Ilustración: Carmen Barruecos
Cuba celebra en julio dos jornadas antagónicas de rebeldía. El régimen conmemora el asalto fallido que dio origen al grupo armado Movimiento 26 de Julio (M-26), el mismo que se hizo luego con el poder en 1959. Los cubanos, en cambio, recuerdan las protestas históricas del 11 de julio de 2021, que dejaron un saldo de más de 1.000 presos políticos con sanciones de hasta 30 años de privación de libertad.
Era de esperarse que el régimen tomara sus precauciones. En cada fecha significativa, con solo cortar las comunicaciones obstaculiza cualquier movilización espontánea y evita que el tema Cuba se viralice por las razones que no le convienen. Además, previene que le empañen en redes la imagen de “paraíso comunista” que construye a base de cuentas falsas y “ciberclarias”.
El tercer aniversario del 11J se vivió, entre cortes de internet y telefonía, vigilancia policial y detenciones arbitrarias. Las autoridades prohibieron a varios periodistas y activistas salir de sus casas; mientras que a otros los sometieron a horas de interrogatorio.
La tercera oleada de censura en el mes sobrevino el domingo 28 de julio, día de elecciones presidenciales en Venezuela. Temiendo que la esperanza por un cambio inspirara a los cubanos dentro de la Isla, el régimen reguló las velocidades de conexión y silenció a varios periodistas. Mientras, los medios oficiales en la Isla se encargaron de mostrar una “aparente tranquilidad” en el país sudamericano.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales
En julio de 2024 cumplieron cuatro meses de prisión las víctimas de la “cacería” en redes que el régimen desató luego de las protestas de marzo pasado.
El enfermero Yerismar Velázquez Cruz permanece en la cárcel El Caguayo, en Santiago de Cuba, a 900 kilómetros de su casa, en La Habana. Fue detenido por publicar un video en sus estados de WhatsApp que resultó bastante incómodo para el régimen, porque el joven pidió la libertad de los presos políticos con la iglesia de El Cobre al fondo, hogar de la santa patrona de los cubanos. Solo por eso, las autoridades lo acusan de “atentado contra la seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”.
Durante este tiempo, Velázquez ha padecido ya varios episodios depresivos. Su salud física ha empeorado por la falta de atención médica y recursos, sumada a las duras condiciones en prisión. Este mes de julio , una amiga cercana contó a YucaByte que su familia prefiere guardar silencio sobre el caso, pues a él “lo llaman cada vez que hay una publicación”.
Desde el Centro de Información Legal Cubalex, el abogado Alain Espinosa comentó sobre la vulnerabilidad de los presos políticos cuyas familias deciden no denunciar. Dijo que son más propensos a sufrir vejaciones en prisión, y resulta más difícil asesorarlos legalmente por falta de información y detalles sobre el caso. “En el plano internacional necesitamos sí o sí el consentimiento de la víctima o algún familiar para poder presentar alguna comunicación, entonces se hace bastante complicada la asesoría”, señaló.
Otro de los detenidos, Aroni Yanko García, también es enfermero de profesión. El joven acudió a la 3era estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santa Clara, Villa Clara, para un interrogatorio con agentes de la Seguridad del Estado (SE); sin imaginar que no regresaría a casa. Todo por un meme que publicó en Facebook sobre el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Acusado de “desacato agravado” y con una petición fiscal de tres años de privación de libertad, su juicio fue programado para el 19 de agosto. Su esposa, Yunisley Suárez Rodríguez, reportó a Martí Noticias que la SE le prohibió publicar y denunciar la pesadilla que vive García. “Él es el sostén de mi casa. Estoy sola con mis tres niños y estoy siendo amenazada, incluso, de que me pueden quitar los niños, que me pueden sancionar”.
Víctor Manuel Hidalgo, quien fue arrestado menos de 12 horas luego de una publicación en Facebook, aún no tiene fecha de juicio. Lo acusan por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional”. Al igual que a Aroni Yanko García, el tribunal provincial de Villa Clara le ha negado en varias ocasiones el cambio de medida cautelar, que le permitiría al menos esperar la audiencia oral desde casa.
