Presos políticos incomunicados: ¿fallos de ETECSA o violación de derechos digitales?

Ilustración: Alejandro Cañer

En marzo de 2023 varios medios independientes reportaron que algunos de los presos políticos que permanecen en cárceles cubanas no podían comunicarse con sus familias.

De hecho, familiares y allegados de los presos políticos denunciaron en redes sociales que la incomunicación se debía al no funcionamiento de las tarjetas prepagadas de ETECSA, llamadas Propia. La mayoría de las veces la compra y las recargas de las tarjetas corren a cargo de los seres queridos de las personas privadas de libertad.

Durante los días que fueron realizadas estas denuncias, el monopolio estatal de las comunicaciones publicó una nota de prensa que advertía de “trabajos en las redes de telecomunicaciones como parte de las tareas previstas para garantizar la disponibilidad de los servicios” y que, a causa de estas “acciones técnicas”, podría “percibirse afectación en el funcionamiento de los servicios”.

Sin embargo, es común que la empresa vulnere los derechos digitales de la ciudadanía. Algunas de estas violaciones consisten en cortes del servicio de internet móvil a individuos específicos, apagones generales de internet en medio de protestas sociales, confiscación de equipos de trabajo a periodistas independientes y bloqueo de líneas de celular.

Una investigación del medio independiente CubaNet reveló que los reclusos de las cárceles Kilo 5½, en Pinar del Río; Ariza, en Cienfuegos; el Típico de Manzanillo, en Granma; Kilo 8 en Camagüey; Valle Grande y El Pitirre, en La Habana; y la Prisión Provincial de Guantánamo presentaban problemas con sus tarjetas Propia.

CubaNet indagó en los motivos del fallo con tres operadoras de ETECSA distintas, quienes argumentaron que la plataforma que soporta el servicio Propia no estaba funcionando “temporalmente” y que el sistema estaba “interrumpido”. Pero no aclararon las causas ni precisaron el tipo de problema.

Testimonios de internautas generados por el comunicado de prensa de ETECSA en Granma parecen confirmar parcialmente la posibilidad de un fallo.

“Me gustaría saber qué pasa con las tarjetas Propia. Los teléfonos públicos donde yo vivo, en Cárdenas, son de monedas y no sirve ninguno, ¿qué hago si no tengo [teléfono] fijo?, ¿cuándo van a dar solución a este problema tan sensible para el pueblo?”, preguntó el internauta Ramón.

“Hace algunos días hay problemas con el servicio de tarjeta Propia, lo que afecta seriamente la comunicación desde y con teléfonos públicos y fijos, sin tener aún solución. ¿Existe alguna posibilidad [de] que este servicio se retome?”, indagó Diana.

“He tratado de recargar una tarjeta Propia varias veces y no puedo. [En] ETECSA Placetas, Villa Clara, no saben explicarme el problema”, se quejó Julio.

Pero, más allá de esta aparente inestabilidad en el servicio, reclamos de familiares de presos políticos indican que la compañía sí limitó el derecho a comunicarse de sus seres queridos.

La incomunicación como “ciclo de violencias”

Milexis García Camejo, madre adoptiva del preso político Yasmani Porras, dijo en Facebook el 13 de marzo que desde hacía 14 días no podía hablar con su hijo. “Me dicen que está bien, me dicen que los teléfonos están rotos, me dicen que las llamadas que salen del penal son por tarjetas MLC [moneda libremente convertible], no entiendo nada, ¿cómo que por tarjetas MLC? ¿Hasta cuándo tanto abuso y discriminación con nuestros hijos?”.

Según Radio y Televisión Martí, cuando García Camejo llamó a la prisión para preguntar, las autoridades penitenciarias se justificaron con “problemas en la plataforma de las tarjetas Propia”.

Una experiencia similar narraron Ana María García y Yesenia Bravo Cruzata, madre y hermana, respectivamente, de Brenda Díaz y de Oscar y Omar Bárbaro Bravo Cruzata. La primera está encarcelada en Mayabeque, en la cárcel Cuba-Panamá, y los segundos en el Combinado del Este, en La Habana.

“Los teléfonos están rotos… y lo que dicen es que ETECSA no los ha arreglado. Pero los de los funcionarios sí funcionan”, aseguró García al ser preguntada por Radio y TV Martí.

