Ilustración: Alejo Cañer
En contraste con el aumento de reportes de criminalidad y el criticado desempeño de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), no cesan de reportarse en redes detenciones a cubanos cuyo supuesto delito es disentir públicamente y denunciar la crisis humanitaria que atraviesa la Isla. Arrestos arbitrarios que, en prácticamente todos los casos, terminan en interrogatorios de varias horas y cortes de internet que se extienden durante días, incluso semanas.
El 6 de enero pasado, el actor Iván Castellanos García, de 75 años, fue arrestado en su propia casa por tres policías ―uno de ellos armado― y un oficial de la Seguridad del Estado. Lo condujeron hasta la Segunda Estación de la PNR de Santiago de Cuba, donde fue interrogado durante horas.
“El suboficial La Mesón me entregó un documento por el que me comprometía a no hacer más publicaciones contra el Gobierno, documento que no podía leer por mi discapacidad visual [el actor padece un glaucoma por el que ha perdido prácticamente toda su visión], y por la pésima letra en que estaba impreso”, denunció Castellanos García.
Mientras, ese mismo día 6 de enero, otro oficial registró su vivienda sin autorización judicial; aunque según aclara Castellanos en su perfil de Facebook, sí con permiso de su esposa.
En su perfil de Facebook, el actor suele contar algunas experiencias en las que ha sido víctima de los abusos del poder judicial. Además, critica constantemente al Gobierno provincial de Santiago de Cuba por la falta de transparencia de las autoridades.
Tres días después, en La Habana, fue detenido e interrogado el doctor Oscar Elías Biscet, fundador y líder del Proyecto Emilia, que aboga por los derechos humanos en Cuba. Después de ocho horas en la estación de la Policía de Santa Fe, le cortaron el servicio de internet.
Elías Biscet y otros activistas fueron el objetivo de un operativo policial que comenzó el 7 de enero, dos días antes del onceno aniversario de su proyecto, según declaró a YucaByte Juan Luis Bravo Rodríguez, uno de sus miembros. La vivienda de José Elías Agüero, donde se reunirían para celebrar, estuvo sitiada durante 72 horas en las que el activista permaneció además bajo arresto domiciliario y sin poder conectarse a internet por datos móviles. El corte se ha extendido hasta el cierre de esta nota.
A Bravo Rodríguez le cortaron igualmente el acceso a la red por varias horas, cuando denunció en una directa la arremetida contra el Proyecto Emilia. “Se han hecho varias quejas vía telefónica pero no dan respuesta alentadora, ya que dicen no tiene ningún problema la línea de teléfono en los servidores de la compañía”, refirió.
En la misma jornada del 9 de enero, le inhabilitaron el servicio de internet, en sus dos líneas móviles, a Adelth Bonne Gamboa, colaborador del medio independiente CubaNet. “Al parecer ya detectaron el móvil nuevo que no tiene dos meses de uso…”, comentó.
El incidente ocurrió a los siete minutos de iniciar una transmisión directa para el medio. Cuando intentó por segunda vez, desde la otra línea, no permaneció conectado ni cinco minutos. Hace varios meses, el también activista comentó a YucaByte que los problemas para conectarse empeoraron luego de que comenzara su colaboración con CubaNet.
Durante esos días, fluctuaron los servicios de internet y telefonía móvil del director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro. En los momentos que logró conectarse, solo pudo hacerlo mediante el ancho de banda 2G, por lo que apenas podía recibir mensajes a través de WhatsApp, según comentó el periodista a YucaByte.
A finales del mes, el 29 de enero, varios usuarios denunciaron también cortes de internet en diferentes municipios de la capital, incluidos La Habana del Este, San Miguel del Padrón, Diez de Octubre y Guanabacoa. Pasó lo mismo en las provincias de Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus y Guantánamo.
Los cubanos están presionando cada vez más al monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, y las autoridades del sector a través de las redes sociales. El 9 de enero la comunidad CellMapper denunció que la empresa había limitado la velocidad de conexión a “8 mbps a los clientes que no tienen recargas internacionales”. Veinte días más tarde, varios clientes se quejaron en respuesta a una publicación de ETECSA, alegando que sus velocidades de conexión no superaban 1 mbps.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció el 23 de enero que, a pesar de que la compañía estatal había instalado nuevas antenas en Villa Clara, persistían “los problemas de conexión y la lentitud”.
En enero de 2024 el régimen la emprendió además contra dos antiguos presentadores y locutores de televisión: Irela Bravo y Yunior Morales. Ambos, residentes actualmente en Estados Unidos, recibieron mensajes de odio en las redes, no exentos de amenazas e insultos.
El ataque contra Bravo se desató luego de su aparición en el programa El mañanero, de Alexander Otaola. Varios perfiles anónimos, que suelen replicar contenido del régimen, ofendieron a la actriz y la acusaron de “ir del lado del dinero”.
Por su parte, Morales, fue atacado en redes sociales por una “ciberclaria” ―como le llaman en Cuba a los perfiles falsos del régimen―. “Hay una claria que me dice pájaro, cuando no tienen nada que decir, carecen de argumentos, tratan de ofenderte, pero para mí es un honor, un orgullo, ser pájaro”, dijo el locutor en su perfil de Facebook.
Amelia Calzadilla, la joven madre que se viralizó en redes por una denuncia que hizo en junio de 2022, comentó a YucaByte: “Todos los que de alguna manera hemos denunciado a los responsables de los problemas que tiene el país, y los hemos enfrentado frontalmente, cualquiera de nosotros ha sufrido ciberacoso.
“Yo, en lo personal, lo sufrí de diferentes maneras. Varios perfiles de la SE, como el Guerrero Cubano, el Titán de Cuba, alegaron que yo era una mentirosa, y que yo buscaba llamar la atención”.
A principios de enero, Calzadilla hizo pública una amenaza recibida en diciembre de 2023, luego de que entrara a un grupo de WhatsApp de madres cubanas que le escribieron buscando su apoyo ante los reclamos por la alimentación y salud de sus hijos.
“[Presuntos oficiales de la SE]L le enviaron un mensaje a mi esposo ―contó Calzadilla―, prohibiendo la entrada a Cuba. Fue la misma persona encargada en Cuba de intimidarme para que saliéramos del país, y esta persona le escribe para notificarle que estamos desterrados, y que no podemos entrar”, refirió.
El ciberacoso está tipificado legalmente como un incidente contra la dignidad y la individualidad, con un nivel de peligrosidad medio, según el Decreto-Ley 35. El director de Negocios Digitales de ETECSA, Daniel Ramos Fernández, declaró a la prensa oficial que gran parte de las denuncias que se hicieron en 2022 entre personas naturales fueron identificadas, precisamente, como ciberacoso. Pero sus cifras ―que no fueron detalladas más allá de un supuesto total de 2.600 incidentes de ciberseguridad en el año― no incluyen estos casos, perpetrados por el propio régimen.
