Ilustración: Alejandro Cañer
1 puerta con mirilla de ojo sanción
4 camas con 16 tornillos (que no atornillas sueños)
paredes 5, 1 inodoro reversible, 9 barrotes, 5 barrotitos
varios tonos de celeste: claro, clarito y clarete
celeste en sordina, celeste con chinches
4 mundos 4
que se encuentran, se paralizan, se erizan, se descubren
se quieren, se ordenan, se organizan
Nosotras, presas políticas [Patricia Machado]
Con tantos espacios donde coincidir en la vida, es difícil prever que un día será una cárcel el lugar común que un grupo de mujeres tenga que habitar.
Es lo que les ha pasado —desde el momento en que las trasladaron a la prisión de Mujeres de Occidente, popularmente conocida como El Guatao, en La Habana— a las manifestantes del 11 y 12J en Cuba, sexto país con mayor población carcelaria en el mundo, de acuerdo con Statista Research Department (1).
Las acusan de “sediciosas”, pero hasta las actas de la Fiscalía reconocen que Katia Beirut, Odet Cruzata, Yaquelín García —por poner tres ejemplos— no participaron de las acciones violentas que se produjeron el 12 de julio de 2022 en el barrio habanero La Güinera, donde, en cambio, los disparos de la Policía alcanzaron a varios vecinos.
Algunas de ellas ni siquiera habían estado nunca en el espacio reducido tras una reja, pero eso tampoco las libró de terminar allí, primero a la espera de una sentencia y luego condenadas a penas de hasta 20 años de cárcel. Engrosan, desde hace casi un año, una población penitenciaria que sobrevive en condiciones insalubres, por debajo de la norma según expone un informe de Human Rights Watch (HRW), y que da sentido a la etiqueta #MirenLasPrisionesDeCuba (2).
1/2 De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (@hrw_espanol) de 1999, el régimen cubano confina a la población carcelaria en condiciones que incumplen con muchas de las disposiciones de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. #MirenLasPrisionesDeCuba pic.twitter.com/J0xBO98Wus
— @Justicia11J Detenciones por Motivos Políticos (@justicia11j) June 23, 2022
Con este llamado internacional a través de las redes sociales, que tuvo un precedente en las etiquetas #EFECubreLosJuicios y #UEMiraLasPrisiones, una vez más se articula la sociedad civil cubana para exigir sus demandas y, específicamente, a casi un año de las protestas, visibilizar la situación de las cárceles donde se encuentran las y los manifestantes desde julio de 2021.
Presas del partido único
Ninguna de estas tres mujeres [madres ahora separadas de sus hijos] fue beneficiada con un cambio de medida que implicara salir de prisión para esperar en casa la sentencia del juicio de casación, efectuado en mayo.
Han tenido que pasar todo el año en una celda que solo pueden describir con precisión ellas mismas. No solo porque se trate de vivencias muy peculiares sino porque Cuba adolece de una supervisión efectiva de las prisiones. Las últimas visitas que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones cubanas —como parte de sus encuentros con personas recluidas por delitos políticos o contra la seguridad del Estado en todo el mundo— fueron en 1988 y 1989. Desde entonces no existe un registro actualizado de cómo se encuentran las prisiones cubanas y bajo qué condiciones mantienen a las personas en reclusión (3).
Daniela Rojo, una mujer que estuvo presa allí, que también es madre y tuvo que poner por delante, exiliándose, el futuro de sus hijos, cuenta que en la prisión del Guatao Yaquelín Castillo consolaba a quien explotaba en llanto, cuenta que limpió la celda con sus manos y un pedazo de toalla vieja a falta de instrumentos, recuerda que ayudaba a conciliar cualquier conflicto y solía pedir que le cantaran canciones románticas.
Yaquelín ya no es una muchacha, Daniela insiste en que “la madrina” no está en edad de tirar piedras ni de dar golpes; que, si acaso, dijo unas palabras durante la protesta. Desde que Daniela estaba en prisión (ahora está refugiada en Alemania), Yaquelín está esperando ansiosamente que “pase algo”, que alguien revise los casos y la suelten. Nadie sabe el pasado que le espera, dicen. Una querría ir a consolar a la Yaquelín del pasado y decirle que todo estará bien, pero sería mentirle porque, lo cierto, es que ella sigue presa.
