Ilustración: Carmen Barruecos
En agosto de 2023 el régimen demostró cuánto miedo tiene a los medios y canales de comunicación que comparten opiniones disidentes o revelan realidades de la Cuba cotidiana. Lo hizo aplicando una de sus estrategias más comunes: el bloqueo de sitios web, es decir, impidiendo el acceso a ciertas páginas desde la Isla. En los dos casos de bloqueo reportados, se trata de proyectos comunicativos en los que confluyen periodistas, activistas e intelectuales que han sido y son hostigados por la Seguridad del Estado.
El 9 de agosto, un grupo de periodistas cubanas, radicadas todas en el exilio, publicaron la tercera parte del proyecto Partos Rotos. Durante cuatro años, el equipo ha estado investigando sobre las manifestaciones y causas de la violencia obstétrica. El impacto fue tal que miles de madres compartieron en sus redes sociales la experiencia traumática de su parto. Esto devino en una suerte de #MeToo obstétrico. Pero el régimen reaccionó de inmediato, pues el 10 de agosto la periodista Claudia Padrón Cueto, coordinadora de Partos Rotos, denunció que desde Cuba solo se podía acceder a la página mediante VPN.
“Me imagino que para evitar que algo así sucediera de nuevo ―comenta Padrón, refiriéndose a la cantidad de madres que publicaron su testimonio― y teniendo en cuenta lo sensible que es este tema para el Gobierno cubano, previeron hacer una especie de bloqueo preventivo”. Padrón contó a YucaByte que, 10 días antes del lanzamiento del sitio, se podía acceder sin problemas. Pero el día 9, cuando avisó a las mujeres protagonistas de estas historias para que leyeran los resultados de la investigación, ellas mismas le respondieron que no era posible entrar a la web. Al momento, el equipo realizó las pruebas del OONI (Observatorio Abierto para la Interferencia de la Red) y confirmó que el sitio, en efecto, estaba bloqueado.
“Mi interpretación, aunque no tengo la manera de saber exactamente si fue así, es que quizá pusimos en sobreaviso a las instituciones, cuando contactamos a las fuentes oficiales, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, para que dieran declaraciones al respecto”, opina Padrón Cueto. Y aclara que estos contactos son imprescindibles desde el punto de vista ético, pues en el reportaje se abordan y juzgan temas relacionados con las políticas oficiales.
La periodista alega que la medida afectó “bastante”, porque “no todo el mundo en Cuba tiene VPN, y no todos los VPN funcionan bien”. De hecho, en ocasiones anteriores se ha reportado cómo el régimen bloquea igualmente estas herramientas para aplicar a toda costa la censura. “Me escribieron muchísimas mujeres ―continúa Padrón Cueto― que no podían leer los materiales, y esto es a lo que ellos apuestan, a que hay una gran parte de la población que no podrá entrar al sitio”.
Cuatro días más tarde, el 14 de agosto, el equipo de Cuba X Cuba publicó en su página de Facebook que, 23 días después de su primera publicación, su sitio web se encontraba bloqueado. Cuba x Cuba se presenta como un laboratorio de pensamiento crítico que aborda temas sobre economía, derechos humanos, historia y problemáticas “que inciden negativamente en la sociedad cubana (…), y fomentan desigualdades y exclusión”.
Su editora, la profesora y ensayista Alina Bárbara López, ha sido detenida arbitrariamente e interrogada en varias ocasiones por oficiales de la policía política. En el momento de la denuncia, Cuba x Cuba declaró que su equipo se encontraba trabajando para encontrar vías que permitieran compartir su mensaje. Para ello, el proyecto se apoya de redes sociales como Telegram, Facebook y YouTube, de gran popularidad en la nación caribeña. Asimismo, crearon un sitio espejo ―una web que contiene una réplica exacta de otra―, según explicó a YucaByte Mauricio De Miranda, uno de los miembros de la junta directiva.
Actualmente, se considera un derecho humano buscar, recibir, y difundir información, de acuerdo con la Declaración Universal, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De este último, por cierto, Cuba no es un Estado firmante, a pesar de que el pacto fue resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. De esta manera, el régimen no solo coarta la libertad de expresión de periodistas y activistas, sino el derecho a la información de su ciudadanía.
Por otra parte, en agosto concluyó el juicio del joven Leandro Pupo Garcés, quien fue procesado bajo el cargo de “difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires”. La prueba acusatoria contra Pupo Garcés consiste en una publicación que hizo el joven en su perfil de Facebook, por la cual se le acusa de desacreditar al Ministerio del Interior (MININT).
Según varios medios, en el post con fecha 11 de marzo de 2023 ―no disponible actualmente―, el joven expresó que el pueblo necesitaba “libertad”. Asimismo, criticó una convocatoria de reclutamiento del MININT: “La dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos”. Ese mismo día, horas después, Pupo Garcés publicó que la Policía había ido a buscarlo a su casa.
