Ilustración: Alejandro Cañer
Mientras trabajó por poco más de un año en la oficina del Canal Habana, Camila Acosta repetía para sí misma que lo que hacía no era periodismo. Estaba desencantada por la manipulación, por la falta de libertad para realizar la profesión que estudió y eso la hizo frustrarse. En ese momento no tenía mucho más de 24 años.
Camila fue desde su ciudad natal en la Isla de la Juventud a estudiar la carrera de Periodismo en La Habana. Se graduó en 2016 y al poco tiempo de terminar sus estudios dejó el servicio social, un período en el que todo universitario cubano tiene que trabajar para el estado si no quiere que le inhabiliten el título, para colaborar en medios alternativos. Así llegó al portal de noticias Cubanet. Era agosto de 2019 y quizá en ese instante no imaginaba cómo esa decisión la afectaría, tanto a su trabajo como a su vida personal.
“Casi inmediatamente de comenzar a trabajar con Cubanet, comenzaron las acciones de presión”, dijo a YucaByte.
Desde entonces, ha perdido la cuenta de cuántas veces la Seguridad del Estado le ha cortado su conexión a internet. Sí sabe con seguridad que le han hackeado sus redes sociales en dos o tres ocasiones, cuántos teléfonos le han decomisado o destruido y qué equipos de trabajo se llevaron para inspeccionar agentes del gobierno en un registro a su casa posterior a las protestas del 11 de julio: laptop, tableta, grabadora, agenda, discos duros, memorias flash y un trípode.
Varias de estas violaciones de los derechos digitales de Camila se sustentan en instrumentos jurídicos como el Decreto-Ley 35, el Decreto-Ley 42 o el Decreto-Ley 370, este último vigente desde 2019 y que ha sido utilizado por el gobierno para sancionar las opiniones críticas en redes sociales e internet
#LeyAzote
El Decreto-Ley 370 es para los cubanos lo mismo que era para los esclavos el látigo, el AZOTE, el castigo por rebelarse contra la opresión.@FelixLlerenaCUB @ilianahcuba @jdanielferrer @LDiversent @felixncuba @USEmbCuba @susanacosta888 @marlene_azor @ErikaGuevaraR pic.twitter.com/a7BHpgpLig— Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) April 9, 2020
En dicho documento se reafirma el control sobre las telecomunicaciones que tienen instituciones militares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). Al leer el texto, se percibe el sentido instrumental y político que el estado cubano le da a las redes, que no son más que “un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”. Gracias a este decreto y a uno muy parecido, publicado en agosto de 2021 y llamado Decreto-Ley 35, el poder puede realizar legalmente apagones de internet cuando estime conveniente y censurar contenido crítico en la web.
En una entrevista que le hiciera la revista ADN Cuba en 2020, opinó que el objetivo de ese decreto era “silenciar al periodismo independiente y al periodismo ciudadano, a todas esas personas que disienten del régimen establecido”.
El 27 de marzo de 2020, ella fue la séptima persona en el país, de acuerdo con los datos del Proyecto Inventario, en hacer pública su sanción por el 370. La citaron para la estación de 7ma y 62, en La Habana, la interrogaron durante horas y le pusieron una multa de 3000 pesos, una cantidad muy superior al salario medio de Cuba en ese momento.
En Cuba bloquean la pág de Avaaz en donde hemos estado aunando firmas contra la #LeyAzote.
El régimen intenta ocultarle al mundo la realidad y el hecho de que existen valientes que los enfrentan día a día. Ya el terror les falla y recurren a estos embustes. pic.twitter.com/ztnMpdVe8X— Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) May 7, 2020
Al principio Camila iba a pagar el dinero, pero luego, en solidaridad a otras personas sancionadas que no tenían los medios económicos, decidió no hacerlo. Fue también un acto de protesta. Meses más tarde, en mayo de 2020, Camila, junto a otros activistas, fundó el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), una iniciativa para luchar contra el 370 mediante la recogida de firmas.
Aquel fue un esfuerzo combinado. Lo hicieron personalmente y en internet. Lograron recoger las firmas de 500 cubanos y entregaron su petición, al mismo tiempo, en los buzones de la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo Popular y en la Asamblea Nacional del Poder Popular. También utilizaron la plataforma Avaaz para impulsar su pedido, allí, hasta el momento de escribir este texto (3 de junio de 2022), habían recogidas más de 4200 firmas.