Lo cierto es que Yaquelín, Katia, Odet, Yurema, Mackyani, Yunaiki… siguen presas en La Habana. Lo cierto es que, más allá de La Habana, en Santa Clara, Mercy Daniela y Amanda Dalai vivieron presas y ahora, ambas, están condenadas a cuatro años de privación de libertad. Lo cierto es que en la cárcel de Guamajal, en el centro del país, las mellizas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac, permanecen desde hace meses. Desde lo que llaman “este tenebroso lugar” donde conviven con las activistas Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Nidia Bienes Paseiro, firmaron una carta (4) desesperada, pidiendo ayuda a organizaciones de derechos humanos después de que las cinco fueran condenadas a ocho años de privación de libertad.
La angustia de las presas se extiende por todo el país, donde las detenciones en relación con las protestas de julio ascendieron, en el caso de las mujeres, a la cifra de 218.
A lo largo del país, el régimen cubano detuvo a decenas de mujeres que protestaron en julio de 2021; a 68 de ellas las ha mantenido presas, con condenas que llegan a los 12 años de privación de libertad
Durante las semanas siguientes al estallido, 144 fueron excarceladas, mientras que, de acuerdo con los registros independientes disponibles, 68 (5) siguen detenidas. Yurisleidys Rodríguez Piña (Güines, 1991) fue una de las 144 mujeres que el régimen excarceló. Al salir de prisión, contó sus vivencias allí.
“Salimos (mi novio y yo) a manifestarnos normalmente el domingo [11 de julio] pacíficamente, grité un par de consignas (Patria y Vida) y estuve filmando los hechos. El lunes hubo otra revuelta y no me manifesté porque me dolía un cordal y cuando iba para el policlínico, pasé por un parque donde había un acto del Partido. Yo tenía el teléfono en la mano y parece que pensaron que yo estaba filmando y nos detuvieron a mi novio y a mí. Yo tenía en el pecho escrito Patria y Vida, que me lo había puesto desde el día anterior. Nos trasladaron a la prisión del SIDA, donde había mujeres y hombres. En la parte de mujeres había como un cubículo con 10 literas (20 mujeres) y ahí estuve 15 días: el 27 me soltaron como a las 12 de la noche. Nos daban cuatro comidas al día: desayuno, almuerzo, comida y, antes de dormir, una caldosa. Los primeros días la comida estaba muy mala, luego mejoró un poco. Éramos mujeres de distintos municipios de Mayabeque y nos pusimos a hablar de las manifestaciones y cuando ya se agotó ese tema de conversación, empezamos a contarnos nuestras vidas. A veces nos revisaban, NOS METIAN PARA UN CUARTO CON MUJERES OFICIALES y teníamos que hacer cuclillas sin ropa. Fueron como tres veces en quince días. Cuando regresábamos a la celda, TODO estaba REVOLCADO. Eran requisas que hacían para ver los objetos que estaban ahí. Solamente nos sacaban para almuerzo y comida. Luego, en los últimos días, nos llevaban a un patiecito a coger sol. Cuando salí quedaban como 8 muchachas. Escribí sus nombres en un cartoncito pero en una de las requisas se lo llevaron. Perdí los contactos, luego supe que muchos de los familiares de ellas también estaban presos. A nosotras no nos dieron golpes pero a los hombres sí, los veíamos que los sacaban con heridas”(6).
Las denuncias para sacar de prisión a todas estas mujeres presas por motivos políticos y a los 656 hombres que continúan recluidos no solo pasan por la creencia de que estas personas salieron a las calles a hacer un uso efectivo del espacio público para manifestarse legítimamente, sino también por las condiciones de las cárceles cubanas y las huellas que dejan en quienes pasan por ellas. Máxime cuando lo que les lleva allí es la politización de sus acciones y la interpretación de estas en clave de “contrarrevolución”.
Las prisiones por dentro
Las últimas veces que el régimen abrió las puertas a las requisas de organizaciones foráneas, las cuales pudieron hablar con personas en reclusión, detectaron hacinamiento, malnutrición, falta de higiene, abuso de poder llegando al maltrato físico y sexual, que derivan en el padecimiento de enfermedades, incluidas las afecciones de salud mental.
De acuerdo con el citado informe de HRW, que recoge patrones a partir de testimonios, “un médico que pasó más de seis años como preso político dijo que había visto entre los presos desde malnutrición hasta beriberi, anemia, polineuropatías, hepatitis, helmintiasis, leptospirosis (transmitida por las mordeduras de rata), amebiasis, vómitos, diarrea y meningitis. Entre los presos también se producía una alta incidencia de problemas psicológicos, como neurosis, ansiedad y depresión”.
