las normas impuestas por el régimen puede ser considerado una amenaza.
Actividades como la venta de productos en el mercado informal o el simple acto de jugar a “la bolita” (lotería ilegal cubana), quedan bajo una vigilancia que es mucho más estricta que en cualquier otra región del país.
En este contexto, Yeris Curbelo cruzó líneas que pocos se atreven a desafiar, ejerciendo como periodista independiente y activista por los derechos humanos.
Curbelo fue una de las pocas voces en denunciar abiertamente los acontecimientos ocurridos en Caimanera durante las protestas del 6 de mayo de 2023. Su labor permitió que la diáspora cubana y el mundo conocieran detalles sobre lo ocurrido: desde los enfrentamientos iniciales hasta las detenciones posteriores.
En sus publicaciones en redes sociales y reportes, el periodista destacó el dolor de las madres que vieron a sus hijos encarcelados por exigir cambios, y desmontó la narrativa oficial con la que las autoridades intentaron desacreditar a los líderes de la protesta, acusándolos de «vagos y borrachos».
Curbelo describió a Caimanera en una entrevista con Diario Las Américas como “un pueblo militarizado, un calabozo dentro de esa cárcel mayor que es Cuba». El aislamiento de la localidad incluye controles estrictos para cualquier visitante que quiera ingresar al municipio.
El control sobre la movilidad no se limita a las entradas. Dentro del municipio, la vida está regulada al detalle. Para salir de Caimanera e ir a Guantánamo, Curbelo enfrenta altas probabilidades de ser detenido en uno de los tres puntos de control que existen en el tramo entre ambas urbes.
“La vida de un activista por los derechos humanos y la de un periodista independiente, como es mi caso, es bastante difícil. Nos hacen la vida un desastre”, contó Curbelo sobre estas restricciones.
Una familia marcada por la lucha
La madre de Curbelo también ha enfrentado las consecuencias de esta represión. En conversación con YucaByte, relató las dificultades económicas y físicas que supone visitar a su hijo en el Combinado de Guantánamo, donde cumple su condena.
“Todo está carísimo, y no hay forma de que lo saquen a trabajar. Lo sacaron un día y rápidamente lo entraron”, afirmó la madre, para quien estas visitas, además de costosas, se han convertido en una carga emocional dolorosa.
“La represión de mi hijo me ha afectado mucho, tanto física como mentalmente. Es decir, ya es la cuarta prisión de él, y he sufrido unas cuantas caídas debido al trabajo que se pasa para conseguir transporte y llegar al Combinado”, añade.
La expulsión laboral de Curbelo y su esposa también ha agravado la situación económica del hogar. Él perdió su empleo como profesor de ajedrez debido a su ideología política, mientras que Legrá Castellanos fue despedida de su trabajo por “debilidades ideológicas”.
Esta situación obliga a la familia a depender de ingresos informales, enfrentando una constante precariedad económica. La madre de Curbelo recuerda que “su mujer y su hijo dependen de él”.
Estos, mientras tanto, intentan subsistir en un país al borde del colapso económico y sanitario, al que Reporteros Sin Fronteras mantiene año tras año como el peor de América Latina en cuanto a libertad de prensa.
