Cuba experimentó en septiembre de 2024 una nueva oleada represiva contra la prensa independiente, lo que ha llevado a un ambiente cada vez más hostil para los periodistas en la Isla. Uno de ellos fue enviado a prisión, y otros se vieron obligados a renunciar públicamente a sus trabajos, bajo amenazas de cárcel. Este tipo de coacción recuerda lo que ocurrió en 2022, cuando otros reporteros también fueron obligados a abandonar su profesión.
La falta de garantías para la libertad de prensa ha llevado a numerosos periodistas al exilio o a renunciar a su derecho a informar. Esta censura sistemática refleja la estrategia represiva del régimen para cortar de raíz las voces críticas, las ya asentadas y las emergentes. Y supone, además, un riesgo para el futuro del periodismo independiente desde la Isla.
Presos políticos
En septiembre, el periodista Yeris Curbelo Aguilera engrosó el listado de presos políticos por publicaciones en el entorno virtual. El Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en Guantánamo, lo condenó el pasado 24 de septiembre a dos años de privación de libertad por el supuesto delito de “lesiones leves”.
El régimen, que niega la existencia de presos políticos, suele encubrir estos casos con acusaciones por delitos comunes. Pero esta vez fue más lejos: tanto Curbelo como su hijo de 16 años fueron agredidos en dos ocasiones por cuatro jóvenes, y uno de ellos hirió al periodista con un machete. El colaborador de CubaNet y la agencia audiovisual Palenque Visión no duda de la intervención de la Seguridad del Estado (SE) en estas agresiones, que sirvieron como excusa para finalmente apresarlo.
Curbelo advirtió la primera de estas señales durante su arresto. Tras la pelea, solo él fue detenido, pese a que era la víctima. Uno de los agresores fue acusado más tarde, pero resultó absuelto en el juicio; mientras que los otros tres jóvenes que golpearon a Curbelo y a su hijo fungieron como testigos de la Fiscalía. La injerencia de la SE en el caso se hizo más evidente aún cuando, al concluir la audiencia oral, un oficial acompañó al Tribunal durante la deliberación, afirmó Odalis Legrá, esposa del periodista.
Ese mismo 24 de septiembre, se suspendió por segunda vez el juicio de la youtuber Sulmira Martínez. En esta ocasión, a petición de ella. Como su abogada estaba enferma, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, pretendía llamar a un abogado de oficio para la defensa. Martínez se negó, a pesar de que lleva un año y ocho meses tras las rejas esperando por su audiencia.
La incertidumbre por la demora ―otro método de castigo―, más los 10 años de cárcel que le pide la Fiscalía, han afectado la salud mental de la joven. Aun así, Martínez prefirió esperar un poco más. Un abogado que se preocupe por el caso es uno de los escasos recursos con que un preso político puede contar.
Días antes de la fecha señalada para el juicio, Martínez fue trasladada una vez más a Villa Marista, sede de la SE, en La Habana. Allí los oficiales la amenazaron con penas mayores, de 25 y hasta 30 años, e incluso con la muerte, para intentar doblegarla. Pero ella se mantuvo firme. “Yo estoy tranquila, ellos no me van a intimidar, ya conozco el juego, no voy a arrepentirme», aseguró a su madre.
Mientras, desde la prisión, varios presos políticos por publicaciones en redes denunciaron falta de atención médica. Carlos Alberto Macdonald Ennis, acusado de “otros actos contra la seguridad del Estado” por pertenecer a un grupo de Facebook, se encuentra gravemente enfermo. Su familia pudo confirmar su estado de salud durante una visita el pasado 26 de septiembre. El preso político ha perdido varios kilos de peso y expectora sangre por la nariz y la boca.
Los familiares temen un diagnóstico de cáncer, por una tumoración que le detectaron detrás de la nariz. Macdonald fue examinado mediante tomografía, pero las autoridades se negaron a informar los resultados.
