Ilustración: Alejo Cañer
MIAMI. – En apenas seis páginas publicadas a finales del año 2023, el régimen cubano resolvió etiquetar como terroristas a 61 personas y 19 organizaciones, asentadas en su mayoría en Miami, el epicentro del exilio cubano. Luego, La Habana anunció que entregaría a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la lista de nombres.
Se trata, en no pocos casos, de personas con las que una puede encontrarse en la ventanita del Versailles cuando se toma un cafecito cubano, presentando obras artísticas en eventos como Cuba Nostalgia o simplemente atravesando a diario las calles del South West con la libertad de la Isla en los labios.
¿Quiénes son los “terroristas”?
Ninoska Pérez, pintora de vírgenes del Cobre y a quien todavía es posible escuchar por la emisora La Poderosa; Ramón Saúl Sánchez Rizo, quien a mediados de 2023 y después de un largo exilio con enfoque no violento, enfrentaba la posibilidad de deportación; Ana Olema Hernández, curadora y artista visual que caminó ocho países para llegar a la libertad que vislumbraba en EE.UU.; Eliecer Ávila, el cubano que hace 17 años desafío la autoridad de Ricardo Alarcón de Quesada con preguntas sobre los viajes al extranjero para los cubanos de la Isla.
Son algunos de los señalados como terroristas por parte del régimen de La Habana, que también incluye en su lista a Santiago Álvarez Fernández Magriñá, William Cabrera González, Michel Naranjo Riverón y Eduardo Arias León. Además, a Yamila Betancourt García, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez-Boronat, Liudmila Santiesteban Cruz, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano) y Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack). Otro nombre es Alexander Alazo Baró, responsable de un “ataque con un arma de fuego a la embajada de Cuba en los Estados Unidos”.
El diario Granma los describe como personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y son buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países.
¿Por qué preocupa la “Lista”?
La trascendencia de la Resolución 19/2023, del Ministerio del Interior, que contiene esta “Lista Nacional” de presuntos terroristas está en llevar por primera vez a documentos oficiales y públicos en materia jurídica acusaciones y señalamientos —con nombres y apellidos— que hasta el momento no habían logrado traspasar el entorno mediático.
“La disposición incluye a comisores de actos terroristas contra Cuba desde 1999 hasta la actualidad. Las causas jurídicas abiertas corresponden a agresiones contra hoteles y otros centros turísticos, infiltración por las costas para ejecutar acciones violentas, atentados contra el presidente de la República [Fidel Castro] y otros funcionarios públicos, y la promoción de maniobras militares contra la mayor de las Antillas. También se refiere a quienes incitan, organizan y financian acciones que afectan el orden social en Cuba”, puede leerse en el portal del medio partidista.
Entre las diecinueve entidades u organizaciones marcadas se hallan ALPHA-66, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Hermanos al Rescate, el Movimiento Democracia, el Partido Unidad Nacional Democrática (PUND) y los Comandos F-4.
¿Fundamentos legales?
“Los fundamentos legales de la medida se encuentran en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento”, justifica La Habana, que echa mano de la ONU para valerse de su autoridad multilateral, pero la tilda de parcializada cuando sus diversos comités emiten recomendaciones sobre derechos humanos en Cuba.
En palabras de Lucía Alfonso Mirabal en Diario de Cuba, “el régimen cubano acusa constantemente a las estructuras y funcionarios de varios mecanismos de la ONU de recibir, evaluar y dictaminar información politizada. En especial, aquellas denuncias originadas en las organizaciones de la sociedad civil independiente que se ocupan de la promoción, respeto y garantías de los derechos humanos en la Isla (…). En reacción, La Habana no recibe y procesa como decisiones serias las sugerencias de la ONU para actuar ante violaciones flagrantes de derechos humanos. Esto explica, por ejemplo, que líderes de la sociedad civil independiente cubana encarcelados de manera arbitraria —calificación que aparece en más de una decena de opiniones del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU— permanezcan recluidos y padeciendo privaciones de derechos”.
Granma hace eco también de otros “fundamentos legales” de la “Lista”: el Código Penal cubano; así como el Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado y la Resolución 16 del Ministro del Interior, para la “detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos”.
En realidad, el listado del régimen cubano sigue la línea de patrones y regulaciones previas con las que el Estado se ha propuesto acallar voces disidentes, entre ellos el Decreto-Ley 370 (2018) y el Decreto-Ley 35 (2021), impulsados para controlar lo que se publica a través de las plataformas de internet. Varios de los enlistados tienen un alto perfil en redes sociales y sus publicaciones llegan a un amplio público, de modo que la resolución resalta la participación de estos en sabotajes y otras acciones punibles, por medio del reclutamiento de personas en el espacio digital.
La antesala del “crimen”
Una actualización del Código Penal (2022), en el que ahora se incluye el delito de terrorismo, fue también la antesala de este listado incriminatorio. Igualmente, si antes, en virtud de lo tipificado en la norma penal previa a 2022, se castigó a manifestantes del 11J no solo por delitos contra la seguridad del Estado, sino además por contravenciones vagas y poco precisas como la instigación a delinquir en el territorio nacional, ahora el ataque va dirigido exclusivamente a entidades y sujetos que radican en el exterior, y a los que previamente se les señalaba por la vía mediática en programas de televisión como Hacemos Cuba o Con Filo.
