Ilustración: Carmen Barruecos
El régimen cubano ha privado de su libertad a personas por publicar un estado de WhatsApp o convocar una protesta mediante un post de Facebook, pero con Arony Yanko García Valdés ha extremado aún más sus métodos represivos. Este preso político fue condenado recientemente a un año y medio de cárcel por publicar un meme que incluía las caras de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Manuel Marrero.
Meme por el que fue condenado Arony Yanko García Valdés.
En la imagen, todos aparecen con el torso descubierto y tatuado. Cada uno lleva algo marcado en el rostro: la palabra “daddy” sale en la frente de Díaz-Canel, el logo de la revista Playboy está en una mejilla de Castro, y Marrero luce en su frente tres símbolos de dólar. Aparte de un collar que lleva el hermano de Fidel, nada más salta a la vista en la imagen por la que se llevaron preso a García.
Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa de este preso político, explica a YucaByte que no sabe de dónde salió el meme, pero está segura de que él no lo hizo. “Él publicó eso en su muro de Facebook y, además, escribió que Cuba era una dictadura en varias publicaciones de páginas del régimen”, detalla Suárez.
“Aquí hay una expresa violación del derecho a la libertad de expresión por parte del Estado cubano”, enfatiza Giselle Morfi, abogada del Centro de Información Legal Cubalex. “Publicar un meme burlándose del presidente de la República y otros funcionarios no es un delito, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Todo lo contrario, es un acto que está protegido por el derecho a la libertad de expresión, incluso más tratándose de funcionarios, quienes deben tener un nivel mayor de tolerancia a la crítica”.
La abogada subraya lo importante que pueden ser en la población los métodos que se emplean para cuestionar al poder: “La burla, la risa o los memes son una herramienta clave para señalar y criticar a los funcionarios, o pedirles rendición de cuentas. En definitiva, sirven para expresar las ideas y los pensamientos que se tienen en relación con el trabajo que están haciendo esos funcionarios”.
En agosto de 2021, el régimen cubano divulgó en la Gaceta Oficial No.92 el Decreto-Ley 35, prohibiendo prácticamente cualquier acción en las redes que no coincida con los intereses oficiales. Lo que hizo García es interpretado por esa norma como «difamación con impacto en el prestigio del país».
Luego de publicar el meme, García sufrió la activación del sistema represivo cubano: “Mi esposo fue citado el 3 de abril verbalmente para presentarse el propio día en la Tercera Unidad de Policía de Santa Clara. Se presentó y fue trasladado de ahí a otra unidad en un carro particular color azul”.
La familia se une ante la represión
En ese momento comenzó la pesadilla para la familia de García. Sus tres hijos llevan casi seis meses creciendo sin su presencia. “Mis niños están inmunodeprimidos por la carga de estrés tan grande”, cuenta Súarez. “Han estado enfermos muchas veces. Lloran todas las noches. No entienden esta injusticia. Los he tenido que llevar hasta al psicólogo porque tienen muchas pesadillas”.
El resquebrajamiento familiar es un factor que se reitera en muchos casos de presos políticos, pero Suárez considera que el régimen tenía un especial interés en reprimir a su pareja: “Obviamente, esto es una forma de castigarme por mi activismo. Es un intento frustrado de la dictadura para fracturar a mi familia, pero hoy estamos más unidos que nunca”.
La abuela de García falleció el lunes 9 de septiembre de 2024, pero ese día él ni siquiera pudo llamar por teléfono a su familia. “Yo fui a la prisión al día siguiente para darle la noticia. No pudo ni despedirse de ella”, señala Suárez.
Su labor como activista no la preparó a ella para todo lo que ha vivido en los últimos meses. “Aún sufro una fuerte represión, asedio y amenazas”, detalla quien también permaneció detenida durante cinco horas el 3 de abril. “El día del juicio [el 19 de agosto de 2024] hubo un fuerte operativo policial y muchos agentes de la Seguridad del Estado, incluyendo los dos agentes que lo citaron, en nuestra vivienda”.
“Durante el juicio de mi esposo todo el tiempo el tribunal fue presionado por la Seguridad del Estado”, continúa Suárez. “El juez era muy joven y se veía muy abatido por la situación. Nos tuvieron tres horas esperando por la deliberación”.