Desde la Prisión de Mujeres de Occidente, Mailene Noguera Santiesteban envió una carta en la que relata cómo fue violentada y golpeada por tres guardias dentro del penal. La tiraron de los cabellos y la golpearon en el suelo mientras la llevaban para su celda. También relata episodios de tortura física y psicológica en las que presenció cómo a chicas menores de edad les ponían pistolas en la cabeza para amenazarlas.
Reyna Yacnara Barreto Batista, una de las manifestantes del 11J en Camagüey, vivió episodios de violencia cuando la detenían y también mientras estuvo en detención: fue golpeada por un oficial y luego tres policías intentaron inmovilizarla durante la marcha. Con sólo 22 años de edad, fue condenada a cuatro años de “trabajo correccional con internamiento”.
En los días de su detención Reyna contrajo el coronavirus en la Unidad Técnica de Investigaciones Criminales y Operaciones, por lo que la aislaron. Denuncia que no le daban ni agua para beber y la sacaron a interrogatorios siete veces en los tres días que estuvo ahí. “Me sacaban a toda hora, lo mismo a las 6 de la mañana que a las 4 de la mañana. Creo que fue el segundo día que me sacaron como a las 4 de la mañana. Y me dejaban horas y horas y horas, sentada en un lugar sin nadie interrogándome ni nada, simplemente me dejaban ahí”, relató a Cubalex.
Por su parte, Brenda Díaz, alias La Pichu es una de las personas transfemeninas que salieron a marchar el 11J. La manifestante de Güira de Melena, zona occidental de Cuba, es VIH positiva y según dijo su mamá a Tremenda Nota (TN) padece de gastritis crónica y de cálculos en los riñones. La han violentado de muchas maneras en prisión.
A pesar de su identidad de género fue trasladada a una cárcel de hombres, donde un recluta quiso cortarle la cara con una cuchilla y Brenda fue trasladada a una celda de castigo. En la prisión, la raparon y, cuenta su madre, con ello, “le quitaron su mayor sueño, que era su pelo”. A falta de visitas internacionales —salvo algunas de medios como AP (7) y AFP (8)— en las últimas décadas, la fiscalización de las prisiones cubanas se ha mantenido únicamente en manos del Estado y sus instituciones, aunque voceros de este han dicho que además de las revisiones sistemáticas de la Fiscalía, los artistas que se presentan en los penales pueden actuar como “observadores” de la situación de los mismos.
Esto ha permitido que el Estado mantenga un férreo control de la información sobre los centros de detención, en tanto la ciudadanía como medio de denuncia recurre al testimonio.
Lejos de acceder a que se retomen visitas de organizaciones y expertos internacionales que valoren por sí mismos como viven actualmente los presos y las presas en Cuba, o de hacer efectivo un sobreseimiento en beneficio de estos, el régimen cubano ha liberado de a poco a varios de los manifestantes del 11J, como quien descompresiona en momentos clave, particularmente cuando el país está en un proceso de revisiones realizadas por órganos de la Naciones Unidas. Tanto el Comité contra la tortura (CAT, por sus siglas en inglés) (9) como el Comité de los derechos del niño (CRC), durante los diálogos con el estado y en sus recomendaciones finales, requirieron datos desglosados sobre las prisiones cubanas, la población penal, y las detenciones, sobre todo las asociadas al 11J.
En ese escenario, el diplomático cubano Juan Antonio Quintanilla, basado en Ginebra, incluso expresó que también los familiares de los reclusos ejercen una revisión de las condiciones durante sus visitas a las prisiones, lo cual fue un argumento refutado por expertos debido a que las naciones deben contar con mecanismos eficaces de control para proteger los derechos de la población penal.
No obstante, el Estado se aventuró a dar una respuesta mediante uno de sus voceros mediáticos, Humberto López (10), quien transmitió en redes sociales sus recorridos por centros de reclusión. El objetivo estaba claro: mostrar que las personas en reclusión viven adecuadamente y que, por tanto, los reclamos de la sociedad civil son ilegítimos.