Hidalgo estuvo tres días bajo arresto cuando las protestas del 11J. Lo liberaron con una multa de 3.000 CUP por “propagación de epidemias”. Desde entonces, ha sido vigilado de cerca por la SE, aunque ni él ni su familia notaron este seguimiento hasta su reciente detención.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, explicó a YucaByte los diversos mecanismos del régimen para la detección de contenidos contrarios a sus intereses políticos.
“Dispone de centros de control donde trabajan, primero, sistemas automáticos de detección de palabras clave y difusión. También hay operadores y técnicos que analizan las publicaciones candidatas para determinar las que tienen el perfil de gravedad que les pueden afectar. Posteriormente, estas publicaciones seleccionadas son remitidas a la Seguridad del Estado, que hace las investigaciones adicionales para localizar a las personas y advertirlas, hostigarlas. También pueden detenerlas y procesarlas penalmente, como en el caso de Víctor”.
El santiaguero Asdrúbal Kindelán espera su juicio desde la prisión Aguadores. Fue detenido en dos ocasiones en menos de una semana entre finales de marzo y principios de abril de 2024 por reclamar la libertad de su hijo en una transmisión en directo en Facebook.
En este mismo contexto de las protestas de marzo de 2024, otros dos cubanos fueron arrestados, sin que se conozcan más detalles sobre sus casos. Se trata de Ernesto Salazar, de Santiago de Cuba, y Rey Asiel Naranjo Palau, de La Habana. Ambos fueron arrestados por dos videos que se viralizaron en redes.
Como otra forma de represión, a muchos presos políticos se les vulneran sus comunicaciones. Las autoridades penitenciarias les niegan llamadas telefónicas a sus familiares, lo que constituye una violación de las Reglas Nelson Mandela, de la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Es el caso de Nosley L. Domínguez, manifestante del 11J, quien lleva más de cuatro semanas incomunicado, según denunció el activista Librado Linares.
Detenciones, interrogatorios y multas
En vísperas del 11J, la SE citó a interrogatorio a activistas y periodistas independientes, y mantuvo a otros bajo arresto domiciliario. Varios directores de medios comunitarios del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) pasaron toda la jornada en una estación policial. Estuvieron desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en espera de un oficial que nunca llegó, lo que confirma la estrategia del régimen por mantenerlos ese día bajo control. A todos los dejaron incomunicados mediante cortes de internet y ralentización del servicio.
El 5 de julio el periodista camagueyano José Luis Tan Estrada fue detenido mientras se conectaba a la wifi pública en un parque de la ciudad. La oficial de la SE identificada como “Laura” le quitó su teléfono celular y lo condujo hasta la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Allí le advirtieron que no publicara o incitara a las personas en redes sociales, ni saliera a la calle el día 11. “Según los represores, soy un líder negativo en la provincia, que era mejor que me quedara en la casa”, relató Tan Estrada.
El mismo 11 de julio, acudieron a citación Juan Manuel Moreno, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa); y Orlidia Barceló Pérez y Pedro Luis Hernández, de El Espirituano. “En cada interrogatorio de la Seguridad del Estado fue palpable el miedo a otro estallido social en Cuba”, apuntó el ICLEP.
En Matanzas, la dama de blanco Leticia Ramos se negó a acudir a la estación el día 11, por lo que fue detenida desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía, según denunció Berta Soler.
El profesor y doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González García fue citado a interrogatorio el 17 de julio. Cinco días antes, González había cuestionado directamente a Díaz-Canel en la red social X. En su post, le reclamó al gobernante por no saber cómo explicarle a su hija una escena antes insólita: la de un hombre comiendo de la basura.
