Ilustración: Alejandro Cañer
Dos informes, uno perteneciente a la Unión Europea (UE) y otro al Departamento de Estado de los Estados Unidos, han reseñado recientemente las violaciones de los derechos digitales de la ciudadanía en Cuba en 2021.
Los reportes, que están divididos por regiones y países, se encargan de evaluar de manera general el “estado de los derechos humanos en el mundo”.
El redactado por el gobierno norteamericano, publicado el 12 de abril, señala la censura de las autoridades cubanas antes, durante y después del estallido social del 11 de julio (11J). El documento reseña que “el gobierno restringió el acceso a internet a través de la limitación del ancho de banda, algo que reduce drásticamente la velocidad de conexión, implementó censura dirigida a individuos específicos y deshabilitó físicamente la posibilidad de conexión” durante las protestas.
Días posteriores a las históricas manifestaciones, el 17 de agosto, el régimen presidido por Díaz-Canel publicó en la Gaceta Oficial de la República el Decreto-Ley 35, un nuevo código que limitaría y castigaría la libertad de expresión y el disenso. Esta llamada “ley mordaza” confiere al aparato estatal la potestad de perseguir cualquier información considerada “falsa; ofensiva, o dañina a la dignidad humana; contra la privacidad personal o familiar; contra la seguridad colectiva, el bienestar general, la moral, el respeto por el orden público; o que constituya un medio para cometer actos ilícitos”.
El informe del Departamento de Estado explica que dicha ley “no define los términos criminalizados, dejándolos a la interpretación de las autoridades”, quienes son las mismas que controlan ETECSA, la única empresa de comunicaciones en la isla y que sin previo aviso cancela el servicio de internet a las personas que hayan divulgado información crítica con el gobierno.
Son habituales las denuncias de activistas que confirman el monitoreo digital de sus dispositivos por parte de la seguridad del estado. En el documento se lee que “softwares utilizados por universidades estatales, comparten con las autoridades información personal de sus usuarios”. Otras tácticas represivas serían la “interrupción del servicio de comunicación móvil y fijo, previo a eventos planeados o a aniversarios de derechos humanos. Ha sido confirmado que el monopolio “ETECSA frecuentemente desconecta el servicio de activistas, a menudo cuando están a punto de ser detenidos o cuando van a participar en algún foro”.
La Unión Europea también evaluó derechos digitales
Por otra parte, la UE reconoció la mejora en el acceso a las comunicaciones y lo califica como un “desarrollo positivo”. Sobre todo, porque permite el debate digital con organizaciones alternativas al gobierno y el acceso a medios extranjeros.
Sin embargo, añade que, a pesar de estos avances, una gran cantidad de sitios de la oposición continúan inaccesibles desde suelo cubano. CiberCuba, 14yMedio, CubaNet, ADN Cuba, Tremenda Nota y Martí Noticias son solo algunos de una lista que fluctúa. De igual forma, herramientas que el poder considera “contrarias a sus intereses” han sido baneadas.
El análisis publicado por el gobierno estadounidense recuerda, al igual que el año anterior, que el estado cubano “controla todo el acceso a internet, a excepción del provisto a algunas entidades diplomáticas y a un pequeño número de redes clandestinas”. Para ejercer la censura, dice el texto, se valen de arrestos, intimidación, encarcelaciones, vigilancia a activistas, prohibición de determinados sitios webs, etc. “El acceso a páginas bloqueadas fue generalmente posible solo a través de una red privada virtual” (VPN en inglés).
Al respecto, YucaByte reportó el 15 de julio que la palabra “VPN” estaba prohibida por el servicio de mensajería provisto por ETECSA. Fue durante esos días que una gran cantidad de personas en Cuba utilizaron esas tecnologías para informarse, en lo que fue el apagón de internet más largo desde que se regularizó el acceso por datos móviles en diciembre de 2018.
Desde esa fecha, la cantidad de usuarios activos en internet se ha multiplicado. De acuerdo con los datos publicados por el oficialismo, más de 7.5 millones de personas se conectan a la red en Cuba. Sin embargo, el precio de un paquete básico de internet continúa siendo demasiado caro si tomamos en cuenta el salario promedio en la isla.
En adición a esto, cada vez más gente utiliza redes sociales como Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube o TikTok, para expresar opiniones contrarias al poder en Cuba. El informe reporta que, al igual que con otros críticos, a los influencers políticos se les amenaza, se les abusa físicamente y se les confiscan celulares y equipos de trabajo.
Por ejemplo, a la emprendedora y activista Saily García y a familiares y amigos del preso político Andy García Lorenzo, les fue confiscado su teléfono móvil a principios de año luego de ser arrestados. Esta práctica cometida por la seguridad del estado es común y existe confirmación de que ha sido usada desde hace varios años.
El texto del informe federal comparte las denuncias de defensores de derechos humanos, cuya presencia en redes sociales ha sido acosada por lo que llaman “trolls” —conocidos en el país como ciberclarias— y que generalmente se ocultan bajo perfiles falsos.