Excarcelaciones temporales
En mayo fueron excarcelados, por cambio de sanción tras juicio de casación, cinco jóvenes manifestantes de La Güinera, incluida Yurileidys Soler Abad (20 años de edad), cuya sanción anterior era de 15 años de privación de libertad. También resultó excarcelada mediante cambio de medida, Liliana Oropesa Ferrer (20 años de edad), cuya sanción anterior fue de 9 años de privación de libertad.
Sobre ella, decía Daniela Rojo en su testimonio de la celda que compartieron en el Guatao: “Liliana Oropesa Ferrer es una muchachita morenita flaquita, de 20 añitos. Extraña muchísimo a su familia. Llora mucho y cada carta para ella es la visita de un ángel. Está acusada de ‘atentado’, porque aparece en una foto poniendo una botella —entera— en el piso”. Su madre, Lisandra Ferrer, nos dio declaraciones en diferentes etapas del proceso. Dice que le explicaron los delitos que supuestamente cometió su hija pero que no entendió mucho. Manda textos a modo de apuntes:
“Solo Dios va a hacer justicia. Yo se lo dejo en manos de dios. Él es el único que puede salvar esto”
“Ella siempre me está llamando y la verdad que a veces no tengo ni para recargar”.
“Ella está bien dentro de lo que cabe”
“A ella me le echaron 9 años”.
Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, alertó en un post fechado el 27 de mayo sobre la arbitrariedad en la toma de decisiones para la concesión de cambios de sanciones.
Además sostiene desde una perspectiva de género que “es denunciable la conducta de irrespeto y violación de convenciones que velan por las garantías a las mujeres en conflicto con la ley, así como los móviles del Estado, que ha manejado la concesión de sanciones como respuestas a presiones internas y externas, más que a partir de los criterios de imparcialidad y apego a la justicia contenidos en la ley”.
Como observa el grupo integrado por mujeres, las modificaciones de sentencias durante la casación no son sentencias firmes en tanto no haya sido emitido un documento que dé cierre al proceso penal. Alerta también que las excarcelaciones relacionadas con posibles modificaciones de sentencias no privativas de libertad no son definitivas, sino temporales. De hecho, la manifestante Lázara Karenia González, quien había sido excarcelada el día 9 de abril a la espera del segundo juicio, volvió a ser internada.
“En su caso, no se ha considerado su reciente embarazo cuando se ha ratificado la sentencia de tres años de trabajo correccional con internamiento”, precisó Justicia 11J. “La situación de Lázara Karenia es particularmente alarmante pues, según sus familiares, todo indica que sería trasladada nuevamente a la prisión, al no existir en Cárdenas un campamento al que pueda ser trasladada, para recibir cuidados mínimamente diferenciados”.
A pesar de que mecanismos regionales contra la violencia de género (11), incluida la que perpetra el Estado, desaconsejan las sanciones privativas de libertad a las mujeres, Reyna Yacnara también fue condenada en Cuba a trabajo correccional con internamiento por cuatro años. En un contexto en que no solo se recomienda adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores; sino abolir o modificar normativas y prácticas jurídicas que perpetuan la violencia contra las mujeres, el 10 de marzo ingresó Reyna en el centro conocido como “Granja 5”.
La impunidad generación tras generación
A partir de la consulta al documento de sanción de los manifestantes contenidos en el expediente fiscal 145A, Justicia 11J informó el cambio de sanción a Leoalys de la Caridad Valera, quien tiene 20 años de edad y se encontraba en etapa media de un embarazo durante la realización del juicio. A Leoalys, que había sido sancionada con privación de libertad, se le sustituyó esta pena por la de trabajo correccional sin internamiento, en tanto su madre Karen Vázquez Pérez (41 años de edad), fue sentenciada a 12 años de privación de libertad y luego de la apelación pasó a siete años.
En los expedientes de la Fiscalía se refieren a ellas, las presas de la Revolución y del partido único que es ponderado como fuerza rectora de la sociedad, como “las acusadas” y describen que madre e hija “se encontraban en su domicilio, cuando advirtieron la algarabía y el escándalo además de los gritos de frases contrarrevolucionarias que se proferían”.
“Así decidieron entonces salir a la calle, se unieron a las personas que se encontraban en la esquina de su vivienda armándose de piedras que entregaron a los acusados y a otras personas, para que fueran lanzadas contra los agentes del orden que conformaban el cordón policial y garantizar así la efectividad en el logro de los fines de perturbar el orden, desafiar a las instituciones y convocar a la violencia que estos se habían propuesto”.
