Ilustración: Julio Llópiz-Casal
Juan Luis Bravo Rodríguez, guantanamero, activista y coordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en su provincia, quizás sea el primer cubano en ser condenado penalmente por el Decreto Ley 370. La historia de su condena comienza el 20 de mayo de 2020, cuando recibió una citación policial para presentarse ese mismo día en la Unidad de Instrucción Penal del municipio San Salvador.
Allí estuvo cerca de cuatro horas, rodeado de un primer teniente del Ministerio del Interior (MININT), de nombre Yunelkis Romero, un mayor del MININT, quien se presentó como Kevin, y dos inspectores del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM). Los inspectores le informaron que sería multado con 3.000 CUP por violar el artículo 68, inciso i), del Decreto Ley 370, conocido popularmente como “Ley Azote”.
-Me dijeron que yo estaba publicando contenido en Facebook contra el presidente cubano, el país y el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. Además, insistieron en que mis publicaciones afectaban la seguridad de la nación y la integridad de sus dirigentes porque incitaban a la gente a salir a las calles para protestar contra el sistema. En ese instante me amenazaron con la prisión. -contó a YucaByte.
Durante los meses siguientes, Juan Luis hizo pública su negativa de pagar la multa exigida, según expresa formalmente la norma, por atentar contra “las buenas costumbres”, el “orden interior” y la “moralidad pública”. Desde su aprobación, en 2019, al menos 46 activistas, periodistas independientes y opositores cubanos han sido multados con el Decreto Ley 370.
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Cuatro meses después, específicamente el 2 de septiembre de 2020, Juan Luis fue secuestrado por agentes de la Seguridad del Estado. Recién había salido de una oficina de ETECSA, donde compró un nuevo teléfono móvil. Cuando pretendía encender el equipo, miembros de la policía política se abalanzaron sobre él y rompieron el móvil en el acto. Pronto llegaron dos patrullas con policías uniformados para ejecutar la detención.
Ese mismo día, José Luis fue declarado desaparecido por varios activistas y opositores. Mientras, la organización Cuban Prisoners Defenders advirtió de la posibilidad de un “septiembre negro” al incorporar a la categoría de presos de conciencia a otras seis personas: Xiomelys Padilla Bello, Manuel Santana Vega, Onelvis Flores Hechavarría, Roilán Álvarez Rensoler, Panter Rodríguez Baró y Yoel Prieto Tamayo. La represión de los órganos del MININT sobre miembros políticamente activos de la sociedad civil había aumentado considerablemente durante ese mes.
Finalmente, Juan Luis fue liberado el 3 de septiembre, luego de pasar 24 horas en una celda. Sin embargo, el hostigamiento no terminaría ahí. Apenas unas horas después fue citado nuevamente a una estación policial, donde le informaron que había sido condenado a dos años y 20 días de prisión.
Los agentes de la Seguridad del Estado, sostiene el activista, afirmaron que el motivo real de la sanción era el no haber pagado la multa por el Decreto Ley 370. Sin embargo, formalmente, la condena se aplicó por una supuesta violación de la libertad condicional impuesta a Juan Luis en 2014.
Aquel año, Juan Luis -quien ya era miembro del grupo opositor Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia- fue sentenciado a nueve años de cárcel por el delito de homicidio. Supuestamente, participó en una trifulca sucedida en una boda, la cual dejó el saldo de un muerto. El activista guantanamero asegura que no fue culpable de dicha muerte y que, a pesar de los testigos que declararon a su favor, la Fiscalía y el tribunal se empeñaron en obviar las pruebas de su inocencia.
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Para evitar que su familia pudiese visitarlo con asiduidad, Juan Luis Bravo Rodríguez fue encarcelado en una prisión muy cerca de Holguín. El activista recuerda que era un lugar bastante frío, lluvioso y apartado de asentamientos humanos. Allí fue obligado a realizar trabajo “correccional” en terrenos agrícolas que quedaban a 20 kilómetros del centro penitenciario. Junto a él se encontraban varios reos, todos sancionados por “peligrosidad social pre-delictiva”, o sea, personas que hasta el momento no habían cometido delito alguno pero que el Estado consideraba posibles delincuentes.
-La alimentación era pésima y el agua que tomábamos era del río donde bañan a los animales de tracción. Fui víctima de agresiones. Cada vez que decía algo en contra del Gobierno, los militares me salían al paso y amenazaban con caerme a golpes. -recuerda Juan Luis.
El lugar de trabajo era un campamento militar donde los reos eran obligados a hacer carbón, y a veces a recoger café, ñame o zapote (mamey). Estos productos, luego, eran enviados a diferentes unidades de jefatura del MININT en la provincia, según pudo conocer Juan Luis.
El activista guantanamero fue liberado en noviembre de 2021, tras cumplir un año y dos meses de cárcel y trabajo forzado. Actualmente se encuentra bajo libertad condicional.
El Decreto Ley 370 también ha sido criticado a nivel internacional. Algunas de las condenas a esta normativa arbitraria que condena el disenso político en línea han salido del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ONG Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y otras organizaciones como Artículo 19, Freedom House, Pen America y Civil Rights Defender.