Ayer no pude explicarle a mi hija de seis años por qué un hombre comía con sus dedos sobras de comida en el basurero. No era un alcohólico, tampoco una persona con problemas de salud mental. Para ella es inadmisible y su país de niña es muy pequeño para mi vergüenza. @DiazCanelB
— René Fidel González García (@RenFidel1) July 12, 2024
En el interrogatorio, los oficiales de la SE advirtieron que tanto él como su esposa y la hija de ambos tienen una prohibición de salida del país, lo que se conoce como “regulación”. También lo amenazaron con procesarlo penalmente por delitos de “propaganda enemiga”, “desacato al presidente de la República”, y “desobediencia”. Le dejaron claro, además, que lo podían sancionar en su centro de trabajo y expulsarlo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
“Mucho poder, pero mezquino”, delató el profesor, quien fue expulsado en 2016 de la Universidad de Oriente por motivos políticos.
A finales de mes, el activista Eliosbel Quevedo Valladares fue citado a interrogatorio. Quevedo se desempeña como coordinador municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en Cumanayagua, Cienfuegos, por lo que la SE mantiene vigilancia constante sobre él. Hace unos meses, agentes del Ministerio del Interior (MININT) le ocuparon su teléfono celular y 5.000 CUP en efectivo durante un registro en su casa.
Esta vez, lo citaron para entregarle su móvil, aunque roto. La devolución de equipos rotos o con funcionamiento sospechoso es otra de las estrategias de la SE para dificultar aún más las comunicaciones de los acosados. Según Quevedo, los oficiales se justificaron diciendo que el “se habría deteriorado por estar tanto tiempo en el cuarto de ocupación sin funcionar, pues allí nadie lo tocaba”. Sin embargo, el activista pudo confirmar, en varios talleres de reparación, que el equipo había sido saboteado intencionalmente.
Cortes de internet
Desde el día 9 el régimen comenzó a interrumpir el acceso a internet y telefonía móvil y fija a varios de sus blancos de acoso. En general, el servicio fue restituido entre el 12 y 14 de julio.
Luis Cino Alvarez, escritor y colaborador de CubaNet, estuvo sin internet por datos móviles desde el 9 hasta la tarde del 12 de julio. Y luego, a la mañana siguiente, sufrió un segundo corte que se prolongó hasta entrada la noche.
El 10 de julio, amanecieron sin conexión varios miembros del Comité de Integración Racial CIR (Marthadela Tamayo, Osvaldo Tamayo, Manuel Cuesta Morúa, María Elena Mir), los periodistas Boris González Arenas (Diario de Cuba), Yunia Figueredo (ADN Cuba), Vladimir Turró, Enrique Díaz, Ana León, Osniel Carmona Breijo y Adelth Bonne (CubaNet), Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar (14ymedio), y Yanisley Sánchez Rubio, Luisa María Bermúdez Cruz, Niurka Linares Medina y Adamelis Castañeda Dorta (El Espirituano).
González Arenas aseguró a este medio que no recuerda exactamente cuándo empezaron sus problemas con la conexión a internet. Aunque calcula que datan de tres años atrás, luego de varias detenciones que se prolongaron hasta 2020. “El [corte] más extenso que he tenido fue a propósito del día de los Derechos Humanos (10 de diciembre)”, señaló. Esa vez, estuvo cerca de 10 días sin internet. Solo en pocas ocasiones pudo enviar un mensaje de texto por WhatsApp.
El periodista sufre de estos cortes sobre todo en fechas significativas. Comentó además que, en los momentos en que ha sido detenido, la SE ha inhabilitado el teléfono fijo de su casa. “No he reclamado a ETECSA. Llega un momento en que uno se harta, si enojoso es la figura del represor, tan enojoso es que los ciudadanos asuman esa complicidad gratuita. Yo espero, me conecto por otras vías. Cuando uno es activista hay que cuidar los momentos de paz. Son demasiadas formas de agravio a la vida cotidiana”, expresó.
