La entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social el 4 de octubre marcó otro retroceso en materia de derechos humanos. Como ocurrió en 2022, cuando se diseñó y aprobó un nuevo Código Penal, el régimen intensificó las amenazas contra periodistas y activistas. Como resultado, varios de ellos renunciaron públicamente a su colaboración con medios independientes.