La salud de Victor Manuel Hidalgo y Rey Asiel Naranjo Palau también empeora en prisión. A Hidalgo, el joven de Las Tunas detenido por un post en Facebook, le negaron asistir a una consulta de Urología. Mientras, en la prisión no hay especialistas ni equipos para hacerle un ultrasonido, aseguró su esposa, Andrielis Guerrero, a YucaByte.
El caso de Naranjo Palau es aún más delicado. El joven abakuá, detenido por una directa en la plataforma de Mark Zuckerberg, padece esquizofrenia. La activista Idelys de la Caridad Chao Sade, con quien Naranjo mantenía comunicación, denunció que “le están dando unas pastillas para tenerlo en un estado zombie y lo vigilan para que se las tome. Está siendo reprimido y aún nada del juicio”.
Las condiciones de extrema precariedad y falta de higiene en las cárceles cubanas, más la frustración e impotencia que supone cumplir condena siendo inocente, vulneran la salud de los reclusos. Y el régimen se aprovecha también de esta situación. La organización Cubalex “ha identificado y denunciado el uso de la negación de atención médica como un patrón represivo aplicado de manera sistemática por el Estado cubano contra personas privadas de libertad por razones políticas”. Esta forma de represión, advierte la ONG, pone en riesgo la salud y la vida de los reclusos.
A mediados del mes, trascendió en las redes una carta de José Daniel Ferrer con fecha del 9 de septiembre. El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció por esa vía, una vez más, que le han prohibido las visitas y llamadas telefónicas desde hace más de un año y seis meses. “Me han sepultado vivo, quieren silenciarme a toda costa”, escribió.
El 16 de septiembre, el Tribunal Municipal de Cienfuegos celebró el juicio contra José Manuel Barreiros Rouco. Al opositor y miembro del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación lo acusan de “tráfico de monedas” y “desacato”. La razón: compartir en un grupo familiar de WhatsApp «imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes» a las figuras de Miguel-Díaz Canel, Raúl y Fidel Castro, de acuerdo con el acta de petición fiscal.
Barreiros Ruoco fue arrestado el 15 de junio de 2023, en un operativo policial que incluyó el registro de su casa y su teléfono móvil. De acuerdo con declaraciones al medio Diario de Cuba, su detención fue parte de una cacería contra 26 personas en varias ciudades del país que difundían mensajes contra el régimen en redes sociales.
El opositor permaneció en prisión hasta diciembre de 2023, cuando le aprobaron un cambio de medida cautelar que le permitió esperar el juicio bajo reclusión domiciliaria. Ahora, se encuentra a la espera de la sentencia, que podría contemplar hasta dos años y seis meses de cárcel.
“En ningún momento acepté haber cometido ninguno de esos dos delitos, ya que ellos se basan en la publicación de unos memes contra el Gobierno que realicé en un grupo privado de WhatsApp de la familia, una vía totalmente privada a la que ellos accedieron sin mi permiso y de esa manera violaron mis comunicaciones privadas», dijo Barreiro Rouco a Diario de Cuba.
Por otra parte, al activista por el bienestar de los animales Gustavo Mena Artola, le negaron el beneficio de terminar su sanción bajo libertad condicional, según comentó el rapero y activista Omar Mena a este medio.
Mena Artola fue condenado en noviembre de 2023 a dos años de trabajo correccional con internamiento. Un par de publicaciones en Facebook en contra de Miguel Díaz-Canel fueron suficientes para encausarlo por el presunto delito de “desacato a la figura del presidente”.
Otro cubano acusado también de “desacato” por la misma razón, el enfermero Aroni Yanko García, se encuentra actualmente en el centro penitenciario La Pendiente, cumpliendo una condena de un año y seis meses de privación de libertad.
Junto a Yanko, se mantienen tras las rejas Mayelín Rodríguez Prado (15 años de sanción, por presuntos delitos de “propaganda enemiga” y “sedición”); y Aniette González García (tres años, “ultraje a los símbolos nacionales”).