El inciso i del artículo 64 del Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano reconoce el derecho a “realizar llamadas telefónicas autorizadas a familiares y amigos”. No obstante, castiga y prohíbe “realizar llamadas telefónicas o comunicaciones no autorizadas a personalidades, organismos e instituciones para formular quejas, peticiones o denuncias”, una práctica común entre los presos políticos.

Otro de los castigos incluidos en el Reglamento es la restricción de llamadas como castigo por hechos que las autoridades penitenciarias consideren “indisciplinas”. Alberto Fonseca denunció que su hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, había recibido ese castigo en noviembre y diciembre de 2021, y en enero, abril, mayo, julio y octubre de 2022.

Fonseca también ayudó a visibilizar casos similiares que afectaron a los familiares de los presos Lázaro Yuri Valle Roca y Yosvani Rosell, en marzo y abril de 2023, respectivamente.

El activista dijo a YucaByte que sabía que varios familiares pertenecientes a Cuba de Luto, una iniciativa ciudadana por la libertad de los presos políticos, habían presentado problemas con las tarjetas Propia. Entre ellos, Delanis Álvarez Matos, Migdalia Gutiérrez y Mailín Sánchez.

Específicamente Sánchez dijo a este medio que su esposo, Yosvani Rosell, llevaba cerca de tres meses sin poder comunicarse de manera regular con ella. También relató que Rosell tenía una tarjeta con 500 pesos que fue deshabilitada por ETECSA sin previo aviso.

“¿Cómo si yo la recargo mes por mes está deshabilitada?”, reclamó en una oficina del monopolio estatal. Según ella, la persona que la atendió afirmó no saber nada del problema.

“ETECSA me robó a la cara”, sentenció.

Un informe de la plataforma Cubalex califica a la incomunicación como un trato cruel e inhumano al que el Gobierno cubano somete a las personas detenidas, que son puestas en riesgo de torturas y desaparición forzada.

De acuerdo con Cubalex, para impedir denuncias, ETECSA recurre a la inhabilitación de las tarjetas Propia y al bloqueo de recargas desde el exterior. “En el sistema penitenciario se consideran indisciplinas graves formular quejas o peticiones propias o colectivas, como expresión de asumir posiciones de fuerza o de desobediencia a la autoridad penitenciaria”, explicó la plataforma. Según la Ley de Ejecución Penal, incurrir en alguna de estas “indisciplinas” tiene un “alto nivel de peligrosidad”.

El informe concluye que esto es incompatible con los supuestos derechos de los reclusos ―también otorgados en la Ley Penal― de formular denuncias y recibir información.

La nota de Radio y TV Martí, por su parte, indica que este tipo de penalización es empleada con frecuencia contra los presos políticos y que las autoridades no otorgan el mismo tiempo de llamadas a todos los reclusos. De esta forma, algunos pueden comunicarse diariamente, mientras que otros solo semanalmente y por dos o tres minutos.

Otros familiares, amigos y activistas que han reportado fallos en el funcionamiento de las tarjetas Propia son Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar, la dama de blanco Martha Beatriz Roque y la artivista Yanelys Núñez Leyva, esta última en nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más reconocidos del Movimiento San Isidro.

Núñez Leyva dijo al medio CiberCuba que cuando Otero Alcántara no podía llamar no era a causa de no tener saldo en la tarjeta. “Es un ciclo de violencias”, reflexionó.

La artivista dijo a YucaByte que, un mes luego de la denuncia inicial, todavía no había sido posible adquirir una tarjeta para Otero Alcántara. “En ninguno de los puntos, ni en el mercado negro ni en el oficial, hay tarjetas”, señaló. El desabastecimiento también fue confirmado a nuestro medio por el activista Adel Bonne Gamboa, quien ayudó a familiares de un preso político a adquirir una de las tarjetas de marras.

Núñez Leyva cree que lo ideal es que el líder del MSI, así como otros presos políticos, tengan más de una tarjeta Propia, para que puedan evadir la censura y asegurar la comunicación.

“No creo que sea un fallo técnico”, opinó la artivista, quien se encuentra refugiada en España por su activismo político. “Ellos [las autoridades cubanas] bloquean directamente las tarjetas de los presos políticos. Luego, cuando Luis pide otra tarjeta prestada en la prisión, esta sí funciona”, aseguró.