Por lo que se puede leer, estas mujeres no habrían lanzado piedras y sin embargo tuvieron que pasar meses de sus vidas privadas de libertad y, por si fuera poco, la madre tendrá que permanecer en prisión siete años si se mantiene, como hasta ahora, su sentencia. Lo mismo para las demás mujeres que siguen cohabitando calabozos insalubres a casi un año de las protestas masivas del verano pasado.
Referencias:
(1) Esta afirmación se sustenta en cifras de 2013 que hasta la fecha no han podido ser actualizadas, sino retomadas por los investigadores. Para aquella fecha, en la Isla 57.337 personas estaban detenidas, 510 por cada 100.000 habitantes, estadística superada únicamente por EEUU (629), Ruanda(580), Turkmenistan (576), El Salvador (564) y Samoa americana (538). Así lo expuso un reporte del Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones (CIEP) que toma cifras publicadas por el diario Granma en 2012.
(2) Esta etiqueta ha sido impulsada por Justicia 11J como parte de la campaña comunicativa que acaba de lanzar este grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, justo cuando va a cumplirse un año de las masivas protestas.
(3) Un informe de Human Rights Watch (HRW) explica que los representantes de la Cruz Roja llevan a cabo una labor estrictamente humanitaria: entrevistan a presos para determinar sus necesidades psicológicas y materiales y, cuando es necesario, les suministran provisiones tales como medicinas, productos de aseo y ropa. También observan el tratamiento que reciben los detenidos y piden a las autoridades que adopten las medidas necesarias para mejorarlo. No obstante, en 1989, se suspendió el acuerdo entre el Gobierno cubano y el CICR, y las visitas previstas para 1990 no pudieron realizarse. Para HRW, que tampoco ha podido regresar oficialmente a Cuba para visitar reclusos desde 1995, la negativa del Gobierno cubano a permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos y humanitarias a sus prisiones demuestra la falta de una mínima transparencia. [https://web.archive.org/web/20080901000000*/https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/1999/cuba6.html]
(4) La carta desde la prisión de Guamajal fue una respuesta a la condena de ocho años que el Tribunal impuso a cada una por haberse manifestado el 11 de julio de 2021 durante las históricas protestas [https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cinco-presas-politicas-reaccionan-sus-largas-condenas-n4251166]
(5) A la fecha, 20 de junio de 2022, Justicia 11J recibió información sobre tres mujeres que cumplieron sentencias de menos de un año de privación de libertad: Yeralis y Deysi del Cueto, y Taymara Samón.
(6) Testimonio recogido por la autora en agosto de 2021, como parte de las verificaciones de casos realizadas por Justicia 11J.
(7) El 10 de marzo de 2013, AP publicó un reportaje [https://www.youtube.com/watch?v=mrLYVg4akyw] en el que muestra imágenes de una prisión de hombres en Cuba. En el video, un militar afirma que están propiciando una apertura a medios internacionales, pero ni siquiera se entrevista a un recluso que dé una opinión negativa sobre el sistema penal. La Televisión Nacional presentó un reporte [https://youtu.be/sGH4bsfMzR4] sobre la Prisión de Mujeres del Guatao. Las entrevistas a reclusas buscan reforzar la idea de que allí “están bien”.
(8) AFP presentó un reporte titulado El «Combinado del Este», la mayor cárcel de Cuba que ha ganado triste fama, fue visitado el martes por la prensa extranjera por primera vez en nueve años. [https://youtu.be/Nj_O61n373c ]
(9) “En sus anteriores observaciones finales, el Comité solicitó al Estado parte que le proporcionara información sobre el seguimiento dado a una serie de recomendaciones, cuya aplicación consideraba prioritaria, relativas al derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familiares y representantes legales; la creación de un registro centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos; las instituciones psiquiátricas; y la violencia de género. Si bien el 3 de junio de 2013 el Relator para el seguimiento de las observaciones finales remitió al Estado parte un recordatorio, el Comité lamenta no haber recibido respuesta del Estado parte en el marco del procedimiento de seguimiento de las observaciones finales”. [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CUB/INT_CAT_COC_CUB_48650_S.pdf ]
(10) Luego de sus transmisiones por redes sociales, López hizo un reporte para la Televisión Cubana [https://fb.watch/dOXJtfI-Tn/ ]
(11) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), estableció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este tratado internacional ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención. Cuba no es uno de ellos.