González Arenas ha sido multado dos veces bajo el Decreto-Ley 370 Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba. En ambas ocasiones, febrero de 2020 y junio de 2022, la sanción ha sido impuesta expresamente por publicaciones en redes sociales.
Los activistas Yamilka Laffita (conocida como Lara Crofs), José Elías González Agüero, Alejandro Garlobo y Walter Cordero también fueron silenciados con motivo del tercer aniversario del 11J.
El jueves 11 de julio reportaron haber perdido el servicio de internet y telefonía móvil los periodistas del ICLEP Frank Abel y Melba Hernández González (Amanecer Habanero), Leinier Álvarez García, Yadier Hernández Hernández, Miriela Cárdenas Rosell y Sandra Padrón Camejo (El Majadero de Artemisa).
La segunda oleada de cortes de internet del mes llegó en vísperas del 26 de julio. Entre los días 24 y 25 reportaron caída del servicio varios de los afectados durante las jornadas del 11J. Entre ellos, los activistas del CIR, así como los periodistas Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Frank Abel González, Orlidia Barceló Pérez y Pedro Luis Hernández.
“Pasamos, cada mes, más jornadas sin conexión que con acceso a internet. Pero somos ‘expertos’ en encontrar rendijas en el muro del control, así que por aquí seguimos. Imaginamos que este ‘tijeretazo’ tecnológico se extienda hasta que pase el 26 de julio…”, comentó la directora de 14ymedio.
Días más tarde, el régimen se cuidó de que las elecciones en Venezuela no provocaran una desestabilización social en la Isla. Si bien no pudo confirmarse un corte general de internet, varios reportes apuntan a la ralentización y caídas intermitentes del servicio en diferentes provincias.
En La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, las velocidades de conexión fluctuaron entre los 350 Kbps y los 5,08 Mbps, según las mediciones de usuarios publicadas por el grupo Diktyon.
Ciberacoso y vigilancia
El 12 de julio, el periodista y director del medio independiente El Toque, José Jasán Nieves, hizo pública una denuncia sobre el acoso que sufrió en junio pasado. Vía WhatsApp, el 21 de junio Nieves recibió un mensaje de un número desconocido, con intención de intimidarlo.
“Hemos intentado contactar contigo de todas las formas posibles, pero nos has rechazado. Ahora tendremos que ir a buscarte personalmente, y sabemos exactamente dónde encontrarte”, le escribieron.
Nieves confirmó a la Columbia Journalism Review (CJR) sus sospechas sobre la implicación de la SE. En otras ocasiones ha recibido mensajes amenazadores, por la misma vía, de parte de “Mabel” y “Franco”, nombres con los cuales se identificaban los oficiales que lo acosaban en Cuba.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) respondió a la denuncia presentada por Nieves. Según comunicó, la agencia “no puede confirmar ni negar ningún contacto concreto ni la posible existencia de una investigación”.
“Amenazar a un periodista independiente en Estados Unidos representaría una grave escalada por parte de la inteligencia cubana, de confirmarse”, aseguró la CJR.
Sitios web bloqueados
A finales del mes sorprendió a los usuarios en la Isla el desbloqueo de las páginas web de CubaNet, CiberCuba y El Estornudo. Varios de ellos pudieron acceder a los sitios sin necesidad de usar una VPN, un tipo de aplicación que crea una conexión segura y cifrada entre el dispositivo y el servidor operado por la app. Gracias al uso de VPN, los cubanos han podido sortear la censura informativa impuesta por el régimen.
Las pruebas realizadas por el grupo Diktyon confirman el desbloqueo de al menos 35 sitios web, entre los que se incluyen los medios ADN Cuba, Proyecto Inventario y Martí Noticias, y las organizaciones Cubalex y Damas de Blanco.
Sobre este insólito incidente, el periodista y escritor Boris González Arenas comenta que no encuentra una explicación. “Está claro que el bloqueo de la información es para ellos vital, el que piense que le da lo mismo la divulgación de la información es un equivocado, sin dudas”, afirmó.