Morfi cree que la presión ejercida por el régimen sobre las instituciones jurídicas en estos casos tiene como objetivo socavar el debido proceso: “Es una táctica estatal de presión y manipulación para decirle a los jueces lo que tienen que hacer. La jueza cubana que está pidiendo asilo político en Estado Unidos [Melody González Pedraza], ha declarado las presiones que recibía por parte de la Seguridad del Estado para imponer sanciones sobre los manifestantes de las protestas”.
García no tenía ninguna posibilidad de recibir un trato justo al ser juzgado. Morfi explica por qué: “Contrario a la libertad de expresión, está el artículo del Código Penal por el que él fue sancionado, que plantea el delito de desacato, en su caso específico como figura agravada. Ese artículo lo que protege es la dignidad o el decoro de los funcionarios, pero los estándares internacionales de derechos humanos no secundan esa protección. Por lo tanto, esto da margen a la arbitrariedad en la toma de decisiones y a la discrecionalidad de los tribunales”.
La letrada reitera que hasta en un escenario en el que fuera pertinente procesar a García, la condena que recibió sería completamente excesiva: “Suponiendo que, por ejemplo, sea legítima esta imputación, una decisión de este tipo debe ser proporcional. O sea, tiene que ser mayor el bien que se logra restringiendo la libertad de alguien que el mal que se le causa a esa persona cuando se le restringe la libertad”.
Morfi considera que el régimen está haciendo una aplicación selectiva de la ley: “Una medida como la prisión preventiva previa al juicio no cabía en este caso. Mientras tanto, vemos que un hombre en Cuba, por ejemplo, violó a una niña en una escuela, siendo él el director, y sigue en libertad a pesar de haberse hecho la denuncia. Sin embargo, una persona que publicó un meme está privada de libertad. Estamos viendo acá que se trata de un castigo político”.
Suárez subraya que el padre de sus hijos mantenía una posición frontal contra la dictadura cubana, pero no era un delincuente: “Mi esposo, antes de que lo apresaran, trabajaba de enfermero y también se dedicaba a arreglar fosforeras en los tiempos libres para ayudar a solventar los gastos. Vivíamos bien todos juntos. Él siempre ha tenido la misma opinión sobre esta dictadura, que es abusiva, repulsiva y aberrante. Yo trataba de mantenerlo al margen de mi activismo como una forma de protegerlo, pero fue en vano”.
El patrón represivo que el régimen ha endurecido a raíz de las protestas de Santiago de Cuba y Bayamo de mediados de marzo de 2024, tiene en hombres como García a sus principales víctimas. Por lo general se han arrestado y procesado arbitrariamente a padres de familia sin antecedentes penales que trataron de manifestar su derecho a la protesta o a la libre expresión. El régimen incluso detuvo a otro trabajador del sistema de Salud Pública, el enfermero Yerismar Velázquez Cruz.
“La prioridad del Estado cubano es sostener el control”, subraya Morfi. “Quiere silenciar a las voces críticas y disidentes para perpetuarse en el poder. Este es el mensaje que se está transmitiendo en este caso”.
Desde Cubalex se ha hecho un minucioso seguimiento del caso de García. Morfi dice que además de la presunción de inocencia ―no se presentaron pruebas contundentes―, también se violó el derecho de acceso a la defensa: “Él describe que no pudo ver de manera clara la publicación a la que se hacía referencia. Al no tener acceso al objeto del delito, ¿cómo él iba a oponerse a los hechos que se le imputaban? De esa manera se violó el principio de transparencia que debe primar en el debido proceso”.
La situación descrita por la abogada no es extraordinaria dentro de la Isla. De hecho, fue denunciada hasta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a principios de junio de 2024. Dicha institución respondió a las denuncias realizadas por la ONG Prisoners Defenders y acusó al régimen cubano de cometer graves violaciones al debido proceso contra los presos políticos del 11J.
La familia de los presos políticos también es duramente reprimida por parte del régimen cubano. Cuatro días antes del juicio de su esposo, el 14 de agosto, Suárez denunció a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos la situación en la que se encontraba: “En estos momentos estoy sitiada por la Seguridad del Estado. Hay varios agentes en mi cuadra aquí en Santa Clara”.
A pesar de todos los ataques que han sufrido García y su familia en los últimos meses, Suárez intenta ayudarlo y seguir adelante: “Ahora mi esposo está bien de salud, aunque un poco consternado porque no pensó que todo llegaría a estos niveles. Yo sigo tratando de sobrevivir con mis hijos como puedo”.
