Ilustración: Carmen Barrruecos
Algunas de las violaciones de derechos digitales reportadas por medios independientes y la ciudadanía en enero de 2023 consistieron en cortes de internet, intentos de hackeo a periodistas, usurpación de imágenes personales sin consentimiento y amenazas por redes sociales.
El 2 de enero de 2023, el periodista Mario J. Pentón, de AmericaTeVe, reportó que había recibido una amenaza de muerte de parte de la Seguridad del Estado (SE) cubana.
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) January 2, 2023
Pentón dijo a YucaByte que en enero también sufrió un intento de hackeo de su cuenta de Instagram. “Estoy seguro que es el régimen cubano, porque ya me hackearon WhatsApp. Esto te pone en un estado de ansiedad tremendo. Hay muchas personas que confían en ti y te dan información y tú sabes que el régimen cubano les puede hacer daño si conociera esa información. Para mí personalmente es muy preocupante que puedan acceder”, afirmó.
“También he visto que [el régimen] ha recrudecido sus intentos de reportar mis videos tanto en Facebook como en YouTube. Tengo, además, decenas de mensajes de odio enviados a mí desde perfiles falsos”, concluyó el reportero.
El 7 de enero, Berta Soler, activista y líder del grupo opositor Damas de Blanco, denunció que ETECSA, en complicidad con la SE, llevaba 15 días cortándole el servicio de internet móvil. “Me lo restablecieron después de las 12:00 de la noche, pero desde la mañana del día 5 no tengo servicio alguno”, aseguró la opositora. Soler dijo, además, que fue a una oficina de ETECSA en el barrio de Alamar, en La Habana, donde no le dieron respuestas convincentes sobre la interrupción que sufría.
El 9 de enero, Soler informó que le habían restablecido el acceso a internet, luego de cuatro días de corte total.
Me restablecen hoy 8 el servicio de Internet por datos móviles
⤵️⤵️⤵️⤵️https://t.co/05FKqR3i2Z@DamasdBlanco @USEmbCuba @vozdelafnca @USAmbPY #PremioSajarov #RevolucionEsRepresion #PresosPorQue en #Cuba
— Berta Soler Fernández (@bertasolerf) January 8, 2023
“Hemos ido a las oficinas de ETECSA, donde hasta ahora nos dicen que los teléfonos están sin problemas. Esto nos sucede desde hace cinco años atrás. Cada vez que la SE entiende o quiere nos corta los datos móviles. Mi esposo, el exprisionero político Ángel Moya, y yo hemos sido amenazados. Nos han dicho que este año nos van a ‘liquidar’. Con esto se refieren a meterte preso o cualquier otra cosa”, explicó Soler a YucaByte.
Ángel Moya, por su parte, publicó el 13 de enero que tanto él como Soler se mantenían con dificultades para acceder a internet. “A Berta se la conectan y pasado un rato la desconectan y a mí desde el 6 de enero de forma total. Solo podemos conectarnos a través wifi”, explicó en una publicación posterior, el día 19.
El día 7, el diario digital 14ymedio publicó un texto que afirmaba que ciudadanos habían recibido multas de 3000 pesos en virtud del Decreto-Ley 370, también conocido como “Ley Azote”, por publicar contenido en redes sociales.
El reporte incluye la historia de Yanara, una trabajadora por cuenta propia de La Habana, que recibió una citación de la SE por haber publicado en Facebook memes, incluidos varios en los que se ridiculizaba la figura de Miguel Díaz-Canel, presidente designado de Cuba.
Durante el interrogatorio, los agentes de la SE le confirmaron a Yanara que monitoreaban sus redes sociales. “Tenían hojas y hojas con todo lo que yo había compartido o escrito en mi muro, al menos en el último año”, contó a 14ymedio.
Estrategias como estas han sido reportadas por activistas independientes y creadores de contenido. Los memeros El Ruso y San Memero, así como Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, han confirmado la existencia de prácticas similares a YucaByte.
En el reporte también se cuenta la experiencia de Cristian, un adolescente camagüeyano que borró sus redes sociales tras ser interrogado por dos oficiales de la SE en la oficina del director de su escuela. Según 14ymedio, la causa de la reunión fueron las muestras de apoyo en internet que el joven dio a manifestantes del 11 de julio de 2021.
El día 9, Elsa Morejón, activista independiente y esposa del opositor y exprisionero político Oscar Elías Biscet, aseguró que su servicio de internet móvil había sido interrumpido luego de que la SE arrestara a Biscet cuando salía de su casa en la mañana.