En espera de juicio se encuentran Yerismar Velázquez (“atentado contra la seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”); el exprisionero político del 11J Alexander Fábregas, y los opositores Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López (los tres acusados de “propaganda contra el orden constitucional”).
La esposa de Pompa López, Suarmy Hernández Vilar, contó a YucaByte cómo operó la SE durante el registro que hicieron a su casa el 26 de abril de 2024, cuando arrestaron al opositor. Luego de decomisar varios dispositivos electrónicos ―algunos de ellos pertenecían a su hijo de nueve años―, los oficiales le dijeron que solo entregarían los equipos “si no tenían nada en contra de la Revolución”.
Detenciones, interrogatorios, amenazas y decomiso de equipos
Este septiembre el régimen emprendió una nueva escalada represiva contra la prensa independiente. Al menos seis periodistas, todas mujeres, renunciaron públicamente a su colaboración con medios y su labor como activistas ―en algunos casos― bajo amenazas de cárcel por parte de la SE.
Entre ellas se encuentran María Lucía Expósito (colaboradora del medio Alas Tensas), Adriana Normand (El Toque), Yennys Hernández Molina, Annery Rivera Velasco, Yadira Álvarez Betancourt y Lucy G. Morell (Periodismo de Barrio). De igual forma, varios periodistas de CubaNet que optaron por mantenerse bajo anonimato renunciaron a su colaboración con el medio.
La sarta represiva incluyó interrogatorios de hasta ocho y 11 horas en Villa Marista, así como el decomiso de computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y sumas de hasta 1.000 USD en efectivo, supuestamente pagados a los reporteros por organizaciones internacionales.
En todos los casos, las periodistas y activistas se vieron forzadas a “confesar” mediante videos y bajo extorsión. Esta práctica le sirve al régimen no solo para obtener y amenazar en un futuro con estas evidencias; sino también para desacreditar a la prensa independiente y sustentar su narrativa de mercenarismo.
En esta última oleada ―la anterior ocurrió en 2022―, los oficiales tomaron declaraciones a los interrogados en calidad de testigos de un proceso penal. Al respecto, el abogado Eloy Viera comentó que esta estrategia “está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado: un abogado y el silencio”.
La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció que, “a diferencia de otras en el pasado, esta oleada represiva se enfoca claramente y por primera vez de forma tan agresiva al activismo relacionado al género, al parecer queriendo arrasar con lo poco de este segmento que queda en el país”.
Asimismo, el 16 de septiembre la revista de música Magazine AM:PM publicó un editorial anunciando su cierre temporal. “Esta pausa responde a la creciente presión y acoso a nuestro director por parte de los órganos de contrainteligencia cubanos”, informó el medio.
Rafael González Escalona, periodista y director de AM:PM, fue “interrogado y amenazado con acciones legales por agentes de la SE cubanos, por una subvención recientemente otorgada a la revista”, según explicó el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
También el activista Alexander Hall fue citado a interrogatorio por sus colaboraciones con el medio El Toque. El 19 de septiembre, el joven historiador denunció el “falso carácter de entrevista” de la citación. “He decidido no ceder ante las amenazas ni chantajes de la SE y obviamente eso tiene un costo político”, declaró en su perfil de Facebook.
Unos días antes, el 11 de septiembre, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) expulsó a la profesora Alina Bárbara López Hérnandez. Los dirigentes le comunicaron de forma explícita y vía oral que los motivos de la separación definitiva se sustentaban en sus “actividades contra la Revolución”, publicaciones en redes, así como en las plataformas La Joven Cuba y CubaxCuba.
La profesora y académica alegó que no apelaría a la decisión, pues “parece dictada más por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas”. Históricamente, la UNEAC ha desterrado de sus filas a intelectuales por su disidencia política. Otros han dimitido por su oposición abierta al régimen y la represión. El último de ellos fue el escritor Jorge Fernández Era, que presentó su renuncia este 15 de septiembre, en solidaridad con su colega López Hernández.