Por lo tanto, para Ninoska Pérez, esto no es nada nuevo. “El régimen de La Habana lleva años acusando el exilio de cuanto mal le acontece. Del embargo, las denuncias, las protestas, las críticas y las burlas que hoy inundan la internet”, escribió Pérez en Diario Las Américas. Además, aseguró que, para el régimen, “son una salación” quienes —como ella— “no se cansan de repetir lo que es obvio: el desastre moral, espiritual y económico que representa una dictadura —más bien la dinastía tropical— de oportunistas que llegaron al poder mediante el terrorismo y no han dejado de practicarlo desde entonces”.
La comunicadora y artista, a la que la agencia de noticias Associated Press (AP) califica como una reconocida activista radical cubanoamericana, detalla que esto responde a la estrategia de La Habana de “invalidar a ese formidable enemigo, compuesto por un exilio, de diferentes tendencias y generaciones, pero con el firme propósito de poner fin a una dictadura”.
Sin embargo, medios internacionales insisten en poner en contexto la publicación de la “Lista Nacional” cubana: unos días después de que un exdiplomático estadounidense —Manuel Rocha— fuera acusado de ser agente secreto para el Gobierno de La Habana por décadas, y a menos de una semana de que Estados Unidos publicara su lista anual de países patrocinadores del terrorismo, en la que Cuba mantiene su lugar.
Ni extradición a Cuba ni sanciones de vuelta contra EE.UU.
Dos analistas citados por AP consideran la lista cubana como “un intento de La Habana por poner de manifiesto la política doble de Washington en esta materia”, aunque dijeron que “en la práctica el listado no conseguiría la extradición de alguno de los encausados por Cuba o la posibilidad de lograr algún tipo de sanciones prácticas contra Estados Unidos”.
William LeoGrande, un politólogo experto en Cuba de la American University, en Washington, dijo a la agencia estadounidense que “el Gobierno cubano argumentó durante mucho tiempo que Cuba no apoya el terrorismo internacional, como afirma el Departamento de Estado, y que es Estados Unidos quien alberga a personas que han participado en acciones terroristas contra Cuba. La nueva lista cubana formaliza esa acusación”.
Por su parte, Michael Shifter, especialista de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington, consideró que “es un intento de exponer la hipocresía y contradicción de Estados Unidos sosteniendo que Cuba también es víctima de terrorismo (…). Puede ser [la] primera vez que el régimen cubano lo hace, pero no es sorprendente y no va a cambiar nada”.
Interpol, ¿otro actor en la obra?
De todas formas, el régimen cubano dio otro paso que generó revuelo. El medio de propaganda Cubadebate informó que las autoridades cubanas, supuestamente, habían entregado la “Lista Nacional de Terroristas” a la Interpol.
Para el abogado Eloy Viera, la noticia daba continuidad a un ejercicio de amedrentamiento del Gobierno cubano que comenzó con la publicación de la lista y la posterior emisión —el 19 de diciembre de 2023— de un programa Hacemos Cuba en el que participaron varios represores cubanos. Entre ellos, el teniente coronel Francisco Estrada, jefe de Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado.
Durante la transmisión de Hacemos Cuba —reseña Viera en El Toque— el teniente coronel y represor Francisco Estrada lanzó la amenaza de que podrían seguir ampliando la lista, así como emprender acciones legales contra quienes se vincularan de alguna manera con los aludidos en el documento.
Aunque según el vocero del régimen la lista les otorga la facultad para iniciar procesos de extradición o solicitar a la Interpol que emita notificaciones rojas entendidas como órdenes de detención en cualquier lugar en el que se encuentren los individuos incluidos en las notificaciones, Viera zanja que, de aprobarse la solicitud formulada por Cuba, quedaría de todos modos a discreción de cada país decidir qué hacer ante la notificación roja que reciban de la Interpol. Esto responde, según explica la web de Interpol, a que la organización no considera las notificaciones rojas como órdenes de detención per se.
Hasta el momento, en la base de datos pública de la Interpol aparecen cinco cubanos: JOSÉ RICARDO TABARES ARIAS, de 67 años; SEINEL FERNANDEZ CARMENATY, de 33 años; NIURKA APOLINAR PEDRO SILVA, de 59 años; ROBERTO CRESPO, de 51 años; JULIO BONACHEA, de 63 años. En cambio, no aparece ninguna de las personas incluidas en la “Lista Nacional de Terroristas”.
Una de ellas, Ninoska Pérez, se pregunta qué ha logrado el régimen más allá del “inmenso costo de financiar su burda propaganda”. Y ella misma reflexiona: “Lo que ha logrado es un país en ruinas, no tener acceso a créditos o financiamiento en bancos americanos, y, a pesar de revertir las acusaciones son ellos los que figuran en la más importante de todas las listas. Lo que sí es un hecho es que los cubanos abandonan el país por cientos de miles; los que quedan cada día muestran más su descontento y crece por día un exilio que no se cansa y mucho menos se rinde”.
Pérez remata: “La Gaceta Oficial de la República de Cuba, órgano del Ministerio de Justicia, la que nos pone en aviso que se nos busca a 61 cubanos exiliados por terroristas, si es que hay papel para imprimirla, terminará sirviendo fielmente a la población en el campo sanitario como lo ha hecho el Granma durante tantos años de escasez”.