La mayor parte de los cortes de internet le llegaron a Camila en ese momento de gran actividad política. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 sufrió una interrupción constante. Y aunque en los últimos tiempos la violación de sus derechos digitales no ha sido tan repetida, Camila nos confirmó que desde su línea de celular no puede acceder a la red. La ha seguido recargando, para no perderla, y por eso tiene acumulados más de 20 GB del servicio de datos móviles que no puede utilizar.
Una de las formas que ha descubierto para esquivar la censura es la compra de una línea y de un teléfono nuevo a nombre de una tercera persona. Ese teléfono solo lo usa para acceder a internet y para trabajar.
Pero los cortes del servicio de datos móviles y de mensajería no han sido las únicas formas de violencia digital que ha sufrido. En febrero de 2021, al entrar a su página de Facebook, la aplicación le notificó que su contraseña había sido cambiada.
“La puse y me dijo que estaba incorrecta”, contó a YucaByte en aquella vez. “Intenté que me enviara un SMS al teléfono para cambiar la contraseña, lo hice varias veces, y nada. Todo el tiempo me aparecía que necesitaba verificar que era yo quien intentaba acceder y en algún punto de ese proceso todo se trababa. Fue entonces que Facebook me dijo que una persona de nombre Javier Acosta tenía acceso a mi cuenta”.
Gracias a Access Now, una ONG que se encarga de velar por la libertad digital, pudo recuperar su cuenta. En el hackeo le cambiaron sus datos personales y el correo electrónico de acceso. También publicaron en un blog controlado por troles del gobierno una conversación privada que tuvo con una amiga.
Las formas en las que Camila ha sido perseguida por el estado cubano han cambiado a través de los años. Ha tenido que cambiar de casa en más de 10 ocasiones, porque sus caseros han sido amenazados por agentes del gobierno, fue una vez torturada durante una de sus detenciones al ser dejada bajo el sol durante horas en una patrulla de policía herméticamente cerrada y desde noviembre de 2019 está regulada, lo que quiere decir que no puede salir de Cuba hasta que el Ministerio del Interior lo diga.
Otra raya más para el tigre: Régimen cubano me prohíbe la salida de Cuba cuando hoy me dirigía a un curso en Argentina. #Ni1ReguladoMás pic.twitter.com/BwDiX26khz
— Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) November 3, 2019
Y desde julio de 2021, cuando fue a cubrir para los medios en los que trabaja las manifestaciones del 11J, tiene una medida de reclusión domiciliaria que le impide salir a la calle, salvo en contadas excepciones, como ver a su abogada. Así que desde esa fecha no puede ir a comer fuera o visitar a algún amigo. Al salir de su casa el 31 de mayo de 2022, la detuvieron dos policías y dos mujeres vestidas de civil. La dejaron en la patrulla por unos minutos para confirmar con sus superiores la cita con la abogada. Antes de dejarla ir, los agentes le advirtieron que si cometía “cualquier delito” se agravaría su situación. Según la propia Camila, con eso se referían a que no debía acercarse al lugar donde estaban siendo juzgados Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo.
Aunque gracias a los trucos que usa para conectarse a internet, Camila no tiene que estar necesariamente en el lugar donde suceden las cosas para hablar sobre algo o cubrir una noticia. De hecho, el 1 de junio publicó en el diario español ABC, donde colabora desde febrero de 2021, una nota sobre los juicios.
Y eso es algo que Camila ha aprendido: “Cualquier ciudadano con un celular se convierte en un periodista”. “(El 11 de julio) en comparación con todas las personas que estaban grabando éramos muy pocos periodistas. Y aunque cortaron el internet y nos arrestaron, no pudieron evitar que todas esas evidencias de la represión llegaran a las redes sociales”.
Esto, que ha sido la principal arma de activistas, periodistas y artistas críticos, a partir del 13 de agosto, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, puede ser severamente castigado en la isla. A partir de ese día, ciertos usos de las redes sociales podrán ser considerados como agravantes de responsabilidad penal, lo que significa que si una persona publica en internet algo que el gobierno considere como un delito, podrá ser castigada con más severidad que si hiciera lo mismo en la calle.
Mientras ese momento llega, en un país marcado por la incertidumbre del futuro, Camila continúa escribiendo en su escritorio, rodeada de libros y papeles y un globo terráqueo en miniatura y una bandera cubana.