Ese mismo día, el periódico oficial Granma publicó un editorial donde se refiere al caso de la profesora matancera, sin mencionarla. El órgano de propaganda del Partido Comunista de Cuba (PCC) calificó de “traidores” a los intelectuales que manifiestan de forma abierta su oposición. El medio contradijo su propio discurso al asegurar que la diversidad de perspectivas y críticas solo pueden emanar desde un compromiso con la Revolución.
A finales del mes, entre el 25 y 26 de septiembre, fueron citados y detenidos los artistas urbanos Yunier González (Lico Wayne) y Geordanis Fernández Traba (Tino Man), así como el productor musical Asdrúbal Reyna. Los tres, residentes en Santiago de Cuba, son los autores de la conga Súbelo, Mayeta, que se viralizó hace varias semanas en YouTube y otras redes sociales.
Súbelo, Mayeta hace referencia a las denuncias ciudadanas que a diario realizan los santiagueros a través del periodista Yosmany Mayeta. En ellas se han visibilizado crímenes, violencia policial, las condiciones de las escuelas y hospitales, los apagones… Razón suficiente para que los agentes calificaran al periodista como “una amenaza nacional”, según le hicieron saber a Lico Wayne y Tino Man durante el interrogatorio.
Bajo amenaza de enfrentar medidas más severas, los músicos eliminaron la canción en YouTube y no han realizado declaraciones a los medios. Desde entonces, cortaron la comunicación con Mayeta.
En una dictadura nadie está exento de represión. Este mes el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció el caso de Ramona Hernández, paciente del Hospital Oncológico-Universitario «Dr. Celestino Hernández Robau», de Santa Clara. La anciana denunció al medio local Páginas Villareñas la situación del transporte público en la provincia, del que depende para asistir a sus sesiones de radioterapia.
Poco después, un agente de la SE se personó en su casa. La acusó de informar a un «periódico subversivo» elaborado por «contrarrevolucionarios”. El ICLEP refirió además que el oficial la amenazó con incriminarla por “desacato” en caso de que continuara con las denuncias.
Adelth Bonne, periodista y colaborador de CubaNet, fue asimismo provocado y amenazado en su propia casa, por dos civiles enviadas por la SE. “Ellas vienen a sacarme para que yo haga esto. La SE tiene que venir a buscarme directamente con la Policía y cargarme, y decirme a mí que no están de acuerdo, no mandarme [a dos mujeres] a decirme nada”, denunció Bonne.
Sitios web bloqueados
Este mes, el proyecto Diktyon dio a conocer su informe correspondiente al trimestre comprendido entre julio y septiembre. En ese período, la organización detectó que 73 de los 279 sitios web analizados estaban censurados desde Cuba. Algunos de ellos, incluso, se enfocan en temas que no están directamente relacionados con el Gobierno, como religión, turismo, alcohol y drogas.
Las aplicaciones de mensajería cifrada Signal y DeltaChat sufrieron también anomalías. La última “experimentó bloqueos después de un llamado público, hecho el 11 de julio de 2024, por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien instó a la ciudadanía a utilizar esta aplicación como alternativa en caso de nuevos cortes de internet”, refirió el grupo.
Además, Diktyon confirmó que las velocidades de conexión se mantuvieron “extremadamente lentas” durante el trimestre. Las redes de datos móviles en el mes de junio no superaron los 4,31Mbps de carga, y 4,14 Mbps de descarga. Dichas cifras ubican a Cuba en el último puesto (108 de 108) de los países evaluados.
“En cuanto a la banda ancha fija, la situación también fue desfavorable, con una velocidad promedio de descarga de 2,73 Mbps y una velocidad de subida de apenas 0,96. Estos resultados situaron a Cuba en el puesto 159 de los 159 países evaluados, destacando los desafíos persistentes en la infraestructura de internet en el país”, agregó Diktyon.