Hoy a las 8am la policía política de #Cuba arrestó a mi esposo Dr Oscar Elías Biscet @OscarBiscet cuando salía de casa, en calle Milagros y 8va en #Lawton Me cortaron #Internet Aún desconozco su paradero. Gracias a todos por difundir.
— Elsa Morejón (@ElsaMorejon) January 9, 2023
Morejón aseguró a YucaByte que el día 17 de enero tuvo también limitación en su servicio de internet.
El 10 de enero, el activista independiente Julio Góngora denunció que estuvo más de 10 horas sin servicio de internet móvil. “Es una manera de silenciar a todo aquel que se proyecta contra el sistema”, posteó Góngora en Facebook luego de que le fuera devuelto el servicio.
El día 14, la Red Femenina de Cuba informó que el teléfono de la activista Zuleydis Pérez fue revisado por las autoridades al ser ésta interrogada en la provincia de Holguín. Pérez, junto con María Elena Mir Marrero, en La Habana, y Elsa Issac Reyes, en Santiago de Cuba, fueron detenidas después de pedir los permisos necesarios para realizar manifestaciones pacíficas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La periodista independiente Yunia Figueredo dijo a YucaByte el 26 de enero que seguía sin poder acceder a internet desde su línea de celular, situación que, según ella, ya se extendía por más de un año.
“Me citaron en ETECSA el pasado día 18 y me dicen que la línea no tiene problemas, que es el móvil. Bueno, me mandaron un teléfono nuevo marca BLU y la línea sigue igual”, afirmó.
El 26 de enero, el activista de derechos humanos Magdiel Jorge Castro reportó que fotos suyas tomadas en un lugar público habían sido divulgadas en una página que comparte propaganda del Gobierno cubano. “A los que se dedican a sacarme fotos a escondidas para luego publicarlas: siempre pueden ir donde estoy yo y si quieren los invito a un café y les cuento cómo el régimen cubano acosa a los activistas incluso fuera del país”, respondió Jorge Castro en Twitter.
⚠️⚠️A los que se dedican a sacarme fotos a escondidas para luego publicarlas, siempre pueden ir donde estoy yo y si quieren los invito a un café y les cuento cómo el régimen cubano acosa a los activistas incluso fuera del país, no les tengo miedo, les repito nuevamente.#Cobardes pic.twitter.com/HIXhrT2Lyo
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) January 25, 2023
“He recibido muchas amenazas. Hay un usuario en específico, que no sé si me lo han asignado, que me acosa bastante en el DM [mensajes directos] de Twitter. He recibido, también, amenazas de personas acá en Uruguay. Yo tenía el objetivo de manifestarme frente a la embajada cubana en Montevideo, y a raíz de eso muchas personas me amenazaron. Yo fui a la Policía de acá y presenté una denuncia”, dijo el activista a YucaByte.
El día 28, Adelth Bonne Gamboa, activista independiente por los derechos de las personas LGBTIQ+, publicó en Facebook que le habían hecho un perfil falso con sus fotos personales en la red social Badoo.
Bonne Gamboa dijo a YucaByte que sospechaba que esa acción provenía de la SE. “Por eso fue que lo publiqué”, aseveró a este medio. “Incluso una vez pusieron mi número en Revolico como que yo vendía dólares. Eso es clásico en ellos”.
También el 28 de enero, una nota de Radio y Televisión Martí informó que cuatro activistas de la provincia Pinar del Río, la más occidental de Cuba, habían sido amenazados por la SE a causa de sus publicaciones en internet.
Tres activistas ―Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares― son miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR). El cuarto, Esteban Ajete Abascal, es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba.
Ajete dijo a Radio Televisión Martí que, durante el interrogatorio con los oficiales, les dijeron que podían ser encarcelados gracias al nuevo Código Penal. “Ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, explicó el activista.
El 29 de enero, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Wagniel Aguilar, comentó que había “excesiva presencia policial” en su barrio y que tenía la “velocidad reducida”, expresión de la que se infiere que tenía su servicio de internet limitado.
El día 30, el profesor y activista independiente Pedro Albert Sánchez, quien había sido detenido por la SE después de marchar en solitario como forma de protesta, declaró que, durante su marcha, hizo varias transmisiones en directo en su muro de Facebook, y que “cuando iba por la quinta o la sexta transmisión”, dejó de abrirle esa red social. “El WhatsApp no me funcionaba desde el día anterior. Mi mujer, Zaida, no tiene WhatsApp tampoco. Yo no estoy guardando silencio, lo que no tengo es comunicación”, aseguró en un audio.
Un pensamiento en “Cuba: derechos digitales en crisis (1-31 de enero de 2023)”