El joven, residente de la provincia Holguín, espera actualmente por la sentencia del juicio. La Fiscalía Provincial pide una sanción de cuatro años de trabajo correccional con internamiento. Según el Centro de Información Legal Cubalex, que ofrece asesoría a cubanos residentes dentro y fuera del país, el delito por el cual se acusa a Pupo Garcés “quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión”.
Y como es ya habitual, YucaByte recibió durante agosto de 2023 varios reportes relacionados con cortes selectivos y ralentización de la velocidad de internet. Entre ellos, destaca la denuncia del 9 de agosto, realizada por el periodista José Luis Tan Estrada. Ese día, en horas de la tarde, el reportero logró publicar en su perfil de Facebook que el municipio cabecera de Camagüey se encontraba en medio de un apagón de electricidad, sin datos móviles y sin cobertura telefónica. En su publicación, Tan Estrada ironizó con el proceso de bancarización que impulsa el régimen, y para el cual se necesita una infraestructura y condiciones tecnológicas inexistentes o inoperantes en el país. En respuesta, otros usuarios confirmaron el apagón en varios municipios de la provincia, sin especificar cuáles.
Asimismo, el 28 de agosto Yanisa Curbelo, la madre del joven preso político y manifestante del 11J Brandon David Becerra Curbelo ―quien tenía 17 años en el momento de su detención― denunció que se encontraba sin acceso a internet por datos móviles. Los familiares de presos políticos son víctimas frecuentes de violaciones de derechos digitales. Hasta el momento, solo se tiene constancia de estas violaciones sobre aquellos que más reclaman en redes por la libertad de sus hijos, padres o hermanos. El régimen suele utilizar contra ellos estrategias como los cortes selectivos y el ciberacoso.
Curbelo acompañó su denuncia con capturas de pantalla que muestran que, pese a estar conectada a la red de ETECSA desde su teléfono móvil, no se le notifica la conexión. En otras imágenes, se observa cómo la banda ancha apenas alcanza la 2G.
Otros reportes recibidos refieren ralentización de la velocidad de conexión. Aunque el “estrangulamiento de la red”, término con el cual se describe a esta estrategia de censura, significa una medida que puede asociarse a problemas de infraestructura, lo cierto es que varios activistas afirman que desde hace meses su conexión es mucho más lenta de lo habitual.
Para tener una dimensión del asunto, la activista y feminista Marthadela Tamayo explicó que durante agosto apenas pudo conectarse para reuniones y eventos en línea, mediante plataformas como Zoom y Jitsi Meet. Si bien Zoom exige una conexión mediante VPN desde Cuba, Jitsi Meet es una plataforma bastante ligera, en términos de tráfico de datos. Tamayo cuenta que el año pasado, los cortes selectivos de internet fueron fortísimos, tanto para ella como para su pareja, Osvaldo Navarro, también activista. “Aún estábamos saliendo del COVID, y había muchas presentaciones online”, refiere. “Ahora no sé si bajaron las fuerzas [la velocidad], pero para realizar eventos de manera online, porque estamos regulados y no podemos salir de Cuba, tenemos que enviar un video con anterioridad. Este mes me pasó que estaba hablando en una reunión y se puso tan lento que no hubo forma humana de que avanzara en lo que tenía que decir”, comenta.
La activista, miembro de la Red Femenina de Cuba, explica además otra de las consecuencias de esa ralentización: “La recarga es con bonos, y si una no se puede conectar por la lentitud, esos datos se pierden”.
Por su parte, el escritor y activista Abu Duyanah, reportó a YucaByte que, aunque pudo conectarse mediante datos móviles, su conexión se encontraba tan lenta que apenas pudo disfrutar de servicios básicos como la descarga de audios y fotos. “Van a decir que tengo internet ―dijo refiriéndose a los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes lo han detenido por su labor―, pero la verdad es que no me sirve de nada”.
A ello, Duyanah señala que desde hace unos meses la red social de Mark Zuckerberg le pide una verificación de su identidad, pues “al parecer Facebook cree que alguien está intentando hackear [la cuenta]”. Y agrega que hay otros activistas en la misma situación.
Nuestro medio ha recopilado varios intentos de hackeo en meses anteriores. En agosto, a la denuncia de Duyanah se suma la del influencer Manuel Milanés, quien el día 29 publicó en su cuenta de Twitter que tenía “todo tipo de alertas de intentos” de entrar a sus correos, redes sociales y chats.
El hackeo de cuentas personales constituye una de las estrategias de las cuales se vale el régimen no solo para interceptar comunicaciones privadas; sino también para obtener información privada con la que amenaza luego a sus víctimas. De hecho, en 2019, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, sucesor de los Castro, aprobó el Decreto-Ley 389 para legalizar “técnicas especiales de investigación”, incluida la vigilancia electrónica.
